En medio de plena emergencia sanitaria por la propagación de un nuevo coronavirus, disputas por rentas ilícitas e imposición de control social, en ese municipio del norte de Cauca, la Columna Móvil Jaime Martínez se ha consolidado a punta de amenazas y muertes. La Defensoría del Pueblo encendió nuevamente las alertas y evidencia las afectaciones que padecen campesinos, afrodescendientes, indígenas y exintegrantes de las Farc en vía de reincorporación.

En 2019, la Policía de Cauca registró 20 homicidios en Buenos Aires; y en los cuatro primeros meses del año en curso, trece. Lo anterior significa que, en la primera tercera parte de 2020, se cometió el 65 por ciento de los asesinatos ocurridos el año anterior.

Ese es uno de los principales motivos por los que el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitió el pasado viernes la Alerta Temprana 019-20. Al respecto, indica que los homicidios selectivos son uno de los principales repertorios de violencia de los grupos armados ilegales en ese municipio. Entre ellos resalta el accionar de la Columna Móvil Jaime Martínez.

El documento indica que las muertes recientes cometidas por integrantes de esa disidencia de las Farc están relacionadas con el control territorial que buscan imponer por medio de amenazas para contener, supuestamente, el avance del Covid-19 en la región. Uno de los hechos reseñados es la masacre de tres personas en la vereda Munchique, ocurrida el 26 de abril. (Leer más en: ¿Grupos criminales aprovechan pandemia para fortalecer sus negocios ilícitos?)

“Este hecho se presume sería la materialización de amenazas que de la Columna Móvil Jaime Martínez de la disidencia de la FARC-EP viene realizando para mantener el aislamiento respecto de la emergencia sanitaria por le Covid 19, y mantener las restricciones a la movilidad y la imposición de normas horarios, etc. Las personas víctimas estarían departiendo en la vía publica desatendiendo las amenazas del grupo ilegal”, reseña.

Esa crisis se agrava, según el SAT, porque “algunos de los cuerpos de las víctimas no son trasladados a Medicina Legal por temor o la prohibición expresa de los victimarios, o son recogidos por funerarias sin el debido proceso que debería realizar un cuerpo forense institucional”. Por esa razón, “en ocasiones las víctimas mortales al parecer son trasladadas a sus sitios de origen especialmente Putumayo, Caquetá y Nariño, sin que estos homicidios quedaran registrados en la estadística de las muertes violentas de Buenos Aires”.

Entre las víctimas de esa ola de violencia también se encuentran excombatientes de las Farc que suscribieron el Acuerdo de Paz que firmó el Estado colombiano con la otrora guerrilla más antigua del continente, que se encuentran en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Carlos Patiño, conocido como La Elvira.

“(…) A la fecha y desde la firma del Acuerdo, se registran ocho casos. El último se presentó el 2 de diciembre de 2019, cuando fue asesinado Manuel Santo Yatacué Ramos en el sector llamado «La Vitrina», ubicado en la vereda La Elvira, corregimiento El Ceral en cercanías al ETCR Carlos Patiño”, indica la Alerta Temprana.

En cuanto a asesinatos de líderes sociales, el documento reseña los del líder indígena Emilio Daiquíì del resguardo de Las Delicias en el mes de febrero de 2020; Mario Chilhueso, en Robles el 19 de abril; y el Hugo de Jesús Giraldo, el 22 de abril, quien fue asesinado en el vecino municipio de Santander de Quilichao, luego de que se desplazara de Buenos Aires por amenazas por reclamar titulación de tierras para campesinos en el Naya.

¿De dónde salió y por qué Buenos Aires?

Foto: Alcaldía de Buenos Aires.

La Defensoría del Pueblo indica que la Columna Móvil Jaime Martínez cobró notoriedad a principios de 2017 y hace parte de las facciones disidentes del Frente Primero de las antiguas Farc, bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’, quien le delegó el mando a esa estructura de Cauca a alias ‘Mayin Bu’.

Su eje de acción involucra a los municipios de Suárez, Buenos aires y López de Micay, así como también a Santander de Quilichao, en donde opera la Columna Móvil Dagoberto Ramos, que está asentada en la cordillera Central. La tercera disidencia de origen ‘fariano’ con presencia en Cauca es la Columna Móvil Carlos Patiño, que delinque en el sur del departamento.

“Es de anotar que no son columnas móviles que operan de forma independiente: estas obedecen a un direccionamiento que presuntamente deriva de la facción disidente denominada ‘Frente Primero’ y que se articulan en el Comando Coordinador de Occidente o Comando Conjunto Occidental Nuevo Sexto Frente”, señala el SAT.

En medio de su proceso de expansión y consolidación, la Columna Móvil Jaime Martínez expulsó del norte de Cauca a otros grupos armados ilegales, como el Frente Andrey Peñaranda Ramírez del Epl y, “en menor medida”, al Eln.

La Alerta Temprana 019-20, indica que “se han venido expandiendo y consolidando en municipios como Buenos Aires, pues representan áreas estratégicas para la captación de rentas ilegales por medio de las cuales se financian, ostentando un poder casi hegemónico que se contrarresta por acciones de resistencia propias de las comunidades, especialmente de las guardias indígenas y cimarronas”. (Leer más en: La fatal deuda con las Guardias Indígena y Cimarrona)

El municipio de Buenos Aires ha sido disputado por ser un corredor de movilidad para grupos armados ilegales dedicados al narcotráfico, ya que es una de las entradas a la región del Naya, una vasta zona limítrofe entre Cauca y Valle del Cauca, que conecta con el océano Pacífico. Además, por sus condiciones geográficas y el abandono estatal, es fuente de rentas ilegales producto de la explotación minera y de los cultivos de hoja de coca.

Sobre estos últimos, el SAT llama la atención de que a pesar de ser el segundo municipio más productor de oro en el Cauca y el número 30 en el país, es evidente el incremento de los cultivos de uso ilícito en su territorio: “Según la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito – UNODC en Colombia, Buenos Aires pasó de tener 2.2 hectáreas cultivadas en hoja de coca en 2016 a 125,74 hectáreas en 2018, pero es posible que a la fecha alcance un aproximado de 400 hectáreas según información comunitaria”.

Y concluye que los cultivos han llegado a zonas donde antes no habían, sometiendo la supervivencia de las comunidades a esa economía ilegal. “Dichas transformaciones han impactado negativamente, entre otras cosas, la seguridad alimentaria de la población, la vocación agrícola del territorio y las actividades de minería ancestral”, afirma el SAT.

Según esta entidad estatal, las afectaciones también comprometen “el ecosistema natural por la contaminación y el incremento de población flotante para ejercer labores propias de la explotación de estos cultivos de uso ilícito, además de fomentar procesos de descomposición social, criminalidad, consumo de sustancias psicoactivas al interior de las comunidades rurales en donde no se consumían normalmente, prostitución, etc”.

Más violencia

La zona rural de Buenos Aires tiene un índice del 60 por ciento de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI).

Además de asesinatos y de la caracterización de grupos armados que delinquen en Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo describe los crímenes que cometen. En cuanto a amenazas, esa agencia del Ministerio Público indica que, según registros de la Policía Nacional, en Cauca circularon 114 panfletos durante el año pasado. La mayoría de ellos fueron refrentados supuestamente por ‘Águilas Negras’ (cuya existencia es negada por las autoridades) y el Cartel de Sinaloa (grupo narcotraficante mexicano).

En contraste, en lo corrido de 2020, la mayoría de los panfletos han sido proferidos por disidencias de las Farc. En los que son atribuidos a la Columna Móvil Jaime Martínez, la Defensoría del Pueblo identificó que “en su mayoría traen implícitas normas de comportamiento y restricciones, como por ejemplo a la movilidad, anuncios de ‘limpieza social’, pautas sobre cómo deben ingresar las personas en los vehículos y motos a la zona rural, entre otras”.

Y también se percibe un cambio coyuntural, pues en los meses de marzo, abril y mayo, “la temática ha estado centrada en la imposición de normas para según los panfletos, frenar el avance del COVID-19, restringiendo especialmente el ingreso y circulación de personas en las áreas rurales”. (Leer más en: La Colombia profunda vive su cuarentena entre el miedo al coronavirus y a las armas)

Del último que se tiene conocimiento data del 2 de mayo y fue emitido por el Comando Coordinador de Occidente, para las comunidades de ocho municipios de Cauca y dos de Valle del Cauca. El SAT considera que el llamado que hace ese grupo armado, para que los pobladores acaten las directrices emitidas por comunidades indígenas, campesinas, afro y autoridades locales, “pone en alto riesgo a los representantes y líderes que promueven los controles comunitarios”.

Otra práctica ilegal a la que ha recurrido la Columna Móvil Jaime Martínez es el reclutamiento forzado: “Inicialmente reclutaron y presionaron a los excombatientes de las antiguas FARC-EP para que ingresaran a sus filas. Una vez agotado ese recurso, se volcaron sobre los NNA (niños, niñas y adolescentes), seduciéndoles con dinero, armas, o mediante engaños”.

Sobre estos últimos, la alerta temprana destaca que esa “conducta vulneratoria estaría concentrada especialmente en NNA indígenas, pero gracias a las escuelas de formación de Guardia (Indígena) y la fuerte cohesión al interior de las comunidades indígenas, estas han logrado detener el avance de dicha conducta, sin embargo, es una amenaza latente”.

Las acciones de reclutamiento, sumadas a las amenazas de muerte contra excombatientes de las Farc concentrados en La Elvira, han golpeado el proceso de reincorporación de quienes siguen firmes con la construcción de paz.

“Los/as excombatientes de las extintas FARC-EP que adelantaron su proceso de reincorporación en este ETCR, lograron generar ingresos a través de la cooperativa Economía Social del Común -ECOMUN La Esperanza, mediante la creación de una marca de café, comprando y procesando café de alta calidad. Este proceso se vio frenado por las múltiples amenazas en contra del presidente de la Junta del Espacio y de la cooperativa, quienes abandonaron el municipio para salvaguardar sus vidas a finales de 2019 y principios de 2020”, consigna la Defensoría del Pueblo.

Como si fuera poco ese escenario de riesgo, funcionarios del SAT han recogido testimonios de pobladores de la región que sienten temor por el posible arribo de un grupo que se autodenomina como ‘Segunda Marquetalia’, que estaría compuesto por integrantes de la extinta Columna Móvil Jacobo Arenas de Farc y de miembros del Epl. Ese grupo está ligado a varios negociadores de las Farc en Cuba que decidieron retomar las armas. (Leer más en: “Ni el peor de los incumplimientos justifica que ‘Iván Márquez’ se haya rearmado”)

“Así, la posible disputa territorial entre una fracción de la Segunda Marquetalia y la Columna Móvil Jaime Martínez, supone un riesgo elevado para la población civil, especialmente en la zona rural de este municipio”, llama la atención el documento defensorial. A priori, esa entidad ya tífica el riesgo de Buenos Aires como alto.

Ante ese complejo panorama de conflicto armado, al que se le suma la expansión del Covid-19 y que se podría agudizar con un tercero en disputa, la Defensoría del Pueblo le hizo 52 solicitudes de a diferentes entidades del orden local, regional y nacional. ¿Esta vez el Estado sí atenderá efectivamente esta alerta para mitigar el riesgo descrito?