Desmovilizados de los llanos orientales: ¿Una bomba de tiempo?

Según un informe de la CNRR, de los más de 8 mil desmovilizados de los llanos orientales,  solo el 24 por ciento hace parte del programa de reintegración. Frente a las fallas del proceso de desmovilización muchos han optado por el rearme y la delincuencia, creando una bomba de tiempo que amenaza con profundizar el conflicto en la región.

Según las estadísticas de la CNRR, son 8.293 ex combatientes que han abandonado las armas en la región de los llanos orientales en los últimos 10 años. Foto: VerdadAbierta

Los vacíos legales y presupuestales de los procesos de desmovilización y reintegración, la escasez de oportunidades económicas y el rechazo de la sociedad civil, son los principales factores de riesgo para los desmovilizados de los llanos orientales, quienes en muchos casos,  a pesar de haber dejado las armas, siguen siendo parte activa o víctimas del mismo conflicto que intentan abandonar.  

Ya sea por la presión de los grupos a los que pertenecían o bien por las amenazas de sus antiguos enemigos, los peligros que acechan a los desmovilizados, hacen que el rearme sea una opción que les provee más seguridad que acogerse a los programas de reintegración.  Por esta razón, indistintamente del origen guerrillero o paramilitar de quienes deciden desmovilizarse, las opciones parecen limitarse a rearmarse para no morir.

De igual forma, las escasas oportunidades económicas y laborales obligan a los desmovilizados a rearmarse ante la imposibilidad de encontrar formas de vida alternativas a las del conflicto. Esta situación en la que se encuentran los desmovilizados de los llanos, específicamente en los departamentos del Meta,  Casanare, Arauca, Guaviare, Vichada, Guainía y Vaupés, es prácticamente una radiografía del estado en el que se encuentran la mayoría de los desmovilizados en Colombia.

El informe de la CNRR sobre la situación de desarme, desmovilización y reintegración en los llanos orientales,  evidencia entonces  las falencias y vacíos de este proceso, las cuales de no ser atendidas a tiempo, amenazan no solamente con mutar, sino también con profundizar el conflicto armado del país.

El rearme y las mutaciones del conflicto en el llano

A pesar de que las cifras muestran que el número de participantes en el proceso de desmovilización llega a 8.593 en el año 2011, incluidos los paramilitares de Erpac que se desmovilizaron en días pasados, no hay precisión a la hora de determinar los niveles reales de reincidencia.

De acuerdo con el informe de la CNRR, “muchos desmovilizados no encuentran alternativas de integración laboral o productiva, lo que sumado a carencias en integración social los hacen proclives a la reincidencia en conductas delincuenciales y a la re- movilización en grupos armados ilegales”.

Así mismo, la economía del narcotráfico que se ha desarrollado en la zona ha permitido que los desmovilizados que se encuentran desempleados sean atraídos por las opciones de trabajar en cultivos como mano de obra barata. El problema es que en el momento en el que se incorporan de nuevo en las dinámicas ilegales de la coca solo se está a un paso de reintegrarse a los grupos ilegales que manejan el mercado.

Sin embargo,  a este fenómeno generado por la inexistencia de un programa real de acompañamiento al desmovilizado,  se adiciona la irregularidad, parcialidad o, en algunos casos, la inexistencia de desmovilizaciones efectivas, que aunque pasan a engrosar las estadísticas no se manifiestan en una disminución real de los combatientes en conflicto.

De hecho, muchos de los desmovilizados, sobre todo en el Meta, aunque aparecen registrados dentro de los programas de reintegración, siguen delinquiendo individualmente o como parte de estructuras de grupos ilegales que siguen vigentes.  Entonces, aunque en el Meta se tiene un índice de reincidencia de 5,5 por ciento, la falta de denuncias hace que estas cifras no reflejen la realidad.

Lo cierto es que aunque se calcula que la reincidencia oscila entre el 0.9 por ciento en Arauca al 7,7 por ciento en Casanare, en muchos casos, como en las desmovilizaciones de las Autodefensas Campesinas del Casanare, ACC, y del Frente Héroes del Guaviare del Bloque Centauros, no se realizó un desarme efectivo de sus estructuras. Contrariamente, los supuestos desmovilizados siguieron delinquiendo, se cambiaron el nombre se fraccionaron y  formaron pequeñas células que han evolucionado hasta convertirse en bandas criminales herederas del paramilitarismo.

Desmovilización de Erpac: ¿Desarme parcial?

Entre el 2005 y el 2006 se llevaron a cabo desmovilizaciones de las ACC y del Bloque Centauros, las cuales se consideran parciales ya que tanto algunos de quienes se desarmaron como los que siguieron activos en las filas, pasaron a conformar el Ejército Revolucionario Popular Anticomunista, Erpac. Los desmovilizados siguieron delinquiendo bajo otro nombre.

No obstante, c la desmovilización de 268 hombres de Erpac, bajo el mando de José Eberto López, alias ‘Caracho’, quien fuera líder del Bloque Centauros en la zona, podría ser otro caso más de desmovilización parcial si se tienen en cuenta las cifras de la policía y de la CNRR.  

Según la Policía Nacional Erpac podría contar con cerca de 600 integrantes, el doble de hombres desmovilizados, mientras que según otras fuentes de la CNRR, la cifra de hombres podría aproximase a 1200 miembros,  número de paramilitares que cuadriplica la cantidad de desmovilizados el pasado 22 de diciembre.

Este nuevo suceso podría entonces  interpretarse como una desmovilización parcial de este grupo que delinque en todos los departamentos de la región de los llanos, financiándose principalmente con el negocio del narcotráfico que sirve también como forma de reclutamiento.

Según el informe, luego de la muerte de Pedro Oliverio alias ‘Cuchillo’, líder original de Erpac, las mutaciones se realizaron también entre estructuras delincuenciales diferentes, haciendo que por ejemplo, más de 600 miembros que hacían parte de Erpac, pasarán a ser parte del Frente 1 de las Farc.

Finalmente, el fortalecimiento de la presencia  de bandas criminales se registra como otra de las externalidades del fallido proceso de desmovilización de los llanos orientales.  De acuerdo con el informe de la CNRR,  las ‘Agilas Negras’  presentes en Meta y Arauca y ‘Los Urabeños’ presentes en el  Meta, recibieron formación militar de antiguos paramilitares desmovilizados.

Las condiciones de violencia que siguen afectando esta zona en la que confluyen las Farc, el Eln, Erpac y las ACC,  hacen que sea imposible desarrollar un proceso de reintegración que escape de las presiones de los grupos armados, las amenazas de muerte y los nuevos intentos de reclutamiento.   

Por esta razón los niveles de reincidencia no demuestran la veracidad de la ruptura de los vínculos de los desmovilizados con los grupos ilegales ya que ignoran los procesos fallidos, las mutaciones y las fusiones que se han realizado entre los grupos armados. Además de la falta de coordinación entre autoridades locales y nacionales y la inexistencia de un sistema estadístico que permita realizar seguimiento, la dificultad para reintegrarse en sociedades que los rechaza por su condición de ex combatientes, hacen que sean cada vez más limitadas sus opciones de vida fuera del conflicto.

El talón de Aquiles de los procesos de desmovilización y reintegración

Las mutaciones de los grupos y el rearme de los desmovilizados no son causados solamente por las presiones de los actores del conflicto, sino también por vacios legales y prácticos de los procesos que al contrario de beneficiar la reintegración de los desmovilizados, se convierte en una amenaza para los mismos.

En primer término, no existe una política que incluya un enfoque de género ni una política  de atención diferencial  que cumpla con las necesidades especificas de las mujeres, indígenas, y menores de edad desmovilizados. Al tratar el programa desde un enfoque homogéneo se ignoran los riesgos y los niveles de vulnerabilidad que son mayores en estas poblaciones.

De esta manera, si para un desmovilizado promedio las amenazas para su seguridad son tan altas que deben ser exiliados en otras regiones, en el caso de las mujeres, los indígenas y los niños que son más propensos a ser amenazados y reintegrados a la fuerza a los grupos ilegales, se debe tener una mayor protección post desmovilización.

Los niños combatientes de los llanos

A pesar de que las desmovilizaciones individuales y colectivas han permitido que más de 800 niños abandonen las armas en los llanos orientales, el riesgo de reclutamiento forzado, incluso con amenazas de muerte, continúa siendo uno de los fantasmas que azota a la región. Las zonas más afectadas son aquellas ocupadas por poblaciones indígenas que se ubican en la frontera entre el Guaviare y el Meta.

“En algunos departamentos, especialmente en Arauca y el Sur del Meta las Farc y el Eln obligan a las familias a aportar sus hijos ya sea con promesas de mejoramiento de vida, con engaños o con amenazas”,  estrategias que hacen que el 12 por ciento de los desmovilizados de la guerrilla  en los llanos sean menores de edad, asegura el informe de la CNRR.

Independientemente de si en el momento de la desmovilización los niños ex combatientes son o no menores de edad,  se consideran víctimas del conflicto, razón por la cual en muchos casos deben ser sometidos a procesos en su doble situación como víctimas y como victimarios.

La complejidad de la situación de los menores de edad aumenta al tener que realizarse traspasos entre el Icbf  y la ACR,  en los que por vacíos de procedimientos tienen a confundirse sus obligaciones con la justicia y la reparación que debe realizar el Estado por su condición de víctima.

Los menores de edad que hacían parte de los grupos armados y deciden desmovilizarse, generalmente son perseguidos por los grupos de los que hacían parte, los cuales por medio de amenazas, engaños  y ofrecimientos económicos los reincorporan a las filas. A pesar de que muchos de ellos son ubicados en hogares transitorios en los que se realizan actividad de resocialización, la preocupación de las autoridades reside en el aumento del reclutamiento infantil sobre todo en zonas indígenas.

Incoherencias de los procesos

El acompañamiento, el apoyo psicosocial y los programas de reintegración no solamente deben ser coherentes con las necesidades especiales de cada tipo de grupo desmovilizado, hecho que no sucede en la región de los llanos orientales, sino que también debe responder a las condiciones económicas y específicas de la región.

Pero en la realidad, a pesar de existir programas educativos que incluyen formación en sectores productivos de carácter industrial y técnico, los llanos orientales se caracterizan por tener una economía agropecuaria y ganadera, hecho que dificulta el proceso de reubicación laboral de los desmovilizados que aprenden de otras actividades.

De acuerdo con la información del CNRR,  a esta falla del programa se suma el acostumbramiento de algunos de los ex combatientes a ganar dinero fácil y por tanto no existe un verdadero compromiso frente a las oportunidades de trabajo. “En el Meta una empresa palmera ofreció 120 puestos de trabajo para los desmovilizados y solo se presentaron 7, bien sea porque la capacitación que se les había dado no correspondía a las exigidas o porque simplemente no tienen la disposición para hacerlo”

Esto se manifiesta en la manipulación por parte de los desmovilizados, principalmente paramilitares, que “condicionan su participación en los programas a la ayuda monetaria, y tienden a amenazar con regresar a los grupos de no recibir beneficios satisfactorios”.

El debate acerca de la viabilidad de un proceso de desmovilización y reintegración sin que se haya dado un punto final conflicto se profundiza con los resultados encontrados por la CNRR. Aunque no se puede afirmar que los programas han fracasado si es claro que sus vacíos y debilidades que este frágil proceso se puede tornar inmanejable para las autoridades.