Activistas en el extranjero buscan el reconocimiento del destierro como una práctica violenta y que se les otorguen garantías de seguridad y reparación a líderes, lideresas, defensores y defensoras de derechos humanos, quienes sufrieron amenazas, persecución, hostigamiento y otros crímenes que los obligaron a abandonar el país.
“El exilio ha sido el último eslabón de una cadena de un patrón grave de abusos”, dijo Sandra Torres, coordinadora del informe Reinvención organizativa desde el exilio: Lo que la violencia no pudo acallar y quien, además es activista por la paz y responsable del trabajo con organizaciones sociales de la Campaña Construyamos Paz desde la Migración y el Exilio.
El informe fue presentado el pasado jueves ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que componen el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, creado con el Acuerdo de Paz firmado por el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las Farc.
Voceros de la Campaña Construyamos Paz desde la Migración y el Exilio, responsables de la elaboración del documento, aprovecharon las sesiones del Sexto Foro Internacional de Víctimas, por primera vez realizado en Bogotá, para presentar el informe. En versiones anteriores, este foro se llevó a cabo en ciudades europeas de Noruega, Italia, Suiza y España.
El documento recoge diferentes memorias organizativas y experiencias de las personas que, como víctimas del conflicto, han tenido que huir hacia otros países en búsqueda de protección internacional. El aporte al esclarecimiento de la verdad en cuanto al conflicto armado interno es también uno de los fines de este informe, que construye un relato colectivo sobre el exilio y quiénes lo han padecido.
En la entrega participó Leonora Castaño, lideresa campesina exiliada en España desde el año 2003. Esta defensora de derechos humanos es expresidenta de la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia (ANMUCIC) y cofundadora de la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas.
También estuvo el abogado defensor de derechos humanos Edinson Cuéllar, representante de víctimas del conflicto armado, secretario del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda y coordinador de la campaña que presentó el informe.
Al iniciar la entrega del documento a los representantes de la JEP, la CEV y la UBPD presentes en el foro con el ánimo de escuchar los testimonios de las víctimas del desarraigo, Torres calificó el exilio como “una historia que no dejaron ser”.
El documento recoge procesos individuales y colectivos padecidos por personas que, en razón del conflicto armado, se vieron obligadas a abandonar el país, y detalla las causas de ese exilio y los cambios que han tenido que afrontar en tierras extranjeras.
Esos casos, según Torres, “resaltan la ruptura de los procesos organizativos, el debilitamiento del tejido comunitario y la participación social. Reconociendo la pérdida irreparable que ha significado para Colombia la eliminación de iniciativas que en su momento fueron alternativas para la construcción de nuevos modelos sociales y políticos que se apartaban de aquellos que se han impuesto históricamente por medio de la exclusión y la violencia.”
Pese a la dureza que significa vivir lejos del país, cientos de personas que han padecido la migración forzada y el ostracismo, además del impacto social y político sufrido, lograron reponerse y reconstruir sus actividades sociales, políticas y organizativas.
La principal apuesta del documento entregado a las tres entidades del Sistema es exponer las experiencias de resistencia de las personas desarraigadas de Colombia. Para ello, se dividieron en tres aspectos: afrontamientos individuales, afrontamientos colectivos y aquellos que se centran, principalmente, en las resistencias político-organizativas.
Para la construcción de estos relatos se hizo “un ejercicio colectivo de recuperación de sus memorias para dar cuenta de hechos históricos y relevantes del conflicto armado desde sus experiencias. No es un documento realizado por especialistas del conflicto y ahí está su riqueza”, explicó Torres.
El tema del exilio en razón del conflicto armado es de vital importancia para las entidades que hacen parte del Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición. En sus tareas es clave hacer visibles los casos de exilio de colectividades del liderazgo político, social, agrario, feminista, homosexual, sindical, estudiantil, ambiental, muchos de los cuales fueron fundamentales en el fortalecimiento de procesos sociales que tuvieron notable trascendencia en Colombia y que fueron desarticulados por culpa del exilio forzado de muchos de sus integrantes.
Voces de víctimas
Una de las situaciones más difíciles de afrontar para las personas en el exilio es la imposibilidad de continuar con sus labores sociales y políticas que tuvieron al abandonar el país de manera forzada y, en algunos casos, precipitada. “Cuando salí de Colombia lo más duro para mí fue perder todo el contacto con el movimiento indígena y campesino, que para mí eran mi razón de ser”, contó una de las víctimas que aportó su testimonio para este informe.
Al evocar el pasado, una lideresa de ANMUCIC sostuvo que “cuando vieron la fortaleza que teníamos nos convertimos en objetivo militar”. Desde esa organización, mujeres campesinas, indígenas y afros enfrentaron luchas por la reivindicación de sus derechos, razón por la cual padecieron señalamientos y persecuciones por parte de grupos armados ilegales y agentes del Estado, lo que forzó el desarraigo de algunas de sus voceras.
“En el exilio uno siente que tiene la muerte social y política. Es demasiado el trabajo que hay que hacer para demostrar que seguimos llevando al país en el corazón”, afirmó Leonora Castaño, una de las lideresas de ANMUCIC, exiliada en España desde hace más de 15 años.
Ni las intimidaciones ni las amenazas acabaron con su liderazgo y el de otros líderes y lideresas campesinos, indígenas y afrocolombianos. Es por ello que mujeres como Castaño siguen tejiendo liderazgos, desde el exilio, para fortalecer acciones a favor de la paz de Colombia, buscando que cesen los asesinatos de defensores y defensoras de los derechos humanos.
En su intervención virtual desde España, Castaño aseguró que “la realización de este foro en Colombia está demostrando que nuestras voces no han sido acalladas. (…) Una voz de apoyo, la solidaridad internacional se expresa en favor del levantamiento popular en Colombia y el mundo, exigiendo el respeto por la movilización pacífica. Siempre ponemos en práctica lo que llamamos el amor social y político y este espacio de escucha es un escenario que puede reivindicar en cuanto a la práctica del amor que puede lograr espacios de reconciliación de convivencia y de diálogo”.
Hay más barreras
Miles de personas que padecen el exilio en razón de la confrontación armada se enfrentan a la negativa de recibir asilo en aquellos países a donde llegaron, especialmente en Europa. Las víctimas aseguran que la respuesta de las autoridades en relación a la denegación de sus solicitudes de amparo se fundamentan en que los hechos que generaron su desarraigo están desconectados de motivaciones políticas.
En las dependencias migratorias aseguran que Colombia ha pasado de una situación de conflicto a una situación de posconflicto tras firmarse el Acuerdo de Paz con la extinta guerrilla de las Farc en noviembre de 2016. Por ello, les sugieren a los exiliados que acudan a los sistemas de protección nacionales antes de buscar la protección internacional.
Pero esa no es la única barrera para alcanzar una estabilidad en el extranjero. Edinson Cuéllar, coordinador del informe, le contó a VerdadAbierta.com que la persecución se extendió más allá de las fronteras colombianas y aludió a registros que hacen referencia a operaciones de persecución en el extranjero.
“Los consulados generalmente en el imaginario colombiano son bastante agresivos con la comunidad víctima, desde la Operación Europa —la cual, dentro de las operaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), tuvo por objetivo ‘neutralizar la influencia en el Sistema Jurídico Europeo’—, a través de la cual se perseguía a los líderes y las lideresas que salían al exilio y se les hacía inteligencia y seguimiento a través de los consulados”, detalló Cuéllar.
“En las víctimas —agregó— persiste el miedo de asistir al consulado colombiano, también hay una falta de política de atención frente a las víctimas como tal. Además, no hay políticas de atención psicosocial ni de restitución de tierras”.
El abogado también aseguró que existen impactos culturales en el exilio y que espera que este deje de ser un tema oculto y sea reconocido en Colombia como ya se hizo en otros países de Latinoamérica: “Hay una ley de reparación de exilio en Argentina mientras que en Colombia se niegan judicialmente. Debe haber un compromiso para reconocer el exilio y todos sus impactos. Ya van incluso las terceras generaciones, desde que salieron algunas personas en 1985 debido a la persecución de la UP (Unión Patriótica). Algunas personas de estas terceras generaciones ya no hablan castellano en algunos casos. Estos son impactos culturales”.
Una muestra del impacto
El informe presentado por la Construyamos Paz desde la Migración y el Exilio recoge testimonios de por lo menos 34 personas que se vieron obligadas a salir de Colombia a causa de hostigamientos, persecuciones, amenazas e intimidaciones. Se destacan líderes y lideresas sociales y defensores y defensoras de derechos humanos.
De las 34 personas que se tomaron como muestra, por lo menos 20 se exiliaron entre 1995 y 2010, justo en un periodo que coincide con la ola expansiva del fenómeno paramilitar, el fortalecimiento del narcotráfico, la implementación del Plan Colombia y la Política de Seguridad Democrática. Los 14 casos restantes se distribuyen entre 1966 y 1994 (5 casos); y entre 2011 a 2019 (9 casos).
Las víctimas del periodo más reciente, y que agrupa el mayor número de casos, pertenecieron a movimientos de víctimas, derechos humanos, mujeres campesinas y promotores del Acuerdo de Paz, así como a partidos o movimientos políticos y a movimientos indígenas y comunidad LGBT.
El documento expone los testimonios de cada una de las personas que hicieron parte de la muestra tomada para este informe y aluden a qué se dedicaban en el país antes del desarraigo, qué proceso adelantaban con sus comunidades, en cuáles organizaciones se encontraban y en qué momento se convirtieron en un objeto de persecución por parte de agentes legales e ilegales.
Torres hizo referencia a la crítica situación social y política que afrontaba el país en 2001, año en el que la guerra no daba tregua, pese a que el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) adelantaba conversaciones con la extinta guerrilla de las Farc para buscar una solución negociada a la confrontación armada.
Para fortalecer su argumento, esta activista recordó un informe de la Organización de Naciones Unidas de ese año, que “llamaba la atención sobre la situación de las personas que ejercían liderazgos sociales y organizativos en Colombia en el sector sindical, agrario, indígena, de mujeres y de personas desplazadas. Precisamente, sectores a los cuales corresponden, en su gran mayoría, las personas participantes del presente informe” y sobre las cuales “se puede concluir que todas ellas fueron víctimas de este patrón grave de abusos”.
Es por ello que, para Torres, esa situación no obedecería a casos aislados. Según los investigadores que prepararon el informe, este tipo de violencia responde a un modus operandi que afecta a quien disienta o critica los poderes establecidos.
“Concluir que en Colombia se desarrolló un genocidio organizativo no es una tesis descabellada”, indicó Torres al hablar sobre la sentencia de muerte que, según ella, recibieron los movimientos sociales y sobre el cual, se plantea en el informe, se construyó un “modelo de Estado en defensa genocida de un estatus quo excluyente, marginador, inequitativo, machista, homófobo, clasista, etc. Donde las diferencias políticas se saldan con la muerte”.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, convocado por más de 150 organizaciones defensoras de derechos humanos del país, sesionó el pasado 25 de marzo en Bucaramanga, donde presentó 17 casos de exilio causados en razón del conflicto armado, reconoció este fenómeno como una “práctica social genocida” y le exigió al Estado colombiano el reconocimiento de este crimen.
En septiembre de 2018, el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) lanzó una investigación sobre el exilio y una de sus conclusiones fue que este fenómeno “permanece aún invisibilizado y es una de las grandes deudas en el esclarecimiento de la verdad del conflicto armado”, entre otras razones, porque eran “pocas las iniciativas que han buscado esclarecer la lógica detrás de esta forma de violencia, visibilizar su magnitud y contribuir al proceso de reconstrucción de lo acontecido”. (Leer más en: El exilio por razones del conflicto armado, aún invisibilizado: CNMH)
Por su parte, Cuéllar citó estadísticas de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para destacar que, actualmente, hay 550 mil colombianos en el exterior demandantes de asilo político y protección internacional.
Este abogado indicó que uno de los países que más solicitudes de asilo ha recibido es España. En 2017 fueron 2.640 solicitudes; en 2018, 8.650; y en 2019 recibió 29.363. Y destacó que en este país ibérico se dio un crecimiento del 330 por ciento de las solicitudes desde la firma del Acuerdo de Paz hasta el año 2019.
De acuerdo con cifras del Ministerio del Interior de España, citadas también por Cuéllar, el gobierno español le ha negado peticiones de exilio a 37 mil personas y, únicamente, se la ha reconocido a 624 personas.
En el informe se evidencia que el 6 por ciento de las solicitudes son aprobadas, pero este no es el único problema. A pesar de que es posible para las víctimas permanecer en España mientras se resuelva el trámite de protección internacional, esto puede suponer un tiempo de espera de hasta 12 meses, en los cuales no se tiene un permiso para trabajar.
Exaltan trabajo
Salomé Gómez, representante del grupo de trabajo de género de la CEV y asistente al Foro, destacó la labor realizada por la Campaña Construyamos Paz desde la Migración y el Exilio en la construcción del documento: “Quiero agradecer por las formas que da cuenta este informe de resistir de manera individual y colectiva”.
En el mismo sentido se expresó Valentina Camargo, representante de la UBPD: “Gracias por la lucha desde el exilio por la visibilización de la guerra y de la realidad en nuestro país. Gracias por la recopilación de estas memorias y reconocimiento por seguir forjando liderazgo social y político; seguir tejiendo sentido comunitario, seguir luchando sin fronteras.”
Por su parte, Roberto Vidal, magistrado de la JEP, sostuvo que la presentación de este tipo de informes es el primer eslabón de una cadena de participación en el sistema: “Es el comienzo de una oportunidad para participar y se acrediten como víctimas desde el exterior. El proceso mismo es la restauración que se puede ofrecer y la JEP es un lugar de dignificación a las víctimas. Pone las verdades de las víctimas adelante y juntos podremos encontrar medidas restaurativas de los daños”.
* Foto de apertura: Informe Lo que la violencia no pudo acallar.
