En diálogo con VerdadAbierta.com, la mandataria local, Claudia Cabrera, cuenta cómo ha sido la implementación del Acuerdo de Paz en ese municipio de Nariño, que acogió una Zona Veredal Transitoria de Normalización. El panorama es desalentador.
Claudia Cabrera, alcaldesa de Policarpa, Nariño. Foto: archivo particular.
Policarpa acogió una de las dos zonas veredales de Nariño en donde 286 guerrilleros de las Farc y algunos milicianos se concentraron para dejar sus armas en custodia de la ONU y preparar su tránsito hacia la vida legal. A la par, el gobierno nacional le ofreció recursos a la comunidad para realizar mejoras en sus veredas, hecho que hasta el sol de hoy no se ha materializado. (Ver más: Zona veredal de las Farc en Policarpa: entre acuerdos y desacuerdos)
Los que sí llegaron con prontitud fueron graves problemas: la capacitación de los exguerrilleros no ocurrió porque no se acondicionó el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación; surgieron disidencias; brotó un pronto rearme; saquearon varias caletas de armas de las Farc; las extorsiones y los homicidios se dispararon; y parece que la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca está más cerca que la sustitución voluntaria pactada en La Habana. (Ver más: ¿La implementación del Acuerdo Final hace agua en Policarpa?)
En medio de ese oscuro panorama, la alcaldesa de ese municipio de la cordillera nariñense dio sus impresiones sobre la implementación del proceso de paz, la cual está próxima a cumplir su primer aniversario.
VerdadAbierta.com (VA): ¿Cómo era la vida en Policarpa antes del proceso de paz?
Claudia Cabrera (CC): Tuvo varias etapas. Primero operó el Frente 29 de las Farc, realizó muchos hostigamientos y tomas guerrilleras, vivíamos con la zozobra de que en cualquier momento había disparos y muertes. Después llegaron los paramilitares a pelear con Farc y Eln, por eso entre 2002 y 2006 hubo muchas masacres. Todos querían ganar territorio y eso llevó a que tengamos más de 10.200 víctimas en un municipio de 18 mil habitantes.
VA: ¿Cómo es la situación actual?
CC: La situación es bien delicada. El fin de semana pasado ocurrió otro ataque en donde una persona fue asesinada y otra herida. Cada fin de semana tenemos muertos. El índice de violencia aumentó un 160 por ciento, comparado con 2016. Estamos constantemente haciendo consejos de seguridad, hemos convocado uno a nivel departamental en el municipio y lamentablemente no hemos obtenido resultados.
Se habla de disidencias, de desertores, de expulsados de la zona veredal y de bandas delincuenciales que están entrando al municipio. Como alcaldesa, me tocó salir a borrar unos letreros alusivos a las Auc, con lo que querían amedrantar a la comunidad. Hasta el momento no hemos tenido información de lo que está pasando realmente en el municipio.
Este mural, pintado en la Casa de la Cultura, es sólo una pared blanca porque representa el futuro de paz que quieren los habitantes de la vereda Madrigal. Foto: María Clara Calle.VA: ¿Policarpa sí logró tener algún momento de tranquilidad?
CC: Desde que se anunció el proceso de paz, hubo tranquilidad y estoy agradecida con el gobierno nacional por sentarse a dialogar con las Farc, porque así se acabó la zozobra de vivir de atentado en atentado. Nuestro pueblo era de arquitectura colonial, pero hoy en día las fachadas de nuestras casas son nuevas porque las tomas guerrilleras las acabaron. Con el proceso de paz vivimos con tranquilidad entre 2015 y la primera mitad de este año, pero después el panorama se volvió a tornar oscuro.
VA: ¿Cómo analiza el papel del gobierno nacional tras casi un año de implementación del Acuerdo Final?
CC: El gobierno nacional está incumpliendo con los acuerdos.
VA: ¿Qué le ha incumplido a la comunidad de Policarpa?
CC: A la comunidad le prometieron la respuesta rápida de los 180 días, que eran recursos que venían para que se impactara a la población con la puesta en marcha de la Zona Veredal. A través de la ART (Agencia para la Renovación del Territorio) nos dijeron que nos teníamos que organizar por núcleos veredales para asignarles 450 millones de pesos. Organizamos ocho núcleos compuestos entre nueve y ocho veredas, por lo que ha cada una le tocarían 50 millones en promedio, para realizar obras de impacto.
Se hicieron muchas asambleas y se gastó plata en logística para movilizar a las personas. La gente se cansó de hacer reuniones y ahora la ART nos dice que únicamente hará inversión en tres núcleos veredales y que los cinco restantes entran a los PDT (Planes de Desarrollo Territoriales). Hay un engaño allí y me duele, porque la gente dice que la alcaldesa vino con la ART y “nos engañó”. Me siento decepcionada porque hicimos un proceso largo para generar confianza y decirle a la gente que la situación iba a cambiar porque el posconflicto lo dice.
Ahora nos dicen que los PDT van a diez años, pero si no se cumplió con la respuesta rápida de los 180 días para los núcleos veredales…
VA: En diferentes regiones alegan que el gobierno nacional está incumpliendo con el programa de sustitución de cultivos de coca, pactado en La Habana para solucionar el problema de drogas ilícitas y mejorar las condiciones del campo. ¿Qué está pasando en esta materia?
CC: Ese es uno de los problemas que más preocupados nos tiene en este momento, porque la economía de Policarpa se basa en la hoja de coca. Aunque muchos campesinos tienen otros cultivos, sólo les alcanza para su consumo propio. La gente estaba muy entusiasmada con la propuesta del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), pero el gobierno nacional llega a erradicar. Ya lo están haciendo en otros municipios de la cordillera. (Ver más: Sustitución de hoja de coca: entre lentitud del gobierno y presión de criminales)
Hay una desconfianza entre la gente por lo que sucedió en Tumaco con la muerte de los campesinos que se oponían a la erradicación. La preocupación es grande porque si erradican esos cultivos ya, de qué se va sostener la gente. Se vienen problemas sociales grandes si hay erradicación forzosa, pero si hay una sustitución, saben que, a los dos meses, pueden pedir fiado en las tiendas mientras les llegan los recursos del PNIS. (Ver más: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Además, los cultivadores también cuestionan la utilidad de la sustitución, porque no tienen distritos de riego ni conectividad vial para sacar los productos.
En diferentes regiones de Nariño y Guaviare el gobierno nacional ha autorizado la erradicación forzada, pese a que los campesinos expresaron voluntad para sustituir. Foto: archivo particular.VA: ¿Cuántas familias han suscrito actas para acogerse al PNIS?
CC: Todos los que cultivan coca quieren la sustitución, pero ese trabajo ya es del gobierno nacional. Como Alcaldía queríamos hacer el proceso de registro de los que quieren acogerse al programa, pero nos dijeron que lo hace directamente la oficina de Eduardo Díaz (la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos). Hemos hablado con las 49 Juntas de Acción Comunal, con los dos consejos comunitarios y con Coccam (Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana). Todos han expresado la intención de acogerse, pero no se han formalizado los convenios.
VA: ¿Por qué no se han firmado?
CC: Porque no han entrado a hacer la socialización y el registro. Del programa de sustitución de cultivos sólo fueron una vez al municipio y luego cancelaron todas las reuniones. La excusa de ellos es que no hay garantías de seguridad, pero otros sí entrarán de manera forzosa a erradicar.
VA: ¿Ya empezaron a llegar erradicadores al municipio?
CC: No, pero están los municipios vecinos de Cumbitara y Sotomayor; después pasarían a Policarpa porque estamos a un paso.
VA: ¿Cuál es la reacción de los campesinos que tienen cultivos de coca?
CC: Tiene temor total y se están preparando para las marchas. Por eso les he pedido que hagan una protesta pacífica, como hace dos años, sobre todo teniendo en cuenta lo que pasó en Tumaco. Le pedí a las Farc, a Coccam, a los campesinos y a todas las autoridades respeto por los derechos humanos. Es importante que hablemos conservando la calma y esperar que el gobierno nacional nos escuche.
VA: Las Farc han denunciado en múltiples ocasiones que el gobierno nacional tampoco cumplió con la adecuación de la antigua zona veredal y del actual espacio de capacitación. ¿En qué estado se encuentra?
CC: Tristemente, tengo que decir que un año después, no se terminó de construir. Sólo está la zona de recepción y unas carpas que ya fueron levantadas. No hay nada. Están el terreno y no se construyó nada más. No se hicieron los centros de capacitación para ellos.
¿Cómo es posible que después del proceso de dejación de armas, los miembros de las Farc no recibieron su capacitación? Hoy en día en la zona prácticamente no hay nadie: van y regresan, pero no recibieron capacitación para poder seguir su tránsito hacia la vida legal. Simplemente entregaron sus armas y se fueron.
VA: Ante esa situación, las Farc pidieron trasladar el punto de capacitación a una zona más central del municipio. ¿Cómo recibe esa petición?
CC: Es un mensaje muy grande y contradictorio. Si el gobierno nacional no pudo ayudar a un grupo de 290 personas para desarrollar sus proyectos de vida, ¿qué pueden esperar los 18 mil habitantes del municipio?
Entrada a la antigua zona veredal ubicada en la vereda Madrigal, en donde dejaron las armas los frentes 8 y 29 de las Farc. Foto: María Clara Calle.
VA: Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que ‘La Vaca’, ‘Sábalo’ y ‘Morocho’, excombatientes de las Farc, se rearmaron y que los dos primeros están usando armamento que estaba oculto en caletas. ¿Qué se sabe de esa situación?
CC: Uno fue abatido (‘La Vaca’) y han ocurrido algunas capturas, pero las autoridades todavía no esclarecen estos hechos de quiénes están violando los derechos fundamentales de las personas; sobre las caletas tampoco hemos obtenido respuesta. Por eso le pedimos al gobierno nacional que dé resultados positivos porque nadie confirma nada. Nos preocupa la zozobra que hay, incluso a mí me han amenazado y ni siquiera me han brindado protección.
VA: ¿Cuándo y quién la amenazó?
CC: Recibí unas amenazas por redes sociales y anteriormente circularon rumores de que me iban asesinar, pero vamos a seguir trabajando por el bienestar de nuestro municipio.
VA: ¿Denunció ante el gobierno nacional, la Fiscalía o la Unidad Nacional de Protección?
CC: Sí, pero no nos han dado esquema de seguridad. La Alcaldía no tiene carro blindado y sólo tiene un policía que únicamente va hasta donde hay estaciones de Policía porque le da temor ir más allá, en el municipio hay tres. Es complicado gobernar cuando ya habíamos ganado mucho terreno. Esta es la primera administración que está gobernando en el territorio, anteriormente los alcaldes despachaban desde Pasto. Esta es la primera vez que la Alcaldía está allí con su gente, tratando de ayudar y de solucionar los problemas que se han presentado con el proceso de paz, pero el gobierno nacional no nos da la mano que necesitamos para poder garantizar la gobernabilidad a un cien por ciento.
VA: Retomando el tema del rearme, ¿por qué se dio tan temprano?
CC: El problema de seguridad tiene que ver con los cultivos ilícitos, porque son el combustible para que los grupos entren. En la zona del Bajo Patía le están cobrando vacuna a los campesinos: ¿quién lo hace cuando tenemos disidencias y delincuencia común? Es complicado saber de dónde viene todo esto, además porque la comunidad no denuncia. El gobierno nacional está fallando con el cumplimento de los acuerdos.
VA: En medio de tanto incumplimiento, ¿qué esperan del posconflicto?
CC: Desde el primer día he estado comprometida con la paz y trabajamos con esfuerzo desde que se anunció la construcción de la zona veredal. Policarpa se ha caracterizado por ser ejemplo de paz y reconciliación, con avances muy grandes como que víctimas y victimarios trabajen en pro de la paz. Era muy difícil decirle a la gente que le abriera la puerta al perdón en un municipio donde se hizo tanto daño y se cometieron todas las violaciones a los derechos humanos. Fue difícil, pero la gente lo asimiló bien. El gobierno nacional le dice a uno que vaya con este mensaje y que destinará determinados recursos, pero ahora resulta que todo retrocede. Así es muy difícil.
VA: Además de los cultivos de coca, ¿cuáles son las necesidades prioritarias para atender en el municipio?
CC: Tenemos el proyecto del puente de Puerto Rico, que fue dinamitado en 2002 y no fue reconstruido. Estamos a cinco horas de Pasto, pero con el puente el trayecto se reduciría a hora y media. Como municipio aportamos recursos para su construcción y la Gobernación también, pero la Unidad para las Víctimas, que se comprometió con dos mil millones de pesos, nos dice ahora que no tiene esos recursos. Entonces el proyecto está en veremos. Es una de las alternativas para sacar adelante a Policarpa porque mejora la economía rotundamente, ya que el campesino podrá sacar el producto a la ciudad sin gastar tanto en transporte. También necesitamos distritos de riego porque se viene la sequía; y avanzamos, gracias al Ministerio del Trabajo, con la construcción del centro de acopio.
La estrategia era construir el puente, el centro de acopio queda a 20 minutos de él. Sin el puente no se mueve el resto. Necesitamos lograr la comercialización de los productos, pero sin conectividad es imposible y de nada nos sirve el centro de acopio. Como municipio hemos avanzado mucho en desarrollo vial en el Bajo Patía y vamos a construir cinco puentes, pero falta una verdadera inversión del gobierno nacional.
Por último, esperamos la respuesta del gobierno nacional y que cumpla con lo pactado, que no nos deje solos. Le apostamos a la paz y no hemos obtenido respuesta. Como administración municipal lo hemos dado todo, pero una sola golondrina no hace llover. No nos dejen solos ahora, Policarpa es una bomba de tiempo.
