La decisión de la Corte Suprema de Justicia dejaría en vilo a por los menos 25 mil desmovilizados que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz y que esperaban recibir el beneficio de pena alternativa.
Los delitos cometidos después del 25 de julio de 2005 no seán cobijados por la Ley de Justicia y Paz. Así lo determinó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Además, aclaró el término que fijó la ley de Justicia y Paz no puede ser modificado a cuestionado por los jueces o fiscales.
El Congreso es el único que tiene facultades para modificar la norma, precisaron los magistrados en una sentencia de apelación de Omar Enrique Martínez, alias ‘Maicol’ un desmovilizado del bloque Norte de las Auc que confesó haber participado en una masacre en febrero del 2006.
El caso fue conocido inicialmente por un magistrado de Justicia y Paz de Barranquilla que en una audiencia de imputación de cargos determinó que ese delito debía pasar a la justicia ordinaria por haberse cometido fuera de los términos fijados por la ley.
‘Maicol’ aseguró en su confesión antes de desmovilizarse que transportó en un camión a ocho personas que fueron asesinadas por miembros del bloque Norte de las Auc el 28 de febrero del 2006.
El paramilitar se desmovilizó con su grupo el 10 de marzo en el corregimiento de La Mesa, cerca de Valledupar. Para la Fiscalía, esta decisión puede afectar las confesiones que vienen haciendo otro grupo de desmovilizados del mismo frente.
“Las leyes deben ser generales y no particulares, deben regir a futuro”, expresaron en la audiencia.
La Corte, sin embargo, fue más allá en su sentencia y tras confirmar la decisión del magistrado de Barranquilla aseguró que ampliar el plazo fijado para aceptar las confesiones es dar vía libre a estas personas para que sigan delinquiendo.
Además, aclaró que no puede confundirse el término del 21 de diciembre de 2010 para la desmovilización de los grupos con las confesiones.
“Sostener semejante desafuero equivale a extender una patente de corzo a los miembros de los grupos armados al margen de la ley que continúan delinquiendo en todo el territorio nacional para que hasta el 21 de diciembre del 2010 ejecuten toda suerte de actos hasta atroces en ferocidad y barbarie contra los habitantes y sólo reciban unas penas simbólicas”.
La Fiscalía y la Procuraduría pidieron que la Corte revocara la sentencia del magistrado de Barranquilla asegurando que el éxito que ha tenido la aplicación de la Ley de Justicia y Paz en este caso, debido a la colaboración que ha prestado alias ‘Maicol’ para esclarecer diversos hechos ocurridos en la Costa Atlántica.
Según el planteamiento expresado por el magistrado Alfredo Gómez Quintero y aceptado por los demás miembros de la Sala Penal, el alcance interpretativo propuesto por la Fiscalía y apoyado por la Procuraduría “no tiene precedente en el ámbito de la aplicación de la justicia transicional en el mundo”.
“Entraña condonar lo futuro, lo que no sólo auspicia la violación a los derechos y bienes protegidos por el derecho internacional humanitario sino que se lleva de un tajo el principio de respeto a la dignidad humana al paso que desnaturaliza los fines para los que fueron instituidas las autoridades así como lo relativo a la convivencia pacífica y la vigencia de un orden de justicia”.
Al final la Corte dijo en su sentencia que de aceptar la apelación de la Fiscalía “se le envía a la comunidad un pésimo mensaje, traducido en que hasta las postrimerías del 2010 resulta menos grave desde el punto de vista de las consecuencias sancionatorias de la conducta ejecutar un delito de genocidio que incurrir en un falso testimonio”.
Publicado en El Tiempo 26/02/2009
