La Corporación Jurídica Yira Castro le entrega este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz y a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad un detallado informe sobre la relación entre paramilitarismo y el despojo de tierras en el departamento de Magdalena. Es un insumo que busca aportar otra mirada del desplazamiento, más de allá de ser un efecto colateral del conflicto armado.
“La lectura oficial mayoritaria del fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia es que se trata de una consecuencia de las dinámicas de la confrontación bélica entre grupos guerrilleros, grupos paramilitares y Estado colombiano. Sin embargo, tal lectura deja por fuera otras aristas del fenómeno que se relacionan con los intereses económicos y políticos que hay detrás de las tierras que son forzosamente abandonadas y despojadas”.
Esa es una de las principales conclusiones del informe Magdalena: volver a nacer en nuestras tierras, que pone la lupa en los hechos ocurridos a finales de la década de los noventa y el principio del nuevo milenio, cuando la violencia paramilitar del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) se encontraba en máxima expresión.
No obstante, la investigación aclara que, sin desconocer que las acciones de grupos guerrilleros también causaron desplazamientos forzados, se centra específicamente en las acciones de las Auc, porque, en ese periodo de tiempo, “se puede identificar de manera contundente una estrategia de abandono y despojo forzado” por cuenta de sus acciones.
Los hechos sustentan ese enfoque, pues la mayoría de los desplazamientos forzados documentados en el Registro Único de Víctimas, que consigna 495 mil 696 casos entre 1985 y noviembre de 2018, ocurrieron entre 1996 y 2006; es decir, en la década que nació, se expandió y se desmovilizó la máquina de guerra que comandó Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, se registró una media de 38 mil 400 personas desarraigadas por año. (Leer más en: Las verdades que no ha dicho ‘Jorge 40’)
Dado ese fenómeno de expulsión de las zonas rurales, similar en todo el país, el informe cruza datos con los niveles de concentración de tierras: “En el análisis que ofrece la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), entre los años 1984 y 2003, resulta notorio que a partir de 1996 empieza a incrementarse notoriamente el fenómeno de concentración de la tierra en una relación directa con el aumento del desplazamiento forzado. Mientras entre 1986 y 1994 se registran aproximadamente 858.000 personas desplazadas, entre 1997 y 2003 se registran alrededor de 1.904.000 personas desplazadas”.
En ese sentido, refiere que “a partir del año 1996 se incrementó en 18 puntos porcentuales la concentración de la propiedad rural en Colombia. Para 2007, según cifras del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el 94% de los propietarios del país es titular de sólo el 18,7% de la superficie, mientras el 1,4% de los propietarios eran titulares del 65,4% de la superficie”.
Otro concepto que desarrolla el informe para sustentar su tesis de desplazamiento y acumulación de tierras es el de “orden contrainsurgente”, que, tras estigmatizar a los campesinos que aspiraron a adquirir tierras por vía de las fallidas reformas agrarias de 1961 y 1972, asociándolos a grupos guerrilleros, pretende preservar el poder local y enriquecerlo aún más. De ese modo, “de una parte defiende el derecho de la propiedad legitimado por el orden constitucional, pero de otra defiende una pretensión ilegal e ilegítima de acumulación que tienen unos pocos sobre la tierra y las riquezas, y que se sustenta en el uso de la fuerza, el miedo, o en mecanismos fraudulentos”.
Al permitir la concentración de la propiedad de unos pocos, ese orden contrainsurgente facilita la emergencia de nuevos latifundistas, causando el despojo y la pauperización de campesinos y comunidades étnicas. Por ello, el informe recalca que “más allá del conflicto armado entre guerrilla, Estado y grupos paramilitares, dado que la lucha contrainsurgente se fundamenta y se justifica para la defensa de los intereses de unas determinadas élites, asimismo estas élites se aprovechan del conflicto para favorecer sus pretensiones, a la par de otros intereses de los mismos actores armados entre los cuales está la financiación del conflicto y el control territorial como estrategia militar”.
Dado ese accionar, el informe concluye que existe una relación directamente proporcional entre la cantidad de hectáreas abandonadas y el crecimiento del proyecto paramilitar de las Auc. Y por ello cita a la Comisión de Seguimiento para el Desplazamiento Forzado, que encontró que “del número total de tierras abandonadas o perdidas entre 1980 y junio de 2010, el 79.3% corresponden al período entre 1998-2008, mientras que el 15.4% se ubica entre los años 1980 a 1997, y el 5.4% se ubica entre 2009 y junio de 2010”.
El caso de Magdalena
De acuerdo con la Corporación Jurídica Yira Castro, esas cifras reflejan que la expansión paramilitar en ese departamento no estuvo guiada sólo por la lucha contrainsurgente, “sino por la construcción y mantenimiento de dominios económicos y políticos, expresado en alianzas con élites económicas y políticas de la región, que permitían a los paramilitares asegurar el control social y territorial, y a la vez abrían la posibilidad de enriquecimiento a partir de la apropiación de tierras, el control de corredores estratégicos no solo a nivel militar, sino también para el narcotráfico, y la posibilidad de decidir quiénes gobernarían”.
Como sustento de lo anterior, reseña cuatro pactos que el Bloque Norte estableció con políticos de la región para definir quiénes aspirarían a alcaldías, gobernaciones y curules en el Congreso de la República, entre los años 2000 y 2003. Estos son los pactos de Chibolo, Ralito, El Difícil y Pivijay. (Leer más en: Lo que la Costa perdió)
La participación de los denominados terceros en el conflicto armado es otro punto importante sobre el que el informe llamada la atención: “Para las élites políticas y económicas, la alianza con el paramilitarismo era una forma que desde la ilegalidad les facilitaría la posibilidad de mantener y expandir sus riquezas y poder, además de tener condiciones de seguridad para sus negocios”. (Leer más en: Ocho puntos para entender la guerra en Magdalena)
La investigación va más allá con su análisis, y señala que esas alianzas tenían un afán de reconfiguración territorial, que se evidencia en la creación de nueve municipios entre los años 1999 y 2000: Pijiño del Carmen, El Retén, Sabanas de San Ángel, Concordia, Algarrobo, Zona Bananera, Santa Bárbara de Pinto, Nueva Granada y Zapayán.
Al respecto, refiere que la creación de esos municipios obedeció a los intereses de la gran propiedad y se logró mediante la estrategia de despojo forzado del proyecto hegemónico Auc, como se evidencia al analizar los índices de concentración de tierras en los municipios que se habían segregado entre los años 2000 a 2012.
“Este es un período de manifestaciones de violencia extrema contra la población a través de masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, violencia sexual, entre otros graves crímenes, que tendría su punto de partida en muchos lugares del Magdalena en 1997”, detalla el informe y para sustentar esa visión resalta que al Bloque Norte de las Auc se le atribuyen 15.700 homicidios selectivos, la desaparición de 2.100 personas, el desplazamiento de 81.700, 344 masacres y 410 reclutamientos de menores de edad. (Leer más en: Las 333 masacres del Bloque Norte)
Y agrega que “también es un período de agudización de la lógica binaria amigo-enemigo dentro del orden contrainsurgente, en el que la estigmatización del campesino como guerrillero, es recurrente como parte de la intimidación y constreñimiento, así como para justificar los crímenes del proyecto AUC”.
Ese proyecto contrainsurgente, según este colectivo de abogados, se expresa en alianzas estatales, en particular con “notarías públicas, y especialmente en el entonces INCORA, entidad creada para materializar la reforma agraria, y que terminó al servicio de ‘Jorge 40’, pues gracias a estas entidades fue posible legalizar en tiempo record el despojo forzado”. (Leer más en: La toma del Incoder y El Incora, ’40’ y sus ladrones de tierras)
¿Cómo fue el robo de la tierra?
El informe reseña ocho casos de desplazamiento forzado y despojo de tierras que dan cuenta del accionar del Bloque Norte, ocurridos en los municipios de Chibolo, Plato, Sabanas de San Ángel, Remolino, Salamina y Aracataca. Estos tienen como común denominador el uso de violencia y la complicidad con funcionarios de diversas entidades estatales, que terminaron golpeando procesos comunitarios.
Por ejemplo, para los casos de las veredas La Pola y La Palizúa, en donde los campesinos iniciaron gestiones en los años ochenta con la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) para acceder a tierras de origen baldío, el detonante de su éxodo fueron las acciones de los paramilitares de ‘Jorge 40’, a pesar de que habían resistido presiones por parte de terratenientes, narcotraficantes y del propio Ejercicito Nacional que los señalaba de ser guerrilleros. (Leer más en: Dos veces despojados y Las dos caras de la restitución en Chibolo)
“Fue a partir de los años noventa, cuando la incursión paramilitar del BN (Bloque Norte), lograría finalmente los abandonos y despojos forzados. Las amenazas y homicidios selectivos fueron el caldo de cultivo para sembrar un ambiente generalizado de temor y lograr los desplazamientos forzados. Uno de los hechos que marcó el inicio de las grandes oleadas de desplazamiento forzado de la zona, se ubica el 19 de julio de 1997. Este día, alias ‘Jorge 40’ convocó a toda la comunidad de La Pola, aproximadamente 72 familias, en un lugar llamado ‘La Casa del Balcón’ para informarles que necesitaba las tierras, que se las comprarían por valor de 100 mil pesos por hectárea y que quienes no contaban con títulos se les pagarían las mejoras y que ‘tenían ocho días para dejar todo’”.
Una vez consumado el abandono, con complicidad de funcionarios del desaparecido Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora), quienes declararon que los predios fueron abandonados voluntariamente y que debían ser reasignados, ‘Jorge 40’ logró que revocaran los títulos de propiedad que los campesinos recibieron en los años noventa.
El informe reseña que “entre los funcionarios públicos implicados en las alianzas con paramilitares se encuentran: José Fernando Mercado Polo (Quien fuera gerente del Incora en Magdalena), Edgar Rafael, Navarro Quintero (quien ocupó por encargo la dirección del Incora Magdalena), Carlos Arturo Vásquez (ex coordinador de Incora en Fundación y funcionario del Incoder), Ernesto Martin Gamez Goelkel (Coordinador del Incora en Plato), José Eugenio Lozano Andrade (Coordinador del Grupo de Propiedad del Incora), Mileth Antonio Villa Zabaleta (Ex Concejal de Chibolo), Carlos Peñaranda Masson (Ex Registrador seccional Plato), Armando Andrade Palacio (Ex Notario de Ariguani), José Norberto Bedoya (Ex concejal de Fundación), Luz Cenit Curiel (exasesora jurídica Incora)”. Leer más en: (Exgerente de Incora acepta que se reunió con ‘Jorge 40)
Además, según testimonios recogidos de la comunidad, indica que pocos funcionarios del Incora, que no estuvieron de acuerdo con la estrategia de despojo forzado, fueron asesinados. Tal sería el caso de Andrés de la Cruz.
Pero el asunto no concluyó allí, posteriormente las tierras fueron adjudicadas a mandos paramilitares y a testaferros: “Saúl Severini, Neyla Alfredina Soto Ruiz alias ‘Doña Sonia’ – ‘La Sombrerona’, y Augusto Francisco Castro Pacheco, alias ‘Tuto Castro’, figuran entre los principales beneficiarios paramilitares”. (Leer más en: La caída de ‘El Tuto’ Castro y Devuelven tierras a campesino de Magdalena en medio de difíciles condiciones de seguridad)
Así como en esas dos veredas, los demás casos documentados en el informe ocurrieron en circunstancias similares, en donde hubo un ‘matrimonio’ entre paramilitares y autoridades estatales para despojar a campesinos que buscaban acceder a tierras formalmente.
La complicidad no fue sólo por parte de funcionarios del Incora; también estuvieron implicados “Oficinas de Notariado, Catastro y Registro, además de entidades como alcaldías, corporaciones ambientales, el Banco Agrario, el Instituto colombiano Agropecuario y Finagro. Dentro de las modalidades de despojo, se legalizaron despojos a través del testaferrato, o la simulación, comprobándose en muchos casos que los precios eran muy por debajo del precio real”.
El informe concluye que la desaparición de las Auc, tras su desmovilización por acogerse al proceso de Justicia y Paz (2003-2006), no significó una solución al fenómeno de desplazamiento forzado, pues su problema de fondo es la lucha por el derecho a la tierra y el territorio: “El acceso a la tierra y todo lo que esto implica, sigue siendo foco de violencias, pues en Colombia sigue habiendo una gran inequidad respecto a la distribución de la tierra, y mientras no se adopten medidas para acortar la brecha de esta gran inequidad, las luchas por reivindicar este derecho continuarán, y de manera simultánea continuará la negación y represión brutal en contra de estas reivindicaciones”.
Y sobre la construcción de verdad del conflicto armado, refiere que, si bien hay publicaciones que dan cuenta de la relación de terceras personas, no combatientes, que posibilitaron los desplazamientos y el despojo en Magdalena, “aún hay muchos actores que gozan de la invisibilidad necesaria para seguir impunes y para obstaculizar la construcción de verdaderas garantías de no repetición”.
Por ello considera que “develar con contundencia el rol de la institucionalidad, de los políticos, de empresarios, terratenientes, ganaderos, entre otros actores, a nivel local, regional y nacional, es necesario para evitar que se reproduzcan violencias contra el campesinado en su lucha por la restitución de tierras y la debida reparación”.
