El Centro Nacional de Memoria Histórica acaba de publicar su más reciente investigación titulada Hasta encontrarlos: dinámicas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia. Entre sus hallazgos figura uno que en cualquier otro lugar del mundo generaría la más profunda indignación: 60 mil personas desaparecieron forzosamente en los últimos 45 años.
En 426 páginas, el Centro Nacional de Memoria Histórica reconstruyó cómo ha sido la tragedia de la desaparición forzada en Colombia. Foto: archivo Semana y portada del informe.El 9 de septiembre de 1977 fue el último día que vieron con vida a Omaira Montoya Henao. Ese día, la bacterióloga de profesión y reconocida militante de izquierda fue retenida junto con su novio, Mauricio Trujillo, por miembros del Servicio de Inteligencia (Sipec), conocido en aquel entonces por las siglas F2, y militares adscritos a la Brigada II del Ejército Nacional mientras la pareja caminaba por una céntrica calle de Barranquilla. Semanas después apareció Mauricio con evidentes signos de tortura. La suerte de Omaira es un misterio desde entonces.
Fue, si se quiere, el primer caso que conocieron las autoridades colombianas relacionado con la retención ilegal de una persona y su posterior desaparición forzada. No sería el último. Tristemente, la práctica atroz de desparecer personas bien por razones políticas o religiosas; bien para inspirar terror o someter una comunidad; o bien como estrategia de ocultamiento de otras violencias, se extendió por todo el país como un cáncer cuando hace metástasis, dejando a su paso profundos e irreparables daños en miles de familias de todas las condiciones sociales.
Según reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica –CNMH- en reciente investigación titulada Hasta encontrarlos: dinámicas y dimensiones de la desaparición forzada en Colombia, entre los años 1977 y 2015 se registraron 60.630 casos de personas desaparecidas en el país. Una cifra que causa escozor si se tiene en cuenta que durante la época de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile se registraron 12 mil denuncias de personas desaparecidas, mientras que en Argentina, también durante los años de las dictaduras, cerca de 30 mil personas fueron retenidas y desaparecidas.
Ello quiere decir que en Colombia fue desaparecida el total de la población de municipios como Puerto Boyacá –Boyacá- (55.694 habitantes); Carepa –Antioquia- (57.220 habitantes); San Onofre –Sucre- (50.647); o Pamplona –Norte de Santander- (57.803). Ello quiere decir que en Colombia, por lo menos en los últimos 45 años, donde la constante fue la permanencia de un conflicto armado entre guerrillas, paramilitares yfuerzas del Estado, una persona fue reportada como desaparecida cada ocho horas.
Claro está, de acuerdo con los hallazgos del CNMH, el flagelo también tuvo sus picos y sus descensos en estas cuatro décadas. Así, mientras en el periodo comprendido entre 1970 y 1981 solo se conocieron unos 443 casos de desaparición forzada en 169 municipios, siendo la década con los niveles más bajos; entre 1996 y 2005 se registró el mayor número de personas desaparecidas en el país con un total de 32.422 casos en 919 municipios. Este periodo coincide con el fortalecimiento militar de las guerrillas, la expansión del fenómeno paramilitar en todo el país y en general con el recrudecimiento del conflicto armado.
El drama de la desaparición forzada
Uno de los principales planteamientos de la investigación del CNMH es que si bien se tienen registros de casos de desaparición forzada en Colombia desde la década de los setenta, sus modalidades, así como sus perpetradores, han cambiado con el tiempo.
“Empezó siendo una herramienta empleada por agentes del Estado contra activistas asociados a la izquierda y se convirtió en un arma de paramilitares y guerrilleros que afectó a personas de características muy diversas: campesinos, sindicalistas, habitantes de calle”, señala el Informe y agrega que “el Estado no solo tiene la responsabilidad de haber participado como autor o cómplice sino por su incapacidad de cumplir con el deber constitucional de protección”.
Según la investigación, este flagelo se empleó para “castigar, para impedir la organización, para propagar el terror y ejercer control territorial y para ocultar la dimensión de los crímenes cometidos”. Los daños sociales, políticos, morales y psicológicos que dejó esta práctica atroz en muchas familias del país, en algunos casos, ha llegado a ser irreparable, plantea el informe.
¿Quiénes lo hicieron?
Fuente: Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).Con relación a los perpetradores, los investigadores del CNMH encontraron que en un 51,1 por ciento de los casos no es posible identificar al responsable, dato que no sorprende toda vez que se trata de un flagelo cuyas principales características son “el ocultamiento y la negación, aspectos que van aunados a la capacidad de los actores del conflicto armado de impedir la denuncia de las víctimas”, tal como se lee en la investigación.
Allí donde se conoce el victimario (el 49 por ciento del total de casos) se encuentra que a los grupos paramilitares se les atribuyen 13.562 casos mientras que a los denominados grupos postdesmovilización –o Bacrim- figuran como responsables en 2.598 casos. A las guerrillas, por su parte, se les atribuyen 5.849 casos en total. De acuerdo con el CNMH, “en 4.553 casos no se identifica al grupo guerrillero que perpetró el hecho, mientras que 1.067 fueron atribuidas a las Farc; 157 al Eln; 21 al Epl; 21 a disidencias guerrilleras (ERG, disidencia del Epl, Eln y Farc), entre otras”.
Los agentes estatales también figuran como responsables de esta atroz práctica. De los 2.331 casos atribuidos a miembros del Estado, en 1.472 se responsabiliza al Ejército, en 653 casos a la Policía Nacional; en 55 hechos al desaparecido DAS; en 25 hechos a miembros de la Armada Nacional y en siete a miembros de la Fuerza Área.
Regiones más afectadas
Talcomo lo plantean los investigadores del CNMH: “la desaparición forzada es una modalidad de violencia que se ha propagado por todo el territorio nacional, registrando víctimas en 1.010 de los 1.115 municipios del país”. Con todo y ello, aquellas regiones del país duramente golpeadas por las dinámicas del conflicto armado, presencia de cultivos ilícitos, economías ilegales y otros fenómenos similares también figuran como las zonas del país donde más se concentraron casos de desaparición forzada.
Asi, el Magdalena Medio, el Oriente antioqueño y el Valle de Aburrá, que incluye a Medellín, suman entre las tres unos 10.337 casos de desapariciones forzadas. Le siguen el Alto Sinú y el San Jorge; el Bajo Cauca, el Urabá y el Suroeste antioqueños: entre estas cinco regiones se contabilizaron 6.933 personas desaparecidas. El suroriente del país también figura como uno de los más afectados: entre las regiones de Ariari-Guayabero y Florencia suman un total de 4.483 casos.
Por su parte, el sur del Valle del Cauca; el Andén Pacífico Sur y el Bajo Putumayo registran 4.089 casos. Mientras que en el Piedemonte Llanero, que integra municipios del Meta, Casanare, Boyacá yCundinamarca se presentaron 2.106 casos. La Sierra Nevada de Santa Marta también aparece entre las zonas donde se concentró el flagelo de la desaparición forzada, con 3.208 casos.
Es decir, a juicio de los investigadores del CNMH, “es posible afirmar que dos de cada tres desapariciones forzadas en que conocemos el lugar de ocurrencia, es decir, en 54.036 casos, tienden a concentrarse en estas 15 regiones de la geografía nacional. Estas regiones están conformadas por 239 municipios que representan el 20 por ciento de todos los municipios del país”.
Un crimen sin dolientes
Foto: archivo Semana.Uno de los aspectos que más destaca el informe es que, pese a la magnitud que registra este flagelo en el país, este no ha merecido el rechazo de la sociedad mientras que sus víctimas, en muchos casos, han terminado estigmatizadas. “Se trata de un crimen silencioso e invisibilizado, que genera un duelo infinito, suspendido, en los familiares de quienes la padecen, sumiéndolos en un dolor que no se alivia y una espera interminable. Sufren no solo por la ausencia sino por suponer el padecimiento y el suplicio de su ser amado. Viven su tragedia en soledad, estigmatizados y en medio de la falta de solidaridad de la sociedad y el Estado”, tal como se lee en la investigación.
Al respecto, la falta de acciones por parte del Estado para enfrentar este flagelo también brilló muchos años por su ausencia. Desde que se registró el primer caso, justamente el de Omaira Henao, en 1977, y durante poco más de tres décadas, este crimen era tratado como un secuestro. Durante la década de los 90 se presentaron varias iniciativas de Ley en el Congreso de la República que buscaban incluir expresamente este delito en el Código Penal Colombiano, pero ninguna prosperó.
Al respecto, a juicio del CNMH: “las demoras, trabas y objeciones frente a la demanda de una ley que tipificara el delito sugerían una actitud reticente de los gobiernos a reconocer este delito, por motivos de protección al estamento militar”. Solo en el año 2000, luego de una década de protestas sociales y masivas movilizaciones de organizaciones sociales, entre ellas la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (Asfaddes), la justicia colombiana tipificó el delito de desaparición forzada mediante la Ley 589 de 2000.
La presión ciudadana también coadyuvó a la creación de una serie de mecanismos para prevenir y atender este flagelo como fueron la Comisión de Búsqueda, el Registro Nacional y el Mecanismo de Búsqueda Urgente, aunque estos solo fueron reglamentados en 2005. En 2007 se aprobó el Plan Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y en 2010 se aprobaron otras disposiciones para atender a los familiares de personas desaparecidas.
¿Y ahora qué?
La última esperan que aguardan familiares de personas desaparecidas en todo el país reposa en la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en el Marco del Conflicto Armado, mecanismo propuesto tanto por las Farc y el gobierno nacional durante los diálogos de paz en La Habana, Cuba, y que finalmente se incluyó en el Acuerdo para la Finalización del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera.
Asimismo, no son pocos quienes aguardan que en el escenario de la justicia transicional mediante la cual se juzgarán los crímenes de las Farc surjan versiones, elementos o indicios que permitan saciar la sed de verdad, justicia y reparación de los cientos de miles de víctimas que la desaparición forzada ha dejado en todo el país.
