El ataque contra una comisión judicial en San Pedro de Urabá, en Antioquia, que dejó ocho policías muertos, plantea preguntas sobre las garantías de seguridad para blindar el proceso de restitución en el norte del Urabá antioqueño y a las familias que sean beneficiadas a través de las decisiones de jueces especializados.
“Haga de cuenta que la vereda El Tomate es el centro de una telaraña, en la que alrededor hay un entramado de fincas de ‘ellos’, eso es así”, dice una mujer que conoce con detalle la zona al hacer referencia a la injerencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) en el lugar de destino de una comisión judicial especializada en restitución de tierras que fue atacada ayer en la mañana con explosivos en zona rural del municipio de San Juan de Urabá, Antioquia.
La detonación acabó al instante con la vida de ocho policías, quienes se movilizaban en la primera camioneta que escoltaba al equipo dirigido por una Juez Itinerante en Restitución de Tierras. La mujer, que resultó ilesa junto con su equipo de trabajo compuesto por cinco personas, incluido su escolta personal, había programado una inspección judicial a una de las parcelas de la vereda con el fin de recabar pruebas antes de emitir sentencia.
La parcela que iba a inspeccionar la comisión atacada, de 21,5 hectáreas, está incluida en el registro de tierras despojadas desde el 29 de agosto de 2016 y de acuerdo con lo establecido por VerdadAbierta.com, se señala como despojador a Jesús Ignacio Roldán Pérez, alias ‘Monoleche’, un exparamilitar que ya saldó sus cuentas con el proceso de Justicia y Paz y se encuentra libre.
“El exparamilitar ‘Monoleche’ tiene mucha tierra en ese sector”, afirma la mujer consultada por este portal, quien por razones seguridad, solicitó la reserva de su identidad. “En algunas fincas tiene sembrados muchos palos de teka y en otras, ganado”, agrega.
Buena parte de las solicitudes de restitución en esta zona del Urabá antioqueño indican que fueron despojados por alias ‘Monoleche’, quien tuvo una fuerte presencia en la región como escolta personal de Vicente Castaño Gil, uno de los promotores de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) y, posteriormente, de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Aunque el despojo en El Tomate fue uno de los primeros en ser conocido por la Unidad de Restitución de Tierras (URT), la zona sólo fue microfocalizada en marzo de 2015. “Antes no entraba nadie, ni siquiera la Fuerza Pública, por ello no se daba el concepto de seguridad positivo para adelantar procesos de restitución”, afirma la mujer consultada, quien sugiere que las condiciones de seguridad no están dadas en esa zona para adelantar tareas de restitución.
En noviembre y diciembre de 2017, los Jueces Especializados de Restitución de Apartadó dictaron las primeras seis sentencias y el pasado 13 de marzo la Unidad de Restitución de Tierras (URT) anunció en un boletín de prensa el logro: “Campesinos de la vereda El Tomate, principal centro de operaciones de la casa Castaño, en Urabá, recuperaron sus tierras”.
Lo que no hizo público la URT es que dos días después de ese boletín, el 15 de marzo, una comisión judicial de los Juzgados de Restitución de Apartadó fue hostigada, cuando entonces iba de camino hacia el corregimiento de San José de Mulatos, para realizar una inspección judicial en otro predio reclamado en restitución. En este corregimiento los jueces también han dictado sentencias recientemente.
En seis años de aplicación a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, el proceso ha estado marcado por el asesinato y amenazas contra reclamantes, funcionarios y operadores judiciales. De acuerdo con la Procuraduría General de la Nación, 45 reclamantes fueron asesinados entre 2012 y enero de este año.
Asimismo, en 2014 fue acribillado el topógrafo Robinson Álvarez Quemba, de la Unidad de Restitución de Tierras de Antioquia, cuando medía un predio en el municipio de San Roque; también se denunciaron intimidaciones en 2015 contra jueces especializados de Quibdó y Santa Marta. Sin embargo, esta es la primera vez que una comisión judicial es atacada de esta forma en terreno. “El ataque es un mensaje directo: no entren”, dice un abogado que conoce los procesos de restitución en la región.
Tras el ataque ocurrido, del que no se tiene certeza si fue en retaliación a las operaciones de la Policía Nacional o una manera de oponerse a la restitución, el riesgo recae sobre los servidores de los Juzgados Especializados de Tierras basados en Apartadó, quienes estudian en sus despachos decenas de demandas de predios en áreas del norte de Urabá.
El hecho también impacta el futuro de los reclamantes de esa región que ya lograron una sentencia de restitución y que su reparación integral depende de contar con condiciones de seguridad para vivir en sus tierras y desarrollar proyectos productivos.
Casa de las ‘Agc’
El corregimiento El Tomate, de la que hace parte la vereda El Tomate, es el corazón de las Agc desde hace ya doce años, cuando surgieron en aquella región tras el fin de la desmovilización colectiva de las Auc bajo los acuerdos con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).
El surgimiento de las Agc se le atribuye a Vicente Castaño Gil, quien habría dado órdenes en el norte de Urabá para crear una estructura armada que creció exponencialmente sobre la base de desmovilizados de las Auc. Inicialmente se llamó ‘Héroes de Castaño’. A partir de ese momento se comenzó a referenciar en Antioquia a Daniel Rendón Herrera, alias ‘Don Mario’, como el principal líder de la organización.
La Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP/OEA) registró en uno de sus informes que “progresivamente, se ha venido recibiendo información de reductos que se quedaron en la zona, así como la aparición de estructuras armadas lideradas por excomandantes de las autodefensas y con participación de la población desmovilizada”.
La “presentación en sociedad” como ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’ se dio el 15 de octubre de 2008 en el Urabá antioqueño, cuando promovieron un paro armado para protestar por lo que llamaron los incumplimientos del gobierno a los acuerdos de reintegración con los desmovilizados de las Auc. En esa ocasión, ordenaron cerrar el comercio, suspender el servicio de transporte público y afectar la vida cotidiana en el Eje Bananero.
Su expansión, a sangre y fuego, siguió los caminos que conducían a los territorios que abandonaron las Auc, pero también aquellos que tenían otras organizaciones criminales, consolidándose como la mayor fuerza ilegal en el país.
Pese a ese avance, el corregimiento El Tomate nunca perdió valor, por el contrario, se constituyó en el corazón de las Agc. “Es su zona de protección”, dice un lugareño que conoce bien la región. “Allá tienen un montón de fincas que se interconectan a través de vías terciarias que construyeron las Auc”.
Su ubicación es estratégica porque a las Agc les da salida al mar, clave en sus negocios del tráfico de drogas, armas y personas, así como al norte de Córdoba, a la serranía de Abibe, por donde se llega al Nudo del Paramillo. “Para ellos es muy importante el Filo del Caballo, donde han tenido bases”, dice el lugareño.
Su fortaleza en la zona es de tal magnitud ni las capturas y muertes de sus principales jefes como resultado de las operaciones Agamenón 1, iniciada en febrero de 2015, ni la Agamenón 2, que comenzó en junio de 2017, lideradas por la Policía Nacional y en las que se han invertido miles de millones de pesos, han podido debilitar la presencia en la zona de El Tomate. (Ver más en: Alias ‘Otoniel’: ejemplo sangriento de tres desmovilizaciones fallidas)
Las Agc continuaron adoptando parte de los mecanismos de las Auc en su relación con la comunidad: les han dado pequeñas parcelas para que trabajen en ellas. “Buena parte de la gente es instrumentalizada, no tienen tierra, son pobres, entonces no tienen más de otra que quedarse y guardar silencio”, dice una de las fuentes consultadas.
Mirada al pasado
El control territorial que ejercen las Agc en El Tomate es la continuidad de lo que comenzó en la década del ochenta Fidel Castaño, cuando llegó a la región y despojó las fincas de esta zona rural con su brazo armado conocido como ‘los Tangueros’, ‘Magníficos’ o ‘Mochacabezas’, que antecedieron a las Accu. Los sobrevivientes recuerdan cómo el 30 de agosto de 1988, por lo menos 30 paramilitares asesinaron a 16 personas, incluidas un niño de 3 años, y quemaron las viviendas a punta de granadas. (Lea masacre de El Tomate)
Tras la muerte de Fidel Castaño en 1994, sus hermanos, Carlos y Vicente, continuaron con la barbarie. En 1997, cuando deciden expandir el paramilitarismo a otras regiones del país, instalaron “escuelas de entrenamiento” en la mítica finca conocida como La 35, vecina a El Tomate. En el proceso de Justicia y Paz, José Efraín Pérez Cardona, alias ‘Eduardo 400’, confesó que allí funcionaron los centros de formación ‘La 35’ y ‘La Acuarela’, de las que fue instructor. (Lea: Las escuelas para matar de los ‘paras’)
En expedientes judiciales se relata que a finales de la década del noventa los campesinos de esa región fueron desplazados y sus predios comprados por paramilitares, entre ellos alias ‘Monoleche’. Luego, con el ánimo de ejercer control poblacional decidieron buscar a los desterrados y ofrecerles trabajos en esas mismas fincas.
“Las Autodefensas decidían después de una entrevista si podían habitar en el territorio, si no tenían donde vivir, mediante una especie de reforma agraria, les entregaban (adjudicaban) una parcela en los predios que habían comprado las autodefensas, para que cultivaran, les ayudaban a construir una vivienda campesina, les entregaban semillas para que cultivaran, otras familias llegaban desplazadas de otros lugares y las Autodefensas las incluían en esta modalidad de distribución de la tierra”, se lee en uno de los procesos.
Buena parte de las compras irregulares de los predios abandonados y de sus posteriores “adjudicaciones” fueron realizadas, según testimonios de labriegos, a través de la Fundación por la Paz de Córdoba (Funpazcor), al frente de la cual estuvo Sor Teresa Gómez, quien purga cárcel por los delitos de concierto para delinquir y despojo de tierras.
La vereda El Tomate fue uno de los sitios predilectos del jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. De hecho, su asesinato ocurrió el 16 de abril de 2004 dentro de un rancho de propiedad de un campesino de 65 años. (Ver más: Lo último que pidió Carlos Castaño antes de ser asesindado)
En presente
Buena parte de las familias campesinas que habitan el corregimiento El Tomate y sus distintas veredas ocupan tierras que fueron otorgadas por las Auc y se teme que otras hayan sido dadas por las Agc, lo que complica aún más el panorama de la restitución.
Hace apenas unos días, los Juzgados Especializados de Apartadó comisionaron a Jueces Municipales para la entrega material de las primeras seis parcelas en la vereda El Tomate, que ya tienen sentencia favorable de restitución.
La pregunta que queda después del cruento ataque contra los agentes de la Policía Nacional ocurrido en el corazón de las Agc es: ¿qué sucederá con los recién restituidos, con las por lo menos 100 familias que esperan todavía sentencia, y los funcionarios judiciales que tienen que estar en terreno para sacar adelante los procesos de restitución en el Urabá antioqueño?
