La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia acaba de vincularlo a una investigación por soborno y fraude procesal. Una vez conoció la decisión, el senador por el Centro Democrático presentó renuncia a su curul. La medida también cobija a Álvaro Hernán Prada Artunduaga, representante a la Cámara por el Huila de ese movimiento.
“En desarrollo de una rigurosa indagación previa realizada en los últimos meses por la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, la Corte Suprema de Justicia recaudó pruebas que la condujeron a abrir investigación formal” contra los dos políticos, anunció el alto tribunal mediante un comunicado expedido esta tarde.
Los hechos por los que se serán investigados habrían ocurrido después del 16 de febrero pasado, cuando la Corte se abstuvo de abrir instrucción contra el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, por los delitos de abuso de la función pública, calumnia y fraude procesal, y por el contrario compulsó copias contra el denunciante Álvaro Uribe.
“Como reacción a esa providencia judicial y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos. En la indagación preliminar, ordenada el pasado 22 de febrero para corroborar estos últimos hechos, la Corte halló elementos de juicio para iniciar este proceso en el que los senadores Uribe y Prada deberán responder por los mencionados delitos”, asegura la Corte.
Uno de los aspectos que llama la atención del comunicado es la referencia al caso del hermano del senador Uribe, Santiago, quien está siendo investigado por nexos con grupos paramilitares. El alto tribunal anunció que le remitió copias a la Fiscalía General de la Nación ara que investigue “algunas interceptaciones de llamadas telefónicas sostenidas entre el abogado Diego Javier Cadena Ramírez y la exfiscal Hilda Jeaneth Niño Farfán, exfuncionaria que se habría comprometido a desprestigiar la investigación penal que se adelantó contra el señor Santiago Uribe Vélez”.
Al conocer la decisión, el senador Uribe anunció a través de su cuenta en Twitter la renuncia al Senado: “Me siento moralmente impedido para ser senador, enviaré mi carta de renuncia para que mi defensa no interfiera con las tareas del Senado”.
Ese mismo día, la Sala de Casación Penal de la Corte emitió dos autos firmados por los magistrados José Barceló Camacho, Fernando Alberto Castro Caballero y Luis Antonio Barbosa, en los que ordena tomar la declaración de 29 personas, practicar testimonio a otras seis, ampliar la declaración de tres más y asigna tareas al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. (Ver Auto 52.601 y Auto 52.240)
Sospechas de impunidad
El pasado 20 de febrero, este portal publicó un análisis sobre la sentencia que absolvió al senador Cepeda y en la que se tomó la decisión de compulsar copias para que el senador Uribe fuese investigado, pues se recabaron evidencias que lo comprometían en la manipulación de testigos. Ahora que fue llamado a indagatoria, actualizamos el informe.
Más allá de la polarización nacional que profundizó la decisión del alto tribunal de abstenerse de abrir investigación penal contra el senador Iván Cepeda tras ser denunciado por Álvaro Uribe por los delitos de abuso de la función pública, calumnia y fraude procesal, lo que revela el fallo es una grave impunidad que, al parecer, ha favorecido a empresarios señalados de crear y financiar el proyecto paramilitar, particularmente en el nordeste de Antioquia.
En las entrelíneas del fallo gravita un tema que aún está pendiente por resolver en el país y es identificar, procesar y juzgar a quiénes favorecieron con recursos de diversa índole la creación de una estructura armada que se conoció como Bloque Metro y que se articuló a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en su proyecto de atacar la insurgencia en diversas regiones de Antioquia y, posteriormente, del país, a través de una gran confederación paramilitar agrupada bajo la sigla Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Tratar de saldar esa deuda le ha costado al país decenas de muertos, desaparecidos, exiliados y desplazados, entre los que se cuenta un puñado de funcionarios de organismos de seguridad del Estado comprometidos con el cumplimiento cabal de la ley, quienes, poco a poco, fueron asesinados o, en el mejor de los casos, desterrados, porque establecieron que detrás de esa máquina de guerra llamada Bloque Metro había gente económica y políticamente poderosa, considerada intocable en el departamento y el país. (Leer más en: Sergio Parra, asesinado tras descubrir finanzas de las Accu)
La sombra de impunidad, impuesta violentamente, se mantuvo por más de una década y protegió a varios empresarios que aparecen citados en el fallo del alto tribunal, entre los que se destacan Juan Guillermo Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao, capturado hace unas semanas en la ciudad de Cúcuta por delitos asociados al tráfico de drogas hacia Europa. (Leer más: ¿Quién protegió en la Fiscalía a Santiago Gallón Henao?)
Pero Villegas Uribe y Gallón Henao no son los únicos beneficiados. Sendas investigaciones judiciales, que fueron archivadas sospechosamente a finales de los noventa y comienzos del dos mil, dejan en evidencia que esa impunidad en Antioquia que también favoreció a otros empresarios, ganaderos y comerciantes valiéndose de la cooptación de entidades del Estado encargadas de la judicialización y castigo de los criminales. No de otra manera pudiera entenderse que, a pesar de las pruebas existentes, entre documentales y testimoniales, los expedientes terminaran archivados.
Juan Guillermo Villegas Uribe tampoco es un desconocido para la política regional. Este empresario, cuyo número celular fue interceptado de desarrollo de las investigaciones del proceso que enfrenta a los senadores Cepeda y Uribe, fue diputado por el Partido Liberal a la Asamblea de Antioquia entre los años 1980 y 1992. Posteriormente presentó su candidatura a la Cámara de Representantes en las elecciones de 2002 por una coalición de movimientos del Nordeste antioqueño. Su votación llegó a 17.525 votos y los obtuvo en los municipios de Remedios, Cisneros, San Roque, Santo Domingo, Segovia, Vegachí, Yalí, Yolombó, Caracolí, Maceo y Medellín, pero no le alcanzaron para lograr una curul en esa célula legislativa.
Impunidad expresa
Lo que revela el fallo de la Corte Suprema de Justicia es que esos mecanismos de impunidad aún están activos e impiden que aquellos presuntos responsables de constituir y respaldar económicamente a grupos paramilitares sean llevados ante los estrados judiciales. El caso más emblemático es el de Juan Guillermo Villegas Uribe.
Su nombre no es nuevo para las autoridades judiciales. Desde finales de los años noventa diversos testimonios lo han vinculado con la creación de un grupo armado ilegal en una amplia zona del nordeste antioqueño que va del municipio de Cisneros al corregimiento de San José del Nus, de San Roque. Uno de ellos es el de Julio Cesar Acosta Cortizo, un exguerrillero del Eln que se desvinculó del grupo subversivo y se convirtió en guía del Ejército en esa región.
“En San José del Nus, allí hay un señor que financia grupos paramilitares, que operan en esa región, ese señor le compró la finca Guacharaca al Gobernador de Antioquia, se llama Luis Guillermo, no me acuerdo el apellido [ ] un hermano de él está vinculado con la misma organización, se llama Luis Alberto [ ] Luis Guillermo [ ] financia los grupos paramilitares para que le cuiden la finca La Guacharaca y patrocina las Convivir al mismo tiempo en San José del Nus, él les da plata y armamento, los financia de todo, cuando hablamos de financiar, es porque les da todo, material logístico, botas, armas y el pago”, declaró Acosta ante la Fiscalía el 19 de mayo de 1998.
El 9 de noviembre de ese mismo año, el exguerrillero volvió a declarar y en esa ocasión se reafirmó en lo que había dicho: “Yo sé que el grupo paramilitar le propuso a la familia Villegas que si le conseguía un armamento para el grupo, que el grupo paramilitar le cuidaba la zona, eso fue más o menos como en mayo o junio del 97; no sé cuántos fusiles pidieron, yo sé que trajeron como cuarenta fusiles, eso lo trajeron en helicóptero”.
Pero esa no fue la única declaración en contra de Villegas Uribe. Para mediados de la década del noventa y valiéndose del Decreto 356 de febrero 11 de 1994, expedido por el entonces presidente de la República, César Gaviria (1990-1994), comenzó a operar en esa misma región una asociación de vigilancia y seguridad privada llamada El Cóndor, aprobada por el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez (1995-1997), pero ciudadanos de la zona comenzaron a denunciar sus atropellos.
“¿Será posible de que goce de legitimidad una cooperativa de esta naturaleza cuando quien escoge a las personas que la conformarán y le prestan la asesoría de la violencia son grupos paramilitares que también como la guerrilla están al margen de la ley? ¿Por qué los paramilitares que andan como Pedro por su casa en San José del Nus y Maceo citan a los comerciantes y obligan a que éstos y todos los hogares paguen una cuota para sostener la Convivir?”, razonaba un ciudadano en una misiva anónima enviada a las autoridades y fechada el 2 de abril de 1997.
Las Interceptaciones autorizadas por la Corte Suprema de Justicia a un teléfono móvil de Juan Guillermo Villegas Uribe no fueron las primeras contra él. Con la información recaudada a finales de los años noventa, el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía interceptó, también legalmente, la línea telefónica de un local comercial en Medellín llamado Lácteos El Paisa, a través de la cual los investigadores judiciales determinaron que desde allí tanto él como su hermano Luis Alberto coordinaban desde la consecución de armas y municiones, hasta la provisión de recursos económicos a partir del cobro de cuotas a diversas personas del nordeste antioqueño para sostener una célula de las Accu que, a la postre, era el Bloque Metro.
Lo particular de este caso es que todo ese material probatorio fue utilizado sólo contra Luis Alberto Villegas Uribe, quien fue detenido el 4 de junio de 1998. No obstante, el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Medellín, en decisión tomada el 16 de noviembre de 1999, lo absolvió sustentando su argumentación en la duda probatoria. Lo particular del caso es que la Fiscalía no apeló la decisión y el caso se cerró. Posteriormente fue asesinado por paramilitares del Bloque Central Bolívar. (Leer más en: ‘Julián Bolívar’ admitió asesinato de Luis Villegas Uribe)
La pregunta que surge entonces es: ¿por qué no se ha llevado a los estrados judiciales a Juan Guillermo Villegas Uribe, de quien se tienen referencias desde mediados de la década del noventa en procesos judiciales como supuesto gestor, junto con su hermano Luis Alberto, de haber financiado una estructura armada ilegal en el nordeste antioqueño? (Leer más en: Revelaciones del caso Villegas)
Otro de los aspectos que no se ha investigado hasta el momento son las actividades de narcotráfico a las que, según diversas fuentes, se dedicó Luis Alberto Villegas Uribe, quien al parecer tuvo un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en la vereda Minas de Vapor del Municipio de Puerto Berrío. ¿Los recursos de esas actividades le llegaban a su hermano Juan Guillermo? Esa arista delictiva nunca fue abordada por la Fiscalía.
De Convivir a Bloque Metro
Tal como lo han destacado fiscales de Justicia y Paz, las asociaciones de vigilancia y seguridad privada, conocidas como Convivir, se convirtieron en el rostro legal del paramilitarismo. La Asociación El Cóndor, coordinada por los hermanos Villegas Uribe, no fue la excepción.
Documentos judiciales conocidos por este portal, basados en declaraciones del exparamilitar Álvaro Sepúlveda Bueno, alias ‘Julián’, dadas en 2009, indican que el funcionamiento del Bloque Metro “se acompañó transitoriamente de personal de El Cóndor, pero su apogeo se debió más al ingreso de personas de las Accu provenientes de Urabá que cooptaron a exintegrantes de la Convivir y paramilitares locales, más o menos entre 1996 y 1997”.
De acuerdo con reportes de la Fiscalía, la primera acción militar como Bloque Metro fue realizada en el corregimiento Providencia, de San Roque, a mediados de 1996. Según testimonio del exparamilitar John Jaime Cárdenas, a esa zona ingresaron 15 paramilitares y atacaron, supuestamente, una célula urbana de la guerrilla del Eln, dejando varias personas muertas.
Tras esa acción, el Metro se instaló en zona rural del corregimiento Cristales. Desde allí fue comandado por Carlos Mauricio García Fernández, conocido con los alias de ‘Doblecero’. Este militar de formación, fundador de las Accu, fue encargado por los hermanos Vicente y Carlos Castaño de crear el bloque, organizar su sistema de finanzas, las redes de colaboración y estrategias de guerra. El impulso que tuvo lo llevó a extenderse a las regiones del Oriente y Suroeste de Antioquia, así como al Valle de Aburrá.
La delegación de ese mando en ‘Doblecero’ no fue casual. Durante su paso por el Ejército adelantó operaciones militares en el nordeste antioqueño y durante su niñez visitó con frecuencia el corregimiento El Jordán, de San Carlos, donde su abuelo tenía una finca, por tanto, conocía el avance guerrillero del Eln y de las Farc.
Diversas versiones de desmovilizados indican que esta estructura paramilitar amplió su radio de acción gracias a que recibía el apoyo financiero de empresarios, ganaderos, transportadores y comerciantes. De hecho, diversos testimonios de exparamilitares indican que parte de las tareas del Bloque Metro estaban ligados a la protección de “bienes y vidas de grandes propietarios, comerciantes y ganaderos de la región dada la debilidad del Estado y sus fuerzas armadas para garantizar seguridad”.
Una de las dificultades que tiene la reconstrucción de la historia de este bloque paramilitar es que casi todos sus integrantes fueron asesinados tras una cruenta guerra desatada en su contra por estructuras armadas lideradas por Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien no compartía las críticas alias ‘Doblecero’ sobre la infiltración del narcotráfico en el proyecto contrainsurgente, que lo llevó a no articularse a los acuerdos de desmovilización suscritos en junio de 2003 entre el estado mayor de las Auc y el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). (Leer más en: “Don Berna’ dio la orden de matarlo”: ‘Doblecero’)
Todo ello desató una persecución a sangre y fuego por los bloques Calima, Central Bolívar y Mineros, contra el Metro, lo que obligó a que alias ‘Doblecero’ abandonara el corregimiento Cristales, de San Roque y huyera de la región. En mayo de 2004 fue asesinado en Santa Marta. (Leer más en: La cuota de ‘HH’ en el exterminio del Bloque Metro)
¿Protección a largo plazo?
La decisión de la Corte Suprema de Justicia contiene las declaraciones de Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y de Juan Guillermo Monsalve, quienes sumaron información sobre los orígenes del Bloque Metro e involucraron a los hermanos Álvaro y Santiago Uribe, Juan Guillermo y Luis Alberto Villegas Uribe y Santiago Gallón Henao como sus gestores y financiadores. Tales señalamientos se sumaron a la información que ya reposaba en los anaqueles judiciales desde mediados de la década del noventa sin que la justicia antioqueña obrara.
Tales declaraciones llevaron a la Fiscalía a iniciar el 25 de noviembre de 2011 una investigación penal, bajo el radicado 1060051 y asignada a Fiscalía 32 Especializada de Medellín, en la que se sindica de concierto para delinquir a Luis Guillermo Villegas Uribe, Juan Guillermo Uribe, Santiago Gallón Henao y Santiago Uribe Vélez. Sin embargo, más de seis años después, las investigaciones parecen no avanzar.
Pero el asunto ha ido más allá. Según denunció el senador Cepeda en plenaria de la Cámara de Representantes el 12 de mayo de 2012, “se habría realizado una reunió en la Hacienda Guachararas (San Roque), liderada por Juan Guillermo Villegas Uribe, en la cual habrían participado miembros de grupos paramilitares, a quienes supuestamente se les dieron instrucciones para contrarrestar estas denuncias”.
Esas denuncias se refieren no sólo a lo sostenido por los exparamilitares Sierra y Monsalve, sino a los señalamientos que hizo el senador Cepeda en el debate sobre el paramilitarismo en Antioquia realizado el 11 de abril de ese año, en el que reiteró los señalamientos contra los Uribe Vélez por su supuesta participación en la conformación del Bloque Metro. (Leer más en: Debate Cepeda-Uribe: polarización a fondo)
Lo que también revela el fallo de la Corte Suprema de Justicia es que esa protección histórica de prestantes empresarios y políticos se mantiene. No de otra forma se entiende las aparentes fallas del sistema de interceptación de algunas de las llamadas claves realizadas por Juan Guillermo Villegas Uribe al padre del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en marzo de 2015 con el fin de evitar que declaran en contra del senador Uribe.
El papel de Villegas Uribe en este entramado fue definido claramente por la Corte: “Las llamadas […] dejan al descubierto que Juan Guillermo Villegas Uribe, y otros, han intervenido testigos para involucrar al doctor Iván Cepeda en la conformación de un supuesto cartel de falsos testigos, cuando lo que parece ocurrir es lo contrario, un complot, como lo señaló el defensor del congresista, para desprestigiar su labor legislativa”.
Tras analizar todas esas piezas procesales, la Corte Suprema de Justicia ordenó investigar al senador Álvaro Uribe y a quienes actuaron a su favor para enlodar no sólo al senador Cepeda sino a quienes han hablado del origen del Bloque Metro, muchos de los cuales afectaron a la población civil. Se espera que esta vez la justicia colombiana sí actúe, determine de una vez por todas la responsabilidad de aquellos que promovieron una máquina de guerra que actuó sin piedad en buena parte de las montañas de Antioquia y sea capaz de demostrar que las garantías de impunidad llegaron a su fin.
