Se trata de un predio en Armero Guayabal que, en el pasado, le perteneció al narcotraficante Leonidas Vargas y que le fue entregado a 22 familias, entre ellas a seis afectadas por minas antipersonal. La decisión fue cuestionada por campesinos de este municipio de Tolima, quienes lo venían solicitando desde 2006. La Procuraduría General de la Nación y la Agencia Nacional de Tierras también esbozan posturas contrarias.
Que campesinos, afros e indígenas se enfrenten con terratenientes para dirimir asuntos de acceso y propiedad de la tierra es frecuente en diversas regiones del país, pero que labriegos afectados por la guerra choquen entre sí y que entidades estatales tengan posturas distintas al respecto, revela la complejidad de resolver uno de los temas estructurales que atizó el conflicto armado colombiano durante más de 50 años. (Leer más en: Un error del gobierno los enfrentó, ahora afros e indígenas se reconciliaron)
Uno de los casos que ilustra ese último fenómeno se presenta en el municipio de Armero Guayabal, lo que ha generado un tenso clima entre campesinos víctimas del conflicto armado. Allí hay un debate jurídico alrededor de la finca Potosí, que le perteneció al narcotraficante Leonidas Vargas y tras un proceso de extinción de dominio pasó a manos del Estado para que fuera entregado a labriegos sin tierra.
La discusión, que viene desde el 2006, se intensificó desde mediados del año pasado, luego de que la Agencia Nacional de Tierras (ANT) decidiera adjudicarles el predio a 22 familias de diversas regiones del país, respaldas por la Asociación Distrital de Supervivientes de Minas Antipersonal y Munición sin Explotar (Adisman).
En un evento realizado el 24 de mayo de 2017, la ANT les entregó el predio en calidad de provisionalidad mientras se adelantaba el proceso administrativo de titulación a cada una de ellas. En esa ocasión, Miguel Samper, director general de la ANT declaró: “La tierra en este país nos permite generar condiciones de reconciliación y reconstrucción de proyectos de vida. Eso es paz territorial”.
No obstante, otro sentimiento embargaba a los integrantes de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Armero Guayabal, afiliada a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), quienes aún no aceptan que los hayan rechazado, cuestionan a la ANT y también a los recién llegados. “Son personas que nunca han tenido que ver con el municipio”, afirmó Édgar Angarita, líder del proceso de reclamación y vocero de los campesinos tolimenses. A su juicio, la agencia estatal se equivocó al adjudicarle el predio a esas 22 familias y no a sus representados, quienes reclaman la finca desde hace 14 años, en calidad de víctimas de desplazamiento forzado.
La Procuraduría General de la Nación también intervino en el debate. Su posición quedó consignada en un concepto emitido a finales de 2017. Tras valorar los trámites realizados por los labriegos tolimenses y las respuestas de las distintas autoridades de tierras, le solicitó a la ANT que valorara “el hecho de que los solicitantes representados por el Sr. Angarita iniciaron un procedimiento administrativo que nunca fue tramitado por la entidad desde 2006”.
No obstante, en la ANT tienen claro que lo realizado hasta el momento, que condujo a la adjudicación del predio a las familias respaldadas por Adisman, se hizo aplicando la normatividad existente y no hay ningún otro interés que el de atender con eficiencia a unas personas golpeadas por la guerra. Además, reiteraron el ofrecimiento que le hicieron a los labriegos de la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Armero de comprarles tierra donde ellos digan.
El proceso está lejos de haber concluido. De un lado, los campesinos afectados agotarán todas las vías judiciales; y de otro, la Procuraduría también acudirá a las vías administrativas para tratar de revertir la decisión y ejercerá los recursos procedentes para solicitar a la ANT que se revise los procedimientos de acuerdo con las alertas que estaban consignadas en el informe de finales de 2017.
Génesis de la disputa
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión tomada el 25 de mayo de 1999, extinguió el derecho de dominio del predio Potosí, una de las fincas de recreo que poseía el narcotraficante Leonidas Vargas en el municipio de Armero. Se trata de un predio de 149 hectáreas de la vereda El Hato en Armero Guayabal.
Tras surtir varios procesos, finalmente pasó a manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes el 11 de agosto de 2004 y 13 meses después, el 29 de septiembre de 2005, le fue entregado al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para incluirlo en la lista de potenciales predios para adelantar procesos de reforma agraria.
De manera paralela a estos procesos administrativos, en Armero Guayabal un grupo de 133 familias inició la explotación de los predios Laguna del Hato y Hacienda El Rhin, que también pertenecieron al narcotraficante. Ambos predios fueron asignados de manera provisional a los campesinos. No obstante, 33 de esas familias de desligaron del proyecto y bajo la figura de la Cooperativa de Trabajo Asociado Agro-Industrial Paz Verde presentaron el 28 de marzo de 2006 una solicitud ante el entonces gerente regional del Incoder, Roberto Jaramillo, para que les adjudicaran la finca Potosí.
El argumento de la petición fue simple: tener una porción mayor de tierra por familia. En Laguna del Hato se concentraban 93 familias, cada una de las cuales dispondría de 2,1 hectáreas; si se aceptaba la propuesta, el número de familias se reducía a 60 y, por tanto, el área de explotación subía a 6 hectáreas. Y para las 33 familias solicitantes de Potosí, se incrementaría a 4.5 hectáreas. (Ver solicitud)
Mientras esperaban respuesta del Incoder, apareció en la vereda El Hato un grupo armado ilegal autodenominado Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde, que entre el 1 y el 20 de mayo de 2006 atacó a los campesinos de la Laguna del Hato, asesinó a tres personas y obligaron desplazarse a las familias. Los campesinos muertos fueron Javier Carvajal, Horacio Guzmán Padilla y Fabio Calderón Arellanos.
Relatos registrados ante la Defensoría del Pueblo detallaron lo ocurrido: “Llegaron a la hacienda La Daniela a matar a Horacio y a Javier, les dijeron las siguientes palabras: ‘venimos a matarlos porque ustedes se le están robando los pescados de la laguna a los de la Laguna del Hato quienes nos llamaron por eso… espero no volver a ver a usted y a ninguno de los de su grupo aquí en el predio porque los matamos”. El tercer campesino, Fabio, fue atropellado en una de las carreteras de la vereda por un vehículo del cual se desconocen sus características y sus ocupantes.
“No nos dejaron volver al predio para trabajarlo, a mejorarlo ni a explotarlo”, continúa el relato. “Después de haber sido amenazados, y a partir del momento en que asesinaron a los muchachos, nos tocó atomizarnos, unos se fueron a vivir a otro municipio y los que no teníamos con qué trastear, nos tocó mandar a nuestros hijos, esposas y hermanas para otras partes”.
Todos los campesinos afectados con estos hechos, como miembros que eran de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc) fueron incluidos en el Registro Único de Víctimas el 22 de agosto de 2014, pero también ostentan esa calidad de manera individual.
Dos años después de esa incursión, el 25 de julio de 2008, se registró sobre la finca Potosí una demanda de pertenencia presentada por supuestos dueños, quienes reclamaron la posesión del predio, lo que obligó al Consejo Nacional de Estupefacientes a asumir el derecho de dominio sobre el predio, lo que en últimas implicó sacarlo del inventario de bienes y, en consecuencia, no podría ser ofrecido para programas de reforma agraria hasta tanto se superaran los procesos judiciales.
A ese proceso de demanda se le sumarían otros más, esta vez por parte de quienes tenían en depósito el predio bajo arriendo, lo que complicó su situación jurídica y entorpecía la posibilidad de devolvérselo al Incoder. Sólo hasta el 7 de diciembre de 2016, y tras superar todos esos escollos, la finca Potosí regresó al Estado, esta vez a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad que reemplazó al Incoder.
Solicitud fallida
Mientras todo el entramado de demandas se resolvía, las 33 familias campesinas que, desde 2006, presentaron la solicitud de entrega de Potosí, no sólo vivían el drama del desplazamiento, sino la imposibilidad de acceder al predio por cuanto las entidades estatales insistían que mientras no concluyeran los procesos judiciales, nada se podía hacer.
“Nosotros hemos venido reclamando el predio desde hace 14 años y desarrollando todos los procedimientos de ley para tener el derecho al predio”, precisó Angarita, vocero de las familias que reclaman Potosí, y asegura que las actuaciones del Incoder, primero, y luego de la ANT, son “irregulares”.
De acuerdo con las declaraciones entregadas a este portal, las que acompañó de varios documentos, este representante de los campesinos insiste en que lo ocurrido entre 2006 y 2017 evidencia la ineficiencia de las entidades estatales para atender a las víctimas que, como ellos, se quedaron sin tierra. “Este proceso nos costó el asesinato de tres compañeros y el desplazamiento de las familias. Nadie se imagina el drama que hemos tenido que vivir”, reiteró.
Pero no sólo Angarita se ha quejado de la manera cómo fueron descartados como beneficiarios de la adjudicación del predio Potosí. La Alcaldía de Armero Guayabal, a través de su mandatario local, expuso también su inconformidad. En una relatoría fechada el 28 de febrero de 2018, tras una visita al predio por parte de varias entidades estatales, se consignaron los cuestionamientos del alcalde Carlos Alfonso Escobar al proceso de entrega a campesinos venidos de otros departamentos y no a los que están afiliados a la ANUC Tolima.
“Por la adjudicación a estas familias (las respaldadas por Adisman) es posible la generación de conflictos sociales en el municipio, primero porque el predio no cuenta con las condiciones necesarias para ser adjudicado, y segundo porque se dio prioridad a familias victimas que no son del municipio desconociendo los intereses de la ANUC sobre el mismo”, y reiteró que “la Agencia (ANT) le está trayendo un problema al municipio con esta adjudicación que puede desencadenar en temas de orden público”.
En el documento también se registró la inquietud del alcalde Escobar con respecto de los nuevos vecinos: “Refiere además tener duda sobre la condición de víctimas de las personas a las que se le adjudicó el predio Potosí, al no tener la seguridad si efectivamente son personas víctimas de minas antipersona, pues alude que algunos de ellos no cuentan con ningún tipo de discapacidad evidente”.
Se suma la Procuraduría
Desde finales de 2017, la Procuraduría General de la Nación también cuestionó los procedimientos de la ANT a través de los cuales le adjudicaron el predio a las 22 familias respaldadas por Adisman. Amparándose en diversas normas jurídicas, se mostró preocupada porque las peticiones presentadas en 2006 no fueron atendidas con la debida diligencia.
“Estas solicitudes de adjudicación nunca fueron contestadas de fondo y adecuadamente por el Incoder, sino que contestó de manera general y abstracta”, conceptúa el Ministerio Público y agrega que, de igual manera, “observa que con estas omisiones y actuaciones pudo darse por parte del Incoder un abierto desconocimiento de los estándares mínimos constitucionales sobre las obligaciones estatales frente al derecho de petición, y una falla en el deber de iniciar la actuación administrativa respectiva”.
La Procuraduría también llamó la atención sobre la pérdida del expediente del predio Potosí en el tránsito que se hizo de toda la documentación del Incoder, una vez fue liquidado el 7 de diciembre de 2015, a la nueva entidad que la reemplazó, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), lo que constituye una “grave irregularidad” y criticó la valoración de “predio nuevo” que se le dio a Potosí una vez volvió al Estado el 7 de diciembre de 2016.
Ante el proceso de entrega que inició la ANT, el Ministerio Público le solicitó que “antes de iniciar y adelantar el proceso de adjudicación del predio Potosí, debería haber conformado oficiosamente un solo expediente, acumular todas las peticiones pendientes de respuesta de fondo, incluso las tramitadas ante otras entidades y que le fueran trasladas, para evitar decisiones contradictorias”.
Finalmente, insistió en la “necesidad de valorar el hecho de que los solicitantes representados por el Sr. Angarita iniciaron un procedimiento administrativo que nunca fue tramitado por la entidad desde 2006”. Pero nada de eso fue tenido en cuenta por la ANT, razón por la cual presentará un recurso de reposición ante esta agencia para que se revise nuevamente todo el proceso.
¿Qué dice la ANT?
Javier Flórez, Director de Acceso a Tierras de la ANT, defendió el papel que ha desempeñado esta agencia estatal en el proceso de adjudicación de Potosí. En entrevista con este portal, aclaró algunos puntos cuestionados y dejó en claro que todo se ha hecho siguiendo las normas jurídicas existentes y sin ningún tipo de sesgo.
Lo primero que defendió fue la valoración de “predio nuevo” y se amparó en la creación de la entidad, en diciembre de 2015, para alegar que, en ese momento, el predio no hacía parte del inventario del Fondo Nacional Agrario, a donde llegan los predios extintos por parte de la justicia colombiana y que son administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
El funcionario indicó que, desde el 19 de agosto de 2008, el Consejo Nacional de Estupefacientes determina que ante los líos jurídicos que afrontaba el predio en ese momento, era necesario sacarlo del Incoder y evitar que se les entregara a los campesinos sin haber sido saneado totalmente.
“Entonces, desde el 2008, ese predio deja de ser parte de la institucionalidad agraria. Es decir, sale del mercado de tierras porque no tiene posibilidad ni material ni jurídica ni técnica para ser tenido en cuenta en procesos de adjudicación a campesinos sin tierra”, detalló Flórez.
¿Y cuándo regresa a la institucionalidad agraria? De acuerdo con el funcionario, Potosí vuelve al Estado el 13 de diciembre de 2016, cuando la SAE se lo entrega a la ANT tras finiquitar todos los procesos judiciales que tenía hasta esa fecha. El registro del bien inmueble ante las autoridades competentes se hizo el 10 de enero de 2017 y la entrega material se logró en abril de ese año, cuando, a través de un proceso de desalojo, se sacó a quienes lo venían explotando y entregarlo a la ANT para su administración.
Con base en esa cadena de decisiones, Flórez determina que Potosí es un “predio nuevo” para la ANT: “Claro, porque hasta esa fecha (7 de diciembre de 2016) ese predio vuelve a hacer parte nuestra y, por lo tanto, podemos disponer de él para poder avanzar en procesos de adjudicación, antes de eso nada se podía hacer”.
El segundo tema que rebatió fue el de la pérdida de parte del expediente que cuestionó la Procuraduría. Basándose nuevamente en el proceso surtido desde el 19 de agosto de 2008 hasta el 7 de diciembre de 2016, consideró que “el expediente antiguo, de cuando el predio fue parte del Incoder, del año 2005 al 2008, es irrelevante porque a pesar de que exista, no es motivo ni jurídico ni técnico para tomar decisiones. El expediente se construye a partir de su reingreso al Fondo Nacional Agrario en diciembre de 2016”.
¿Cómo aparece en este panorama Adisman, la organización de víctimas a la que se le adjudicó el predio? La entrega se dio luego de un proceso que comenzó el 31 de octubre de 2016, cuando la ANT recibió una comunicación de los representantes de los asociados que venía respaldada con una carta de la Presidencia de la República y de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (Daicma), para que se adelantara con ellos un proceso de adjudicación de tierras.
De acuerdo con Flórez, una vez Potosí ingresó a la ANT se inició un proceso de selección de los posibles beneficiarios del predio, siguiendo las normas consignadas en el Acuerdo 349 de 2014 emitido por el consejo directivo del extinto Incoder, que aún sigue vigente. El procedimiento es simple; se hace una convocatoria pública para que aquellas personas que no tienen tierra se presenten y tras valorar los casos se seleccionan a las más vulnerables. Ese proceso arrancó el 30 de junio de 2017.
Pero el Acuerdo 349 trae unas excepciones que permiten a través de un acto administrativo motivado “suspender el procedimiento establecido en este capítulo para proceder a hacer selección directa, previa calificación de los beneficiarios en el cumplimiento de los requisitos establecido en el presente acuerdo” cuando, por ejemplo, “los aspirantes sean a víctimas de la violencia de listados que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las víctimas y la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas envíen”.
Y justo eso fue lo que se aplicó a Adisman. El 24 de agosto de 2017, la ANT suspendió la convocatoria pública y se priorizó ese caso dado que la Unidad de Víctimas había respaldado su solicitud presentando los listados de las familias víctimas. “Nosotros podíamos iniciar un proceso de selección ya no objetiva, sino amparada en la causal para suspenderla y empezar un proceso de adjudicación directo a estas víctimas. Y eso fue lo que hicimos”, explicó Fórez.
La solicitud de adjudicación del predio Potosí fue enviada por la Asociación Municipal de Usuarios Campesinos de Armero Guayabal llegó a la ANT el 28 de agosto de 2017, “por esa razón fue descartada”, agregó el funcionario y precisó que el proceso de adjudicación directa, beneficiando a Adisman cumplió con todas las etapas y en la decisión participaron diversas agencias estatales de carácter nacional y regional.
La entrega del predio a Adisman entró en su recta final a comienzos de marzo de este año, cuando fueron expedidas las resoluciones de adjudicación. Las 22 familias beneficiadas ya firmaron, así como la Procuraduría General de la Nación; lo que sigue es la inscripción de esos documentos en el folio de matrícula inmobiliaria de cada uno de los predios y ya quedan como propietarios. A cada grupo familiar se le titularán cerca de 5 hectáreas.
“Durante el proceso de adjudicación no se presentaron oposiciones”, detalló Flórez y aclaró que una vez quede en firme la resolución, cualquier persona puede interponer acciones judiciales si así quieren. “Dios quiera que no lo hagan”, aludiendo a la asociación campesina tolimense, “y resolvamos esto de la mejor manera posible”, expresó el funcionario.
En el caso de que este asunto llegue a los estrados judiciales y un juez de la República determine que el proceso que se siguió con Adisman no fue ni legítimo ni legal, el predio retornará nuevamente a la ANT, que deberá abrir otro proceso de selección, lo que tampoco garantiza que le sea adjudicado directamente a la asociación de campesinos solicitantes de Armero Guayabal.
A juicio de Flórez, este proceso de entrega no le cerró la puerta a los representados por Édgar Angarita: “Yo he hablado con él varias veces, he enviado a mis asesores a hablar con la comunidad, tratando de solucionarlo. Les he ofrecido predios, les he dicho que yo tengo toda la intención de darles acceso a tierras, a través de las que se encuentran en el Fondo Nacional Agrario o por compra directa. Tengo los recursos”. Pero los campesinos tolimenses se resisten a esa alternativa.
Víctimas, cara a cara
“Si nosotros aceptamos predios en otro lado, estaríamos validando la corrupción, aprobando el irrespeto, desaprobando la gestión campesina y aprobando que nos revictimicen”, expresó, molesto, Angarita, y de paso se preguntó: “Si la ANT tiene plata, ¿por qué entonces no les compró tierras a las víctimas de las minas en otro lado y nos dejaron a nosotros aquí?”.
Este líder de la Anuc Tolima insistió en señalar a los nuevos adjudicatarios como “extraños al municipio, que nunca han tenido que ver con Armero Guayabal”, razón de peso, según él, para modificar los procedimientos y beneficiar a la asociación campesina tolimense. “Es que nos quieren desplazar de nuestro territorio, eso es revictimizarnos”, reiteró y anunció que las 26 familias afectadas por la decisión de la ANT acudirán a la justicia para tratar de revertir la adjudicación a los asociados a Adisman.
Reinel Barbosa, representante legal de la Asociación Distrital de Supervivientes de Minas Antipersonal y Munición sin Explotar (Adisman), reconoció que no todos los adjudicatarios de Potosí hacen parte de su asociación: “Somos seis los afectados por minas, el resto son víctimas de desplazamiento forzado y otros hechos victimizantes, quienes proceden de departamentos como Meta, Cauca, Tolima, Bolívar y Santander”. Las 16 familias restantes provienen de otras organizaciones de campesinos que se aliaron con esta asociación para acceder a tierras productivas, entre ellas la Fundación Semillas de Esperanza.
Barbosa es adjudicatario y presenta una discapacidad permanente. Tras un accidente ocurrido en zona rural de Uribe, Meta, el 22 de marzo de 2008, cuando entró a un campo minado y como consecuencia de la explosión perdió su pierna izquierda. Su nombre salió a relucir durante las negociaciones del gobierno nacional con las Farc en La Habana porque asistió, en calidad de víctima, a uno de los encuentros con los jefes guerrilleros en la isla del Caribe.
Este líder de víctimas sabe que los campesinos de la asociación de Armero Guayabal están molestos y en tono conciliador aseguró que “es comprensible por el proceso que ha llevado”, pero aclaró que el camino que emprendió Adisman para acceder a tierras fue distinto al de los labriegos tolimenses, pues acudieron, como dice la norma, a la Unidad de Víctimas para que los respaldara.
“Creo que aquí no debe haber ninguna disputa”, dijo Barbosa. “La idea no es que entre victimas nos hagamos daños, hay muchas tierras en Colombia. El mensaje es seguir trabajando de la mano en procesos que les faciliten el acceso a tierras a ellos”.
