La Fiscalía ordenó capturar a Augusto Francisco Castro Pacheco, alias ‘Tuto’ Castro, por los asesinatos y los despojos de tierras de varios campesinos en Magdalena.
Jorge 40 desplazó a miles de campesinos en la región de las Sabanas de Ariguaní donde tuvo su cuartel central. Fotomontaje VerdadAbierta.com |
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‘Tuto’ Castro, quien es hermano del ex congresista Jorge Castro Pacheco -recientemente condenado por parapolítica a siete años y medio de cárcel-, fue jefe de un grupo paramilitar que azotó los municipios de Chivolo y El Difícil en Magdalena.
Este grupo paramilitar, al mando de ‘Jorge 40’, asesinó y desplazó cientos de familias campesinas de la región, a las que después les arrebataron sus tierras a través de amenazas y raras maniobras con del Incora.
Por estos hechos, el ente investigador sindicó a ‘Tuto’ Castro por los delitos de desaparición forzada, desplazamiento forzoso, falsedad en documento público y homicidio agravado.
En una investigación publicada en abril del año pasado, VerdadAbierta.com estableció que entre 2002 y 2003, en medio de los desplazamientos masivos, el Incora inició un extraño proceso que le daría una nueva estocada a los campesinos víctimas de ‘Jorge 40’.
El entonces gerente regional para el Magdalena, José Fernando Mercado Polo, firmó, entre el 25 de octubre de 2002 y el 24 de abril de 2003, varias resoluciones de revocatoria de títulos de propiedad que tenían los 37 campesinos a quienes, al despuntar los noventa, el Incora había adjudicado colectivamente la finca El Encanto, en zona rural de Pivijay. Cuando Mercado Polo decretó que les quitaba las tierras, allí ya no había campesinos, pues todos habían huído cuando los paramilitares los sacaron a la fuerza.
Estas revocatorias pasaron por un comité evaluador que visitó las fincas y certificó que habían sido abandonadas, y eso sirvió de coartada a Mercado Polo para quitarles las tierras. También adujo que los campesinos habían dejado de pagar las cuotas correspondientes al préstamo de la Caja Agraria por el 30 por ciento del valor de la tierra.
En las resoluciones, conocidas por VerdadAbierta.com, el gerente certificó que se notificó por edicto a los campesinos para escucharlos en descargos y ninguno de ellos se presentó. Por eso se le designó un curador para el caso a quien se le notificó la decisión. El Curador no solicitó ninguna prueba, como se puede observar en el expediente.
En ninguna parte del expediente suministrado por el Incoder – que asumió las funciones del Incora tras su liquidación en mayo del 2003- se dice o investiga el motivo del abandono de las tierras por parte de estos campesinos que habían vivido en ellas por casi dos décadas.
Lo que es más extraño, es que dentro del grupo de parceleros revocados se encuentra Antonio Fernández Buelvas, titular de 32 hectáreas de tierras y quien fue asesinado por hombres de ‘Jorge 40’ en 1997 cuando intentó volver a su parcela.
Muchos de estos campesinos no hicieron la correspondiente denuncia de desplazamiento en la época en que fueron expulsados por los paramilitares, lo que en teoría hubiese protegido sus propiedades y evitado la revocatoria de los títulos. También dejaron de pagar sus obligaciones porque se encontraban huyendo de las amenazas de muerte y en muchos casos apenas tenían para sobrevivir.
Otros vinculados en el proceso
La Fiscalía también dictó orden de captura contra Luis Efraín Castillo Ramos, alias ‘El Viejo’, segundo al mando de ‘Tuto’ Castro’; y contra Miguel Guillermo Castro Gnecco, también conocido como Armando Castro o Armando Iglesias, quien es primo de los Castro.
Por otro lado, el pasado 2 de junio fueron capturados Jorge Luis Escorcia Orozco y Manuel Agustín Perea Bolaño. Y también se encuentran detenidos Edmundo Jesús Guillén Hernández, alias ‘Caballo’; Jaime Maravit Pérez Pérez, alias ‘Bondo’; Óscar José Ospino Pacheco, alias ‘Tolemaida’ y Jorge Luis Escorcia Orozco.
De acuerdo con RCN Radio, las autoridades también estudian la vinculación en este proceso del Incoder y varios ex notarios de los municipios de El Difícil, Plato y Tenerife (Magdalena), por los delitos de falsedad en documento público, sobre hechos ocurridos en la región de La Palizúa, Canal y La Pola en el municipio de Chivolo y San Ángel de este mismo departamento.
En el caso del Incoder se investiga la compra nuevamente de terrenos que se habían adquirido por el entonces Incora (1981-1998).
En el proceso se espera que ‘Jorge 40’ diga quiénes fueron sus testaferros para devolverle las tierras a los campesinos.
Con información de RCN Radio.