La semana pasada, el grupo guerrillero decretó paro armado tras una ola de combates que han desplazado y confinado centenares de familias en el sur de Chocó. Mientras las ayudas humanitarias se racionan y escasean medicamentos, la comunidad cuestiona la inoperancia de la Fuerza Pública. ¿Por qué tanta actividad armada en esta región?
Sobre el río San Juan no se escucha un sólo motor de lancha. Algunos miembros de las comunidades negras e indígenas asentadas a orillas de la principal arteria fluvial del sur de Chocó esperan que llegue el permiso para volver a sus faenas. El resto de la población se esconde en sus casas, racionando los alimentos y medicamentos, con la ilusión de mejores tiempos. Lo único a lo que la guerra no puede restringirle la movilidad es a los ríos que, imperturbables, siguen su curso.
Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Medio San Juan son algunos de los municipios en donde el conflicto armado entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por las autoridades como ‘Clan del Golfo’, y la guerrilla del Eln, se ha arraigado. Esta situación data del 15 de agosto de 2021, cuando se rompió un acuerdo entre ambos grupos, pactado cuatro años atrás, mediante el cual delimitaron sus áreas de injerencia y se comprometieron a no agredirse.
Desde la ruptura de ese acuerdo, las comunidades han sufrido todo tipo de violencias, pero desde abril de este año se han agudizado. “La mayoría de nuestras comunidades han estado en confinamiento obligatorio, otras han sido desplazadas”, explica un líder del Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan) que prefirió mantener su nombre en reserva por seguridad.
La crítica situación llevó a las comunidades a declararse en alerta de riesgo inminente y a hacer sendos llamados al gobierno nacional para que actúe de manera efectiva y adopte medidas de protección de la población, y a los organismos defensores de derechos humanos para que incidan ante agencias internacionales con el fin de evitar una tragedia humanitaria.
La gente, en el medio
Uno de los casos más recientes tuvo lugar el pasado 2 de julio en la comunidad de Chambacú, del municipio de Sipí, cuando padecieron un nuevo enfrentamiento entre las Agc y el Eln.
Ese día, como la mayoría de sus vecinos y amigos, José Florencio Hurtado y su familia se escondieron bajo una cama ante el sonido del fuego cruzado. En un momento de silencio, José Florencio se acercó a asegurar la puerta de su hogar, pero se reactivó la confrontación y las balas impactaron su cuerpo, causando su muerte.
En reacción, su esposa y sus hijos huyeron de la casa y se tiraron por un barranco en dirección a las riberas del río San Juan, en busca de refugio. En el enfrentamiento, uno de sus hijos menor de edad resultó herido.
En lo que va del año, las comunidades de esta región chocoana del San Juan se han visto inmersas en por lo menos seis confrontaciones y alrededor de cinco paros armados, el último de ellos fue impuesto por el Eln el pasado 4 de julio, obligando a restringir la movilidad sobre la arteria fluvial y sus afluentes, afectando la vida cotidiana de más de 82 mil personas de 41 comunidades negras y 11 comunidades indígenas.
Ante la extendida situación de la crisis, a muchos habitantes de esta región la medida los tomó con pocas reservas de alimentos y medicamentos, por lo que se encuentran ante una grave situación. El fin de semana pasado hubo un corredor humanitario que permitió el abastecimiento de algunas comunidades desplazadas, pero a las seis de la mañana del pasado lunes se reactivaron las restricciones impuestas por los grupos armados.
“Por lo menos se pudo ingresar un poco de comida, pero no ingresó medicamentos. Hay muchas mujeres en embarazo o personas con necesidad de citas de control por enfermedades graves”, explica el líder consultado por este portal. Por eso, la comunidad de Acadesan solicita con urgencia brigadas de salud que puedan atender a la población.
Muchas de las ayudas humanitarias llegaron para las familias desplazadas por su grado de vulnerabilidad, pero a los líderes les preocupa la situación de aquellas confinadas que no han podido ir a sus parcelas para cultivar y recoger la cosecha. “Sabiendo que ya llevan días en paro, todo está desabastecido”, le dicen líderes de la región a VerdadAbierta.com.
Por años, las comunidades negras e indígenas de esta región han sustentado su economía en actividades como la minería, la agricultura y los cultivos de hoja de coca. Sin embargo, todas las actividades se han visto condicionadas; de un lado, por las minas antipersonal que se han sembrado en las áreas rurales; y, de otro lado, por los enfrentamientos y restricciones a la movilidad.
“A la gente le da miedo ir y quedar en medio de un combate en algunas de las quebradas en donde se hacen las tareas del día a día”, reconoce otro líder que también pidió la reserva de su identidad por seguridad.
A través de ayudas humanitarias de la Diócesis de Istmina-Tadó, el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) y las alcaldías municipales, algunas comunidades han podido asegurar su alimentación, sin embargo, hay inquietudes.
“Es un tema que hasta culturalmente afecta, porque la gente pasa de comer un producto al cual está acostumbrado a tener que comer otro tipo de cosas casi que obligado. Acá no es tan común el fríjol o la lenteja, pero por la situación uno tiene que aprender a comer lo que las organizaciones nos brindan de muy buena fe”, señala uno de los líderes.
Por el momento, niños, niñas y jóvenes están sin clases. “Dentro del territorio de Acadesan hay 10 instituciones y ninguna está prestando clase porque los docentes no pudieron ingresar”, señala el líder de Acadesan. “Nosotros estamos en una olla sin salida. Yo no sé qué va a ser de nuestra comunidad”, agrega, entre lamentos.
Según expertos consultados por este portal que pidieron reserva de su identidad, en los últimos meses, las Agc ha logrado consolidar su poder desde el norte hacia el sur del San Juan imponiendo controles a las comunidades étnicas asentadas entre Boca de Suruco, en el municipio de Medio San Juan, hasta Chambacú, en el municipio de Sipí.
A la par, el Eln ha diseñado una estrategia de contención sobre los territorios que, históricamente, estaban bajo su control en la región del San Juan ante el avance del grupo paramilitar.
Territorio en disputa
De acuerdo con personas que conocen la crítica situación en el sur de Chocó, el control territorial y poblacional en disputa en la región del San Juan pretende asegurar las actividades de la minería ilegal, la deforestación y los corredores de abastecimiento, tráfico y producción de drogas ilícitas.
La guerra se libra en siete zonas estratégicas: subiendo por el río Sipí hacia el río Garrapata; bajando por el río San Juan hacia la comunidad de Noanamá y su conexión con la parte baja del Bajo Baudó; la desembocadura del río Docordó en el municipio de Istmina; el Alto Tamaná y San José del Palmar; el río Tamaná y Torra en conexión con la parte alta de Sipí; el río Irabubú, en Novita, en conexión con el Alto Tajuato, en Condoto; y el denominado Eje de la Boca del río Sipí – comunidad de Negría y Doidó, en el municipio de Istmina, San Miguel, en Medio San Juan, y Chambacú, en Sipí –.
Uno de los primeros pueblos que se vio afectado por las recientes confrontaciones fue Dipurdú del Guácimo, vereda del municipio del Medio San Juan. Inicialmente, sobre esa comunidad tenía control el Eln, hasta que irrumpieron las Agc, se enfrentaron y la guerra se regó por el San Juan.
En 2021 ocurrieron varios desplazamientos y confinamientos. En 2022, aumentaron las acciones contra la población civil, como asesinatos selectivos y minas antipersonal. (Leer más en Comunidades del San Juan vuelven a quedar entre las balas y Denuncian etnocidio en la región del San Juan)
Según líderes de la región, las familias más vulnerables están en Sipí, municipio que lleva desde hace un mes con restricciones estrictas a la movilidad y del cual han salido cerca de 250 familias desplazadas de cinco comunidades. En Istmina se encuentra desplazada la comunidad de Doidó y en ese municipio se destaca la situación de la vereda Negría, victimizada con frecuencia por los grupos armados ilegales.
El primer desplazamiento que sufrió Negría fue a mediados de enero de 2022. Desde entonces, ha pasado por múltiples desplazamientos y confinamientos. “Nunca salimos del confinamiento”, aclara una lideresa de esa comunidad que pidió la reserva de su identidad. El último hecho de desplazamiento se dio el 12 de diciembre del año pasado.
En esa ocasión, las Agc ingresaron a la comunidad de Negría, obligando a sus habitantes a concentrarse en la caseta comunitaria. Mientras hacían el llamado a la reunión, registraron todas las casas. La comunidad se desplazó a raíz del asesinato de un joven cuyo cuerpo fue arrojado a un afluente. Por esa razón, los pobladores huyeron a San Miguel, en el Medio San Juan, allí pasaron las festividades decembrinas y retornaron sólo hasta marzo de este año.
Inicialmente, se desplazaron alrededor de 69 familias, pero retornaron 38 familias. “Con el pasar del tiempo han vuelto otras y ahora estamos 41 familias”, aclara la lideresa, quien precisa que los pobladores restantes se han quedado en comunidades vecinas: “A pesar de la dificultad que se vivía, de la zozobra y la preocupación, se acomodaron las familias por núcleos en casas diferentes de San Miguel, era una comodidad que no iban a tener en Istmina o en otro lugar”.
Fuentes consultadas advierten que, en su estrategia de contención, el Eln ha recurrido a la siembra de minas antipersonal, práctica que también realizan las Agc. Ante ese riesgo, muchas familias han optado por quedarse en el casco urbano.
“En San Miguel, en Dipurdú y en Negría las comunidades no pueden realizar sus actividades tradicionales de producción”, explica un conocedor de la región consultado. Le temen a la cantidad de artefactos explosivos presentes en sus zonas rurales que ha ocasionado accidentes entre pobladores, militares y combatientes.
San Miguel es otro de los puntos donde se han intensificado las confrontaciones. En 2022, hubo dos hechos en los que miembros de esa comunidad se vieron afectados por minas antipersonal. Por solicitud de la comunidad, la Fuerza Pública tuvo que inspeccionar los alrededores del acueducto y activar de manera controlada artefactos explosivos encontrados allí.
“San Miguel pasó de ser una comunidad que en los últimos años se ha desplazado dos veces, que ha estado prácticamente confinada todo este tiempo, a ser hoy una comunidad receptora. Tenemos varias comunidades del municipio de Sipí albergadas”, explica un líder de esa comunidad que pidió la reserva de su nombre por cuestiones de seguridad.
Durante ese tiempo, los pobladores de San Miguel se han tenido que desplazar dos veces. La última vez, por un enfrentamiento que el Eln y las Agc libraron dentro de la comunidad. En esa ocasión, aunque ningún habitante resultó asesinado, el caserío quedó devastado.
Para la guerrilla del Eln, el sur de Chocó es una de las zonas estratégicas para el Frente de Guerra Occidental, donde lleva más de 15 años de presencia armada, imponiendo controles territoriales y sociales. Esta estructura alzada en armas llegó allí proveniente del sur de Córdoba, de donde fue desplazada por los grupos paramilitares en su confrontación por el control del Nudo de Paramillo.
Este Frente ha tratado de expandirse, pero la Fuerza Pública le ha propinado golpes certeros al Eln en los últimos cinco años: en 2016, fue abatido ‘Omar Gómez’, tercero en la línea de mando; en 2020, un francotirador eliminó a ‘Uriel’, un activo guerrillero en redes sociales; y en el 2021 cayó ‘Fabián’, tras un bombardeó.
El problema para ese grupo armado ilegal, según consultas de este portal a personas conocedoras de sus dinámicas, es que es una zona de retaguardia, la cual no se puede perder porque “para dónde más van a coger”.
Para el Eln salir del sur de Chocó no es una opción, pues sería dejarle un territorio estratégico a las Agc, con las posibles represalias que puedan tomar contra las comunidades. Y es que no sólo es clave para actividades ilícitas, allí también se han concebido, a largo plazo, grandes obras de infraestructura y proyectos agroindustriales.
Estudios de recientes del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) precisan que diferentes factores han perpetuado la guerra en Chocó, que van desde la corrupción y la presencia de actores armados, legales e ilegales, hasta los megaproyectos y la propiedad de la tierra. (Leer más en: ¿A qué se debe la persistencia de la guerra en Chocó?)
Lejos de la Paz Total
La Fuerza Pública hace presencia en el municipio en las comunidades de Dipurdú del Guasimo, San Miguel y Negría, de Medio San Juan, y en Noanamá, en Istmina. Pero las comunidades tienen muchas dudas sobre su manera de operar. “No se ve el avance de la Fuerza Pública”, afirma, con preocupación, un líder de la región. “El Ejército no hace nada por controlar el territorio, está como estático”.
Frente a la apuesta del presidente Gustavo Petro por sacar adelante su política de Paz Total, que tendrá su primera prueba a partir del próximo 6 de agosto, cuando entre en vigor el cese al fuego acordado por 180 días con el Eln, las comunidades del sur de Chocó observan con preocupación que la guerra, lejos de detenerse, está empeorando.
“Necesitamos un cese al juego multilateral con todos los actores”, piden desde el Consejo comunitario de Acadesan. Para la lideresa de Negría, el cese al fuego bilateral no causa ningún impacto. “Necesitamos un plan de acción que dé respuesta a las necesidades que tienen las comunidades”, complementa.
En respuesta al clamor de las comunidades, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) expidió un comunicado el pasado martes mediante el cual exigió “a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y al Ejército de Liberación Nacional permitir de inmediado (sic) el libre tránsito de personal civil y ayuda humanitaria para las comunidades afectadas por sus operaciones armadas”.
En su comunicado, la OACP aseveró que una caravana de 20 lanchas que transportaba ayuda y atención de las personerías de la región intentó llegar a Chambacú y Noanamá, comunidades que albergan familias desplazadas, pero a la altura de Bocas del Sipí, “al escuchar los disparos de un enfrentamiento armado, la caravana tuvo que detenerse y dar vuelta atrás sin poder completar la entrega de ayuda humanitaria que habia (sic) sido planeada”.
La OACP le recordó tanto al Eln como a las Agc que “impedir a las víctimas de la violencia a acceder a ayuda humanitaria viola el derecho internacional y profundiza las graves condiciones de exclusión y discriminación que históricamente han aquejado a la población del departamento del Chocó”.
Con respecto al comportamiento de la Fuerza Pública, cuestionado por las comunidades, pues observan que no actúan ante los enfrentamientos que libran los grupos ilegales, la OACP acusó recibo de “información contrastada de omisión, tolerancia o complicidad de sectores militares con las Agc, de señalamientos, asesinatos y amenazas de las AGC sobre la población civil, y de presiones y amenazas del ELN sobre candidatos políticos. Estas denuncias están siendo tramitadas de manera expedita”.
Las denuncias de la posible “omisión, tolerancia o complicidad” de la Fuerza Pública con las Agc viene de tiempo atrás. Este portal ha recogido esas denuncias desde 2017, por medio de voces de líderes de este departamento, así como de voceros del Eln. Sin que se haya hecho nada por remediarla. (Leer más en: ¿‘Gaitanistas’ avanzan en Chocó sin freno de la Fuerza Pública? y Eln denuncia que ‘gaitanistas’ reciben apoyo del Ejército en Chocó)
Por su parte, a la Mesa Humanitaria y Construcción de Paz del Chocó le preocupa la política de Paz Total promovida por el gobierno nacional. De acuerdo con sus análisis, se han generado expectativas ante las comunidades, “sin responder a estas situaciones de crisis humanitaria”.
Y es que la situación es bien preocupante, de acuerdo con un comunicado divulgado por esta Mesa el pasado jueves: “Los alcaldes de estas comunidades se encuentran amenazados y en el momento ninguno despacha desde su municipio”. En el caso de Sipí, según su propio mandatario, “la cabecera municipal se encuentra totalmente deshabitada”.
En su comunicado, la Mesa llamó la atención de diversas instancias gubernamentales y del Eln para que atiendan de manera pronta y efectiva la crítica situación en el sur de Chocó y no continúen agravando la vida de los pobladores.
Entre las exigencias planteadas, está la de implementar mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento del Acuerdo Humanitario Ya para el Chocó, planteado desde el 2017 a la mesa de negociaciones instalada por el Estado colombiano y el Eln en la ciudad de Quito, Ecuador, como una medida para prevenir justamente estas crisis.
Exigieron, además, adoptar medidas para proteger la población civil, evitar la ejecución de conductas que generen desplazamientos, confinamientos o restricciones a la libre movilidad de los pobladores de los consejos comunitarios de comunidades negras y los resguardos indígenas; garantizar el respeto a la libertad, la vida e integridad física de la población chocoana, y de líderes y lideresas; así como de no continuar con la siembra de minas antipersonas en territorios étnicos; y abstenerse de recurrir al secuestro, la desaparición forzada y el reclutamiento de menores.
También exigieron un cese al fuego multilateral por parte de todos los actores armados ilegales que operan en la región, así como de la Fuerza Pública, en el departamento, como medida para aliviar la crítica situación humanitaria.
Finalmente, propusieron hacer una sesión ampliada de la Mesa Humanitaria en el municipio de Istmina que se realizará entre el 26 y el 28 de julio. Se espera que asistan voceros de instituciones locales, regionales y nacionales, organismos de control, agencias de cooperación internacional, con el objetivo de lograr respuestas efectivas. Asimismo, hicieron “un llamado especial al Alto Comisionado de Paz para que haga presencia en esta importante sesión”.
