Este líder quedó en medio de dos reclamos por predios rurales: la ocupación de supuestos playones comunales en Tamalameque y un predio en Río de Oro que está en proceso de extinción de dominio. En ambos casos hay oscuras relaciones con empresarios condenados por la justicia y exparamilitares. Campesinos que continúan estas luchas están amenazados.
A eso de las 11 de la mañana del pasado 2 de agosto, José Luis Quiñones Villafañe regresó de la zona rural de Tamalameque, Cesar, al casco urbano del municipio y se dispuso a descansar en la casa en arriendo en la que vivía con su esposa y sus dos hijos: una joven de 15 años y un niño de cuatro. Sin embargo, aquel día, su familia estaba en Puerto Boca, un corregimiento cercano, visitando a unos parientes.
Desde las siete de la mañana el centro poblado estaba sin luz. “Tamalameque es muy caliente”, dice una amiga de Quiñones. Ante la falta de ventiladores, la elevada temperatura de la tarde obligó a Quiñones a buscar frescura en el antepatio de la vivienda, que da a la calle. Allí se sentó en una mecedora a descansar hasta quedarse dormido.
Según cuenta la comunidad, a las 3 y 30 de la tarde dos hombres llegaron en una motocicleta Yamaha FZ de color rojo. Ambos, con cascos y tapabocas, se acercaron a la reja negra que encierra la casa de Quiñones y le propinaron dos tiros: uno en el cuello y otro en el pecho.
Resistiendo las letales heridas, tomó fuerza y entró a la casa por unos cuantos segundos, huyendo de sus atacantes. Cuando salió de nuevo, desangrándose, sus verdugos ya no estaban. En el momento en que los vecinos del sector llegaron a socorrerlo, Quiñones estaba tumbado en el suelo, inerte.
En la mañana de ese día, el líder había visitado los predios conocidos como Matarredonda y Machín Berlín en zona rural de Tamalameque. Era uno de los voceros de las 150 familias que, desde abril de 2021, ocuparon esas fincas con el argumento de que no pueden pertenecer a ningún terrateniente. ¿La razón? Alegan que son sabanas y playones comunales de la ciénaga de Zapatosa.
Esa disputa territorial recuerda el asesinato de los líderes Teofilo Acuña y Jorge Tafur a finales de febrero de este año. Ambos campesinos abanderaron la ocupación de tierras en San Martín, Cesar, asegurando que eran playones comunales y denunciando a terratenientes, quienes los habrían desecado para convertirlos en fundos ganaderos. (Leer más en El lío de tierras detrás del asesinato de Teófilo Acuña y Jorge Tafur)
La segunda disputa territorial que acompañaba Quiñones se concentra en el municipio Río de Oro, en un predio que se conoce como La Pola, que le perteneció al exjefe paramilitar y narcotraficante Víctor Manuel Mejía Múnera y que fue confiscado por la Fiscalía en un proceso de extinción de dominio.
“Nosotros creemos que el asesinato de nuestro compañero tiene que ver con una alianza entre los terratenientes paramilitares de Tamalameque con aquellos que ahora tienen La Pola”, asevera una lideresa de la región que prefirió mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad.
Los playones detrás de una estafa
Voceros de la Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar, Sur del Magdalena y Proceso de los Santanderes (CISBCSC) explican que la “recuperación de sabanas y playones comunales” comenzó hace siete años en el complejo cenagoso de San Martín, en el municipio cesarense del mismo nombre. Luego, otras comunidades replicaron esa estrategia, entre ellas las de Tamalameque.
Las ciénagas tienen unos playones en los que el agua se extiende en invierno y se recoge en verano. Las comunidades que habitaban estas tierras eran pescadores y cuando los playones estaban disponibles sembraban comida o arreaban unos cuantos semovientes, sin afectar el ecosistema.
La Ley 160 de 1994 estableció que en las sabanas y playones comunales “que periódicamente se inunden a consecuencia de las avenidas de los ríos, lagunas o ciénagas, no se adelantarán programas de adquisición de tierras”.
Nadia Umaña, vocera de la CISBCSC, explica que una de las luchas que abanderaba Quiñónez se enfocaba en los playones comunales del complejo cenagoso de Zapatosa, que beneficia a los municipios de El Banco, en Magdalena, y Tamalameque, Chiriguaná, Curumaní y Chimichagua, en Cesar. Según esta lideresa, esos playones fueron desecados por terratenientes para su provecho particular, afectando a las comunidades campesinas.
Un líder de este proceso, oriundo de Tamalameque y que prefirió mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad, recuerda que en abril del año pasado, 150 familias, con el apoyo de Quiñones, ocuparon las fincas conocidas como Machín Berlín y Matarredonda, que, en su conjunto, suman 1.800 hectáreas y se encuentran en los alrededores de la ciénaga de Zapatosa.
Décadas antes de que el Estado contemplara proteger los playones y sabanas, había consentido titularlos. En el caso de Matarredonda, de 1.200 hectáreas, sus primeros dueños, Ricardo Arturo Armel Londoño y Salomon Armel Londoño, lo obtuvieron mediante permuta en marzo de 1964 y su escritura fue registrada en la Notaría Segunda de Pereira. Tras sucesivas transacciones, fue adquirido en marzo de 2006 por la Sociedad Unión Mutua S.A. por 560 millones de pesos.
La tradición de Mechín Berlín, de 600 hectáreas, es más compleja, pero llega al mismo punto. En diciembre de 1981, su propietario, Eduardo Valencia Zuluaga, englobó cuatro predios, que fue comprando uno a uno, y en julio de 2007 se lo vendió a la Sociedad Unión Mutua S.A. por 250 millones de pesos.
Unión Mutua S.A., actualmente en liquidación, se constituyó en Medellín el 11 de mayo de 1994 por Luis José Botero Salazar y su esposa, Luz Helena González Trujillo, quienes incluyeron en la sociedad a los entonces hijos menores Mariana, Luis Miguel y Elisa. Su objeto social, según consta en la escritura pública 2.434 registrada en la Notaría 11 de Medellín, es la explotación ganadera y agrícola, y los negocios que se desprendan de esas actividades.
Después de varios años de aprovechamiento, esta sociedad familiar trasladó a finales de diciembre 2010, a través de la escritura 1.609, registrada en Envigado, Antioquía, el derecho de dominio de ambos predios, “a título de fiducia mercantil irrevocable de administración”, al fideicomiso que se conoce como Inmuebles Ganaderos I, que administra la firma Acción Sociedad Fiduciaria S.A., empresa recordada por administrar las fiducias del proyecto BD Bacatá, rascacielo en el centro de Bogotá, que está envuelto en pleitos por incumplimientos en el retorno de capital y utilidades a por lo menos 6 mil inversionistas.
Luis José Botero le explicó a este portal, a través de las respuestas a un cuestionario que se le hizo llegar por correo electrónico, que cuando se constituyó el Fideicomiso Inmuebles Ganaderos I, buscaba cancelar una millonaria deuda que Unión Mutua S.A. tenía con la firma Factor Group Colombia S.A.
“Con esta negociación se le canceló a Factor Group ciento diez mil millones de pesos que le adeudaba Unión Mutua S.A. Esa negociación incluyó los predios Matarredonda, Machín, Berlín y Los Mangos en el departamento del Cesar y otros predios en los departamentos de Cesar, Bolívar y Magdalena, para un total de 6.600 hectáreas”, precisó Botero en una de sus respuestas.
La llegada de Factor Group complicó la situación de los playones reclamados por los campesinos por cuanto quedaron en medio de una millonaria estafa que afectó a por lo menos 1.500 personas. Resulta que esa firma, fundada y representada por David Wigoda Rinzler, usó como anzuelo la fiducia Inmuebles Ganaderos I, de la que su empresa era beneficiaria, para captar recursos de manera irregular con la promesa de devolver los dineros con grandes dividendos.
Desde 2002, Factor Group fue pionera en la industria del factoring, un negocio de riesgo mediante el cual se adquieren títulos, contratos o créditos de personas o empresas que necesitan liquidez inmediata. La ganancia estaba en la diferencia entre lo que gastaba adquiriendo el crédito y lo que recibiría después, cuando se hiciera efectivo el cobro de la cuenta.
Esas operaciones llamaron la atención de las autoridades y en octubre de 2011, tras denuncias anónimas, la Superintendencia Financiera concluyó que Factor Group realizaba actividades de captación o recaudo no autorizado de dinero, lo que obligó a la Superintendencia de Sociedades a ordenar el desmonte de la empresa y, de paso, denunció los hechos ante la Fiscalía por los presuntos delitos de estafa y abuso de confianza.
A inicios de 2021, el juzgado 30 Penal del Circuito de Bogotá encontró culpable a Wigoda por la captación masiva y habitual de dineros, y estafa agravada en la modalidad de delito en masa. Con esas operaciones estafó a cerca de 1.557 personas por 143 mil millones de pesos. El empresario fue condenado a 13 años de cárcel. Actualmente se encuentra prófugo de la justicia y se cree que vive en Israel.
Poco se sabe cómo se conocieron Wigoda y Botero, el representante legal de la Sociedad Unión Mutua S.A., pero lo cierto es que con base en los predios rurales que ofrecían en garantía para respaldar la captación de dinero, agrupados en por lo menos dos fideicomisos, se constituyó la estafa. Dos de esos bienes dados en fiducia eran las fincas Matarredonda y Machín Berlín.
La conformación de esas fiducias tenía como objetivo administrar los predios y sacarles rentabilidad, pero quien en realidad se aprovechó fue Factor Group. A Wigoda le pareció una buena idea promocionar ante sus inversionistas los fideicomisos creados por Botero e instarlos a entregar su dinero con la promesa de recibir un porcentaje de ganancia que produciría la venta de esas tierras y cuyos valores fueron “inflados”, como consta en los documentos a los que tuvo acceso VerdadAbierta.com. (Lea el contrato de fiducia mercantil)
La estafa se derrumbó cuando se supo que el dinero que los primeros inversionistas estaban recibiendo no venía de ninguna rentabilidad de los fideicomisos, sino del dinero que estaban dando nuevos inversionistas para el mismo negocio, creando así lo que se conoce como “una pirámide” o “esquema de Ponzi”, una práctica castigada por las leyes financieras colombianas.
La sentencia contra Wigoda, según reprodujo el diario El Espectador en su momento, precisa que “Factor Group ocultó que era el titular o el beneficiario de los fideicomisos Inmuebles Ganaderos y Ceba de Ganado atendiendo que a sus inversionistas les indicó que el originador de los activos objeto de la operación era Unión Mutua y/o Luis José Botero Salazar, quien en verdad fue el fideicomitente y por su condición de deudor, quien canceló una cuantiosa obligación, no vendiendo ni ofreciendo en el mercado derechos fiduciarios o flujos futuros de ningún tipo. Ello significa que Factor Group de manera evidente tergiversó su posición, haciéndose pasar como intermediario cuando en verdad era su titular”.
Botero le dejó tres cosas claras a este portal: que nunca supo sobre la estafa que planeaba Wigoda con los predios del fideicomiso; que Unión Mutua era un acreedor más de los que tuvo Factor Group; y que la sociedad Unión Mutua S.A. y su familia, no tienen relación con los propietarios ni con las personas que, actualmente, administran o habitan las fincas Machín Berlín y Matarredonda.
Acción Sociedad Fiduciaria S.A. continúa siendo la fiduciaria que administra el fideicomiso Inmuebles Ganaderos I. VerdadAbierta.com se contactó con esa compañía, representada legalmente por el empresario Pablo Trujillo Tealdo, para establecer cuál es la situación de los predios, quién ejerce dominio sobre ellos, qué papel que juegan en todo ello las víctimas de la estafa de Wigoda y quién está al tanto de su administración y aprovechamiento.
El equipo jurídico de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. le confirmó a este portal que el dueño de los predios Machín Berlín y Matarredonda es el patrimonio autónomo conocido como Inmuebles Ganaderos I y esta firma, como fiduciaria, continúa administrándolos.
“Tuvimos conocimiento que han sido afectados por una invasión de varias familias desde abril-marzo del año 2021. Hemos ejercido todas las acciones legales dentro del conducto regular para lograr el desalojo de los inmuebles”, explicó un vocero del equipo jurídico, quien precisó que tras presentar varias querellas policivas en el municipio de Tamalameque, se produjeron resoluciones de desalojo que han sido aprobadas por la Alcaldía.
También sostuvieron que han buscando que distintas instituciones del Estado acompañen el proceso “para que toda la población vulnerable que pueda encontrarse en dicha perturbación a la posición no se vea violentada en sus derechos fundamentales al momento del desalojo”, pero que por distintas dificultades no han hecho efectivo el desalojo.
En el plan de desmonte de Factor Group Colombia S.A. que aprobó la Superintendencia de Sociedades el 14 de marzo de 2012 a través del Auto 420-002519, se reconoce como “beneficiarios cesionarios” del fideicomiso a los inversionistas estafados por Wigoda. Estos a su vez conforman las Asambleas de Beneficiarios que deciden sobre el fideicomiso y, por tanto, sobre las tierras de Tamalameque.
Según un informe de gestión de Acción Sociedad Fiduciaria S.A., esa asamblea de beneficiarios se ha reunido y el comité fiduciario le ha rendido cuentas de gestión sobre los inmuebles del fideicomiso Inmuebles Ganaderos I. La empresa le confirmó a este portal que los beneficiarios del fideicomiso, es decir, los estafados por Factor Group, son cerca de 1.200, entre personas y empresas.
Con el asesinato de Quiñones, la Comisión de Interlocución se pregunta a quién incómodaba este líder campesino que abanderaba la ocupación de Machín Berlín y Matarredonda.
En Tamalameque se desconocía que Acción Sociedad Fiduciaria S.A. administra esas tierras; solo saben que supuestamente son administradas por un señor llamado Jorge Hernán Mejía. Si bien la fiduciaria le confirmó a este portal que tienen un administrador, pero que, “por la seguridad de dicha persona”, no compartían su nombre.
Según Jorge Niño, abogado del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y quien acompaña a las comunidades, no es claro cómo se le reconoció a Mejía la personería jurídica sobre los predios de Tamalameque cuando no han visto el poder sobre los bienes del fideicomiso de Inmuebles Ganaderos I.
“Jorge Hernán Mejía vive en Cali. Él solo aparecía esporádicamente y quien estaba en el predio Matarredonda era Hernán Carrascal, quien también hacía las veces de administrador y tenían arrendado para pasto a Andrés Herrera, de Pailitas, Cesar, quien era el que tenía ganado ahí y con quien las comunidades tuvo problemas porque, supuestamente, ese ganado se estaba perdiendo”, explica Niño.
En una nota del periódico regional El Pilón, publicada el 8 de mayo de 2021, se presenta a Mejía como el dueño de ambos predios y se recoge su voz sobre una situación que día tras día se fue crispando: “Llevo más de un mes con un problema de invasión. La Alcaldía de Tamalameque tiene conocimiento porque hice la denuncia siguiendo los pasos conforme la ley, pero se han demorado mucho en tomar acciones; también la Policía conoce el caso”.
Este portal consultó los certificados de tradición y libertad de los predios Machin Berlín y Matarredonda y en ninguna de sus anotaciones aparece Mejía como propietario. Ambas fincas fueron embargadas desde septiembre de 2011 por el Banco BBVA Colombia S.A.
Desde ese año no ha habido modificaciones en la propiedad de ambas fincas; no obstante, el embargo impuesto por el banco ante el incumplimiento de una hipoteca que había solicitado Botero, a través de Unión Mutua S. A. en 2008, dos años antes de dar los bienes en fiducia, llevaría a que los predios sean rematados, según concepto jurídico de algunos abogados consultados por este portal.
Sobre el embargo y la posibilidad de un remate, la oficina jurídica de Acción Sociedad Fiduciaria S.A. prefirió no pronunciarse.
La denuncia de las comunidades es que porque los terratenientes “hicieron jarillones y cercaron esa cantidad de hectáreas”, cuenta un líder que prefiere mantener su nombre en reserva. A su juicio, en estos predios se desecaron los playones comunales y los convirtieron en propiedad privada, cuando las normas agrarias lo prohíben.
La lideresa Umaña sostiene que desde hace varias semanas las casas principales de las fincas Matarredonda y Machín Berlín han sido afectadas por el invierno: “En este momento, y era una de las denuncias que estábamos preparando con José, entre el 70 y 80 por ciento de los predios están inundados. ¡Eso da cuenta de que son playones!, que la mayoría de tierras que estos terratenientes y mafiosos han constituído como haciendas, en realidad son terrenos comunales, que deberían ser de uso común, prioritario para las comunidades campesinas”.
En la publicación de El Pilón de mayo de 2021, y sin sustento de autoridad alguna, se advierte que “presuntamente detrás de los invasores estarían grupos armados al margen de la ley, como también una persona oriunda del sur de Bolívar que se dedica a invadir tierras para luego vender por lotes”. Estos señalamientos son desestimados por voceros de las comunidades y resaltan que han sido ellas las afectadas por actores armados ilegales y funcionarios de la Alcaldía de Tamalameque.
Salpican a inspector y gerente del hospital
Desde que iniciaron el proceso de recuperación de tierras comunales, los voceros de estas acciones empezaron a recibir amenazas. El año pasado, poco tiempo después de que tomaron los predios Machín Berlín y Matarredonda, cinco personas armadas llegaron con la tarea de sacar las familias porque “para eso les habían pagado”, cuentan en la comunidad. Si no salían, asesinarían a sus líderes, entre ellos, a Quiñónez.
Sin embargo, cuando llegaron las más de 100 familias a acompañar la gresca, los hombres armados bajaron los ánimos y les comunicaron que no iban a proceder porque veían que quienes estaban en el terreno eran campesinos pobres de la región y no iban a entrar en esa disputas solo por beneficiar al financiador del operativo, que según recuerdan las familias, les dijeron que no era del departamento de Cesar.
Este hecho se puso en conocimiento de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y la Procuraduría Provincial de El Banco, Magdalena, la cual tiene jurisdicción en esa zona del país. Sin embargo, las denuncias no han dado resultados.
“La finca donde ellos —los actores armados— se hospedaban era del gerente del Hospital de Tamalameque”, cuenta un líder de la región que pidió la reserva de su nombre por seguridad. Se trata del profesional de la salud Yuri Miguel Castro Zambrano. “Está auspiciando el paramilitarismo en sus fincas, todo el mundo lo sabe”, dice una fuente que prefiere mantener su voz en reserva.
Así quedó registrado en un oficio que le enviaron al alcalde municipal de Tamalameque, Luis Hernando Lascarro Tafur, el 3 de junio de 2021, y que VerdadAbierta.com conoció: “Es evidente la presencia de personas armadas en este municipio, que se están agrupando en sitios aledaños a la finca denominada San Miguel, al parecer de propiedad del señor Orlan Castro y finca La Macarena del señor Yuri Castro Zambrano, gerente del hospital de Tamalameque, igualmente lo hacen en el corregimiento Pueblo Nuevo donde al parecer tiene campamento. Estas personas son reconocidas como antiguos miembros de los grupos paramilitares en la región”.
Este portal contactó a Castro Zambrano. Ante los señalamientos, respondió que no conoce a los dueños de los predios en disputa y que no tiene ningún predio de su propiedad. “No sé por qué me quieren involucrar en estos problemas ajenos”, precisó.
El otro funcionario salpicado es el Inspector de Policía Municipal de Tamalameque, Luis Enrique Valle Amaya. Según le contaron líderes de la región a VerdadAbierta.com, les habría ofrecido 50 millones de pesos a los líderes del proceso de ocupación para que le dijeran a las más de 100 familias que ya no podían lograr nada en las fincas que reclamaban porque ya estaban tituladas. “Que más bien ‘cuidáramos la vida’. Que ‘la vida era muy bonita’ y que ‘no valía la pena perderla por personas que no agradecen esa lucha’”, recuerda un líder que prefirió mantener su nombre en reserva.
Este portal intentó comunicarse por múltiples medios al inspector de Policía Municipal de Tamalameque, pero no fue posible establecer contacto.
La Pola, en proceso de extinción de dominio
El otro proceso que lideraba Quiñones se concentra en el municipio Río de Oro, también en Cesar. Se trata de un predio conocido como La Pola, de 335 hectáreas, ubicado a la orilla de la carretera principal que va hacia Aguachica, en el sur de este departamento. La disputa sobre estas tierras, según alegan las comunidades, la adelantan porque años atrás decenas de familias campesinas las ocupaban y fueron desalojadas.
Según explica el abogado Niño, en la región hay muchos predios que tienen falsa tradición y con el pasar de los años, de la mano del paramilitarismo, los terratenientes lograron despojar a las familias campesinas, apelando al desplazamiento forzado.
“Hace más de 50 años, en esos territorios vivían comunidades campesinas que se sostenían de sus cultivos de pancoger y que por ignorancia o por limitaciones económicas, nunca formalizaron esas tierras. Luego fue que empezaron a llegar terratenientes cuando esas tierras empezaron a valorizarse y algunos compraban mejoras y posteriormente terminaron registrando esas escrituras de mejora”, explica Niño.
La tradición de La Pola es turbia. Se remonta a 1962, cuando el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) le adjudicó esas tierras a Carlos Eduardo Maichel Carrascal. Luego este se la pasó a la sociedad Carlos Maichel e Hijos Limitada y en diciembre de 1995 fue vendida por 180 millones de pesos a Víctor Manuel Mejía Múnera, uno de ‘Los Mellizos’, reconocido narcotraficante, que, junto con su hermano, le ‘compró’ a Vicente Castaño Gil el Bloque Vencedores de Arauca, asociado a las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc). (Leer más en ‘Los mellizos’, Miguel Ángel Mejía Múnera y Víctor Manuel Mejía Múnera y Los líos de los bienes ofrecidos por ‘El Mellizo’ Mejía)
En la década de los años noventa, junto a su hermano Miguel, comenzaron a traficar droga en Valle del Cauca y en 2001 se vincularon a las Auc. En diciembre de 2005, ‘Los Mellizos’ se desmovilizaron con los hombres bajo su mando cobijados por los acuerdos logrados a mediados de 2003 por el Estado colombiano a través del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) con la comandancia de esa organización paramilitar. Sin embargo, se negaron a recluirse en el centro social de La Ceja, Antioquia, adecuado como centro de reclusión para jefes de las Auc, y huyeron.
De ellos se supo cuando crearon el cartel ‘Los Nevados’, que operaba desde la Sierra Nevada de Santa Marta hasta la frontera con Venezuela. En 2008, Víctor Manuel murió en un operativo de la Dijin en el Bajo Cauca antioqueño y en 2009 Miguel Ángel Mejía fue capturado y, posteriormente, extraditado a los Estados Unidos. (Leer más en ‘El Mellizo’ Mejía Múnera, a un paso de salir de Justicia y Paz y Extraditan al ‘Mellizo’ Mejía Múnera)
Años antes de su cariz paramilitar, Mejía Múnera vendió el predio La Pola a Antonio José Barvo González en 1997 por el mismo valor del que la compró. Luego fue adquirido, en junio de 2003, por Juan Carlos Pérez Vasquez, quien pagó 239 millones de pesos, según el certificado de libertad y tradición de la propiedad.
“Yo se lo compré al señor Barbo en el año 2003, pero ocurre que a mí me lo quitó para proceso de extinción de dominio el Estado”, le contó Pérez a este portal y aseguró que mientras lo explotó, entre 2003 y 2007, nadie de la región le dijo que esas tierras habían pasado por las manos de narcotraficantes y que pagó lo justo por esa tierra, teniendo en cuenta que los predios en la región estaban desvalorizados por la guerra.
Pérez, quien se desempeñó como Contralor Departamental de Caldas entre 2016 y 2019, perdió el manejo administrativo y económico del predio en mayo de 2007 luego de que la Fiscalía General de la Nación lo embargara en medio de un proceso de extinción de dominio que, 15 años después, aún no se resuelve. Desde 2010, es administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
La situación del predio se complicó aún más por cuenta de una solicitud de restitución de tierras presentada ante la Unidad de Restitución de Tierras, seccional Barrancabermeja, al parecer a mediados de 2020, razón por la cual fue ingresado al registro de tierras despojadas en octubre de 2021. El expediente está bajo la tutela del Juzgado Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras del puerto petrolero, quien tendrá que tomar la decisión en primera instancia sobre a quién le pertenece La Pola.
Se desconoce quién reclama la finca, pues este tipo de procesos se adelantan bajo reserva. No obstante, el excontralor Pérez cree que quien solicitó el predio en restitución es la familia de Carlos Maichel, quien murió en 2014 y le vendió el predio al exparamilitar Mejìa Múnera.
Mientras el proceso judicial avanza, este año varias familias campesinas han intentado ocupar La Pola en dos ocasiones, con el argumento de que, históricamente, esas tierras pertenecían a las comunidades. En ambos casos, fueron desalojadas en menos de un día.
“Antes de la pandemia, ellos estaban mirando la oportunidad de retornar porque a las comunidades desplazadas y despojadas les habían dicho que ese predio ya estaba en manos del Fondo de Reparación de Víctimas y que a través de la Unidad de Restitución se iba a destinar para la restitución de tierras”, precisó el abogado Niño, del Programa Desarrollo y Paz del Magdalena Medio.
“Hay una presunción de mala fe, digo yo, de algunas personas de querer ocupar esos bienes”, se empeñó en dejar claro el abogado Montero a este portal. “Esas personas que tratan de ingresar no lo hacen por la vía de la legalidad. Ellos no tienen ni siquiera un contrato de arriendo por la Sociedad de Activos Especiales. Ellos quieren entrar ahí a la fuerza”.
Montero dijo que La Pola no es el único predio que las familias han ocupado, también lo han intentado con otras fincas de otros propietarios, como San Isidro y La María. Además, que los “recuperadores” son personas que “vienen del sur de Bolívar y de todos los corregimientos que a ti se te puedan ocurrir menos de la zona”.
Al respecto, Niño asegura que se trata de familias desplazadas y víctimas de despojo que han llegado a la zona, pero también de Aguachica y Río de Oro.
Pero el abogado Montero insiste en que en esas disputas hay quienes han hecho un negocio: “¿Qué es lo que hacen? Van, asientan unas familias ahí y terminan después vendiéndoles esa parcela o esa pequeña propiedad y esas familias, a su vez, terminan vendiéndole a terceros y se van a buscar otro predio para invadirlo posteriormente. Eso no es un secreto”. En respuesta a ello, Niño reconoce que esta situación ocurrió, pero se trató de una minoría, de “unos avispados que aprovecharon la ocupación”.
Estas familias ya habían tomado ese predio en 2016 y duraron cerca de tres años hasta que fueron desalojadas, por eso las ocupaciones que hicieron este año les causa tanta intriga. “Lo que nos sorprende es que han habido otros procesos de recuperación en los que pasa un año, pasan dos, y nunca vemos al ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía Nacional) y en este caso fue en menos de 24 horas. Creemos que hay un poder muy fuerte detrás del usufructo de esas tierras”, expresa Umaña, de la CISBCSC.
A pesar de que no hacía parte de esa comunidad, Quiñones estaba muy interesado en acompañar ese proceso de ocupación de tierras. “Todo el tiempo hablaba de La Pola, de lo fértiles que eran esas tierras, de lo maravilloso que iba a ser cuando la comunidad pudiera cultivar ahí maíz. Además, una parte de ese predio queda sobre la vía, soñaba con poner una tienda comunitaria”, resalta Umaña.
Con la muerte a la espalda
El cuerpo del líder asesinado permaneció expuesto dos días después de su asesinato. La débil luz, el acolchado del ataúd y la camisa del cadáver, todas blancas, contrastaban con la madera color cedro del ataúd y las coronas fúnebres. Alrededor, en un salón sencillo —tejas de zinc y paredes de ladrillo sin pintar—, familiares y amigos expresaban el dolor por su asesinato.
“Siempre nos decía que lo peor que podía pasar era que si a él lo asesinaran, nosotros dejáramos los procesos de lucha por la tierra porque entonces su muerte iba a ser en vano, entonces prefería que no hiciéramos matar a un compañero si no podíamos sostener esto hasta el final”, recuerda, con dolor, Umaña.
Quiñones nació el 4 de mayo 1977 en el municipio de Guamal, Magdalena, pero desde jóven hizo su vida junto a su esposa en Tamalameque. Aunque realizaba labores del campo, la comunidad lo recuerda como un comerciante que tuvo un local de helados y una carnicería.
Fue a inicios del año pasado que empezó a perfilarse como líder. Asistía a las reuniones de la Comisión de Interlocución y rápidamente empezó a destacarse como uno de los voceros de las familias que se tomaron los predios de Machín Berlín y Matarredonda.
Desde entonces empezó a recibir amenazas. La más reciente le había llegado a inicios de junio de este año. “Un amigo de la infancia había escuchado decir que lo iban a asesinar, que lo iban a matar, que se pusiera pilas”, le contó a este portal un líder que prefiere mantener su nombre en reserva por cuestiones de seguridad. Dicha fuente había obtenido esta información en el vecino municipio de Pelaya, Cesar.
En menos de un año, Quiñones es el segundo líder social que abanderaba una disputa territorial en Tamalameque y es asesinado. El 25 de noviembre de 2021, Albert Mejía Portillo, de 31 años, fue acribillado en la vereda Totumito por dos hombres que se movilizaban en motocicleta.
En ese lugar también hay una disputa de 50 familias por una finca conocida como El Silencio. “Ese predio fue campo de entrenamiento de paramilitares, de narcotráfico, tienen pistas, tienen túneles”, dice un líder de la región que pidió la reserva de su nombre.
Habían pasado unos meses en que los actores armados no habían vuelto a intimidar a nadie, por eso Quiñones se sentía más tranquilo. “¿Se dejó coger la confianza?”, se pregunta un líder compañero. “Jodiendo a uno, logran que la gente salga en carrera, salgan huyendo”.
El mismo Quiñones había advertido el riesgo sistemático al que estaban expuestos los líderes que luchan por tierras en el Magdalena Medio: “Buscan eliminarnos uno a uno”, había dicho con su rostro distorsionado a Noticias Caracol en marzo de este año cuando asesinaron a los líderes Teofilo Acuña y Jorge Tafur.
Varios líderes de la Comisión de Interlocución lamentan no haber podido acompañar a su amigo en su sepelio, pero sabían que corrían riesgo si se desplazaban hasta Tamalameque debido a las fuertes restricciones de movilidad impuestas por esos días por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), que operan sin contención en aquellas tierras.
“Lo que queremos nosotros es que se investigue qué está pasando en La Pola, qué está pasando en Tamalameque. Para nosotros sí hay una alianza criminal aquí para el despojo”, denuncia Umaña.
Los líderes de ese proceso esperan que de manera urgente se instale una mesa de interlocución sobre tierras. “Que el Estado clarifique de una vez por todas y precise cuáles son baldíos, cuáles son playones comunales y adjudique las tierras a las familias campesinas para que nos dejen de asesinar”, suplica la lideresa.
Además, recuerda que las otras vocerías de la CISBCSC siguen amenazadas por disputas territoriales en la región. “Para nosotros, el Estado debe implementar el plan de protección colectiva a nuestra organización que se venía construyendo cuando nuestros voceros nacionales Teófilo y Tafur estaban vivos y que no avanzó por falta de voluntad política del gobierno saliente”, concluye.
Entre el silencio penitente y los resoplidos espasmódicos en el salón de velación, un grito desgarrador se impuso desde afuera: “¡Ay!, ¿por qué?”.
