Justo cuando la autoridad de tierras accedió a proteger los derechos de ese pueblo originario sobre sus tierras ancestrales en Puerto Gaitán, Meta, decenas de familias perdieron sus casas esta semana tras un operativo cuestionado de la Inspección de Policía.
A las instalaciones de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Bogotá llegaron 54 personas esta mañana desde Puerto Gaitán, en respuesta al desalojo de la comunidad indígena de Barrulia. “En Puerto Gaitán ahorita hay un desastre”, señaló Rubén Vicente Aguilar, presidente de la Asociación Índigena Unuma. “Sacaron a todas esas familias y la Alcaldía las trasladó a la sede de Unuma”, instalaciones de la organización indígena en el casco urbano del municipio en la que por ahora cerca de 700 personas permanecen hacinadas.
“Si hay tierras baldías y tierras en manos de la SAE (Sociedad de Activos Especiales), que nos las entreguen. Hay solicitudes de constitución de resguardo y ampliación de resguardo que llevamos años esperando”, expresó Aguilar. Por eso se movilizaron hasta la capital con el objetivo de hablar con el director de la autoridad de tierras y la ministra de Agricultura sobre la extranjerización de la tierra y la regulación de los territorios ancestrales en su municipio.
Sin embargo, personal de la ANT le dijo a la comunidad que iban a tratar de sacar agenda porque no había disponibilidad.
“Nosotros no estamos reclamando predios, nosotros venimos a reclamar un derecho fundamental que nos dejaron nuestros ancestros”, expresó Héctor Estrada, líder de la comunidad de Barrulia desde las llanuras de su municipio, mientras contiene la situación humanitaria que atraviesa su comunidad. Esas tierras, extensas llanuras de la zona rural de Puerto Gaitán, donde se asentó el pueblo indígena, ahora son propiedad privada. “Llevamos nueve años luchando por la tierra ante el Estado y aquí estábamos posesionados hace tres años”, dice Estrada.
Desde 2017, la comunidad de Barrulia buscó la manera de recuperar las tierras que señalan como su territorio ancestral y de las que salieron desplazados a mediados del siglo pasado. Por eso, el 6 de abril de 2021, se asentó en varios predios de la vereda La Cristalina con el objetivo de que la autoridad de tierras le protegiera su posesión e iniciara el proceso de la constitución del resguardo.
En la mañana del pasado miércoles 12 de junio, ante la noticia de que la comunidad de Barrulia iba a ser desalojada, varias comunidades indígenas del municipio se organizaron sobre la vía que va de la cabecera municipal hacia San Pedro de Arimena, en un punto conocido como Alto Neblinas. Su propósito era impedir que pasara una comitiva de la Alcaldía municipal y la Fuerza Pública, pero no pudieron retenerlos.
“Les tocó coger la vía más larga: la vía hacia Rubiales, una vía completamente destapada”, relata Zulma Forero, consejera de la Asociación Indígena Unuma. Cerca de las cuatro de la tarde, los funcionarios de la alcaldía y los miembros de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO, antes ESMAD) lograron arribar a Barrulia para el desalojo.
En algunos videos que conoció este portal, el inspector de policía de Puerto Gaitán, Eduardo Chicué, otros funcionarios de la Alcaldía, y efectivos de la policía buscaron persuadir a la comunidad para que abandonara el predio en el que había estado asentada. Si se resistían, los iban a sacar por la fuerza, les dijeron.
“El día de hoy venimos con el objetivo de recuperar el predio. Tenemos entendido que más de uno de ustedes está censado a través del Ministerio del Interior a través de diferentes resguardos. Si ustedes lo consideran, nosotros tenemos todo el apoyo logístico para trasladarlos a los lugares donde se encuentran censados, o en su defecto donde ustedes lo manifiesten”, señala Chicué en una de estas grabaciones.
La comunidad prefirió evitar confrontaciones. Se quedó, viendo cómo lo que por años habían construido en esas tierras se iba abajo. Trabajadores contratados por la Inspección de Policía, con dos tractores y una cadena, tumbaron las viviendas de cerca de 170 familias, que incluían 75 niños y 40 adultos mayores con problemas de salud, según precisó Estrada.
Aún sin casa, la comunidad se resistió a abandonar su territorio ancestral. “Las familias la noche del miércoles durmieron en el monte, en las moricheras con los niños, las mujeres embarazadas, las señoras y los ancianos”, cuenta Forero. La fuerza pública acampó cerca del predio y al día siguiente continuó con el desalojo. En los últimos tres años, las comunidades recuerdan más de ocho intentos de desalojo, pero solo hasta ahora fue exitoso.
#ATENCION Desde @ONIC_Colombia DENUNCIAMOS y RECHAZAMOS intervención del #ESMAD de la @PoliciaColombia junto con @COL_EJERCITO contra comunidad Barrulia de Puerto Gaitán-Meta. Desalojan de nuestros territorios ancestrales Sikuani a pesar de medida de protección de @AgenciaTierras pic.twitter.com/hjX2E9bZzP
— Organización Nacional Indígena de Colombia – ONIC (@ONIC_Colombia) April 21, 2022
Proceso de desalojo veloz
El proceso policivo contra el asentamiento de Barrulia inició en el 2021. La disputa se había iniciado por, supuestamente, estar ocupando el predio Los Cocuyos. Durante años se llevó el caso en relación a este predio y se realizaron más de 20 intentos de caracterización (censos) de la comunidad. Sin embargo, tiempo después los líderes de Barrulia descubrieron que en realidad su asentamiento se encontraba en un predio que catastralmente tenía el nombre de Villa Esperanza y que estaba relativamente cerca a Los Cocuyos.
“El año pasado, como para agosto o septiembre, mediante una acción de tutela, la señora Alba Rubiela —lideresa de la comunidad— manifestó que ellos nunca han estado ocupando el predio Los Cocuyos y por tanto no procedía ese proceso de desalojo”, cuenta Xiomara Cruz, abogada de la Asociación Indígena Unuma. En respuesta, un juez ordenó que se realizara la georreferenciación sobre el predio en el que se encontraba la comunidad indígena y finalmente se confirmó que estaba en el predio Villa Esperanza.
Según un certificado de propiedad, ese predio le pertenece a Magda Esperanza Rojas Gutiérrez, tras haberle sido entregado por el extinto Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (Incora) en 1994. Esta mujer, según explican los lugareños, es familiar de Pablo Antonio Roja Rivero, un terrateniente que acumuló miles de hectáreas en el municipio.
“El predio denominado Cocuyos fue adjudicado por el otrora Incora mediante resolución 0563 del 31 de mayo de 1994, (…) esta adjudicación se hizo al señor Pablo Antonio Rojas Riveros”, señala un estudio de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI) que respalda la versión de las comunidades. El estudio concluye que Rojas Rivera excede el límite de la Unidad Agricola Familiar (UAF) en la zona, que es de 920 hectáreas, al tener 2.917 hectáreas acumuladas.
“Casi tres años duró el proceso del predio Los Cocuyos y nunca llegó a la materialización del desalojo. El proceso policivo del predio Villa Esperanza se materializó de una forma muy rápida a comparación del proceso anterior”, señaló Cruz, y advierte que nunca se notificó a la comunidad y por eso no pudieron asistir a las audiencias y hacer uso del derecho a la defensa. “La inspección ni siquiera les notificó formalmente el acta de desalojo a la comunidad”, reprochó.
Líderes de Barrulia dicen que supieron de la diligencia a través de algunas organizaciones indígenas que acompañan a esta comunidad, las cuales conocieron hace un par de semanas un documento titulado Plan de acción y contingencia para materialización de fallo policial – Predio Villa Esperanza. Aunque a principios de junio, los líderes de Barrulia solicitaron copia del expediente a la Inspección de Policía, a la fecha nunca recibieron la documentación.
Para la Asociación Indígena Unuma y la CNTI, la Inspección de Policía y el Ministerio Público faltaron al debido proceso y vulneraron a la comunidad de Barrulia, pues con el desalojo desconocieron medidas de salvaguarda para protección de los derechos de la comunidad indígena, como por ejemplo, a dónde iban a ser reubicados.
Según una abogada de la Secretaría Técnica de la CNTI que acompaña a estas comunidades, hace poco tiempo habían tenido un espacio de interlocución con la Inspección de Policía. “Sin embargo, los inspectores de policía fueron muy reacios en decir: ‘Lo que yo tengo que proteger es la propiedad privada, porque no puedo estar defendiendo expectativas como lo son los territorios ancestrales”, cuenta la jurista.
Por varios medios, VerdadAbierta.com buscó entrevistar a los dos inspectores rurales de Policía de Puerto Gaitán, Jhon Contreras y Eduardo Chicué, para contrastar las anomalías que advierten las dos abogadas de las organizaciones indígenas, pero a la fecha de esta publicación no se obtuvo respuesta.
Según explica la experta de la CNTI, la Inspección de Policía argumentó ser autónoma para determinar si suspenden o no los procesos policivos que solicite la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dado que priorizan las órdenes judiciales. “Nos parece grave dado que desconoce el Decreto 2333 de 2014, que establece en su artículo 5 que la ANT puede solicitar la suspensión de acciones policiales cuando se adelante procesos de protección, constitución de resguardos, saneamiento y reestructuración que se adelanten en tierras pretendidas por esos procesos hasta tanto no se culmine el proceso de titulación”, explica la abogada.
Tardía protección de la ANT
En mayo de 2022, la ANT había decidido no conceder la medida de protección provisional sobre la ocupación del territorio que la comunidad indígena de Barrulia considera como ancestral, trámite que había empezado desde 2017. Sin embargo, tras la falta de respuesta de la ANT, desde hace cerca de cuatro años, varias familias de la comunidad se habían tomado los terrenos.
Según explican líderes de ese asentamiento, esta comunidad por años habitó esas llanuras de manera seminómada, dirigidos por la autoridad tradicional Ramón Gaitán, hasta que a mediados del siglo pasado fue desplazada por las incursiones de las tropas de Guadalupe Salcedo, líder de las guerrillas liberales del Llano. Luego, en los setenta, vendría las cacería de ‘indios’ o ‘guahibiadas’, una arremetida violenta de ganaderos por quedarse con las tierras de estos pueblos.
“Ramón Gaitán, capitán único de nuestro territorio, vivía acá con sus hijos y nietos. En época de La Violencia se fueron de aquí. A nadie vendió y dejaron todo botado. En ese momento llegaron otras personas que no eran indígenas, se adueñaron, hicieron títulos y dijeron que estas tierras eran de ellos”, relató Jairo Ortiz, un comunero de Barrulia.
Las comunidades de Barrulia, Witsulibo, San Rafael Warrojo y Tsawilonia presentaron, junto a la Unidad de Restitución de Tierras, una medida cautelar para proteger las 102.000l hectáreas que reclaman como territorio ancestral. El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio aceptó la solicitud de protección, pero hasta la fecha no ha fallado.
Habiendo retornado a su territorio ancestral, la comunidad de Barrulia esperaba que la autoridad de tierras cuidara el derecho del pueblo indígena al territorio sobre 58.000 hectáreas, y se protegiera su vía jurídica y empezará el proceso de construcción de resguardo como ampara la ley. “Desconocieron la ocupación territorial e historia que ha hecho la comunidad de Barrulia, porque en el estudio argumentaron que la comunidad no ha ejercido una ocupación permanente y continua en este territorio; desconociendo que son seminómadas”, señala la abogada de la CNTI.
Por eso, al considerar que el acto desconocía la cultura y tradiciones del pueblo Sikuani, unos meses después los líderes de la comunidad y organizaciones indígenas presentaron una solicitud de revocatoria directa contra la decisión de la autoridad de tierras, buscando que quedara sin efecto esta decisión y se protegiera su asentamiento.
El pasado viernes 7 de junio finalmente se conoció la nueva resolución en la que la ANT resolvió proteger el territorio de la comunidad Barrulia, pero no en su totalidad. De los 42 predios que pedían proteger, sólo les otorgaron esas medidas sobre dos, conocidos como Cuba Libre y Campo Alegre. Ambos suman alrededor de seis mil hectáreas.
“¿Por qué se designa la protección únicamente para esos dos predios? Porque son los que, en principio, son baldíos”, explica la abogada de la CNTI. Con el resto de tierras, la situación es más complicada porque terceros las ocupan argumentando ser propietarios. Según lo ha investigado Rutas del Conflicto, entre esos vecinos se encuentran una colonia menonita que llegó en 2014 desde México; la empresa productora de carne de cerdo Agropecuaria Aliar S.A., más conocida como La Fazenda; y otros empresarios y terratenientes.
La comunidad de Barrulia se sentía bastante presionada por esos terceros ocupantes. Las dos vías de acceso para llegar a las tierras donde se había establecido el asentamiento tenían portones privados sobre los que sus vecinos disponían el paso a su antojo. El otro punto de atención eran las afectaciones ambientales, principalmente de la colonia menonita que deforestó miles de hectáreas para su imponente tecnificación del campo. “Se apropiaron de esas tierras, dañando a la madre tierra, capas hídricas, morichales; realizando quemas. Estamos perdiendo plantas ancestrales: palos de yopo, palo de machaco, malagueto; medicina ancestral que usamos nosotros”, precisó Héctor Estrada.
Y fue precisamente uno de los predios que no fueron protegidos en donde las comunidad alzaron su casas para vivir y del que finalmente fueron desalojados: Villa Esperanza.
Aunque este lote queda a más de seis kilómetros en línea recta de Campo Alegre, la comunidad de Barrulia había contemplado la posibilidad de reubicarse en los dos predios baldíos sobre los que la ANT le otorga medidas provisionales de protección, pero esperaban que la autoridad de tierras les entregue materialmente esos lotes.
“La comunidad ha planteado reubicarse en razón de la integralidad misma de la comunidad, pero eso no quiere decir que desconozcan que su territorio ancestral es más grande”, dice la abogada de la CNTI.
Esta decisión se la hicieron saber a la Inspección de Policía el pasado lunes. Le pidieron tiempo para que la ANT les entregara los dos predios, se pudieran reubicarse y la comunidad pudiera gestionar la desocupación del predio Villa Esperanza de manera voluntaria, pero, según explican voceros de la comunidad, nada detuvo la determinación de la Alcaldía de Puerto Gaitán por desalojar a estas familias indígenas.
