Hace diez años, cuando los bloques y frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia estaban dejando las armas, los menores de edad no fueron una prioridad. VerdadAbierta.com recoge cinco lecciones que pueden ser claves para la desvinculación de los niños en las Farc.
Antioquia, Caquetá y Cauca son los tres departamentos donde más reclutan los grupos al margen de la ley. Los rostros de los menores de edad se distorsionan para preservar su identidad. Foto: archivo Semana.
Los menores vinculados a la guerra son una preocupación más o menos reciente en Colombia. En los años noventa, durante los acuerdos de dejación de armas con las guerrillas del M-19 y el Epl, nohubo ninguna consideración particular con los niños de las filas subversivas. Incluso, como no tenían cédula, fueron apartados de los programas estatales y no recibieron beneficio alguno.
Entre 2003 y 2006, durante la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010) era consciente de que el reclutamiento forzado era una infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Sin embargo, lejos de convertirlo una prioridad, se ocultó la dimensión de este crimen para evitar repercusiones ante la comunidad internacional.
Ahora que las Farc y el gobierno nacional llegaron a un nuevo acuerdo que establece una hoja de ruta para la entrega de todos los menores de 15 años que están en sus filas, vale la pena volver la mirada a los errores que se cometieron en el pasado. VerdadAbierta.com destaca cinco de ellos que considera fundamentales para no volver a repetir. (Ver acuerdo)
Sacarlos de las listas
La mayoría de los menores fueron regresados a sus casas días antes de quese oficiara el proceso de desmovilización de los frentes a los que pertenecían. Algunos exjefes paramilitares reconocieron ante los tribunales de Justicia y Paz que actuaron bajo las recomendaciones del entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Para el funcionario, hacer evidente este crimen ponía en riesgo el proceso de negociación ante la comunidad internacional.
En ese entonces, la Procuraduría General de la Nación advirtió la equivocación que se estaba cometiendo, pero sus recomendaciones no fueron tenidas en cuenta: “Dentro del proceso de negociación que antecede a la desmovilización colectiva, no se ve que se esté discutiendo el tema de los niños, niñas y adolescentes. Así, las noticias se desarrollan en torno a las armas, bienes, y no con respecto a la necesidad de esclarecer el paradero de 11.000 a 14.000 niños, niñas y adolescentes. En general, el gobierno nacional no toma como parte esencial de la problemática del conflicto”.
En esa oportunidad dejaron las armas 913 menores, pero se cree que estos solo representaban solo un 10% del total de niños en las filas paramilitares. “Hay apreciaciones que indican que podrían ser tres mil o cuatro mil, pero la cifra exacta nunca se podrá saber en tanto que no se legalizaron, no se registraron listados, no se identificaron a tiempo y tampoco se hizo un censo aproximado con los jefes paramilitares”, asegura Álvaro Villarraga, director de Acuerdos para la Verdad del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Una vez esta situación fue evidente, en 2009 un grupo de entidades gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) crearon un programa que se conoció como “Buscando a Nemo”, para encontrar a los menores desmovilizados. Al final hallaron a 273 adolescentes y jóvenes, pero solo 17 eran aún menores de edad.
Este ocultamiento les negó a niños, niñas y adolescentes la posibilidad de entrar en programas de reintegración y los dejó a merced de las ofertas de ingresar a otros grupos criminales.
Resulta paradójico que la misma Ley de Justicia y Paz en artículo 10 establece la entrega de los menores es un requisito para que un grupo el grupo paramilitar pudiera acceder a los beneficios de rebaja de pena. Sin embargo, hasta el momento nadie ha sido sancionado ni excluido del proceso de justicia transicional por haber apartado a los niños de sus frentes y privarlos de la atención estatal.
Enfoque étnico
El 14,5% de menores de edad atendidos por el ICBF son indígenas y el 12,6% afrodescendientes. Foto: archivo Semana.Tampoco se implementó un programa de enfoque diferencial para los excombatientes que pertenecían a comunidades indígenas y afrodescendientes. Tras el eventual desarme de las guerrillas, las comunidades étnicas tienen el enorme interrogante de qué pasará con los menores que decidan retornar a sus territorios comunitarios.
El acuerdo anunciado entre el gobierno y las Farc para desvincular a 21 menores de 15 años despertó gran entusiasmo en la comunidad indígena Nasa, asentada en el norte del departamento de Cauca, que ha sufrido los embates del conflicto armado y el reclutamiento de sus niños por parte de las Farc en mayor medida.
Un ejemplo de lo anterior se refleja en el juicio que la comunidad de Toribío les realizó a siete guerrilleros de las Farc en noviembre de 2014 por haber asesinado a dos guardias indígenas: dos eran menores de edad y otros dos acaban de cumplir 18 años. Esa difícil situación hizo que hace siete años los Nasa crearan su propia ruta para garantizar el éxito de la reinserción de los menores que empuñaron las armas. (Leer más en: Crónica de un juicio en las entrañas del Cauca)
“Por la experiencia sabemos que el reclutamiento no sólo afecta a los niños y adolescentes, sino también a la familia, a la comunidad local y a la vida espiritual del territorio. Cada proceso de reincorporación o de volver a casa puede durar alrededor de dos años: los procesos son psicológicos, culturales, económicos, sociales, de reconstrucción de confianza con la familia, con la comunidad y con las autoridades tradicionales”, explicó Edwin Mauricio Capaz, coordinador del Tejido de Defensa de la Vida de la Acin, una organización Nasa.
Bajo su propio sistema de reintegración, basado en sus tradiciones culturales, la Acin ha desvinculado del conflicto armado a más de 50 menores de edad, que promedian los 14 años. Las autoridades indígenas esperan que el anuncio del domingo de La Habana les permita seguir realizando su labor en mejores condiciones.
“La exigencia de los mayores ha sido que los menores indígenas deben volver al seno de sus familias y de las comunidades para iniciar con su proceso de rearmonización. Esperamos contar con la fortuna de poder orientar el camino de estos niños ya en el contexto de paz, porque el proceso que se ha adelantado en estos siete años ha sido muy complejo por la guerra.”, indicó Capaz, quien estima que hay dos Nasa entre los 21 menores que mencionó las Farc. (Leer más en: El regreso a casa de los indígenas Nasa que pasaron por la guerra)
Una visión muy similar recoge el informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC, que publicó el Centro de Memoria Histórica, al evaluar en clave étnica el proceso de desmovilización ocurrido entre 2003 y 2006.
Sobre las comunidades afrodescendientes recomienda tener en cuenta que “los procesos de reintegración con enfoque comunitario deben considerar los impactos en estas comunidades étnicas de tal situación”, por tal razón reitera que se deben “consultar con las autoridades de los consejos comunitarios y demás instancias organizativas, para derivar medidas de enfoque diferencial a su favor, sin menoscabo de su autonomía y en beneficio de los derechos colectivos de estas comunidades. Así, medidas de impacto asociadas con los procesos de reintegración deben pasar por el proceso de consulta previa con las comunidades receptoras de excombatientes”.
Con relación a la comunidad indígena señala que “se requiere en la política, en los programas y en sus acciones, criterios y una ruta diferencial de atención para los pueblos indígenas. La cual también considere, frente a personas procedentes de comunidades étnicas que no opten por el retorno voluntario a ellas, apoyarlas para que en el marco de su ejercicio libre de ciudadanía tengan la posibilidad de mantener los nexos con sus pueblos, cosmovisión, usos y costumbres”.
Trabajar con las familias
A mediados de 2011, cuando comenzaron los juicios contra los excombatientes de las Auc, llegó por primera vez ante los estrados judiciales Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, responsable del reclutamiento forzado de por lo menos 300 menores de edad. A una de las audiencias, realizada en Bogotá, viajaron decenas de jóvenes desde Necoclí, Urabá antioqueño, para narrar sus tragedias.
Una de las niñas presentes contó una historia que quedó en la memoria de los presentes. Cuando regresó a su casa, su familia ya no la trataba igual. Recordó que una tarde, mientras veía televisión, su mamá le pidió que lavara los platos, pero ella se negó y le contestó con una grosería. Su mamá, según recuerda, le gritó que solo faltaba que cogiera el fusil y los matara a todos, como ya estaba acostumbrada. Entre lágrimas, la niña le dijo a la magistrada que fue en ese momento que entendió que nadie, ni siquiera su familia, la podía ver con otros ojos.
En la sentencia contra ‘El Alemán’ quedo claro entonces que los programas de reintegración debían incluir a las familias. El informe Desmovilización y reintegración paramilitar: panorama posacuerdos con las AUC del CNMH también lo recomienda: “las capacidades familiares para proteger a los niños y las niñas del reclutamiento y la utilización en la guerra, en las expresiones de violencia sociopolítica y por las redes delincuenciales. De manera que se constituyan en el primer elemento protector”. (Leer más en: Las amargas lecciones que dejó la desmovilización de las Auc)
Según Villarraga, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha hecho grandes avances en la construcción de una metodología que permita ese retorno a sus familias. Desde 1999, está entidad diseñó y comenzó a implementar el Programa de Atención Especializada para restablecer los derechos, construir ciudadanía e integrar socialmente a los niños, niñas y adolescentes que se desvinculaban de los grupos armados organizados al margen de la ley.
Cifras de la entidad revelan que, bajo las directrices del Programa Especializado, se han atendido 5.923 niños, niñas y adolescentesdesde noviembre de 1999 hasta el 30 de diciembre de 2015.
Son víctimas, no victimarios
Según el ICBF, el 50% de los miembros de las bandas criminales son menores de edad. Esa cifra en las Farc es de 42% y en el Eln de 44%. Los rostros de los menores de edad se distorsionan para preservar su identidad. Foto: archivo Semana.“Existe tanto en las medidas legislativas como en los imaginarios y la estructura institucional del Estado una dualidad al respecto del tratamiento que debe darse a las víctimas de reclutamiento”, dice el informe Voces y oportunidades para en la construcción de y adolescentes la paz en Colombia, publicado por la Defensoría del pueblo. Mientras la Ley de Víctimas reconoce como tales a los menores que se hayan desmovilizado sin haber cumplido la mayoría de edad, en ocasiones algunas autoridades judiciales y militares los tratan como victimarios.
Se refiere a que, por ejemplo, los niños que hacen parte de las bandas criminales, a diferencia de los que están en lo guerrilla o pasaron por grupos paramilitares, no son reconocidos como víctimas y pueden ser judicializados por sus delitos.
De esta forma, los menores de edad tampoco pueden ser interrogados con fines militares. En 2006 el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas llamó la atención sobre los reportes de casos de interrogatorio por las Fuerzas Armadas a los niños y el incumplimiento del plazo máximo de 36 horas establecido en la legislación nacional para entregarlos a las autoridades civiles, en este caso al ICBF.
Regresar a sus lugares de origen
En 2006, después de la desmovilización paramilitar, la Defensoría del Pueblo advertía la falta de políticas públicas. Según esa agencia del Ministerio Público, “no se ha diseñado hasta el momento una política pública integral, intersectorial, permanente y sostenida para la atención de la niñez víctima del conflicto armado. En la actualidad únicamente se registra el funcionamiento del programa de Atención a Víctimas de la Violencia del ICBF”.
Aunque, desde 1999, se implementó una estrategia de reintegración familiar, muchos de estos niños llegaron a hogares transitorios, centros de atención especializada u hogares juveniles; a otros los entregaron a hogares tutores. Varios de ellos ubicados en centros urbanos. De acuerdo con la Defensoría, en los jóvenes que fueron llegando al programa había una tendencia marcada a no retornar a sus hogares y, por distintas circunstancias, a alejarse de su entorno local y social. Motivo que los hizo más vulnerables.
Según los expertos, es necesario tener en cuenta el entorno en donde fueron reclutados, pues hay que evitar a toda costa nuevos desarraigos. “Los escenarios urbanos son más hostiles y rompen con su construcción cultural campesina, indígena o afrodescendiente en lugar de recomponer los tejidos socio-culturales. Incluso si no fuera el mismo lugar de origen por razones de seguridad, se espera que el lugar de reintegración coincida con aquellos aspectos que ellos y ellas consideren positivos de tal lugar”, indica el informe de la Defensoría.
De acuerdo con el mismo informe, es importante que exista una capacidad institucional en más allá de los centros urbanos, pues el 76,6 % de los menores desvinculados salieron de escenarios rurales.
Es evidente entonces que en la desvinculación de los menores de edad de grupos armados ilegales se han cometido grandes errores que no se pueden repetir. Una nueva equivocación generaría escenarios de vulneración que, en el peor de los escenarios, crearían las condiciones para su retorno a las armas, lo que sería imperdonable.
