Indígenas y empresarios no se ponen de acuerdo en la manera de cómo deben resolver el litigio por predios que unos consideran ancestrales y otros, posesiones respaldadas legalmente. Documentos antiguos revelan que esas disputas tienen sus raíces en la época de la Colonia Española. Los nativos insisten en continuar con la recuperación de la Madre Tierra.
Durante días, miembros de la Guardia Indígena del Resguardo Kokonuko, de Puracé, acompañan las labores de vigilancia sobre el predio Aguatibia N. 2. Foto: Juan Diego Restrepo E.Hablando en susurros, vestidos con prendas propias para el frío de la región y distribuidos estratégicamente en una pequeña ladera, decenas de hombres y mujeres del resguardo Kokonuko, pasan los días observando los movimientos de un puñado de policías del Escuadrón Móvil Antidistubios (Esmad) que protege los predios del Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia, una extensión de 86 hectáreas que los nativos reclaman como propia porque, según ellos, hace parte de su territorio ancestral.
“¡Mire!, ¡mire!, ¡nos están tomando fotos!”, advierte uno de los indígenas apostados en un montículo desde donde se observa la rutina de los uniformados a una distancia de por lo menos 1.500 metros, del otro lado de la carretera que une a Popayán con varias regiones de los departamentos de Huila y Caquetá, y muy cerca de las estribaciones del volcán Puracé. Al detallar la escena, lo que se constata es que el agente mira a través de unos binoculares el movimiento de los nativos.
Esa vigilancia de unos y otros en una mañana de finales de noviembre estuvo precedida por días en que indígenas y policías se atacaron mutuamente con piedras, palos, explosivos artesanales y proyectiles con gases lacrimógenos, “reforzados con balines” según denuncian los nativos, convirtiendo las laderas de la montaña y un tramo de la vía en áreas de constantes batallas campales. La pretensión de los nativos es ingresar al predio a la fuerza, para tomar posesión de él, y el objetivo del Esmad es evitar a toda costa la invasión de la propiedad privada.
En una de esas refriegas, ocurrida el 8 de octubre de este año, fue impactada con un proyectil la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo, quien trabajaba como periodista para la emisora Renacer Kokonuko, falleciendo horas más tarde en un centro asistencial de Popayán, a 35 kilómetros del lugar de los hechos. La Fiscalía no ha determinado aún quién es el responsable de esa muerte. No obstante, las autoridades del cabildo acusan al Esmad y lo califican de asesinato. En el sitio de la ladera donde cayó la mujer, y como recuerdo, se sembró el tronco de un árbol. Ahora es un testigo mudo de las tensiones en aquellas tierras. (Leer más en: Las hipótesis de la justicia en el caso de María Efigenia Vásquez)
La calma, por momentos, se rompe. El choque más reciente ocurrió el pasado 8 de diciembre. Ese día, en medio de otro enfrentamiento entre Kokonukos y policías, fue atacado Darío Tote Yace, exgobernador del resguardo y uno de sus líderes más representativos. De acuerdo con su hijo Andrés, su padre, un sobreviviente de la Unión Patriótica, “fue herido con un objeto contundente” por hombres del Esmad, quienes, según él, lo persiguieron gritándole ‘ya sos nuestro hijueputa’. “Mi padre, por seguir en la lucha, por continuar con vida por sus hijos, por su comunidad y por sus seres queridos, tuvo fuerzas para correr y evitar la muerte para seguir al lado de la familia”, narra el joven en un comunicado divulgado a través de las redes sociales.
Las autoridades indígenas del Resguardo Kokonuko, lo han dicho para este reportaje, no están dispuestos a ceder en sus pretensiones de recuperar el predio Aguatibia N. 2, como se conoce legalmente, entre otras razones, porque está en el llamado Plan de Recuperación de la Madre Tierra, iniciado en 1971, y porque tiene un significativo valor espiritual: está ubicado en el corazón del Resguardo, lo que le da un enorme valor simbólico. Basados en esa cosmogonía, Darío Tote indica que el mandato espiritual para los médicos tradicionales es “proteger todas esas zonas de agua termal, mineral, y casualmente la mayor fuente hídrica de agua termal está ubicada en el predio Aguatibia”.
Pero otra visión, muy distante de esa, tiene Juan Diego Angulo, administrador del lugar e hijo de Diego Angulo, propietario del terreno en disputa. A su juicio, ese interés de los indígenas no se basa en la cosmogonía como argumentan, sino en la pretensión de hacerse a un negocio turístico consolidado que le podría generar buenos ingresos a las autoridades del cabildo: “Ellos no están detrás de la tierra, ellos están detrás de un trabajo nuestro de 30 años”.
Entre archivos
En el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad del Cauca, en Popayán, reposan numerosos documentos antiguos que cuentan la historia de la propiedad de la tierra en Puracé.Foto: Juan Diego Restrepo E.Esta agria disputa, que actualmente se encuentra en un punto muerto, ancla sus orígenes en la época de la Colonia. Antiguos documentos conservados en el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad del Cauca, en Popayán, revelan que se gestó a finales del siglo XVI, cuando las autoridades payanesas, actuando a nombre de los reyes de España, distribuyeron “tierras desiertas y despobladas” a oficiales que participaron en guerras contra los indígenas Paeces y Pijaos, entre ellas incluyeron extensas áreas de lo que, desde entonces, se llama Los Coconucos, Ispala, Lachaquío y Uisiquitá.
La versión de esos documentos riñe con la plasmada en 1553 por el cronista español Pedro Cieza de León, quien describió que a “cinco o seis leguas” de Popayán “comienzan unos valles […] los cuales en los tiempos pasados fueron muy poblados, y ahora también lo son aunque no tanto, ni con mucho, de unos indios a quien llaman los coconucos”.
El primer dueño de aquellas tierras, de las que se desconoce su extensión original, fue el capitán Pedro de Velasco, quien tomó posesión el 15 de enero de 1582. Con el paso de los años, fueron pasando de manos, conforme se iban muriendo sus dueños y asumían sus herederos. De esa manera se fue fragmentando la estancia inicial y multiplicando sus propietarios.
Por aquellas épocas, los indígenas fueron organizados en encomiendas y trabajaban en las grandes haciendas. Los documentos antiguos muestran que los nativos también estaban escriturados. Y cuando una de estas haciendas cambiaba de dueño, les exigía un rito de posesión. Así se lee, por ejemplo, en un documento fechado el 23 de julio de 1692: “y el dicho Diego Joseph de Velasco lo requirió y le mandó se quitase la manta y el sombrero y lo pusiese en el suelo y lo volviese alzar y se lo pusiese en la cabeza acto que dijo hacía en señal de verdadera posesión”.
En el siglo XVIII ya se referenciaba en las escrituras públicas la “Hacienda Cononuco” y fue Dionicia Pérez Manrique y Camberos, Marquesa de San Miguel de La Vega, esposa de Diego Joseph de Velasco, quien en su testamento, fechado el 31 de marzo de 1744, ordenó que les fueran entregadas a los indios una porción de sus tierras, pidiendo, además, que en el futuro sus herederos “los deje usar de ellas libremente y que no permita que se las quiten saliendo a la paz y defensa hasta dejarlos a paz y salvo”.
Este tronco fue plantado justo en el lugar donde la comunicadora indígena Efigenia Vásquez Astudillo fue impactada con un proyectil. Se ha convertido en un símbolo de resistencia de los Kokonukos. Foto: Juan Diego Restrepo E.El testamento también incluyó otra fracción de tierra, “con ganado y demás aperos que hay en ella”, así como “dos negros”, al Colegio de la Compañía de Jesús de Popayán, “para que apenas yo muera, entre dicho colegio a tomar posesión de todo lo dicho sin que nadie les ponga el menor estorbo”.
Y fue justamente por una petición del entonces procurador del Colegio de la Compañía de Jesús, Félix Moreno, y del Protector General de los Naturales, Don Cristóval Enrique Mañosca, que se hizo el deslinde de la propiedad que le fue otorgada a los indígenas. La diligencia se realizó el 24 de abril de 1745 en la Hacienda Coconuco con presencia de autoridades civiles y eclesiásticas.
Ese día, según se lee en uno de los documentos, se “hizo llamamiento de todos los Indios, que viven en los términos de dicha Hacienda para darles tierras para que funden Pueblo y que vivan vida sociable a son de campanas porque no tenían Población ninguna donde se les haga Doctrina y administre los Santos Sacramentos, por haberlos sacado de su naturaleza Don. Joseph de Velasco dueño que fue de dicha hacienda y habiendo paseado por todas las tierras de dicha Hacienda con dichos Indios”. De inmediato se fijaron sus límites “y se les dio posesión a dichos Indios”.
El acto de entrega de tierras a “los Indios del Pueblo de Coconuco” fue protocolizado el 27 de abril de 1745 y se determinó que “ninguna persona de cualquier condición que sea los remueva ni los inquiete sin que primero sean oídos y por fuero y derecho, vencidos so pena de doscientos patacones aplicados en la forma ordinaria”.
Con el paso de los años los predios alrededor de los indígenas fueron cambiando de dueños. Los Jesuitas se vieron obligados a vender lo que les otorgaron por herencia y llegaron otros hacendados, entre ellos José María de Mosquera y Figueroa, y María Manuela Arboleda, padre y madre de quien sería presidente del país en cuatro ocasiones durante el siglo XIX, el general Tomás Cipriano de Mosquera. Junto con sus hermanos, fue nombrado heredero de los bienes el 9 de abril de 1820.
El 20 de noviembre de 1833, el general Mosquera solicitó ante la Alcaldía de Popayán una revisión de los linderos de su “Hacienda Coconuco” y el “pedazo de terreno” de los indígenas con el ánimo de “avivar los mojones que se hicieron, pues con el transcurso del tiempo, y los temblores han sufrido algo por no haber sido hechos de cal y piedra, sino de fosas de chambas”.
Los comuneros indígenas prestan guardia en laderas cercanas al Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia, predio privado que consideran ancestral y lo reclaman por la vía del “derecho propio”. Foto: Juan Diego Restrepo E.Lo que parecía un trámite sencillo, cuya verificación física se hizo el 29 de noviembre de ese año, se complicó por cuanto el Protector de Indígenas de la época, Rafael Eleuterio Gallo, se opuso al resultado de la diligencia alegando que “carecía de solemnidad prevenida en la Ley, y por lo mismo en nula”, entre otras razones, porque no se consultó a los nativos. De alegato en alegato, lo solicitado por el general Mosquera se resolvió el 29 de enero de 1835, “avivando” los límites de sus tierras con la de los nativos.
La preocupación por los linderos se debía, entre otras razones, al robo de tierras. Ejemplo de ello quedó consignado en el testamento que dejara el indígena Pedro José Guañarita, fechado el 8 de noviembre de 1892. En la descripción de los límites de su propiedad se refiere a un zanjón llamado Agua Hirviendo, “que he poseído hace más de sesenta años; el mismo terreno, del cual una parte de él, violentamente me despojó el sr. Rafael Valencia P. y que me recuperó el Sr. Juez del Circuito como consta en su sentencia de fecha diez y ocho de febrero del año de mil ochocientos ochenta y nueve”.
Con la pretensión de solicitar la creación de los títulos de propiedad de los indígenas de Coconuco, el entonces apoderado del Cabildo, José Maria Vivas, presentó un memorial fechado el 20 de enero de 1899 ante la Notaría de Popayán, cuyo documento reposa en la escritura pública 744 del 29 de agosto de ese año. Para demostrar el “deslinde y amojonamiento” del predio se le exigió que llevara varios testigos. En total, asistieron ocho personas que afirmaron que los nativos “han poseído las tierras de sus resguardos por más de treinta años consecutivos, ejerciendo en ellas actos de dominio”.
No obstante, algunas de las declaraciones revelan líos sobre los títulos de propiedad. Uno de ellos afirma que ha “oído decir” que están perdidos; otro, que están en “poder de los Jesuitas en Ecuador”; y uno más que “que no sabe quién los tiene ni donde están”. Consultadas al respecto las autoridades del Resguardo Kokonuko a finales de noviembre pasado, casi 120 años después, aseguran que sus predios originales están respaldados con un título colonial de 1736 que aún conservan. “Debe estar en los archivos del cabildo”, dicen.
Recuperación de la Madre Tierra
Portada de ingreso al Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia. Los indígenas obstaculizan el ingreso desde abril de este año. El administrador, Juan Diego Angulo, reporta graves pérdidas económicas. Foto: Juan Diego Restrepo E.Las haciendas en Los Coconucos se convirtieron durante la Colonia en espacios de encomiendas, donde sus dueños tenían a su servicio decenas de indígenas con el compromiso de protegerlos, pero también de introducirlos en la cultura de sus patrones y adoctrinarlos en la religión católica, lo que generó una lamentable pérdida de su cultura ancestral.
“Nosotros no tenemos el idioma propio porque por causa de la colonización desapareció. Y para quienes estamos en este proceso es muy duro ver a los compañeros Nasa que hablan su idioma, a otros compañeros que hablan su idioma. A uno le entristece muchas veces eso porque nos remite a que históricamente hemos sido víctimas de una expropiación, de un exterminio físico y cultural”, detalla Jhoe Sauca, exgobernador del cabildo.
De las pocas palabras que quedan es, justamente, Kokonuko, que en lengua propia se descompone en Koko, monstruo o espanto, y Nuko, cabeza brillante. Se cree que ese nombre alude al volcán Puracé cuando en determinadas épocas del año los rayos solares hacen brillar las nieves perpetuas de su cima.
Tal como lo muestran documentos del siglo XIX, los nativos fueron “sacados de su naturaleza” y llevados a trabajar en grandes haciendas, convirtiéndose en uno de los primeros pueblos indígenas del Cauca en padecer la usurpación de sus tierras. Pese a que les titularon algunos predios, con el paso de los años no fueron suficientes y se sintieron encerrados en sus heredades. Los líderes nativos aseguran que, poco a poco, los redujeron a vivir en 650 hectáreas de tres veredas ancestrales. “Las demás tierras ya eran parte de quienes invadieron el territorio, sacaron las escrituras y se convirtieron en los grandes hacendados”, afirma Sauca.
Durante buena parte del siglo XX, los indígenas trabajaron sus parcelas, incluso al lado de los campesinos, tan empobrecidos como ellos. Bajo esas condiciones surgieron movimientos populares en varias regiones del país que pretendían recuperar tierras que estaban en manos de terratenientes, uno de los casos más representativos fue el de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. (Leer más en: El precio que pagó la Anuc por querer la tierra que trabajaban)
En Cauca esas ideas calaron y el 24 de febrero de 1971 surgió en Toribío el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) tras un encuentro de líderes de siete resguardos, entre ellos el de Los Kokonukos. Fabio Avirama, miembro del cabildo, cuenta que en aquellos años “ya había más capacidad política, intelectual, por parte de quienes entonces eran líderes del movimiento indígena”, para pensar en el lamentable estado de sus comunidades: “ya muchos indígenas habían perdido su identidad cultural y política; la mayoría de los resguardos estaban exterminados; y ya nos daba vergüenza hablar de que éramos indígenas”. (Leer más en: El costo de organizarse)
En la curva de una via terciaria de Puracé fue instalado este monumento en homenaje a los primeros indígenas que iniciaron la llamada “recuperación de la Madre Tierra”. Foto: Juan Diego Restrepo E.Avirama detalla que para rescatar esa ancestralidad, bajo los principios de unidad, tierra, cultura y autonomía, se necesitaba recuperar las áreas de sus antiguos resguardos “y avanzar hacia el fortalecimiento y la reconstrucción de los pueblos y comunidades indígenas del Cauca”. El proceso no ha sido fácil, reconoce este líder: “Si bien hay hoy una cantidad de ganancias, también hay pérdidas humanas”, como la de Efigenia Vásquez, la comunicadora indígena.
Los Kokonukos se embarcaron entonces en la recuperación de la tierra para sanear y ampliar su resguardo, como una de las maneras, dice Avirama, “de consolidar la comunidad y fortalecer la dignidad cultural y los planes de vida de acuerdo a nuestros usos y costumbres”. Iniciaron este proceso sobre una fracción de la antigua Hacienda Cobaló, conocido como El Seminario, de 350 hectáreas.
Se trata de un predio comprado por el entonces arzobispo de Popayán, Manuel Antonio Arboleda, a Julián Arboleda, de acuerdo con la escritura 731 del 2 de octubre de 1913 que reposa en el Centro de Investigaciones Históricas, de Popayán. El prelado pagó 6.300 pesos por esa tierra y dejó constancia en aquella época que la adquirió “en su carácter de Presidente de la Junta Administradora del Seminario, pues esta compra la hace para esa entidad”.
El antropólogo Orlando Jaramillo Gómez asegura que el primer piquete de indígenas ingresó al predio el 13 de noviembre de 1972 a trabajar la tierra como una estrategia de ocupación, y desde entonces más de 30 veces, en grupos grandes y pequeños, volvieron a la carga, hasta que la hacienda se entregó el 5 de diciembre de 1973, pese a la oposición del arzobispo Miguel Ángel Arce Vivas. La acción la reivindica Avirama: “en Kokonuko nació la recuperación de tierras para el país”.
Desde entonces y hasta hoy, bajo esa lógica de recuperación, los cabildantes de Kokonuko se muestran satisfechos por los alcances logrados: su resguardo pasó de 650 hectáreas a comienzos del siglo XX a 13.858 hectáreas en lo que va del siglo XXI, habitadas por 5.711 personas y 1.430 familias. “Aquí es válido mencionar que la gran mayoría de esas tierras están destinadas a bosques, a la preservación del medio ambiente”, destaca Avirama.
Pero no todo es para la protección ambiental. A través de la recuperación de tierras, los Kokonukos obtuvieron el predio “Agua Hirviendo”, un sitio turístico de aguas termales que, en principio, perteneció al sector privado, luego pasó a la junta comunal y, finalmente a los nativos, que lo recibieron en 1985 y que lo explotan comercialmente.
Pero sus líderes aseguran que requieren más tierra. “La bandera no la hemos bajado, se mantiene y es vigente porque no hemos saneado el resguardo. Todavía hay fincas que están en manos de terratenientes, gentes extrañas a la comunidad, entonces estamos en ese proceso de recuperación”, advierte Avirama.
Tiempos difíciles
Las refriegas entre agentes del Esmad y los comuneros indígenas ha ocasionado daños en las casas vecinas al centro turístico. En su interior se observan proyectiles de gases lacrimógenos. Foto: cortesía de Hacemos Memoria.Y esa “bandera” es la que intentan clavar en el predio Agua Tibia N. 2, de propiedad de Diego Angulo Rojas, quien construyó allí el Centro de Turismo y Salud Termales Aguatibia. Los intentos vienen desde 2005, cuando los indígenas del Resguardo Kokonuko se apoderaron de una fracción de 29 hectáreas. Con ello lograron que, en 2007, el entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) les comprara esa franja de terreno, de un total de 125 hectáreas. (Leer más en: El conflicto de tierras detrás de la muerte de María Efigenia Vásquez)
Juan Diego Angulo, hijo de Diego, y administrador del centro turístico, recuerda que esa venta se hizo con la condición de que los indígenas los respetaran y cesaran todo intento de ocupación en el futuro: “Se hizo un documento firmado por delegados de la comunidad, delegados del CRIC, de los indígenas, diferentes autoridades, donde muy claramente se especifica que los indígenas, por haber mi papá entregado esas hectáreas para ellos, se comprometían a no volver a irrumpir en su propiedad y en la empresa turística que se estaba desarrollando, para seguir adelante”.
Pero ese acuerdo se rompió en 2013. Los nativos, aprovechando la minga nacional, un movimiento de resistencia impulsado desde Cauca que le reclama al gobierno nacional el cumplimiento de viejos compromisos adquiridos años atrás, se tomaron nuevamente el predio. “Tocó hacer un operativo, los desalojaron y volvimos a trabajar”, detalla el administrador del lugar, quien dice que su familia posee el predio legalmente desde comienzos del siglo XX.
En aquel año, el entonces ministro del Interior, Aurelio Iragorri, se comprometió a adquirir el predio si su propietario lo vendía voluntariamente. Pero más de tres años después no hay un acuerdo sobre el avalúo de la propiedad y tampoco si el Estado puede o no comprar la empresa, un negocio lucrativo que, según Angulo, recibe cerca de 80 mil turistas al año, tanto nacionales como extranjeros.
En la tercera sesión de reuniones de seguimiento a los acuerdos entre el CRIC y gobierno nacional, celebrada el 5 de diciembre de 2016, se presentó un avalúo que hizo el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) que tasó el predio en 1.638 millones, monto máximo a pagar por parte de la ANT para solucionar el problema, pero no se incluyó la empresa.
El indígena Adriano Bolaños reportó “acciones de saqueo” perpetradas supuestamente por agentes del Esmad en su casa. El techo, al parecer, fue destruido con proyectiles de gases lacrimógenos. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Tras una consulta reciente a la ANT para actualizar la información, contestó que “a finales del mes de noviembre, la Agencia emitió oferta formal por el predio Aguatibia, por el valor del avalúo practicado gracias a las gestiones de la Agencia. Avalúo que tiene en cuenta el valor de la tierra y las mejoras. No de la empresa”. Y fijó ese nuevo avalúo en 1,243 millones de pesos, más bajo que el tasado en diciembre de 2016.
Las autoridades del cabildo de Los Kokonukos no han aceptado otras propuestas a la adquisición de Aguatibia N. 2. De acuerdo con la ANT, se les ofreció “la compra de un predio de mayor extensión (casi el doble) en una zona aledaña. Propuesta que fue rechazada por la comunidad indígena”. También se les planteó la posibilidad de adquirir las cerca de 80 hectáreas del predio en las que no se encuentra ubicada la empresa turística y el restante (4 hectáreas) se dejara en manos de su actual propietario. “Esta propuesta tampoco fue aceptada por la comunidad”, dice la Agencia, “bajo el entendido de que el territorio ancestral indígena era, precisamente, aquel en donde se había levantado la infraestructura del hotel”.
Esa visión sobre la ancestralidad del lugar, justo donde está la infraestructura turística, y el rechazo de otros predios, lleva a Angulo a reiterar que las autoridades indígenas quieren el negocio y no la tierra: “El cuentico este de la liberación de la Madre Tierra no es más que la usurpación de la propiedad privada por vías de hecho”.
No obstante, reconoce que los Kokonukos tienen todo el derecho de pedir el saneamiento del resguardo, pero bajo los términos de ley: “si quieren la empresa, cómprenla y sanean todo el resguardo, pero uno no tiene el derecho de pretender sanear su resguardo atropellando y pasando por encima de la Constitución y la ley”.
La larga espera se ha tornado tensa en extremo; tanto, que el centro turístico permanece cerrado desde abril de este año, generando graves pérdidas económicas. Por ahora está ocupado por un piquete de agentes del Esmad que impide cualquier intento de los indígenas de tomarse el predio. La confrontación cobró la vida de la comunicadora Efigenia Vásquez. Consulte detalles en la siguiente línea de tiempo:
La advertencia de las autoridades del Resguardo Kokonuko sobre la vigencia y continuidad del plan de recuperación de la Madre Tierra siembra dudas sobre posibles futuros conflictos en Puracé, donde, según el Igac, hay 1.587 predios privados, varios de ellos escriturados a indígenas, quienes luego de “recuperar” la finca Cristales, se la pagaron al Incora y la parcelaron.
Uno de ellos contó que teme perder su lote, de unas 20 hectáreas, por decisión del cabildo. En total, son 52 familias que tienen sus documentos en regla en aquella finca. “Hace cuatro años nos hostigaron, pero se calmaron, porque nos enfrentamos a ellos. El temor es que vuelvan”, dice, y pide que no se publique su nombre. Al respecto, el exgobernador Darío Tote reconoció que “son inconvenientes internos que se resuelven de manera autónoma”.
También se teme que esa “bandera” de recuperación de la Madre Tierra se pretenda clavar en las tierras de los herederos del general Tomas Cipriano de Mosquera. “Ellos saben que después de nosotros van ellos”, dice Angulo.
¿Habrá alguna manera de armonizar esos dos mundos, el de los indígenas y los empresarios? ¿Qué se requiere para lograrlo? Las autoridades del cabildo del Resguardo responden que “cumplimiento” y argumentan que desde 1990 hay 1.365 acuerdos firmados, pero incumplidos por sucesivos gobiernos. El problema es que Colombia tiene un Estado débil, que está en otro mundo, distinto, en este caso, al de indígenas y empresarios, y justo eso complica las soluciones y prolonga los conflictos.
Nota de la redacción: Este reportaje es el resultado de una alianza de VerdadAbierta.com y el proyecto Hacemos Memoria, auspiciada por la DW Akademie, de Alemania.
