Tras cumplirse dos décadas de la desaparición forzosa de doce campesinos de la vereda La Esperanza de El Carmen de Viboral, Oriente antioqueño, los familiares de las víctimas esperan que sea el escenario internacional quien les brinde la justicia y la verdad que el Estado colombiano ha sido incapaz de garantizarles.
Los familiares de las víctimas de Ramón Isaza no saben de la suerte de sus seres queridos. Temen que hayan sido asesinados y sus cuerpos enterrados en fosas. Foto: archivo Semana.Claudia Janeth Castaño aún recuerda el momento en que los paramilitares de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio (Acmm), bajo el mando de Ramón Isaza, ingresaron a su vivienda para llevarse a la fuerza a su padre, Hernando de Jesús Castaño.
Sucedió un día de junio de 1996. En aquel entonces ella era tan solo una niña de cinco años de edad. Sin embargo, no olvida cómo los ‘paras’ llegaron hasta su vereda, La Esperanza, ubicada en el municipio antioqueño de El Carmen de Viboral, preguntando por el promotor de salud, cargo que desempeñaba su tío, Juan Carlos Gallego.
Entonces, Hernando debió acompañar a los paramilitares a buscar a Juan Carlos, hermano de su esposa, Flor Gallego, quien a su vez se había hecho cargo de un pequeño de dos meses de nacido que quedó prácticamente huérfano pues días antes, los mismos hombres armados que en ese momento los intimidaban se habían llevado violentamente al padre y a la madre de la criatura.
“Cómo ese niño quedó prácticamente solo, mi tío se hizo cargo. Cuando llegaron los ‘paras’ llegaron desesperados preguntado por el niño. A mi papá le tocó salir con ellos a buscar a mi tío y al niño. Y se los llevaron a todos”, recuerda la joven. Días después, los paramilitares se llevaron a otro de sus tíos, Octavio Gallego.
Las incursiones a la vereda La Esperanza por parte de las Acmm de Ramón Isaza, continuaron a lo largo de 1996. Según lo documentaron organizaciones defensoras de derechos humanos, entre junio y diciembre de ese año fueron sacadas a la fuerza de sus viviendas unas doce personas de las cuales no se volvió a saber absolutamente nada.
Claudia Janeth, que hoy es una mujer de 25 años de edad, no sabe si sus seres queridos están vivos, si fueron ajusticiados e inhumados en alguna fosa común o si fueron arrojados a las aguas de algún río. El drama es similar para María Cemida Cardona, quien aguarda noticias de su hermano, Leonidas Cardona, otra de las víctimas de las desapariciones forzadas cometidas por los hombres de Ramón Isaza hace ya 20 años.
Impunidad total
Según Vanesa Vasco, abogada integrante de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), organización defensora de derechos humanos con sede en Medellín que se ha dedicado a brindar acompañamiento y asesoría jurídica a las víctimas de la vereda La Esperanza, el manto de impunidad que cubre este caso es indignante.
Por este caso, la justicia ordinaria abrió investigación contra el mayor del Ejército Carlos Alberto Guzmán Lombana y el exjefe paramilitar Ramón Isaza, sin que se haya proferido hasta la fecha ninguna decisión de fondo. El escenario de Justicia y Paz tampoco ayudó a clarificar los hechos ocurridos en la vereda La Esperanza dos décadas atrás.
“Es que ese señor (Ramón Isaza) ha dicho tantas cosas: primero, que se trató de un combate con guerrilleros; luego dijo que la comunidad había denunciado a seis guerrilleros que estaban en la vereda y por eso los sacaron; luego dijo que puede que estuvieran enterrados en la finca Las Mercedes, por allá por La Danta (Sonsón). Uno yo na sabe qué creer”, dice María Cemida.
“En sus versiones libres siempre señaló a gente que ya está muerta, vinculó a militares ya fallecidos como el general (Alfonso) Manosalva”, añade por su parte la jurista, quien cuenta además que “recientemente dijo que la responsabilidad de los hechos recaía en Luis Eduardo Zuluaga, alias ‘Macgiver’; Camilo Zuluaga y Walter Ochoa, alias ‘El Gurre”.
Por ello, las expectativas de justicia están centradas ahora en el escenario internacional. “En 1999 se decidió presentar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que en el país no había garantías para adelantar una investigación seria e imparcial”, explica la abogada.
En 2013 la Comisión elaboró un informe en el que consignó una serie de recomendaciones al Estado colombiano para agilizar las investigaciones sobre este caso, “pero éstas no fueron acogidas por el Estado y entonces el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh)”, añade.
Y hasta Costa Rica, sede de la Cidh, viajó Flor Gallego Hernández, madre de Claudia Janeth, para narrar ante los jueces internacionales los horrores padecidos por la comunidad de la vereda La Esperanza justamente hace 20 años. Esta audiencia pública se desarrollará durante el 54 periodo de sesiones extraordinarias de la Corte.
“Sentimos temor”
Ramón Isaza, quien fuera comandante de la estructura paramilitar señalada como la responsable de este atroz crimen, hoy se encuentra libre, luego de cumplir con los ocho años de pena alternativa consagrados en la Ley de Justicia y Paz.
Para los familiares de las personas desaparecidas forzosamente de la vereda La Esperanza, el hecho constituye toda una afrenta toda vez que durante su comparecencia ante los estrados de la justicia transicional, no colaboró con el esclarecimiento de este hecho.
“El señor salió de la cárcel como si nada. Y yo me pregunto entonces, ¿qué garantías tenemos las víctimas?”, expresa María Cemida, quien no oculta su preocupación porque el exjefe paramilitar y varios de sus lugartenientes hoy estén libres y hayan regresado a la región. “La vereda está tranquila por ahora, pero una va a Cocorná y escucha comentarios, va uno a El Carmen (de Viboral) y lo mismo. Y pues uno se preocupa”.
Quizás lo único que tienen claro los habitantes de La Esperanza, y esto por cuenta de las pocas confesiones realizadas por Ramón Isaza, es que el recién nacido que iba con Juan Carlos Gallego el día que fue desaparecido hoy es un joven de 20 años de edad que fue criado por familiares del exjefe paramilitar y que muy seguramente, no sabe la verdad sobre su origen.
“Él también es una víctimas de todo esto y por eso le pedimos a la familia de Ramón Isaza, que por lo menos le cuenten la verdad”, sentencia Claudia Janeth.
