La denuncia fue dada a conocer en Medellín por la Fundación Forjando Futuros, que acompaña judicialmente a víctimas de despojo de tierras. Según esta organización, desde 2016 a la fecha han sido asesinados 20 líderes de restitución de tierras en el Urabá antioqueño y chocoano.
En el despacho del Director de Fiscalía Seccional de Antioquia reposa una denuncia interpuesta por la Fundación Forjando Futuros, la Asociación de Reclamantes de Urabá Tierra y Paz, y el Instituto Popular de Capacitación (IPC), en la que advierten sobre un presunto plan criminal que se viene fraguando desde la profundidad de las sabanas del Urabá antioqueño para atentar contra la vida de integrantes de esas tres organizaciones defensoras de derechos humanos, reconocidas por su acompañamiento jurídico a las víctimas de despojo en esta región agroindustrial.
De acuerdo con Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuros, informaciones recibidas “de fuentes de alta credibilidad” indican que al parecer reconocidos empresarios que fungen como opositores en procesos de restitución de tierras han venido celebrando reuniones en una finca ubicada en el kilómetro 40 de la vía Panamericana, jurisdicción del municipio de Turbo, con el fin de planear atentados contra su vida, así como contra la de Carlos Páez, fiscal de Tierra y Paz; y de un integrante del IPC, reconocido por su labor de acompañamiento a reclamantes de tierra, y de quien no se publica su nombre porque así lo pidió.
“Estamos hablando de los empresarios Ángel Adriano Pino, José Arley Muñoz, Luis Fabio Moreno y Jaime Antonio Uribe”, detalló Vega. “Creemos que se trata de una arremetida violenta que surge por cuenta de decisiones recientes de la justicia que han favorecido a los reclamantes, como lo ordenado el año pasado por la Corte Constitucional, que pidió revisar nuevamente todo el expediente del caso (vereda) Guacamayas”.
Se trata de uno de los casos más delicados de restitución de tierras que estudia actualmente la justicia en el Urabá antioqueño. Mediante Sentencia SU-649 del 18 de octubre de 2017, la Corte Constitucional dejó sin efecto una decisión en segunda instancia proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que le negó la restitución a siete familias de la vereda Guacamayas, de Turbo, tras considerar que los funcionarios judiciales resolvieron un litigio aplicando la legislación más desfavorable para los reclamantes de tierras y que, incluso, se juzgó bajo normas que ya habían sido derogadas.
La decisión fue recibida en su momento como un triunfo por las familias que ahora esperan que los jueces de tierras les devuelvan los predios que, dicen, les fueron usurpados violentamente a finales de la década de los noventa por empresarios ganaderos que aprovecharon el contexto de violencia generado por las incursiones armadas del Frente Árlex Hurtado de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a esta vereda, para obligar a los labriegos a vender sus tierras a bajos precios. (Ver más en: Corte Suprema de Justicia, a revisar decisión que afectó a reclamantes de tierra)
Según Carlos Páez, fiscal de la Asociación de Reclamantes de Urabá Tierra y Paz, las tierras en litigio de Guacamayas se encuentran actualmente ocupadas por reconocidos ganaderos, entre ellos, Jaime Antonio Uribe y José Arley Muñoz. Recordó, además, que un reclamante de esta vereda fue asesinado en 2017. Se trata de Porfirio Jaramillo, quien fue ultimado a tiros el 28 de enero en la vereda Buenos Aires, de Turbo. (Ver más en: Violencia contra reclamantes de tierra en Urabá, rueda suelta en Urabá)
En julio de ese mismo año, hombres armados, al parecer integrantes de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), ingresaron a Guacamayas y agredieron físicamente a varias familias que habían decidido retornar por su propia cuenta y riesgo a las fincas que consideran les fueron arrebatadas.
“Por eso le damos todo el crédito a la información que recibimos hace poco, que provino de un administrador de fincas que fue testigo de esas reuniones, porque así sucedió cuando asesinaron a nuestro compañero Porfirio. Todo mundo le advirtió que lo iban a matar, que se sabía de un rumor que iban a atentar contra él, como finalmente pasó”, agregó Páez.
Situación compleja
¿Quiénes son los ganaderos señalados por las organizaciones defensoras de derechos humanos? Ángel Adriano Pino es conocido en la región como ‘El Negro Pino’. Ha ejercido como representante legal de la empresa A. Palacios S.A.S, la cual ha sido obligada por los jueces de tierra a devolver predios tras encontrar que fueron adquiridos por el ganadero mediante negocios espurios.
Mediante fallo del 8 de abril de 2015, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia anuló las transacciones mediante las cuales Pino adquirió las fincas la Esperanza, Nueva Esperanza, El Delirio y la Pipiola, de Turbo. El empresario fue detenido por miembros de la Dijín en marzo de 2014, acusado de los delitos de concierto para delinquir y desplazamiento forzado.
Otro ganadero que también se vio obligado a devolver tierras por orden de los jueces de tierras fue Luis Fabio Moreno, representante legal de la empresa Todo Tiempo S.A.S, dedicada a actividades agrícolas y ganaderas. En agosto de 2014, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia ordenó a esta empresa restituir a cuatro familias campesinas y una de la etnia indígena Emberá los predios Mi Bohío, La Esperanza, Nutibara I, Nutibara II y Los Popochos, ubicados en vereda Los Cedros de Mutatá y que a su vez conforman una extensa parcelación llamada Hacienda Monte Verde.
Según el Alto Tribunal, Todo Tiempo S.A.S no logró demostrar su buena fe exenta de culpa y por ello no sólo deberá devolver las parcelas a los campesinos, sino que, además, no se le reconocerá compensación alguna. Sin embargo, poco tiempo después de conocido el fallo, miembros de la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz denunciaron que personal vinculado a la Hacienda Monte Verde destruyeron los bienes de los predios que le fueron restituidos a estas familias. (Ver más en: De campesinos despojados a legítimos dueños)
Por su parte, José Arley Muñoz es reconocido en el Urabá antioqueño por su actividad ganadera, actualmente es el presidente de la Asociación de Búfalos de Colombia y aparece como opositor en varios procesos de restitución de tierras que actualmente adelanta la Unidad de Restitución de Tierras. Su nombre fue mencionado en los estrados de Justicia y Paz por el exjefe paramilitar Raúl Emilio Hazbún, alias ‘Pedro Bonito’, quien lo vinculó, junto con otros 400 ganaderos de la región, como financiador de grupos paramilitares.
A Jaime Antonio Uribe, representante legal de la empresa Jota Uribe C.E CIA S.A.S, lo señalan de ocupar ilegalmente tierras solicitadas en restitución en el municipio de Turbo, figuran como opositores en el proceso que cursa en el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Quibdó, donde el Consejo Comunitario de la Larga-Tumaradó está solicitando le devuelvan predios que le fueron despojados.
Se trata de un complejo caso de restitución étnica que tienen sobre sus escritorios los jueces de tierras. El Consejo Comunitario La Larga Tumaradó (Cocolatu) es un territorio conformado por 46 comunidades negras de 107 mil hectáreas, que inicia en el municipio chocoano de Riosucio y se interna en los corregimientos Macondo, Blanquiceth y Nuevo Oriente de Turbo.
En esta región se vivió un fuerte drama humanitario cuando ingresaron, finalizando la década del noventa, unidades paramilitares bajo el mando de Raúl Hasbún, alias ‘Pedro Bonito’, y Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’. Su intención era cortar corredores de movilidad a la guerrilla de las Farc. Los fuertes combates, sumado a los atropellos cometidos por los ‘paras’ contra la población civil, generaron un masivo éxodo forzado.
De acuerdo con voceros de Cocolatu, al momento de la adjudicación del título colectivo, en el año 2000, el 76 por ciento de las comunidades negras que habitaban el territorio se encontraban desplazadas forzosamente pues de las 46 comunidades que componen el título colectivo, ocho quedaron en condición de vaciamiento y tres desaparecieron completamente.
Luego llegaron los empresarios, terratenientes y ganaderos a comprar grandes extensiones de tierra de la Larga-Tumaradó, presuntamente recurriendo a prácticas fraudulentas. Hoy, la ganadería extensiva, principalmente de búfalos, así como cientos de hectáreas dedicadas a la palma africana hacen parte del paisaje del Consejo Comunitario. (Ver más en: Con búfalos ocupan tierras reclamadas por labriegos de la Larga-Tumaradó)
Los factores de violencia que ponen en riesgo a las comunidades afro y a los líderes de esta región chocoana se vienen advirtiendo desde hace más de seis meses. En un reportaje de diciembre pasado, este portal alertó sobre un posible incremento de ataques contra reclamantes de tierras y el recrudecimiento de la confrontación armada entre grupos armados ilegales que operan en la zona. (Ver más en: En La Larga-Tumaradó temen aumento de violencia contra reclamantes)
Según las denuncias de Forjando Futuros y la Asociación de Reclamantes Tierra y Paz, los ganaderos en cuestión controlarían y manejarían cerca del 70 por ciento del territorio del Consejo Comunitario, donde además se vive una aguda crisis social y humanitaria, pues desde 2012, cientos de familias campesinas que fueron desplazadas por la violencia paramilitar, decidieron regresar, por su propia cuenta y riesgo, a las tierras que alegan les fueron despojadas, situación que ha generado toda clase de conflictos.
