A poco menos de media hora en carro desde La Alpujarra, centro del poder civil y judicial, este sector del suroccidente de Medellín se debate entre la pobreza, la falta de oportunidades laborales y la confrontación violenta. Quien camine sus callejuelas y mire desde lo alto sus alrededores descubre la vitalidad de una comunidad que se resiste a todas las adversidades y que requiere mucho más que soldados y policías.
Los constantes enfrentamientos entre bandas afectan el uso de los espacios públicos destinados a la recreación. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Pocos saben por qué se rompió la tregua entre dos bandas armadas que tienen sus centros de operaciones en algunos sectores del corregimiento Altavista de Medellín, un populoso sector de la zona suroccidental de la ciudad que surgió hace varias décadas alrededor de una intensa actividad ladrillera que se ha venido a menos, generando altos niveles de desempleo e informalidad laboral.
En sus callejuelas, los vecinos no hablan de otra cosa que de ‘Chivos’ y ‘Pájaros’, los dos grupos que, desde comienzos de este año, son responsabilizados de atacarse entre sí y poner en riesgo a los pobladores por la manera cómo se están enfrentando: recurren al uso de armas largas, disparándose de un lado a otro.
“A uno le da miedo salir a la calle, sobre todo de noche, porque no se sabe a qué hora se van a atacar”, reconoce un habitante del sector de Buenavista, un pequeño barrio que se construye sobre antiguos terrenos de una de las ladrilleras que tuvo asiento allí y que carece del servicio de acueducto y alcantarillado.
Su versión es confirmada por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo, agencia que dejó constancia de la situación en el Informe de Riesgo N°033-17, de Inminencia, remitido el pasado 7 de julio al gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez: “La mayoría de enfrentamientos que se han presentado durante el 2017 entre los grupos armados ilegales han sido con fusil, disparos que se producen a una gran distancia y que ponen en riesgo a todos los residentes que quedan interpuestos en el combate”. (Descargar informe)
Pero no solo los ataques con armas largas hacen parte del repertorio de violencia. Los asesinatos selectivos también marcan el día a día en este corregimiento. Los últimos dos homicidios se registraron el sábado pasado. Las víctimas fueron identificadas como Elkin Alfonso Tobón Monsalve, de 40 años, y Alejandro Lotero Céspedes de 31 años. Sus cuerpos, baleados, fueron hallados en una residencia de un sector que se conoce como el Plan de los Alpinos.
Cifras oficiales indican que entre enero y lo que va de este mes, se han cometido trece asesinatos en el corregimiento, superando ya los perpetrados el año pasado en un 33 por ciento. Los homicidios han impactado, en la mayoría de los casos, a jóvenes entre los 14 y los 18 años. Los efectos han sido nefastos para las comunidades: varias familias se han visto obligadas a salir desplazadas para preservar su integridad: es frecuente la desescolarización de niñas, niños y jóvenes, y su baja participación en actividades extraescolares que impliquen salir de sus casas.
Según estimativos de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 16, en lo que va del año un promedio de 200 estudiantes se han retirado de las instituciones educativas Débora Arango, Colegio Altavista, Pedro Octavio Amado Herrera y Ramón Giraldo Ceballos. Los más afectados viven en los sectores La Palma, Nuevo Amanecer y Manzanares, justamente donde se concentran las bandas que están alterando el orden público.
“Hay unos 700 jóvenes que no pudieron volver a estos colegios porque los grupos enfrentados impusieron fronteras. Quién las traspase pues lo matan”, cuenta Julio Rengifo, líder comunitario del corregimiento y miembro de la Mesa de Derechos Humanos de la Comuna 16. Además, señala que para los jóvenes no les quedan sino dos caminos: irse del corregimiento o vincularse a una de las facciones en disputa, alimentando así un conflicto que ajusta dos generaciones y que las administraciones municipales poco o nada han hecho para desactivarlo.
La situación de orden público es bastante inestable, pese a la gran cantidad de policías y soldados destacados en las últimas semanas que hacen presencia en la zona central de Altavista, la más urbana y donde se concentran cerca de 18 mil de los 36 mil habitantes que tiene corregimiento, así como buena parte de las actividades comerciales.
Con respecto al desplazamiento forzado, la Personería de Medellín advierte que entre enero y junio de este año han abandonado el corregimiento unas 42 familias, cerca de 168 personas aproximadamente. “Pero en ese tema hay un gran subregistro porque hay un fenómeno de desplazamiento ‘gota a gota’ que no es denunciado. Es decir, todos los días sale desplazada una o dos familias y no reportan, no denuncian por temor”, explica Rengifo, quien en julio del año pasado tuvo que abandonar su vivienda por fuertes amenazas contra su vida. “Por lo menos a Altavista no puedo volver; no, mientras la cosa siga como está”.
Las instituciones educativas son las más afectadas con la confrontación armada. Niños, niñas y jóvenes se han visto obligados a abandonar el sistema escolar. Foto: Juan Diego Restrepo E.
Violencia histórica
Lo que sucede en Altavista es la prolongación de hechos que tiene buena parte de sus orígenes en la década del ochenta, cuando se intensificó el conflicto social entre aquellos que buscaban un pedazo de tierra para construir su vivienda y por lo menos 13 ladrilleras que explotaban las laderas. Buena parte de los pobladores eran, incluso, sus obreros.
Pero sería el narcotráfico, en cabeza del Cartel de Medellín, el que le daría un alto valor a Altavista dada su ubicación estratégica, pues a través de sus montañas se puede llegar fácilmente a carreteras que conducen al Urabá antioqueño y al departamento del Chocó, a través de zonas rurales de los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado, lo que permite burlar controles policiales y militares.
De ese corredor también se aprovecharon durante buena parte de los años noventa las milicias urbanas de las guerrillas de las Farc y el Eln, que se movilizaban por esas montañas en sus tareas de control territorial y apoyo logístico a los frentes rurales del suroeste, occidente y norte de Antioquia. Su presencia también generó el sometimiento de las comunidades. Y la solución fue peor que la enfermedad.
Raúl Hasbún, exjefe paramilitar del Frente Arlex Hurtado del Bloque Bananeros, narró a fiscales y jueces de Justicia y Paz los detalles que rodearon una de las primeras incursiones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en Medellín. Justamente fue en Altavista, para contrarrestar a las milicias guerrilleras. El ingreso a la zona se fraguó a finales de 1995 en la sede de la IV Brigada del Ejército, a pocos minutos del corregimiento. El acuerdo se hizo con el entonces general Alfonso Manosalva Flórez, comandante de esa guarnición militar.
El relato de Hasbún precisa que se escogieron ocho de sus hombres en el Urabá antioqueño, quienes fueron dotados con fusiles, changones, revólveres y pistolas. En el corregimiento se aliaron de manera estratégica con bandas del sector que contribuyeran a atacar a los milicianos de la guerrilla. Los recursos para sostener esa pequeña fuerza corrieron durante tres meses por cuenta de las Accu; luego se consolidaron sus ingresos con aportes de las empresas de transporte del sector y de fabricación de ladrillos asentadas en la zona, y se volvió autosuficiente. “El apoyo de la IV Brigada consistió enla no persecución del grupo de autodefensa”, precisó el exparamilitar. Este comando de las Accu perpetró una violenta incursión que dejó 16 muertos y 4 heridos. Los hechos ocurrieron en la terminal de buses de Altavista el 29 de junio de 1996.
Descripciones de la época advierten que el comando paramilitar llegó a la terminal de buses con un archivo fotográfico al parecer elaboradomeses antes por miembros del Ejército y la Policía Nacional durante varias “brigadas cívicas”. Además, la comunidad denunció que mientras se perpetró el múltiple crimen, la Fuerza Pública protegió a los paramilitares creando un cordón de seguridad en los sitios de acceso al barrio.
Hasbún asegura que general Manosalva colaboró con ‘paras’
Tras desalojar a las milicias de la zona y avanzar el proyecto paramilitar, la comunidad de Altavista terminó sometida a finales de la década del noventa al poder de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a través del Bloque Cacique Nutibara, que descubrió en el sector una inmensa fuente de recursos: el poliducto Sebastopol, que atraviesa la zona de norte a sur por la vereda Buga, lo que incrementó el valor estratégico del corregimiento.
El cartel de la gasolina de las Auc
“Por aquellos años hubo mucha plata. La gente se involucró en el negocio y terminó recibiendo mucho dinero. La zona siempre olía a gasolina”, recuerdan algunos pobladores. El combustible era vendido a bajo costo a quien lo quisiera y así el corregimiento se convirtió en una gran estación de gasolina.
El barrio Nuevo Amanecer está plagado de grafitis alusivos a las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Foto: Juan Diego Restrepo E.
Nuevas generaciones, viejos problemas
Con la desmovilización de las Auc, bajo los acuerdos con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, disminuyó el robó de gasolina, pero no significó una reducción en la presencia de actores generadores de violencia en el corregimiento. Desde entonces, los responsables de los hechos que alteran el orden público son antiguas bandas que sobrevivieron a los embates de narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares y la Fuerza Pública.
La que más se destaca, por su antigüedad, es la de ‘Los Chivos’. Según el SAT de la Defensoría del Pueblo, esta banda ajusta su tercera generación de familias, provenientes del deprimido sector de La Palma, enclavado en la zona central de Altavista y muy cerca del centro de la ciudad.
Este arraigo territorial y familiar le ha permitido a ‘Los Chivos’ permanecer en el tiempo, a pesar del gran número de capturas, las sentencias que han tenido que pagar algunos de sus integrantes y el alto número de muertos que han puesto en los enfrentamientos armados en la zona.
“En el sector de ‘Los Chivos’ puede haber unos 40 jóvenes, entre los 12 y 15 años, que hoy no van a la escuela, porque si salen de ahí los matan. Entonces, estos jóvenes crecen viendo a sus tíos, primos, hermanos y hasta papás en el combo. Dentro de muy poco estarán empuñando armas, cometiendo actos criminales. Esun círculo vicioso”, explica Rengifo, el líder comunitario.
Unas calles más abajo de La Palma pululan ‘Los Pájaros’, quienes operan en sectores conocidos como Zafra y Montenegro. También se trata de una organización con fuerte arraigo en la zona y con lazos familiares que hacen que se renueven los liderazgos criminales fácilmente. En las calles de Altavista se rumora que son “utilizados” por sectores de la Fuerza Pública para que ataquen a ‘Los Chivos’.
De hecho, durante la investigación final de este reportaje, fuentes consultadas denunciaron que los dos hombres asesinados el pasado sábado fueron víctimas de ‘Los Pájaros’ y los homicidas huyeron del lugar bajo la protección de miembros de la Policía Nacional.
El grave problema de esta confrontación es que detrás de estas bandas hay macroestructuras criminales que por décadas han operado en Medellín y el Valle de Aburrá. Fuentes cercanas a unos y otros, consultadas por este portal, aseveran que ‘Los Chivos’ cuentan con el respaldo de ‘Los Triana’, una poderosa organización criminal con más de 30 años de existencia y que se ha sabido mantener al margen de las cruentas confrontaciones que ha vivido la ciudad.
Si bien ‘Los Triana’ tienen su centro de operaciones en la zona nororiental de la capital antioqueña, su expansión a otras áreas de la ciudad, posibilitan su relacionamiento con bandas más locales. “No es nada descabellado pensar que ellos apoyan a ‘Los Chivos’, pues tienen injerencia en el corregimiento de San Antonio de Prado, que se conecta con Altavista”, asevera un experto en el tema.
‘Los Pájaros’, por su parte, tiene el apoyo de un sector de la llamada ‘Oficina de Envigado’, liderado por Freyner Ramírez, alias ‘Carlos Pesebre’, quien está recluido en la cárcel pagando desde 2016 una condena de 36 años, pero que desde allí estaría moviendo los hilos de buena parte de la criminalidad de las laderas occidentales de Medellín junto con Juan Carlos Mesa Vallejo, alias ‘Tom’ o ‘Carlos Chata’, quien está en la clandestinidad y es uno de los más buscados en el país por las autoridades.
Un tercer grupo que está en Altavista son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades ‘Clan del Golfo’. Se estima que llegaron a la zona en 2009, en su proyecto de expansión urbana. Su área de operaciones es la parte alta del corregimiento, poco poblada y montañosa, pero también bajan hasta el sector de Nuevo Amanecer, constituido por población afro que llegó allí en 2004 como damnificados de un gran incendio ocurrido en el asentamiento Mano de Dios, en la Comuna 8. Varias fachadas de las casas están marcadas con pintas alusivas a as Agc.
De acuerdo con el SAT de la Defensoría del Pueblo, “desde la Comuna 8 el Frente de guerra La Sierra de las Agc coordina las actividades para el corregimiento de Altavista y para el área metropolitana; desde allí se ha definido una progresiva expansión que logró articular al interior de su estructura a todos los pequeños combos de la parte alta del corregimiento”. Diversas fuentes consultadas coinciden en señalar que las Agc han intentado someter a ‘Los Chivos’, pero sin éxito alguno, lo que en ocasiones también los ha llevado a confrontarse militarmente.
La presencia de estos grupos armados y de estructuras criminales entre telones también genera problemas de movilidad a las comunidades, sobre todo en las noches. El SAT reporta que “durante la noche opera un toque de queda de facto en varios sectores del corregimiento. Esto se debe en parte al temor por las constantes balaceras que se presentan en sectores como La Esperanza, Manzanares, Nuevo Amanecer, sector La Palma entre otros”.
Las restricciones a la movilidad no son solo allí: “en las partes más despobladas del corregimiento como las veredas El Corazón, Patio Bonito – Buga y Manzanares, la restricción opera de forma más directa impuesta por los actores armados ilegales, ya que por estos sectores que habilitan rutas de movilidad de mercancías ilícitas, debido a que este corredor es estratégico para la circulación de la ilegalidad en la frontera occidental del país”.
Todos estos grupos criminales nutren sus arcas con dineros que provienen de la venta de estupefacientes en algunos puntos clave del corregimiento; la extorsión al transporte público, privado e informal, así como a las ladrilleras que aún quedan en la zona y a una cantera, y a buena parte del comercio, que agrupa a pequeñas tiendas, puestos de comida rápida y ferreterías, entre otros.
“Las cifras que se manejan son millonarias”, dice un líder social y detalla que, por ejemplo, los buses de servicio público deben pagar 80 mil pesos semanales; las volquetas, 25 mil semanales; los colectivos informales 50 mil pesos semanales. “Además, ‘Los Chivos’ manejan parte de las conexiones de televisión por cable y el gas domiciliario”, precisa. En uno de los sitios de venta de estupefacientes fácilmente ingresan cerca de 30 millones de pesos semanales.
Una muestra de la desidia estatal es esta construcción abandonada. Se proyectó un hogar de Buen Comienzo, pero la Alcaldía de Medellín no concluyó la obra. Foto: Juan Diego Restrepo E.
El conflicto es social
“Aquí hay mucho rencor, odio, rabia, porque a pesar de estar muy cerca de universidades, centros comerciales, unidades residenciales de estrato 4 y 5, y del centro de la ciudad, parece que estamos lejos de todos, el desarrollo no nos llega como debería”, relata un líder comunal consultado.
Esa misma percepción también la tiene Rengifo: “Altavista es, sin duda, el de mayor atraso en materia de desarrollo de todos los corregimientos de Medellín. Ninguna alcaldía se preocupa por Altavista, las inversiones son pocas y la calidad de vida de sus habitantes es bastante precaria”.
Los ejemplos abundan: poco más del 40 por ciento de los pobladores no tiene servicio legal de agua potable; en algunas zonas no hay alcantarillado; las fuentes de trabajo formales son pocas y prevalecen las actividades informales. Las cifras de su deterioro social están consignadas, incluso, en el actual plan de desarrollo de Medellín (2016-2019).
Jhony Alexander Acevedo, edil del corregimiento, se queja de la falta de atención del gobierno local y de la ausencia de proyectos claves para el desarrollo de Altavista: “No solo se requiere presencia policial, necesitamos más oportunidades de empleo, adecuación de espacios públicos, oportunidades de educación superior en la zona”.
Algunos pobladores temen que todo lo que viene sucediendo en materia de seguridad sea una excusa para afectar a las comunidades, alterar el precio del suelo y forzar procesos de urbanización que acabe sacando a habitantes más pobres. “Estamos rodeados de urbanizaciones de estrato 4 y 5, y parece que nos quieren sacar”, dice una lideresa que conoce con detalle el corregimiento. Y detalla casos donde hay edificios de apartamentos con todos los servicios y a menos de cien metros, barrios sin acueducto y sin gas domiciliario. “Lo que alegan en Empresas Públicas es que esas zonas son de alto riesgo y no ponen el servicio. Pero, ¿por qué sí ponen el de energía y nos cobran impuestos?”, se pregunta.
Altavista se enfrenta nuevamente a un ciclo de violencia en medio de las carencias, pero se resiste a sucumbir. Ayer, durante el XXIV Festival Municipal de la Cometa Corregimiento de Altavista, sus pobladores se propusieron mostrar “que somos gente con sueños, con ganas de salir adelante, que luchamos por nuestras familias, que las problemáticas de nuestro territorio no se solucionan con represión ni operativos militares, que las soluciones son con más inversión social, mejoramiento de las vías, con escenarios deportivos, mejores servicios públicos, oportunidades de estudio y de trabajo que propendan al desarrollo integral y que mejore la calidad de vida de nuestro habitantes”.
