La Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña reveló la situación de 600 familias desalojadas por grupos de guerrilla. Las esperanzas de retorno son nulas ante las circunstancias que se viven en la zona del Catatumbo. Por Giovanni Mejía Cantor
Desde la Mesa de Participación de Víctimas de Ocaña se manifestó con preocupación que alrededor de 600 familias procedentes del Catatumbo están llegando a este municipio. La situación la dio a conocer Alfredy Galvis presidente de la Asociación de Desplazados de la Provincia de Ocaña (ASODEPO) quien ha recibido informaciones de sus paisanos de Versalles, corregimiento del municipio de Tibú quienes aseguran que las guerrillas dieron orden de desalojo a quienes tienen menos de diez años en esa zona, lo que aumentará la población desplazada en la segunda ciudad receptora del Norte de Santander después de Cúcuta.
Esas familias, según el líder de los desplazados, están llegando a Ocaña “gota a gota” rindiendo la declaración de su situación de forma individual “por la misma descoordinación que tiene la población pues no se esperaban esa orden de desplazamiento”. Al no ser masivo, explica Galvis, “no se le está prestando atención al fenómeno”
Como medida de choque, el municipio de Ocaña y la Unidad de Víctimas con el apoyo organizaciones internacionales, les están dando asistencia humanitaria consistente en el pago de alimentación y hospedaje por tres meses a estas familias. Pero “esos recursos se agotarán dentro de muy poco” advierte el Galvis.
Los núcleos familiares desalojados llegaron a Tibú luego de la arremetida paramilitar en la zona del Catatumbo en el año 2002, unas, a habitar la tierra que adquirieron de buena fe comprando a quienes salían y otras que ocuparon terrenos solos (…) de la zona rural de esa localidad. “Esas familias son poseedoras de buena fe adquiriendo la titularidad de los predios en compra a menos precio, no coartadas, por lo que entrarán a reclamar las tierras y sus mejoras ante la Unidad de Restitución de Tierras que para Norte de Santander no funciona”.
¿Pero quién dio la orden de desalojo y por qué? Según Alfredy Galvis, la información que le han suministrado algunos es que las guerrillas que hacen presencia en esa región han dicho que el desalojo es para evitar “una nueva arremetida paramilitar que ya está anunciada”.
La situación se complica pues desde la zona rural de Hacarí también hay desplazamientos hacia el casco urbano “estar en estado de indefensión con respecto a los grupos ilegales que hayen esa zona y los ametrallamientos que se están dando por parte del ejército” dice este líder de los desplazados.
El presidente de ASODEPO rememora que los desplazados que llegaron a Ocaña tuvieron una esperanza inicial de retorno cuando las autodefensas se desmovilizaron en el año 2004 pero “eso fue totalmente imposible pues los grupos que quedaron haciendo presencia en la región no permiten la entrada de las personas que salimos”.
La administración municipal de Ocaña ha tratado de formular el plan de acción territorial para solventar la situación de los desplazados que llegan allí “pero la capacidad económica que tiene el municipio no alcanza para que toda la población sea atendida” señala Alfredy Galvis. “De cierto modo el municipio está haciendo gestión en el nivel nacional para cumplir con las disposiciones dadas por la Comisión de Seguimiento a la Ley de Victimas que hace poco sesionó en Ocaña”.
En cuanto a números, la población desplazada de la provincia de Ocaña tiene cifras que no coinciden. Según Alfredy Galvis la base de datos a nivel nacional reporta 22 mil personas que han llegado a Ocaña mientras que el cruce de datos arroja que la población que vive en Ocaña no alcanza a superar las 10.500 familias.
