El Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial de esta región del país es el más avanzado. Para las comunidades, el reto está en que no sea un documento de promesas fallidas, por lo que exigen voluntad política y presupuesto.
Que el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) del Sur de Bolívar sea “piloto nacional” tiene varias explicaciones: las comunidades del Magdalena Medio llevan 30 años presentándole al gobierno nacional sus propuestas de desarrollo; aunque allí el conflicto armado fue intenso, sus pobladores resistieron; y lograron constituir la Zona de Reserva Campesina del Valle del Río Cimitarra, la segunda más grande del país. (Lea: Puerto Matilde: la vida en una zona de reserva campesina)
Desde que el gobierno nacional y las Farc firmaron el Acuerdo de Paz, el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, en la subregión del Sur de Bolívar la población se ilusionó con las promesas del primer punto, el de la Reforma Rural Integral (RRI), entre otras razones porque para su implementación se priorizaron los municipios de Arenal, Cantagallo, Morales, San Pablo, Santa Rosa del Sur y Simití, en Bolívar, y Yondó, en Antioquia, que fueron seleccionados para formular el PDET Región Sur de Bolívar.
La Agencia de Renovación del Territorio (ART) tiene la tarea de coordinar la construcción de todos los PDET en el país, que deben articular el acceso a tierra, el desarrollo de infraestructura y asistencia técnica, así como la sustitución de cultivos de uso ilícito, de una forma voluntaria y concertada, como lo indica el cuarto punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto pactado con las Farc.
La gente asistió
Javier Pineda, coordinador del equipo del PDET en esta zona del país, explicó que el proceso de participación comenzó en diciembre de 2017 con la asistencia de por lo menos 1.600 personas en la etapa veredal. En esta fase se presentaron 700 preiniciativas sobre los ocho pilares que busca el Programa: tierras, infraestructura, salud, educación, reactivación económica, seguridad alimentaria, reconciliación y paz, vivienda y agua potable.
“De este proceso salieron siete pactos comunitarios para avanzar luego en la segunda fase, la municipal. La idea es mirar qué se puede articular de los Planes de Desarrollo Municipal y Departamental, las zonas de reserva campesina, Planes de Vida, Plan de Decenal de Salud y Plan Nacional de Desarrollo Minero”, indica Pineda y explica que en este trabajo ha sido clave la construcción de la Red de Aliados Estratégicos (RAE), así como los diálogos preparatorios con víctimas del conflicto armado sobre los procesos de reparación coelctiva, los retornos, la restitución de tierras y la Mesa del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (Pnis).
Durante esta semana el Sur de Bolívar trabaja en la construcción del Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR) del Sur de Bolívar y Yondó, uno de los primeros cinco que inspirará el desarrollo de otros 12 PDET en el país. (Lea: Santos no alcanzará a entregar Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial)
Águeda Plata, gerente del PDET Sur de Bolívar y Yondó, señala que el trabajo ha sido positivo en la región, dada la masiva participación de las comunidades, pero indica que hay varios desafíos, como las tensiones sobre la protección vigente del territorio bajo la Ley 2 de 1959, su transformación, el mercado de tierras y el desarrollo de la minería, afectada por la ilegalidad. “Sólo en Santa Rosa y Simití hay 170 retroexcavadoras”, dice.
Plata comenta que en el proceso de construcción de los pactos municipales, siendo Cantagallo el primero, se pensaron propuestas frente a las restricciones ambientales que impone la Ley 2 para titular tierras. “La Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha previsto un acuerdo para los derechos de uso”, apunta.
En ese sentido, Javier Pineda cuenta que en el Sur de Bolívar hay por lo menos 30 mil personas dedicadas a la actividad minera y que la región han trabajado en el Distrito de Manejo Integrado (DRI) para el Parque Nacional de la Serranía de San Lucas.
Esta propuesta busca que 40 mil hectáreas del Parque estén organizadas en 12 sectores, de los cuales dos serán áreas protegidas y las otras 10 permitirán uso regulado. “No necesitamos más leyes restrictivas. Se trata de un ordenamiento en clave de paz, donde todos cabemos”, indica Pineda.
Plata, por su parte, apunta que hay un compromiso de los empresarios para aportar a la región y que la apuesta de las comunidades es la defensa por la vida y el territorio, en una zona donde todavía hay presencia de actores armados ilegales. (Lea: La paz del sur de Bolívar, en la “cuerda floja”)
Temores
La Gerente y el Coordinador del PDET Sur de Bolívar coinciden en que el territorio es el eje porque esta es la base de todas las acciones que el Estado debe poner en marcha. Sin embargo, reconocen que las comunidades sienten “desconfianza” porque históricamente les han incumplido muchos acuerdos. “Se requiere liderazgo para que las propuestas salgan adelante”, afirma Águeda Plata. Al respecto, la funcionaria cree que los PDET no se pueden limitar a un documento sino al compromiso de recursos para poderlo cumplirlo.
Para lograr lo anterior no basta la gestión, formulación y aplicación de las iniciativas, sino que estas estén “ancladas” a recursos del Presupuesto General de la Nación, así como al Sistema General de Regalías y Participaciones. Desde lo local, Águeda comenta que sería importante que las asambleas departamentales aprobaran ordenanzas y los concejos municipales proyectos de acuerdo de manera que haya un compromiso para cumplir con las propuestas de “como se está soñando el territorio”.
Las comunidades expresan preocupación por el panorama político, no solo por el cambio en la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto sino por las elecciones territoriales de 2019, que incluyen gobernaciones, alcaldías, asambleas y concejos. “El problema es que los PDET no son vinculantes. Por eso hay que lograr que sean una política pública”, reitera Águeda.
Este medio quiso conocer la opinión de los siete alcaldes de la región al respecto, sin lograr comunicación con ellos porque no contestaron los mensajes enviados por este portal.
Gil Alberto García, un campesino que conoce el proceso campesino del Comité Cívico del Sur de Bolívar, en Simití, recuerda que una gran parte de las inversiones en el corregimiento de Monterrey han sido con apoyo de la cooperación internacional.
“Hasta ahora hemos participado en la construcción del PDET y estamos a la expectiva de lo que pueda pasar. Qué no nos vaya a pasar lo mismo que con la reparación colectiva”, dice, refiriéndose a un proceso que lleva varios años sin concretarse. (Lea: Comité Cívico de Simití persiste para que el Estado repare años de guerra)
Ramón Bohórquez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Monterrey, cuenta que en su corregimiento hay 1.240 personas y todos están a la espera de que el PDET mejore las condiciones de las vías, así como la electrificación, para poder transportar la yuca y el plátano que cultivan en estas tierras. “Estamos esperando qué sucede. Nos preocupa mucho la situación de los líderes sociales”, apunta.
César González, también habitante de Monterrey y quien ha participado de la formulación del PDET, cuestiona la disponibilidad de recursos públicos para hacer efectivo el Plan. “Lo importante es que esto no se quede en expectativas y nada más. Ojalá no retrocedamos”, reitera el campesino, quien señala la urgencia de infraestructura para que los campesinos no pierdan más las cosechas.
En un corregimiento vecino, El Garzal, los campesinos tienen la misma percepción. Salvador Alcántara, líder de esa comunidad, explica que en el proceso ha habido mucha participación, pero lo clave es que se materialice: “Este es un tema de confianza, de legitimidad, que no sea un programa más para ‘entrener’ a la gente. Acá por ejemplo por la falta de titulación de las tierras, el Banco Agrario no nos presta dinero argumentando falta de sana posesión”. (Lea: El Garzal: resistencia con aroma a cacao)
Para Gilberto Guerra, coordinador de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (Acvc), una de las organizaciones sociales más antiguas del Magdalena Medio, el reto es que el PDET “se legimite y se ejecute” y explica que en la región el proceso avanzó por la experiencia de las comunidades.
Desde la Acvc, los campesinos temen que el PDET se formule y los nuevos inquilinos de la Casa de Nariño quieran “acomodarlo”, desconociendo las propuestas de las organizaciones sociales, excluyendo, por ejemplo, el Plan de Desarrollo de Reserva Campesina que trabajan desde hace 40 años. “Al gobierno le cuesta entender los logros y las conquistas de las comunidades. A veces llegan funcionarios a cumplir resultados técnicos y la tierra es nuestra primera razón de ser. Hay un debate sobre las figuras de protección para el aprovechamiento de los recursos”, apunta Guerra.
Los municipios seleccionados son vecinos de Norosí, Tiquisio y Achí, identificados por la Defensoría del Pueblo como en riesgo por la presencia de las organizaciones armadas ilegales, que desde la desmovilización paramilitar controlan la producción y las rutas para la comercialización de clorhidrato de cocaína. Sumado a este panorama existen otros riesgos y tensiones relacionadas con las economías de la región: en la Serranía de San Lucas, el oro y la coca; en el nordeste antioqueño, la minería de socavón; en el Magdalena Medio la explotación petrolera; en el sur de Simití, el monocultivo de palma de aceite; y de Puerto Berrío, la ganadería y el latifundio.
Por eso, aunque la Agencia de Renovación del Territorio tiene el compromiso de entregar el próximo 7 de agosto varios de los PDET Regionales formulados, la preocupación de las comunidades es la garantía sobre su cumplimiento; también lo son las garantías para los líderes sociales que han participado de estos procesos, incluidos los de la Coordinadora de Organizaciones de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam). En lo que va del año, tres líderes sociales, dos de Cantagallo y uno de Yondó, han sido asesinados (Lea: Líderes ambientales del sur de Bolívar, en riesgo).
“Esto es un Plan de Desarrollo Sostenible para la comunidad campesina, proyectado para el año 2022. Tenemos que trabajar para que sea legítimo porque este es un compromiso conjunto por la región”, concluye Guerra, el vocero de la Acvc.
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