Pobladores de Zona Bananera, Pueblo Viejo, Fundación, Aracataca, Pivijay, Sabanas de San Ángel y Plato están preocupados por la falta de presencia del Estado. En sus territorios son frecuentes las amenazas, las ‘rondas o patrullajes’, los robos y las extorsiones. Reclamantes de tierras, los más vulnerables.
Zona Bananera para el año 2010 fue el tercer municipio del Magdalena con mayor número de homicidios registrándose 24, superado únicamente por Ciénaga con 46 y Santa Marta, con 173. La magnitud de las cifras, explicada en el informe de Medicina Legal, se analiza teniendo el cuenta el número de habitantes de cada municipio. Foto archivo Semana.
El sábado 25 de febrero de 2017 los campesinos de la vereda Canaán, en Chibolo, se cansaron de llamar a la Policía del casco urbano. Ese día, delincuentes le robaron la motocicleta a un joven de la comunidad y luego la planta solar que con mucho esfuerzo habían logrado para la escuela, que atiende a por lo menos 150 niños de distintas veredas.
“La inseguridad nos tiene preocupados, porque hasta las casas se han entrado a amarrar a la gente para robarles los animales. Retornamos hace mucho y necesitamos que el gobierno esté atento”, dice Miguel Guarín*, un campesino de este municipio del Magdalena.
Pero la situación que advierten los campesinos de Chibolo, Plato y Sabanas de San Ángel, donde siguen a la espera de los fallos de restitución y del cumplimiento de las órdenes ya impartidas por los jueces especializados, se replica en Zona Bananera, Pueblo Viejo, Fundación y Aracataca. Allí también hay comunidades reclamantes de tierras que aseguran que la falta de celeridad en los fallos de restitución incide, en parte, en el deterioro de la seguridad de la región.
Las dos caras de la restitución en Chibolo
En Magdalena no hay analista del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo desde 2013. Quienes han hecho un monitoreo y advertencia sobre las violaciones de derechos humanos y condiciones de seguridad son las organizaciones no gubernamentales.
El Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) impulsó la Mesa Multiactor sobre Seguridad y Protección para Reclamantes de Tierras en Magdalena, un espacio en el que participan otras seis organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos yel Desplazamiento (Codhes), el Consejo Noruego para los Refugiados, la Corporación Jurídica Yira Castro, la Comisión Colombiana de Juristas, el Programa Somos Defensores y el Movimiento Sueco por la Reconciliación.
Además de visibilizar la situación de los reclamantes, la Mesa Multiactor busca mitigar los riesgos de estas comunidades a partir de diálogos concertados y de la generación de acuerdos sobre este tema con entidades gubernamentales tanto territoriales como nacionales.
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Según los registros del Cinep, en Magdalena, entre julio de 2011 y diciembre de 2016 han sido documentadas 109 amenazas, dos atentados y dos asesinatos en contra de personas vinculadas a procesos de reclamación de tierras. Este centro de estudios explica que la categoría “reclamantes” incluye no solo a los cobijados por la Ley de Víctimas sino también aquellos que han realizado reclamaciones ante la Ley de Justicia y Paz, y procesos ordinarios o administrativos.
Para el Cinep, el problema está en el subregistro. “Creo que nadie se ha enfocado en llevar un registro detallado de estos riesgos. La situación sólo es visible por las instituciones y los medios de comunicación cuando hay homicidios”, explica un investigador del Centro de Investigación.
La Mesa Multiactor encontró que las tensiones alrededor de las tierras y las denuncias sobre la inseguridad aumentaron tras la reunión de abril de 2016, en Sabanas de San Ángel, en la que el entonces procurador general, Alejandro Ordóñez, y el presidente de Fedegan, José Felix, Lafaurie avivaron en sus discursos un movimiento de oposición a la restitución.
Justo donde no han avanzado los fallos de restitución, como en Chibolo, Plato, Zona Bananera y Remolino, los campesinos advierten presencia de grupos ilegales dedicados a la extorsión, el robo y la amenaza. Foto archivo Semana.
Son observados
Durante 2016 la Mesa Multiactor documentó que en el centro y norte del departamento los campesinos advirtieron sobre “patrullajes de desconocidos con casco y visor” y la circulación de planfletos. Aunque para la Fuerza Pública la situación obedece a la presencia de bandas o delincuencia común, las organizaciones sociales reiteran que los hostigamientos y amenazas provienen de un rearme del paramilitarismo, que coincide con la salida de la cárcel de José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, exjefe paramilitar del Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc. El rearme es una realidad ya advertida por el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo en un comunicado emitido el 8 de febrero de 2017. (Lea la carta aquí)
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El rearme ha sido documentado en la región desde hace por lo menos diez años. Para entonces, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la OEA (MAPP/OEA), en su mandato de seguimiento al desarme, desmovilización y reintegración de grupos paramilitares, señaló en su informe Alerta al rearme que esta situación venía ocurriendo en los municipios del centro y sur del departamento. Para el mismo año el investigador Mauricio Romero publicó el informe Parapolítica. La ruta de la expansión paramilitar y los acuerdos políticos, que documentó las alianzas entre actores ilegales y legales alrededor del territorio.
“A ‘Tijeras’ lo han visto por el corregimiento de Soplador en Zona Bananera. Se mueve desde y hacia Barranquilla. Asiste a cantinas y billares. A otro que han visto es a alias ‘Emiliano’, mano derecha y contador de “Tijeras”, advierten varios campesinos del sector.
Según lo determinó el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, tras una solicitud realizada por la Fiscalía 31 Delegada, Mangones Lugo tiene restricciones especiales de movilidad. Es decir, el Alto Tribunal le solicitó no hacer presencia en los municipios donde el Frente William Rivas de las Autodefensas Unidas de Colombia tuvo injerencia, tales como Ciénaga, Zona Bananera, Aracataca, El Retén, Pueblo Viejo y Fundación, además de evitar a toda costa tener contacto con sus víctimas. Adicional a esto, el exparamilitar cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección. Para las víctimas, esto resulta contradictorio, pues al hombre le asignaron carro y escolta, medidas que en muchas ocasiones les niegan a los líderes reclamantes de tierras.
Para las organizaciones sociales, los exparamilitares que regresaron a la región ya no usan insignias ni rótulos, pero se dedican a la extorsión y buscan recuperar territorios estratégicos para controlar economías ilegales.
Las organizaciones no gubernamentales indican que la presencia de estos grupos y los hostigamientos se intesifican en dos momentos: cuando los campesinos se reúnen o rinden testimonios en los procesos de documentación de las demandas de restitución y durante la etapa de juicio, cuando son llamados a declarar.
Quienes presuntamente están detrás de las amenazas son algunos opositores al proceso de restitución. La misma sentencia proferida por el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá documentó las relaciones del Frente William Rivas de las Auc con varios empresarios y terratenientes de la zona, señalando que estos últimos utilizaron los “servicios sicariales” de los paramilitares para comprar predios a bajos precios o forzar a los colonos a que abandonaran las tierras fértiles.
En 2016, el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep) documentó intensidad de la violencia y amenazas contra reclamantes de tierras en Magdalena. Foto archivo Semana.
Reclamantes, bajo presión
Otra de las situaciones hasta ahora poco documentadas y denunciadas es la presión ejercida sobre los reclamantes para que desistan de las demandas de restitución, como advirtieron varios campesinos en Pivijay. “Como la Corte Constitucional definió que las víctimas no pueden conciliar en la etapa de juicio, los están buscando en la etapa previa, es decir, en la administrativa, cuando formulan la demanda”, comentó un conocedor del tema en Santa Marta.
Los jueces y magistrados especializados de restitución de tierras que admiten las demandas de restitución están obligados a fallar los casos, incluso, si alguna de las partes quisiera desistir del proceso estos deben fallarse en derecho. Esto porque la Corte Constitucional profirió la sentencia T-244 de 2016 que ordena la culminación por vía judicial de todos los procesos de restitución de tierras que hayan cursado esta etapa, pues “aceptar el desistimiento como una forma legítima para terminar el proceso incentivaría a grupos ilegales a seguir presionando a las víctimas a renunciar al derecho de propiedad que tienen sobre sus predios y a los derechos a la verdad, justicia y reparación que se derivan del proceso de restitución” (Lea la sentencia aquí).
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La presión también ha sido ejercida desde asociaciones que se oponen a la restitución, como ocurre con la Asociación de Víctimas de la Restitución de Tierras, que tomó fuerza tras la reunión de Ordoñez en Magdalena. Esta es una organización de opositores a la Ley 1448 que integran varios ganaderos y terratenientes que se declaran compradores de “buena fe”; sin embargo, su postura deberá ser corroborada por los jueces, pues no basta haber comprado con buenas intenciones sino estar “exentos de culpa”, eso significa que hayan hecho la debida diligencia de averiguar sobre el pasado de las tierras.
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La resistencia de las víctimas frente a organizaciones como la anterior se deriva en otras asociaciones. Los campesinos, desplazados por la violencia y reclamantes de tierras de la región, se organizaron entonces en la Asociación Campesina de Víctimas Reclamantes de Tierra del Magdalena (Asocavirtmag), que reúne a por lo menos 480 familias, exigiendo atención del Estado frente a estas presiones y violencia.
En Zona Bananera, por ejemplo, los campesinos cuentan que son vetados laboralmente en la región por ser reclamantes de tierras. La situación se complica aún más cuando comienzan a extorsionarlos sobre la base de rumores que dicen que las víctimas han recibido ‘sumas de dinero’ por efecto de la reparación, hecho que no corresponde a la realidad.
Otros espacios y asociaciones que han advertido riesgo en el departamento es la Mesa Municipal de Participación Efectiva en Chibolo y Agrocampo. En reuniones realizadas durante 2016 indicaron que sigue habiendo una alta estigmatización contra los reclamantes, y que el rango territorial comprendido por los municipios de El Plato, Zapayán, Sabanas de San Ángel y Chibolo constituye una zona de ‘disputa’ e interés por parte de desmovilizados, refiriéndose a Augusto ‘Tuto’ Castro Pacheco y Omar Montero Martínez alias ‘Codazzi’.
Al panorama de riesgo se suma un panfleto que circuló en el corregimiento de Orihueca, en Zona Bananera, en abril de 2016; el asesinato en agosto de 2016 de Roberto Suárez Bonilla, reclamante de tierras de un predio en Zona Bananera y muerto a golpes en la vereda La Secreta, en Ciénaga, así como las solicitudes de atención y protección que realizan los reclamantes de tierras. El Índice de Riesgo de Victimización (IRV) en la región Caribe, publicado por la Unidad Nacional de Víctimas, señala que en el periodo comprendido entre 2013 y julio de 2016, la Unidad nacional de Protección estudió 253 de estas solicitudes, de las cuales 123 fueron evaluadas con “riesgo extraordinario” y 126 con “riesgo ordinario” (Lea el informe de la Unidad).
Víctimas de alias ‘Codazzi’ esperan justicia
En un departamento con 486 mil personas desplazadas, según el Registro Único de Víctimas (RUV) y donde cursan diversos procesos de restitución por ser una región despojada, los campesinos exigen la prometida “paz territorial”.
“Necesitamos que avancen los fallos de restitución, porque eso de alguna forma obliga a las autoridades a estar acá. Nos sentimos solos y la seguridad es necesaria para trabajar la tierra”, comenta Ramiro Pérez*, un parcelero de la vereda la Palizúa, donde temen el rumor de un nuevo despojo de tierras.
*Nombre cambiado por razones de seguridad
