El gobierno empezó la batalla por la restitución de tierras. Las aterradoras denuncias del superintendente de Notariado, el escandaloso caso de Merheg en el Vichada y la entrega a campesinos de la finca Carimagua revelan que se va a necesitar más que voluntad política. Por Revista Semana
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| Juan Manuel Ospina , director del Incoder,y Jorge Enrique Vélez, superintendente de Notariado y Registro, son dos de los funcionarios claves del gobierno en la lucha para recuperar las tierras usurpadas por la mafia. / Foto archivo Semana |
No se sabe a ciencia cierta cuántas tierras han sido usurpadas en Colombia. Los estudios y los académicos no se han podido poner de acuerdo si son cinco millones de hectáreas o cerca de dos millones. Lo que sí se conoció la semana pasada fue la impresionante denuncia hecha por el superintendente Jorge Enrique Vélez: solo revisando el 10 por ciento de las oficinas de registro y notarías del país, por lo menos 150.000 hectáreas baldías han sido tituladas de manera irregular. Es decir, podría pensarse que la base arrancaría en 1,5 millones de hectáreas de tierras baldías que se titularon fraudulentamente.
Esta enorme usurpación ha tenido lugar gracias a la dialéctica de ‘la plata o el plomo’, por la cual los funcionarios que participan en la entrega de tierras baldías sucumben ante la amenaza del cañón en la sien o el poder corruptor del soborno. Frente a la magnitud del despojo de tierras a los campesinos y el descarado robo de baldíos al Estado, la Superintendencia de Notariado y Registro conformó un grupo especial para investigar las mafias que están detrás de estos delitos. Ya están siendo intervenidas las oficinas de Registro de Cartagena, Santa Marta, Tuluá, El Carmen de Bolívar y San Martín (Meta), y harán visitas de inspección a las 822 notarías.
Pero el sistema de notarías no es el único eslabón que presenta anomalías. Precisamente, la semana pasada volvió a ser noticia uno de los casos más emblemáticos de corrupción en el Incoder. Se trata de la entrega irregular de 38.144 hectáreas que fueron adjudicadas en 2006 a personas cercanas al exsenador risaraldense Habib Merheg en el Vichada, tal y como lo denunció la revista SEMANA en abril de 2007. El director del Incoder, Juan Manuel Ospina, anunció que el gobierno entregará esas tierras a familias desplazadas.
El caso Merheg es uno de los miles de procesos de restitución de tierras que Ospina encontró ‘engavetados’ cuando llegó al Incoder para ejecutar el plan de choque de tierras del presidente Juan Manuel Santos y rehabilitar una institución que ha estado plagada de escándalos de corrupción y politiquería. “Faltaba un acto de voluntad política”, dice Ospina, quien firmó 31 resoluciones de recuperación (una por cada predio adjudicado) para echar marcha atrás lo que catalogó como un “testaferrato legal” que permitió la titulación de esas tierras baldías a personas relacionadas con el exsenador. Además, pobladores de la región afirmaron en su momento que en esa zona también tenía una finca el extraditado jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’.
El exsenador Merheg siempre ha dicho que él no tuvo nada que ver con las adjudicaciones y que lo único que hizo fue llevar a amigos a la zona para que estudiaran la posibilidad de montar proyectos de inversión agropecuaria.
Hasta ahí, sobre el papel, revocar la entrega de estas tierras parece fácil. Sin embargo, en la práctica lograrlo es casi una epopeya. En el caso Merheg, por ejemplo, el Incoder ya había expedido, en 2008, una resolución de revocatoria de adjudicación de esos terrenos. Pero los beneficiarios no se quedaron quietos e interpusieron veinte demandas, recusaciones y tutelas contra las diligencias de inspección por lo que ellos alegaban era un derecho legalmente adquirido. Esas demandas frenaron el proceso. Incluso hubo algunas amenazas.
Cuando por fin el Incoder pudo realizar las visitas de inspección ocular, se encontró que las tierras estaban, en su mayoría, sin explotar. En el lugar había unas pocas casas y unas personas que se identificaron como los administradores de la Sociedad Agrícola Parure, que ocupaba 28 de los 31 predios. Aunque la Sociedad Agrícola Parure tiene sede en Villavicencio, fue constituida en Pereira el 15 de enero de 2009 y su representante legal es José Noé Valencia Gutiérrez, uno de los adjudicatarios cercanos a Merheg.
Aunque, según el Incoder, los predios en los papeles son ya del dominio del Estado, este todavía no ha podido tomar posesión de las tierras porque el inspector del municipio La Primavera no ejecutó la orden de desalojo, con el argumento de que, según él, tiene que esperar a que se resuelvan las demandas que han interpuesto los amigos de Merheg.
Este ejemplo ilustra que, a pesar de la voluntad política de este gobierno, no va a ser fácil poner en práctica su plan de choque de tierras: no solo hay trabas legales, sino que las instituciones que se ocupan de la materia son muy frágiles hoy y apenas se está diseñando el nuevo marco legal para torcerle el pescuezo a esa arrolladora contrarreforma agraria que impusieron los grupos armados ilegales, sobre todo los paramilitares y los narcotraficantes.
Las trabas legales tienen intranquilo al superintendente de Notariado, Jorge Enrique Vélez. “Estamos muy preocupados. Muchas de las personas que tienen en sus manos estas tierras nos están haciendo jugadas de carácter jurídico”, afirmó. Si el Congreso aprueba la ley de víctimas con su capítulo de restitución de tierras, el gobierno tendrá herramientas mucho más contundentes desde el punto de vista jurídico para dar la pelea, pero aún no logran llegar a un acuerdo los partidos de la Unidad Nacional. Falta también la ley de tierras y desarrollo rural que está terminando de elaborar el Ministerio de Agricultura y que contempla, entre otras cosas, fortalecer todo el andamiaje institucional que permita ejecutar la reforma agraria.
El segundo obstáculo que enfrenta el Estado es el caos en que se encuentra la información sobre el sector. El 50 por ciento de la tierra del país no está titulada, y de la que sí lo está, cerca del 45 por ciento no ha sido registrada. Ordenar la información que hoy existe sobre títulos de tierras y recabar la que hace falta es un desafío monumental. Para ello van a crear un registro de tierras baldías en Colombia, que se tomará su tiempo.
Esa falta de información ha facilitado todo tipo de maniobras de personas inescrupulosas para quedarse con las tierras y registrarlas a su nombre. Se han detectado varias modalidades de usurpación. Una de ellas es la de inventar una historia apócrifa de los predios. Así sucedió en Mapiripán. Luego de la masacre de los paramilitares, en julio de 1997, más de 8.000 personas abandonaron la región, y con complicidad de la oficina de registro municipal, Pedro Guerrero Castillo, alias ‘Cuchillo’, logró quedarse con cerca de 15.000 hectáreas.
La modalidad más común de apropiación ilegal de baldíos se hacía con la actualización de mojones. Las personas corrían las cercas de sus predios y solicitaban al Instituto Geográfico Agustín Codazzi verificar los límites del terreno. Cuando el topógrafo iba al terreno, daba su visto bueno y, con esa firma, los usurpadores iban a las notarías y hacían la nueva escritura.
Otras artimañas que utilizaron fueron las transferencias de dominios por suplantación de propietarios, como sucedió con el famoso caso de las tierras de Jiguamiandó y Curvaradó, o a punta de fusil, obligando a los campesinos a escriturar sus tierras a nombre de terceros. En otros casos fueron directamente órdenes judiciales irregulares que mandaban cambiar la escritura de los predios, y hubo casos de destrucción de títulos de dominio para que no quedara huella histórica de quiénes habían sido sus propietarios.
El tercer gran reto que enfrenta la reforma que propone el gobierno Santos es la impunidad. En el caso Merheg, el Incoder empezó investigaciones disciplinarias que luego fueron trasladadas a la Procuraduría. Esta abrió una investigación preliminar en mayo de 2009 al exsenador y a dos funcionarios de la entidad. También interpusieron una denuncia a la Fiscalía desde2007. El Incoder ha remitido por lo menos diez casos a los organismos de control y, al parecer, no han prosperado las investigaciones.
Cada día que pasa es más evidente que el anhelo del gobierno de hacer una masiva restitución de tierras es un camino tan tortuoso como peligroso, donde se va a necesitar mucho más que voluntad política para tener éxito. Es el turno de que las entidades comprometidas demuestren que son capaces de pasar a la historia.
Por Revista Semana
