Una detallada radiografía de este fenómeno armado realizado por la Fundación Ideas para la Paz constata que su reproducción no obedece solamente a economías criminales, también habría que observar aspectos políticos y organizacionales. En los últimos 21 meses se les atribuyen 147 acciones armadas en el país y ocho en Ecuador.
Cuando el 10 de junio de 2016 los mandos del Frente 1 de las Farc, con presencia en los departamentos de Guaviare, Vaupés y Meta, anunciaron que se desmarcaban del proceso de negociación que venía adelantando la organización insurgente en La Habana, Cuba, con el gobierno nacional, y cuestionaron lo que se estaba acordando en la isla del Caribe, se estaba generando una disidencia que marcaría la ruta que seguirían otras facciones guerrilleras.
“Hemos decidido no desmovilizarnos, continuaremos la lucha por la toma del poder por el pueblo y para el pueblo. Independientemente de la decisión que tome el resto de integrantes de la organización guerrillera. Respetamos la decisión de quienes desistan de la lucha armada, dejen las armas y se reincorporen a la vida civil, no los consideramos nuestros enemigos”, se afirma en el comunicado de aquel 10 de junio.
Su decisión se conoció justo cuando el país vivía un efervescente proceso electoral plebiscitario con el fin de acudir a las urnas para refrendar o rechazar los acuerdos alcanzados en La Habana. Por ello no fue bien recibido ni en las Farc ni entre los defensores del proceso de paz e introdujo temores sobre los efectos que ello tendría en la opinión de los electores, sobre todo en aquellos rechazaban las negociaciones con las Farc.
El pacto logrado con la guerrilla más antigua del país no fue respaldado por las mayorías en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y comenzó una espiral de discusiones, púbicas y privadas, sobre la posibilidad de modificar lo pactado en la isla del Caribe, lo que a la postre se cumplió, suscribiéndose el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de la Paz Estable y Duradera.
Pero a la par de esa buena noticia para el país, que ponía punto final a 53 años de confrontación armada de las Farc, el fenómeno de las disidencias reptaba con rapidez y comenzaba a expresare en diversas regiones hasta consolidar, actualmente, cerca de 18 grupos con presencia en por lo menos 13 departamentos, donde ejercen control social y territorial. Sus actividades, incluso, han desbordado la línea fronteriza en el sur, actuando en el vecino país de Ecuador.
Hasta las posturas más optimistas no descartaban que algunas facciones las Farc, en su proceso de dejación de armas y el retorno de sus hombres a la vida legal, se alejaran de las negociaciones con el gobierno nacional, esgrimiendo diversos argumentos. Tal situación no es ajena a este tipo de procesos. Y justo eso es lo que constata un equipo de investigadores de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), centro de pensamiento que le ha hecho seguimiento a este fenómeno desde junio de 2016: “Tras la firma de un acuerdo de paz es poco común que la totalidad de un grupo armado, ya sea ilegal, rebelde, insurgente o paramilitar, haga su transición a la legalidad”. (Leer más en: Disidencias de las Farc, una realidad prevista)
Así lo registró en su más reciente informe, titulado Trayectorias y dinámicas territoriales de las disidencias de las FARC, divulgado este fin de semana y que sistematiza un cúmulo de entrevistas en aquellas regiones más golpeadas por este tipo de grupos armados ilegales, una vasta revisión de prensa y la lectura especializada sobre casos internacionales como Irlanda del Norte, Suda, Burundi y República Democrática del Congo, donde también se presentaron este tipo de fenómenos luego de ponerle punto final a sus conflictos armados.
Así como ningún grupo armado deja sus armas y se reintegra en un cien por ciento, aquellas facciones que se alejan de los acuerdos tienen rasgos diferenciadores, determinados por diversos aspectos, entre ellos el carácter y los objetivos de sus mandos. Por ello, según la FIP, “no es posible equiparar las disidencias de las Farc comandadas por ‘Iván Mordisco’ en Guaviare, Vaupés y Guainía, con las que encabeza ‘Gentil Duarte’ en el Meta, ni menos con las que encabeza ‘Guacho’ en Nariño”.
El documento hace referencia a quienes comandan los grupos disidentes con mayor poder en el país. Se trata de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, jefe de la disidencia del Frente 1, la primera en desligarse del proceso de paz con las Farc; Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’, quien se apartó del proceso con varios hombres del Frente 7; y Wálter Arizala, alias ‘Guacho’, que no siguió los lineamientos del alto mando de la columna móvil Daniel Aldana.
“A diferencia del oriente colombiano, donde estos grupos mantienen un equilibrio entre sí y no se encuentran experimentando fuertes relevos internos, así como sus acciones tampoco presentan mayores cambios”, dice la FIP, “en Nariño se ha dado un rápido reacomodo de estructuras armadas de diferente naturaleza. Por eso, las trayectorias armadas de las Farc posteriores a la firma del acuerdo han tomado diferentes caminos y han tenido puntos de quiebre más drásticos”.
Un tercer aspecto que destacan los investigadores de la FIP es que la persistencia de este fenómeno va más allá de las economías criminales como única razón para explicar sus motivaciones, por lo que no se deben dejar de lado factores políticos y organizacionales, que las sustentan.
Para sustentar sus afirmaciones consignadas en el documento, se hizo un detallado análisis de las dinámicas territoriales de los principales grupos disidentes que operan en dos grandes regiones: de un lado, Oriente y Sur, que contiene el eje Sur de Meta y Caquetá; el eje Sur de Meta-Guaviare-Vaupés-Guainía, el eje Guaviare-Guainía-Vichada-Arauca, Arauca y Putumayo; y del otro el Occidente, con el caso de Nariño, el casco urbano de Tumaco y el norte de Cauca. Asimismo, se incluyeron los casos en evolución, como las de los frentes 18 y 36 en Antioquia.
¿Qué hacen y cuántos son?
Pese a las dificultades metodológicas que existen para precisar cuántos hombres y mujeres se han integrado a las disidencias de las Farc, la FIP calcula que por lo menos están integradas por 1.200 personas de distintos orígenes. “Es difícil establecer qué porcentaje hace referencia a exintegrantes de las Farc y cuántos son nuevos integrantes. Fuentes oficiales consultadas extraoficialmente para este informe afirman que la cifra puede ser más alta, unos 1.500, pero también se reservan la proporción entre exintegrantes del grupo guerrillero y nuevos reclutas”, señalan los investigadores en su reporte.
Otro de los datos preocupantes que arroja la investigación de la FIP es que los cálculos han variado con la rápida evolución del fenómeno. “Así, mientras que a finales de 2016 las disidencias no sobrepasaban los 500 integrantes, pues para entonces sólo se contaban los grupos de ‘Gentil Duarte’ e ‘Iván Mordisco’, en el Oriente, y las redes urbanas de las FARC en Tumaco, a lo largo de 2017 las cifras aumentaron. ¿La razón? las estructuras que entraron en disidencia crecieron y las versiones sobre el reclutamiento de nuevos integrantes fueron consistentes en todas las regiones”.
¿Pero donde está esa fuerza armada ilegal? Si bien los investigadores de la FIP establecen que tienen presencia en por lo menos 13 departamentos del país, detallar la información por municipios con un alto nivel de certeza no les fue posible porque, se lee en el documento, “la unidad territorial de un municipio es sumamente extensa y los grupos armados no miden su presencia territorial bajo una división político-administrativa”; no obstante, a través de labores de campo que contaron con la colaboración de autoridades civiles locales y militares, así como con pobladores conocedores de las regiones que habitan, se lograron mapear algunas zonas claves donde operan esas disidencias.
Las principales acciones de las disidencias son de bajo esfuerzo militar, como enfrentamientos, emboscadas y activación de artefactos explosivos, pero lo preocupante, según el informe de este centro de investigación, es que vienen en incremento. Los registros de la FIP muestran que en el segundo semestre de 2016 se cometieron nueve acciones en ocho municipios de cinco departamentos, mientras que en el primer semestre de 2017 hubo un aumento a 42 acciones, que tuvieron lugar en por lo menos 19 municipios de nueve departamentos. Para el segundo semestre de 2017 se registraron 50 acciones. Y al parecer en 2018 la tendencia se mantendrá si se tiene en cuenta que entre el 1 de enero y el 27 de marzo se han registrado 46 acciones en 26 municipios de 9 departamentos.
Tales actuaciones criminales están impactando humanitariamente a las comunidades generando reclutamientos y desplazamientos forzados, así como daños en las dinámicas sociales: “En Nariño, Cauca, Guaviare, Vichada, Meta y Caquetá, algunas de las acciones de las disidencias han estado orientadas a afectar procesos como la sustitución de cultivos, obstaculizando la puesta en marcha de los programas o la participación en política y atentando, de paso, contra los liderazgos sociales y políticos preexistentes y emergentes. Además, están generando un alto impacto humanitario sobre la población civil, especialmente grupos indígenas de Vaupés y afrodescendientes en el Pacífico nariñense”. (Leer más en: Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca)
La FIP es tajante al determinar que estos grupos y sus acciones “constituyen un factor de riesgo para la implementación del Acuerdo de Paz porque comprometen las garantías de seguridad de los exintegrantes de las Farc, sus familias y simpatizantes, y se convierten en un riesgo para las comunidades, principio básico y trasversal para que dicho proceso avance y sea sostenible”.
Las afectaciones comunitarias y de liderazgos sociales detalladas por este centro de pensamiento coinciden con lo consignado por la Procuraduría General de la Nación en su informe titulado Violencia sistémica contra defensores de derechos territoriales en Colombia, divulgado ayer por este portal: “ Como se ha documentado ampliamente, la salida de las Farc-Ep de las zonas que controlaban ha dejado en evidencia el vacío de poder estatal sobre esas áreas del territorio nacional, que ahora son objeto de disputa entre otros agentes irregulares. En esas circunstancias, esas zonas se han convertido en el escenario de ataques contra defensores de derechos territoriales”. (Leer más en: “Violencia contra defensores de derechos territoriales es sistemática y generalizada”: Procuraduría)
Motivaciones de su aparición
Basados en experiencias internacionales, el informe de la FIP estima que existen cinco razones por las cuales surgen las disidencias en procesos de transición en el posconflicto: incentivos económicos, cambios en el liderazgo, políticas contrainsurgentes, dinámicas de respaldo social y políticas de paz. Pero, en el caso colombiano, ¿se aplican todas o algunas de ellas solamente?
Los investigadores de este centro de pensamiento aluden a las maneras como el gobierno nacional, sectores políticos y las mismas Farc, ahora bajo su ropaje político y legal, que se centran en explicar que la aparición de las disidencias “obedece a objetivos exclusivamente criminales y ambiciones personales disfrazadas de intereses ideológicos y políticos”, a los que se suman asuntos relacionados con el crecimiento de los cultivos de hoja de coca para uso ilícito y la generación de recursos.
Tras valorar cada uno de esos argumentos, la FIP no los descarta, pero los considera incompletos, “pues dejan de lado las particularidades organizacionales de la guerrilla, la evolución de sus principios de lealtad, disciplina y cohesión, y la transformación de sus redes sociales, claves al momento de entender su inclinación hacia la ilegalidad”.
Tampoco se pueden obviar las dificultades generadas durante la implementación de los acuerdos firmados con las Farc, entre ellas las presentadas durante el proceso de concentración de los integrantes de esta guerrilla en las Zonas Veredales y Puntos Transitorios establecidos en 27 sitios de la geografía nacional, como fase previa al desarme y a la reintegración a la vida legal. Así lo confirmó en entrevista para este portal ‘René Hertz’, un exguerrillero que está al frente de un grupo de reincorporados que debió trasladarse del municipio nariñense de Policarpa al sur de Cauca: “El gobierno se demoró enormemente para cumplir muchas cosas y eso desmotivó a mucha gente para continuar. Eso fue aprovechado por las personas que los estaban reclutando para esas actividades”. (Leer más en: “Demoras en proceso de reintegración de las Farc las aprovecharon grupos armados ilegales”)
Pero más allá de esas explicaciones, los mismos disidentes se han dado a la tarea de exponer a través de diversos medios los motivos de su decisión. En su primer comunicado, el Frente 1 disidente de las Farc anunció que no se desmovilizarían porque, tras una asamblea general, consideraron que “la política del Estado colombiano y sus aliados solo buscan el desarme y la desmovilización de las guerrillas, no están pensando en la solución a los problemas sociales y económicos del país”.
De otro lado, alias ‘Guacho’, quien hoy se ha constituido en uno de los objetivos de las fuerzas colombo ecuatorianas tras ser responsabilizado de asesinar con tiros de gracia a tres trabajadores del diario El Comercio de Quito -un periodista, un fotógrafo y un conductor-, precisó a través de una entrevista a Noticias RCN su razón: “no estuvimos de acuerdo con lo acordado (por) el gobierno con el movimiento guerrillero de las Farc”. (Leer más en: Frente Óliver Sinisterra: el blanco de las autoridades colombo-ecuatorianas)
¿Y las autoridades?
La FIP abordó en su análisis la respuesta institucional ante el fenómeno de las disidencias surgidas tras las negociaciones con la guerrilla de las Farc y la firma del Acuerdo Final. Si bien este centro de pensamiento le reconoce sus esfuerzos y sus logros a través del desarrollo del Plan Estratégico Militar de Estabilización y Consolidación Victoria y del Plan Horus, así como de la aplicación de la Directiva 037, que han permitido a través de un gran despliegue de tropas en diversas regiones del país “neutralizaciones, capturas, sometimientos voluntarios, abatimiento de cabecillas, incautación de material de guerra, ubicación y destrucción de laboratorios, y el decomiso de insumos para el procesamiento de cocaína”, hay algunos aspectos que revelan poca claridad.
El primer aspecto cuestionado es que de nuevo “se prioriza únicamente a los cabecillas, tal y como se ha hecho en la lucha contra otros grupos armados, lo que generaría un fraccionamiento organizacional que no repercutiría en el desmonte total de la estructura y, por el contrario, podrían surgir nuevas facciones con liderazgos más criminalizados y degradados”.
Al hacer alusión a la Directiva 037, a través de la cual se fijaron lineamientos para focalizar los esfuerzos de la Fuerza Pública en la desarticulación de las disidencias a través de la neutralización de sus principales cabecillas, con lo que se busca afectar estos grupos armados ilegales en sus factores territoriales, económicos y políticos, el informe de la FIP llama la atención justamente sobre ese enfoque, por cuanto no es claro cómo “se están atacando” esos factores, más allá de buscar a sus líderes más visibles, “ni qué tipo de articulación institucional hay para enfrentar esta amenaza de manera integral”.
En ese sentido, destacan los investigadores de este centro de pensamiento que, además, “parece que no se están considerando otros aspectos igualmente determinantes, relacionados con la historia de estos grupos, las trayectorias que han seguido y la velocidad con la que van mutando y se van adaptando a las circunstancias. Parece haber una lectura estática y poco flexible del fenómeno”.
Recordando viejas estrategias adoptadas para perseguir a la guerrilla de las Farc, que muchos años resultó un fracaso, la FIP se pregunta si, con base en esa experiencia y las lecciones aprendidas, “la focalización de los esfuerzos armados sobre los cabecillas realmente permitirá su desarticulación a mediano y largo plazo, y si la aparente exclusión de otros factores que ayudan a entender su funcionamiento y evolución obstaculizará estos intentos”.
La investigación arroja que cada uno de estos grupos armados ilegales tienen mando y coordinan acciones, “pero no han formado una gran estructura”, lo que refuerza la tesis de que cada una de las 18 disidencias conformadas hasta el momento, y aquellas que surjan en el mediano plazo, deben tratarse de manera diferenciada. El error de las autoridades, a juicio de la FIP, que se “está considerando a estos grupos como parte de una sola estructura”, y tampoco están observando aquellos departamentos como Arauca y Antioquia, donde este tipo de organizaciones criminales están evolucionando de manera rápida desde principios de 2017.
Alertas encendidas
Para un país que está en proceso de implementación de un acuerdo de paz con una de sus guerrillas más antiguas, las disidencias se convierten en un factor desestabilizador en aquellas regiones donde hoy están activas y en aquellas que están en potencial riesgo. Así lo reconoce la FIP: “Si bien no es el único factor de riesgo, tampoco se puede negar su capacidad para desestabilizar las condiciones de seguridad en ámbitos rurales y urbanos, dinamizar economías criminales e influir negativamente en la implementación de los acuerdos de paz”.
“Se trata”, según este centro de pensamiento, “de estructuras armadas que, con sus respectivas dimensiones, rasgos y variaciones, pueden competir en el plano militar, político y social de forma directa a la acción del Estado y sabotear sus esfuerzos para la construcción de la paz o los anhelos de quienes sí dejaron las armas”.
El documento, finalmente, ofrece ocho reflexiones para un debate que viene dando el país desde hace por lo menos dos años. La primera de ellas es que las disidencias y deserciones son comunes y tienden a incrementar en tiempos de transición, tal como se observa en otros países que ya han transitado estos caminos; la segunda es que una cosa son las deserciones durante la guerra, que afectaron profundamente a las Farc sobre todo en sus últimos años como guerrilla, y otra son las disidencias en la transición, que se dan luego de la firma de los acuerdos.
Una tercera reflexión planteada por este centro de pensamiento es que el surgimiento y la evolución de las disidencias, así como las deserciones, no dependen de un solo factor, razón por la cual no es posible dar únicas explicaciones; la cuarta alude a que la relación de las disidencias con las diversas economías ilegales no siempre es suficiente para explicar sus motivaciones, existen otros aspectos que se deben valorar; la quinta plantea que hasta los grupos más cohesionados también se fragmentan.
La sexta reflexión que propone la FIP para ese debate nacional e internacional es que los liderazgos importan, por tanto, no se pueden perder de vista aquellos que las ejercen y las funciones desempeñadas, por cuanto “son relevantes para plantear posibles comportamientos y lógicas de violencia por parte de las disidencias en escenarios posdesmovilización”;
La séptima reflexión hace referencia a la persistencia del fenómeno: “sin restarle importancia a los resultados operacionales de la fuerza pública contra estos grupos, el fenómeno persiste e, incluso, tiende a evolucionar hacia un nivel de organización, capacidad armada y coordinación, con todo lo que esto implica para la transición que vive el país”. Y por último, la octava plantea que existen dificultes en el conteo de los integrantes de las disidencias y las múltiples trayectorias que se trazan en sus acciones, lo que exige miradas más detalladas para determinar las políticas que deben adoptarse para contrarrestarlas.
