Los 6.420 cuerpos encontrados bajotierra dimensionaron la tragedia y respaldaron las denuncias de las víctimas. A ensayo y error, durante diez años el país ha aprendido a buscar a sus muertos.
La mayoría de las entregas se hacen de forma colectiva, pero si la familia lo solicita, el acto puede ser individual. Lo restos se entregan en el cementerio que los familiares elijan. Foto: archivo Semana.
Octubre de 2001, Albania, Caquetá. 14 cadáveres desmembrados ocultos bajo tierra en fosas individuales. Las expresiones de dolor, los tatuajes intactos, una mujer con un seno cercenado en vida, una cabeza con los ojos vendados. “Fue la primera vez que vi la intención de otro de causar tanto daño en un cuerpo. El país no había hecho una exhumación de ese tamaño y desde ese día yo dejé de pensar”, cuenta Helka Quevedo, antropóloga forense que trabajaba en la Fiscalía.
Los cuerpos de las víctimas de este pequeño municipio al sur occidente del Caquetá contaron por primera vez, hace 14 años, la barbarie que se estaba viviendo en todo el país por cuenta de la expansión paramilitar. Quevedo había exhumado cuerpos de accidentes aéreos, terremotos, explosiones, pero esto era nuevo. Solo cuatro antropólogos forenses trabajaban en la Fiscalía y el país no estaba preparado.
La escena se hizo cada vez más común. Un año después en la inspección de Puerto Torres, zona rural del municipio de Belén de los Andaquíes, también en Caquetá, encontraron otros 36 cadáveres.
Puerto Torres, el pueblo que los ‘paras’ convirtieron en escuela de terror.
Este fue el inicio de la titánica tarea de encontrar a las víctimas enterradas, pero para ese entonces poco se sabía de estas fosas en las ciudades capitales. Fue desde 2005, luego de que se desmovilizaran algunos paramilitares y se acogieran a la recién creada Ley de Justicia y Paz, que el país comenzó a escuchar las descarnadas narraciones de los victimarios sobre los métodos de tortura previos a la desaparición.
“Desde Justicia y Paz la gente ya sabe que hay fosas comunes en el país, que hay exhumaciones, que hay antropólogos. En mi época encontramos muchas fosas, pero eso ni siquiera era un tema en los noticieros”, explica Quevedo, quien retira de la Fiscalía antes de que entrara en vigencia esta ley de justicia transicional, pero siguió trabajando en tema forense desde el Cicr y ahora desde el Centro Nacional de Memoria Histórica.
La Fiscalía conoció cientos de coordenadas para desenterrar nuevas fosas, entre 2007 y 2010 se exhumaron 900 cadáveres anuales en promedio. Los restos recuperados pusieron en la agenda nacional la tragedia de la desaparición forzada y dieron la razón a las víctimas que venían gritando estos atropellos décadas atrás.
Vea en este mapa el númerode cuerpos encontrados y entregados por departamentos. Con información de la Fiscalía General de la Nación a agosto 2015.
El caso más reciente es el de La Escombrera, un botadero en la comuna 13 de Medellín, considerada como la fosa común urbana más grande del país. Durante años, las denuncias de los familiares de los desaparecidos fueron desmentidas públicamente por autoridades locales y miembros de la fuerza pública. El inicio de las labores de excavaciones dos meses atrás les dio por fin la razón.
Desaparecían a las personas en la comuna 13 y decían que era un mito
Cuando se cumplen diez años desde que se sancionó la Ley de Justicia y Paz, VerdadAbierta.com presenta las lecciones aprendidas, las no tan aprendidas y los nuevos retos que tendrá que enfrentar el país si quiere recuperar más cuerpos desaparecidos.
Un camino de dolorosas lecciones
“Al día siguiente de haber entrado a la Fiscalía yo ya estaba exhumando. Teníamos la maleta siempre lista”, dice uno de los 15 antropólogos forenses que vivió de primera mano la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz.
La falta de personal y la cantidad de información sobre fosas comunes que estaban entregando los desmovilizados, motivaron agotadoras jornadas de trabajo. “Uno de los momentos más duros de mi vida fue la exhumación de los cuerpos de los niños de la masacre de San José de Apartadó, pero apenas llegué a Bogotá tuve que salir corriendo a otra diligencia”, agrega.
En 2006, la mayoría de la información provino de visitas que funcionarios de la Fiscalía hicieron a las cárceles. La idea era que los mismos exparamilitares contaran dónde habían enterrado a sus víctimas. El país conoció así fosas que más parecían cementerios enteros. Manuel Pirabán, alias ‘Jorge Pirata’, entregó las coordenadas de decenas de fosas en la inspección de la Cooperativa en Mapiripán, Meta, donde la Fiscalía encontró 57 cuerpos de excombatientes y víctimas del Bloque Centauros.
Durante Justicia y Paz se hizo más frecuente que las familias acompañaran las diligencias de exhumación. Foto: archivo Semana.
El Ente investigador entendió rápidamente que se trataba de una tarea mayúscula que requería de un equipo especial de fiscales y, en agosto de 2007, se creó un grupo especial de exhumaciones. Los funcionarios fueron capacitados y se asignó más presupuesto. Se tuvieron en cuenta las lecciones aprendidas del Equipo Argentino de Antropología Forenses, pero a diferencia de lo ocurrido en ese país, Colombia no empezó de cero, pues ya contaba con el Instituto de Medicina Legal.
Como se trataba de crímenes de vieja data, ya había investigaciones en curso en la justicia ordinaria, la mayoría en la Dirección de Derechos Humanos, las cuales se cruzaron con las nuevas indagaciones de Justicia y Paz. La falta de comunicación entre los despachos de la misma Fiscalía condujo a que los antropólogos llegaran a buscar cuerpos que ya habían encontrado o que cada mes se abriera un nuevo hueco en una misma finca.
Esto no pasa exclusivamente en el tema de exhumaciones, sino que es un problema general de la Fiscalía. En este caso se buscó una solución temprana, pues para coordinar la búsqueda de cuerpos, en 2007, se creó el Centro Único Virtual de Identificación (CUVI), que centraliza la información sobre los casos de desaparición. La desconexión persiste, pero es cada vez menor.
También se crearon protocolos para entregar los restos a los familiares. Aunque las organizaciones de desaparecidos cuestionan las entregas masivas de cuerpos, el cambio ha sido rotundo. Antes de Justicia y Paz simplemente se entregaba una bolsa con los huesos a sus familiares. “Yo entregué los restos de dos víctimas en una bolsita blanca que decía Fiscalía – CTI dentro de un taxi. Le di un abrazo con mucho respeto a la familia, pero no podía hacer nada más”, recuerda Helka Quevedo.
Hoy en día los familiares tienen acompañamiento psicosocial, una explicación jurídica de cómo va el proceso en la justicia transicional y el forense les explica cómo murió su ser querido. Los cofres que están acompañados de una foto de las víctimas se entregan en un oficio religioso, dependiendo de las creencias de la familia. Para las comunidades indígenas existe un protocolo especial.
“Durante estos años aprendimos que recibir los restos es un momento muy importante para el duelo. La atención de psicólogos es fundamental y los antropólogos forenses se han capacitado para darles respuestas que la gente pueda entender”, dice Nibaldo Jiménez, fiscal de exhumaciones.
Hace un mes, 13 familiares llegaron al salón de un hotel en Bogotá para recibir los restos de Willmar Cruz Jiménez. “Hoy se acaba la incertidumbre, podemos cerrar capítulo, ya por fin le podemos dar cristiana sepultura. Pero el camino no termina, hay que limpiar su nombre”, dijo su suegro. Willmar fue uno de los 528 enterrados como NN en el cementerio de Granada, Meta, donde se presume hay, en su mayoría, víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Las familias también buscan a sus muertos
El trabajo para encontrar a los muertos no ha estado sólo en manos de la Fiscalía. Desde 2006, en San Carlos, Antioquia, Pastora Mira, junto a un grupo de líderes, repartieron mapas a los habitantes para que les dieran información sobre fosas comunes. Las familias del Oriente Antioqueños se apropiaron de la búsqueda de sus muertos.
El país conoció también la trágica historia de las cuatro hermanas Galárraga en La Dorada, Putumayo, torturadas, violadas y asesinadas por paramilitares del Bloque Sur Putumayo en enero de 2001. Durante años, la madre y la única hermana sobreviviente buscaron los cuerpos y guardaron información con la ubicación exacta de las fosas. Su trabajo sirvió para que 9 años después encontrarán cientos de cadáveres en un lugar conocido como La Marranera.
En los primeros años estos ejemplos fueron más bien escasos y no siempre aprovechados por la Fiscalía. Los familiares eran convocados sobre todo para tomarles muestras de ADN que después se compararon con los restos encontrados. Sin embargo, según cifras oficiales, es mayor el número de exhumaciones programadas por información aportada por las madres, los hermanos o los hijos que las diligencias hechas a partir de versiones los postulados a la ley.
Número de diligencia según fuentes de información. Con información de la Fiscalía General de la Nación a enero 2015.
“Se ha privilegiado la versión de los victimarios. Se supone que el sentido de que hagan parte de la justicia transicional es que cuenten la verdad. Pero la experiencia ha mostrado que la información más importante está en las comunidades”, asegura Ana Carolina Guatame, investigadora forense de Equitas, una organización no gubernamental experta en temas forenses.
Un ejemplo ha sido lo ocurrido en algunos municipios de Casanare, donde los familiares de las víctimas han sido la fuente principal para encontrar a 30 cuerpos. Las Autodefensas Unidas de Casanare, grupo paramilitar más conocido en la zona como ‘Los Buitragueños’, no se desmovilizó y los escasos excombatientes que están en la cárcel han colaborado muy poco.
La apuesta por encontrar más desparecidos en Casanare
Hay regiones del país donde los métodos de desaparición narrados por los exparamilitares dejan muy pocas esperanzas de encontrar a los muertos: cadáveres arrojados al río o al mar y restos incinerados en hornos crematorios o en hogueras con llantas.
Sin embargo, en las audiencias de Justicia y Paz, las víctimas de las Autodefensas del Magdalena Medio y del Bloque Catatumbo han criticado reiteradamente a la Fiscalía por darle la razón a los victimarios cuando dicen, respectivamente, que arrojaron los cadáveres a los ríos o los incineraron en hornos crematorios. “Aceptar eso es muy difícil para las familias. Siempre hemos dicho que el simple testimonio no es suficiente, para dejar de buscar esos cuerpos tiene que haber pruebas contundentes”, dice Juan Felipe Berrío, asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr).
Para varios expertos consultados por VerdadAbierta.com, si se hubiera valorado desde el comienzo la información que brindan las víctimas y las comunidades, el número de cuerpos no identificados sería menor.
“No es solo cavar, hay que identificar”
Los más de 6.400 cuerpos hallados en los primeros diez años de la ley de Justicia y Paz dieron a los colombianos una primera noción de la tragedia ocurrida, pero también un resultado agridulce. Solo el 46% de los restos, que equivale a algo más de 3.300 cuerpos, han sido identificados y regresados a sus familiares. El resto permanece en las bodegas de los laboratorios esperando un Match, una coincidencia los perfiles genéticos de algunas de las víctimas que entregaron muestras de sangre.
“El balance no puede ser mirado solo desde las cifras. Al comienzo los desmovilizados entregaron muchas coordenadas, pero poco sabían de la identidad de las víctimas”, dice Álvaro León Polo, coordinador de grupo de exhumaciones de la Dirección de Justicia Transicional. “Tuvimos que aprender a no correr tanto con exhumaciones, porque nos estamos quedando con cuerpos que no tenemos la más remota idea de quién son”, agrega.
“Los cuerpos se encontraron, pero el problema es que pasaron de estar en una fosa clandestina, para llegar a un cementerio estatal de miles de cajas en bodegas”, explica Juan Felipe Berrío del Cicr.
En los laboratorios hay dos tipos de cadáveres: los que tienen una posible identidad, es decir, sobre los que una familia reclama y los que definitivamente nadie sabe nada. Para hacer las pruebas de ADN los cuerpos entran en una especie de ‘lista de espera’ y los resultados pueden tardar desde un par de meses hasta tres años.
Los retrasos más comunes ocurren porque las muestras de sangre fueron mal tomadas o por el avanzado estado de deterioro de los huesos; pero también dificulta el poco personal que trabaja en los tres laboratorios calificados que existen en el país y la falta de herramientas tecnológicas.
En este proceso están por ejemplo las víctimas de Albania, la primera fosa común encontrada en el país. En 2001, luego de ser desenterrados, fueron nuevamente sepultados como cuerpos no identificados en el cementerio de Florencia, Caquetá. A comienzos de 2015, en un trabajo liderado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, los 14 cadáveres fueron exhumados por segunda vez y sus posibles familias contactadas. Desde abril de 2015 los restos están en laboratorios y lo cierto es que 14 años después, sus familias aún no tienen respuesta.
Caquetá, la prueba piloto para encontrar más desparecidos.
En los laboratorios también están los restos de más de 2 mil personas apilados en cajas sobre los que no existe ni una pista de su identidad. Esto ocurrió, en parte, porque los exparamilitares no sabían a quién habían matado. También porque algunos fiscales no daban mayor información a los antropólogos forenses, que son los que dirigen la diligencia de exhumación. Iban con su pala en busca de los cuerpos, pero no sabían a quién buscaban. Sin una investigación previa y sin un diálogo con las familias y la comunidad se perdió gran parte de los datos claves para identificar los muertos.
“El Estado pensaba que su trabajo era encontrar la fosas, pero ese es solo el primer paso. Toca preguntar quién lo trajo, cómo estaba vestido, si hay familiares buscando cuerpos, si la personas fumaba, etc. Eso los investigadores no lo hacían”, concluye Berrio.
Los casos también se acumulan porque hay un déficit de personal. “falta gente en todas las instituciones, pero es que no hay de dónde”, asegura Carolina Guatame de Equitas. Hay muy pocos antropólogos forenses en el país, porque no hay escenarios de formación. En la Universidad Nacional existió la única especialización, pero cerraron el programa hace cinco años.
¿Se acabó la información?
Desenterrar los restos de más de 6.400 personas ha sido todo un logro para el país, pero visto en perspectiva, hace falta mucho trabajo. De acuerdo con cifras oficiales, en el país hay más de 45 mil desaparecidos, es decir, que la Ley de Justicia y Paz, ha dado con el paradero de solo el 14% de los muertos.
El problema es que la intensidad de las exhumaciones es cada vez menor, mientras en los primeros años se desenterraron en promedio 900 restos, en lo que va corrido de 2015 solo se han encontrado algo más de 40 cadáveres.
Cuerpos exhumados por año. Con información de la Fiscalía General de la Nación a agosto 2015.
“Cuando recién se desmovilizaron los paramilitares entregaron información puntual, tenían los hechos muy frescos, todas las diligencias eran muy positivas, pero ya la información se está agotando”, dice Álvaro Polo de la Fiscalía. Agrega que la poca información disponible es traficada entre los mismos desmovilizados, sobre todo, vendida a quienes están en la justicia ordinaria y reciben una rebaja de pena por cada muerto que encuentren. “Si el desmovilizado no conoce el terreno y se enteró de las fosas por medio de terceros, es imposible encontrarlas”.
En las audiencias de Justicia y Paz es común escuchar a los exparamilitares decir que tienen “muertos por entregar”, pero la Fiscalía no los ha buscado. Aunque muchas veces se trata de información falsa o inexacta, hay casos en los que tienen razón. “Yo creo que a la Fiscalía se le salió de las manos. Por hacer lo urgente, no se hace lo importante. Hay Información que los postulados han dado que está hace tres años y ni siquiera la han visto”, dice Helka Quevedo.
Además, los postulados alegan que ellos solo tienen una parte de la verdad y que son los patrulleros y mandos medios quienes conocen la ubicación exacta de las fosas comunes. El problema es que algunos de los que tienen la información siguen en la ilegalidad o se unieron a programas de reinserción con la Agencia Colombiana para la Reintegración (Acr). Estos últimos están obligados a participar en un mecanismo de contribución a la verdad con el Centro Nacional de Memoria Histórica, pero no a responder dudas puntuales que tienen los familiares de los desaparecidos.
Para organizaciones como Equitas esta es la consecuencia de haberse centrado tanto en la versión de los victimarios. “la Fiscalía ha recuperado los casos más ‘fáciles’, donde les entregaron coordenadas”, dice Carolina Guatame. La fundación le ha propuesto a la Fiscalía que se implemente una metodología más científica y de investigación social que hasta ahora no se ha aplicado.
¿Qué viene ahora?
La mayoría de las víctimas encontradas fue asesinada por paramilitares, pero hace falta buscar a los desaparecidos de la guerrilla. En Norte de Santander, Cauca, Putumayo y Chocó los resultados son mínimos para la magnitud de la guerra que han vivido.“Hay cerca de 200 cuerpos que se le atribuyen a la guerrilla, pero no porque los digan los desmovilizados, sino que lo asumimos por georeferenciación. En esas zonas, el Ejército no nos garantiza la seguridad y en otras hay sospechas de campo minado. Las familias aún tienen miedo y no dan información”, dice el coordinador de grupo de exhumaciones de la Dirección de Justicia Transicional.
Un cuerpo puede ser identificado por sus huellas, su carta dental y el ADN. Cuando el cadáver está muy deteriorado, se miran las características personas reportadas por la familia. Foto: archivo Semana.
Recuperar a las víctimas de estas regiones ha sido toda una odisea. Por ejemplo, en varias ocasiones, la Fiscalía intentó buscar el cuerpo de José Arnoldo Pineda, un hombredesaparecido en Puerto Concordia, un municipio al sur del Meta, pero por problemas de seguridad fue imposible ingresar. Desesperada, la familia decidió pedir permiso a las Farc para sacar el cuerpo, lo exhumó con sus propios medios y se lo entregó a los investigadores.
Otro nuevo frente de búsqueda se abrió en los cementerios. En 2010, el Gobierno hizo un cruce de información de la Registraduría con las huellas de personas que murieron de manera violenta y cuyos cadáveres sepultados como NNs en cementerios. Encontraron la identidad de casi 10 mil cuerpos. Ya las familias saben que el desaparecido está muerto, el reto es encontrarlo.
El Ministerio del Interior priorizó la búsqueda en 184 cementerios del país. En solo cinco de los Llanos Orientales se encontraron cerca de 3 mil desaparecidos. “Hay cementerios que una vez muerto el sepulturero, se pierde toda la información”, agrega Berrio del Cicr.
La Ley de Justicia y Paz desenterró una dolorosa verdad que se posicionó en la agenda del país. Han sido diez años en que las instituciones aprendieron a buscar los muertos, a escuchar a los familiares y a entender la importancia de identificar los cuerpos encontrados.
Dimensionar la magnitud del problema ha permitido también conocer los nuevos retos. Tal vez nunca se recuperen los 45 mil restos de las personas desaparecidas y seguramente la búsqueda llevará más de 100 años. Pero el camino recorrido no solo les ha dado la razón a las víctimas, sino que como nunca antes las ha acercado a una respuesta.
