Desplazamiento y despojo de Tierras: estrategia paramilitar

Los grupos paramilitares han desarrollado prácticas de guerra que agreden a la población civil e implican graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.

Desplazados por los paramilitares. Foto: archivo Semana.Las principales causas que generaron el éxodo de miles de personas en áreas de dominio paramilitar fueron: i) la intensificación de la confrontación armada con la guerrilla en el marco de una disputa por el control territorial y poblacional en zonas estratégicas para la comercialización y tráfico de armas y droga, ii) la adquisición de predios a bajos costos en zonas de presencia guerrillera que posteriormente valorizaron iii) el despojo de tierras de la población desplazada, iv) las acusaciones sistemáticas contra la población civil como supuestos colaboradores de la guerrilla y v) las masacres.

 

La responsabilidad del desplazamiento forzado atribuida a grupos paramilitares mantiene un promedio del 44% desde 1994 a 2007. En dicho período los principales hechos que motivaron la expulsión de las comunidades obedecieron en primer lugar a las amenazas, los asesinatos y el miedo.

 

Hechos que Motivaron el Desplazamiento Forzado

 

Responsabilidad Paramilitar

Amenazas

Asesinatos

Miedo

Confrontación Armada

Estudio Conferencia Episcopal – CODHES. 1994 -1995

35%

49%

15%

 

 

1996

33%

64%

14%

15%

 

1997

54%

56%

11%

18%

 

1998

47%

40%

20%

24%

 

1999

49%

36%

22%

25%

 

2000 – 2001

43%

42%

22%

21%

 

2002- 2003

47%

47%

13%

14%

20%

Encuesta Nacional de Verificación – Comisión de Seguimiento a la Política Pública 1999 – 2007

37.5%

54%

25%

ND

12%

Estudio Conferencia Episcopal – CODHES. 1995 -2005

41.6%

 

 

 

 

 

Paramilitares continúan generando desplazamiento

Negar el conflicto y la presencia articulada del paramilitarismo en 17 departamentos, son factores que producen una sensación de seguridadpero no responden a la realidad de las zonas de guerra.

 

Aún persiste el rechazo por parte de algunos funcionarios públicos en la toma de declaraciones a familias desplazadas por gruposparamilitares, con el argumento de que dichas estructuras fueron desmontadas en el proceso de negociación con el Gobierno nacional. No obstante, después de la culminación del proceso de desmovilización en el período 2006 – 2008 alrededor de 16.514 personas fueron desplazadas en 42 eventos de éxodo, los departamentos más afectados fueron Nariño, Chocó, Guajira, Meta, valle del Cauca, Cauca, Vichada.

 

La disputa entre las Rondas Campesinas Populares – Rastrojos vs. Las Águilas Negras y Macacos vs. Cuchilos ha incrementado el desplazamiento forzado en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Vichada.

 

Las acciones armadas de los paramilitares en contra de la población civil continua. Las amenazas y atentados contra líderes sociales, impiden la entrega a los desplazados de bienes de extinción de dominio. Los paramilitares mantienen una estrategia de adquisición de tierras, copamiento de de economías locales lícitas e ilícitas y la cooptación o destrucción de organizaciones sociales, líderes y representantes comunitarios que adelantan procesos en busca de verdad y reparación u otras formas de organización que vayan en contravía de sus intereses.

 

Acuerdo de Santa Fe de Ralito: un desmonte a medias

Como primer paso de la propuesta para desmontar el paramilitarismo hecha durante la campaña de Álvaro Uribe, se firma el acuerdo de Santa Fe Ralito entre las AUC y el Gobierno Nacional, en cabeza del Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo el 15 de julio de 2003. En dicho acuerdo, el gobierno y las AUC definen “dar inicio a una etapa de negociación”, teniendo “como propósito de este proceso el logro de la paz nacional, a través del fortalecimiento de la gobernabilidad democrática y el restablecimiento del monopolio de la fuerza en manos del estado”.

 

El experimento comienza el 25 de diciembre de 2003 con 855 hombres del bloque Cacique Nutibara en Medellín que se desmovilizan y entregan sus armas en un acto público. Los recién desmovilizados ingresan al programa de reinserción a la sociedad, para lo cual deben pasar una etapa de resocialización en un albergue dispuesto por el Gobierno en La Ceja, Antioquia.

 

A la desmovilización del Cacique Nutibara le siguen las desmovilizaciones de otros 35 bloques de las AUC, que según el plan del Gobierno deben estar desmontadas en su totalidad para el 31 de diciembre de 2005.

 

Pero desde el comienzo una serie de dudas se ciernen sobre el proceso, pues los medios de comunicación y algunas organizaciones de la sociedad civil denuncian que muchos de los desmovilizados no son los verdaderos combatientes. También que las armas entregadas son viejas e inservibles y las que realmente sirven para la guerra están escondidas como parte de un plan B de rearme diseñado por los jefes paramilitares por si el Gobierno incumple con lo pactado.

 

Mientras van ocurriendo las desmovilizaciones, salen a flote las gravesfallas del programa dereinserción. Muchos de los excombatientes reinsertados, en espera de surtir el proceso de la Ley de Justicia y Paz, regresan a las filas de algunos de los bloques no desmovilizados y se empieza a hablar de rearme.

 

De otra parte también se pone en evidencia la inclusión de narcotraficantes en el proceso. Los casos de los hermanos Mejía Múnera, Los mellizos y alias Gordo Lindo, prenden las alarmas sobre este fenómeno. La justificación del gobierno es que dentro del organigrama de las AUC conocido por ellos en 2002, estos tres narcotraficantes aparecían como comandantes de bloques y por eso pudieron ingresar al proceso. Pero que otros como Diego Montoya y Gabriel Puerta, nunca fueron admitidos.

 

El proceso continúa y para septiembre de 2006 ya se han desmovilizado 27.771 combatientes que entregaron 16.188 armas de fuego. El comisionado Restrepo anuncia ese año que el paramilitarismo se ha terminado en Colombia , pero en esa misma declaración admite que cuatro bloques quedaron por fuera del proceso y que hay información sobre la conformación de bandas armadas ilegales con participación de ex paramilitares, aclarando, eso sí, que no tiene relación con el movimiento paramilitar recién desmontado.

 

Pero los sucesos posteriores demostrarían lo contrario. Desde su lugar de reclusión en la misma finca del corregimiento Santa Fe Ralito, donde se desarrollaron las negociaciones, los jefes paramilitares dirigen las estructuras rearmadas del paramilitarismo.

 

¿Desmonte o reorganización paramilitar?

Los paramilitares de segunda generación han cooptado de manera progresiva a grupos de delincuencia común y bandas organizadas fortaleciendo la creación de oficinas de cobro y de estructuras armadas urbanas (Medellín, Barranquilla y Bogotá). De igual forma los paramilitares extendieron su control urbano a economías de venta y transporte informal y vigilancia privada en distintos barrios y/o comunas.

 

La hegemonía de los paramilitares en diversas regiones del país continúa asociada a la implementación de proyectos agroindustriales (como Palma africana), cercamiento territorial y valorización de predios donde se implementan megaproyectos ya sea de infraestructura o explotación de recursos naturales.

 

Raíces históricas del paramilitarismo

El fenómeno paramilitar nace como a una estrategia contrainsurgente en el marco de doctrinas de Seguridad Nacional. Estos grupos fueron empleados como mecanismos para llevar a cabo la “lucha anticomunista” en la década de los sesenta. La creación de estructuras paramilitares, bajo el presupuesto de la eliminación del “enemigo interno”, se ampara en la aplicación del Decreto 3398 de 1968, convertido el mismo año en la Ley 48, este fundamento legal respalda la creación de grupos de “autodefensa” con el propósito de la formación de una “defensa nacional” y de protección civil.

 

Como un brazo más del cuerpo militar del Estado en su lucha contrainsurgente, miembros de la Fuerza Pública entrenaron y dotaron de armamento a pobladores en zonas de conflicto. De esta manera se involucró a la población de forma directa en la confrontación a partir de su participación en los aparatos armados de autodefensa.

 

No obstante, la presencia de estructuras armadas irregulares tiene existencia incluso desde de la década de los 50´, con el fenómeno de los “pájaros”, denominación dada a varias bandas armadas que defendían el interés de los jefes políticos conservadores, auspiciadas por las autoridades, con la finalidad de combatir a guerrilleros liberales y posteriormente a comunistas.

 

Creación de las AUC

A finales de 1982 se efectuó la primera reunión de agricultores y ganaderos en la ciudad de Medellín, de allí surgió la Asociación de Comerciantes, Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio (Acdegam) que comenzó su proceso organizativo en Puerto Boyacá, como mecanismo para combatir el secuestro y los abusos de la guerrilla. Dicho momento fue precedido por el secuestro a manos del M-19 de Martha Nieves Ochoa, integrante de la familia Ochoa del cartel de Medellín, que originó la creación del movimiento “Muerte a Secuestradores”, MAS, a finales de 1981.

 

En el departamento de Córdoba se creó en 1987 la organización “Autodefensas Unidas Campesinas de Córdoba y Urabá, ACCU, bajo el mando principal de Fidel Castaño. Seguido a esto se dio origen en diversas regiones del país a estructuras armadas bajo el orden militar de las Autodefensas Campesinas de Colombia, ACC, que representaba al estado mayor.

 

A principios de 1997 a través de un comunicado público se dio a conocer la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, bajo el mando de Carlos Castaño Gil, hermano de Fidel Castaño.

 

Los grupos paramilitares expandieron su accionar armado con el firme propósito de prestar defensa a las élites rurales, brindar protección a intereses políticos, salvaguardar los intereses económicos de explotación de recursos naturales, así como la custodia a sectores vinculados a las actividades agrarias, mafias y narcotráfico prestándose bajo la figura de un ejército privado. Las principales zonas de consolidación sedieron en las llanuras de Córdoba y Sucre, sur del Cesar, en Urabá, Norte de Santander, Nororiente antioqueño y Meta.

 

Las estructuras paramilitares impusieron en estas regiones modelos estratégicos de control para: i) el acceso de manera directa o indirecta al poder político “proselitismo armado”, ii) las formas de producción económica lícitas e ilícitas, iii) rentas de la economía local, iv) la tenencia de la propiedad, v) la administración de la justicia y vi) la distribución local de la riqueza. Todo lo anterior con el propósito de consolidar un proyecto económico, político y social. Sus métodos estuvieron acompañados de prácticas intimidatorias que se extendieron a departamentos como Valle del Cauca, Tolima y Casanare.

 

La infiltración en diversos entes del aparato estatal no sólo comprendió el orden local, sino que también abarcó una proyección nacional que buscaba el control parcial de los cuerpos legislativos y la burocracia estatal. Objetivo que, en efecto, fue ratificado por Salvatore Mancuso en un comunicado titulado “Ante el triunfo de la democracia y el éxito de nuestros candidatos” y que fue divulgado en medios de comunicación. En él se aseguró que un 35% de los candidatos que comulgaban con sus ideas resultaran electos. En una declaración a la prensa, publicada a principios de marzo, Mancuso indicó, desde algún lugar del norte de Colombia, que las AUC (con 10.000 combatientes) aspiraban a tener en el Congreso un 30% de los legisladores afines a su ideario, es decir unos 90 congresistas. [Fuente: Diario El Tiempo, Bogotá, 12 mar 02].

 

Narcotráfico: fuente de recursos dirigida a la expansión geoestratégica

El financiamiento de los grupos paramilitares a través de sectores del narcotráfico, terratenientes, élites políticas y esmeralderos pretendía el fortalecimiento de fuerzas de seguridad complementarias a la acción del Ejército. Así mismo, el control de la economía local y los montos de transferencia pública se convirtieron en potenciales fuentes de riqueza. A mediados de los 90’ las estructuras paramilitares proyectaron sus acciones hacia zonas con fuerte presencia de cultivos de uso ilícitos controlados por las guerrillas en los departamentos de Meta, Putumayo y la región del Magdalena Medio.