Desmovilización y desarme

El cuestionamiento sobre el Estado y su relación con el proceso de Desarme, Desmovilización y Reintegración –en adelante DDR- no es sólo un fenómeno colombiano. De hecho al centrarse en la manera como nace y se construyen las definiciones sobre DDR y sobre los conflictos armados en el mundo, es posible identificar igualmente un vacío frente a cómo interpretar el papel del Estado en este proceso, sobretodo teniendo en cuenta que a pesar de que se trata de fenómenos mayoritariamente “nacionales”, los lineamientos han sido construidos desde el ámbito internacional.
Desmovilizaciones de las AUC. Foto SEMANA

En líneas generales se puede decir que, como su nombre los indica, el proceso de DDR se compone de tres etapas: el desarme, la desmovilización y la reintegración. El desarme comprende el proceso de recolección, control y destrucción de armas que se encuentran tanto en poder de combatientes como de civiles. Se incluyen también campañas y políticas para el uso responsable de armas. La desmovilización por su parte, que constituye la siguiente etapa, se trata de un proceso menos tangible o mesurable porque consiste en la disolución de la unidad armada en el caso de desmovilización colectiva o la reducción de los combatientes de un grupo en el caso de la desmovilización individual. Teniendo en cuenta que por combatiente se entiende no sólo quien porta un arma sino también aquellos que trabajen en logística, administración o suministro de información, la desmovilización cobija también a estas poblaciones. Finalmente, la tercera etapa llamada reintegración, comprende desde la desarticulación del grupo hasta que los combatientes recobran el carácter civil, por tanto su sustento proviene de actividades lícitas y libres de violencia.

Las primeras desmovilizaciones en Colombia se dieron durante los años noventa cuando nueve grupos guerrilleros se desmovilizaron, dejando a 4.817 individuos acogidos al programa que el gobierno de se entonces diseñó a través de la Oficina Nacional de Reinserción. Estos grupos fueron el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Quintín Lame (MAQL), el Comando Ernesto Rojas (CER), la Corriente de Renovación Socialista (CRS), las Milicias Populares de Medellín (MPM), y el Frente Francisco Garnica y el MIR – COAR.

De ahí en adelante, el gobierno colombiano mantuvo una oficina encargada de la reinserción de excombatientes. Durante el gobierno Pastrana la oficina adquirió el nombre de Dirección General para la Reinserción, la cual según el decreto 2546 de 1999, tenía como funciones principales coordinar y dirigir el programa de reinserción para la desmovilización de los grupos guerrilleros y coordinar asuntos referentes a acuerdos de paz. Debido a en este período no hubo acuerdo formales con ningún grupo, el programa fue muy pequeño y no tuvo mucho protagonismo nacional. No obstante las cifras no son despreciables si tenemos en cuenta que entre 1998 y 2002 se acogieron 2.505 personas que dejaron las armas en forma individual.

Posteriormente durante el gobierno Uribe se reestructuró el programa creando el Programa para la Reintegración a la Vida Civil (PRVC), el cual en principio se encargó de continuar acogiendo a los desmovilizados que de manera individual decidía salir de los grupos la margen de la ley. Para el año 2003 el PRVC contaba con una población beneficiaria de alrededor de 1.200 desmovilizados. Para ellos el PRVC estipulaba los siguientes beneficios: estipendio mensual para su manutención; afiliación al régimen subsidiado de salud; educación básica y media, y capacitación para el trabajo; atención psicosocial mediante talleres colectivos o intervenciones individuales; y capital semilla para el desarrollo de un proyecto productivo.

Posteriormente con el inicio de las desmovilizaciones colectivas, el programa en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, diseñó un paquete de beneficios similares a los que recibían los desmovilizados individuales con las siguientes diferencias: estipendio mensual de menor valor, capital semilla únicamente para proyectos productivos asociativos y una duración total del proceso de 18 meses, a diferencia del proceso para los desmovilizados individuales que duraba 24 meses.

Vale la pena destacar que en Colombia, a diferencia de lo que ocurrió tradicionalmente en los demás países que iniciaron un proceso de post conflicto, la comunidad internacional, particularmente organismos internacionales, no estuvieron involucrados directamente en los inicios de este proceso. Por ejemplo el papel de la ONU relevante en los intentos de diálogos y mediación del conflicto armado entre 1982 y 2002. De hecho, Colombia figuró en los países de intervención de las agencias de la ONU solamente de forma tangencial a través de la figura de “países amigos”. Posteriormente con la entrada de Uribe al gobierno, las relaciones con este organismo tampoco fueron fáciles, sobretodo luego del fracaso de las negociaciones del Caguán.

Sin embargo, el gobierno volcó su estrategia diplomática en los primeros momentos de las negociaciones con los grupos paramilitares para estrechar las relaciones con los organismos internacionales. Se intentó mantener un espacio de negociación con la comunidad internacional, especialmente con organismos multilaterales como la ONU y la OEA y con otros actores como la comunidad Europa y los Estados Unidos. A principios del 2004 se logó concretar un convenio con la OEA, la cual se comprometió a realizar la verificación internacional a los acuerdos que se realicen con los grupos paramilitares y a los procesos de desarme y desmovilización.

Pero, al aprobarse la Ley de Justicia y Paz, ley 975 de 2005, la comunidad internacional se manifestó y particularmentela ONU afirmó no hacer parte del proceso de DDR por tratarse de un proceso donde no es claro el cese de hostilidades ni una verdadera apuesta por el posconflicto en medio del los continuos enfrentamientos con los grupos guerrilleros. De esta manera se evidencia como la relación con organismos internacionales se da en un ambiente de mucha tensión, razón por la cual el acompañamiento técnico que estos organismos tienen en otros países no fue posible. A esto se debe que los lineamientos del programa no se diseñaron totalmente acordes a los estándares internacionales aquí expuestos.

Es por esta razón que en el año 2006, se decidió crear las Alta Consejería para la Reintegración (ACR), la cual pretendió superar los problemas del PRVC inscribiendo el programa y el paquete de beneficios en los lineamientos internacionales. Aunque la intención aquí no es ahondar en el cambio de enfoque de este programa ya que parte de eso se profundizará en un capítulo posterior. Se expondrán algunos de los lineamientos internacionales que fueron acogidos por el programa en Colombia para reflejar la manera como desde este momento el proceso en Colombia logra ponerse en sintonía con los estándares internacionales de DDR.

De esta manera se reestructuró el programa de atención a la población desmovilizada tanto individual como colectiva. En primer lugar la ACR afirma que se debe pasar del enfoque de la reinserción a la reintegración, lo cual significa pasar de las medidas a corto plazo a las medidas largo plazo. Adicionalmente el programa se fundamenta actualmente en tres principios como ejes del programa, en primer lugar el trabajo a largo plazo, en segundo lugar el trabajo con comunidad, y en tercer lugar la sostenibilidad. A través de estos ejes se busca acabar con los límites de 18 y 24 meses del programa inicial, ajustándolos al proceso individual de cada desmovilizado en función de su compromiso de reintegrarse y su voluntad de paz.

Desde agosto de 2002 se han desmovilizado 52.403 personas (ver estadísticas actuales), 31.671 procedentes de grupos paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva, y 20.732 miembros de grupos guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron individualmente. Según información de la Policía Nacional, desde 2001 y hasta diciembre de 2009 han sido capturados 5.890 desmovilizados y han muerto 2.210.

El desarme y la desmovilización de los paramilitares estuvo regulada por el siguiente marco jurídico:

Institucionalmente el proceso de DDR estuvo a cargo de las siguientes entidades:

  • Programa para la Reincorporación a la Vida Civil de Personas y Grupos Alzados en Armas (PRVC) del Ministerio del Interior y de Justicia (2003-2006). Ver: Decreto 200 de 2003 – y el Informe “La política de reincorporación a la vida civil 2003 – 2006: una mirada institucional”.
  • Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas (2006- hasta la fecha). Ver: http://www.reintegracion.gov.co/ ; Decreto 3043 de 2006

Así mismo desde julio de 2006 y por instrucción presidencial la Policía Nacional elabora mensualmente informes de control y monitoreo a los desmovilizados (ver informes). Ver último informe de control y monitoreo a los desmovilizados (Policía Nacional, diciembre de 2009).

Ver estadísticas actuales sobre DDR en Colombia: 2002-2009 (Enero de 2010).

Ver Informe ejecutivo de las desmovilizaciones colectivas de paramilitares (2003-2006). Oficina del Alto Comisionado para la Paz.