De acuerdo con esta agencia del Ministerio Público, los hechos que vienen ocurriendo en este populoso sector de la capital antioqueña ponen en riesgo a la población. La grave situación le fue notificada al Ministerio del Interior. Constantes choques entre grupos armados ilegales son los causantes de las afectaciones. En el noroccidente también hay temor por acciones criminales.
La tensión que se vive en las laderas de esa zona de la ciudad como consecuencia de la confrontación de la llamada ‘Oficina de Envigado’ con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que se disputan el control de este estratégico corredor de movilidad y las rentas ilegales, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir una Alerta Temprana de Inminencia a través de la cual busca que se activen diversos mecanismos institucionales para proteger a los habitantes de esa populosa zona.
La alerta, conocida en exclusiva por VerdadAbierta.com, le fue remitida ayer por el defensor del Pueblo, Édgar Negret, al ministro del Interior, Guillermo Rivera. En la misiva, el titular de la agencia del Ministerio Público explicó que fue emitida “debido a la grave situación de riesgo de vulneración de los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario-DIH de los habitantes de los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado, y la Comuna 16-Belén”. (Descargar informe AT N° 041-18)
Argumentó la Defensoría que el riesgo de los habitantes de esa zona de la capital antioqueña, cuya población se estima en cerca de 320 mil personas, se expresa en el incremento de hechos victimizantes sucedido durante el primer trimestre del año 2018, entre los que se destacan “homicidios selectivos, homicidios múltiples, desplazamientos forzados, amenazas contra la integridad, enfrentamientos armados con interposición de la población civil, desaparición forzada, reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, y extorsión”. Se resalta, especialmente, la situación de vulnerabilidad de dos grupos poblacionales: los jóvenes y los líderes comunales.
La situación de grave riesgo se presenta en el corregimiento Altavista y sus veredas Altavista Central, San José de Manzanillo, Aguas Frías, El Corazón-El Morro, La Esperanza, Buga-Patio Bonito, El Jardín; y en los sectores La Palma, Nuevo Amanecer, San Francisco, La Perla y la Lágrima.
Asimismo, en el corregimiento de San Antonio de Prado, particularmente en Montañita, El Astillero, Yarumalito, San José, La Verde, Potrerito, La Florita, El Salado, El Vergel, Chuscal, así como en los barrios Naranjitos, Los Mesas, La Capilla, La 14, Los Salinas, La 13, Pradito, Villa Loma, Paloblanco, Las Coles, María Auxiliadora, La Oculta, La Taboga, El Coco, Pallavesine, Los Patios, El Chispero, El Mall, San Vicente de Paul, Aragón, Rosaleda, El Descanso, Limonar 1, Limonar 2, Barichara, El Vergel, y La Verde.
También fueron incluidos los barrios Altavista, Buenavista, Belén Rincón, Belén San Bernardo, La Loma de Los Bernal, Los Alpes, Las Violetas, Las Mercedes y La Hondonada, que pertenecen a la Comuna 16-Belén.
A raíz del Decreto 2124, expedido por el Presidente de la República el pasado 18 de diciembre en el marco de la implementación del Acuerdo Final, que busca mejorar las medidas de protección para comunidades y líderes sociales, la Defensoría del Pueblo puede emitir directamente las alertas tempranas, sin que tengan que ser aprobadas por la Comisión Intersectorial de Alertas Tempranas (CIAT), como se hacía anteriormente. (Leer más en: Una alerta temprana que llegó 282 muertos después)
Se recrudece confrontación
De acuerdo con las investigaciones realizadas por funcionarios de la Defensoría, el escenario de riesgo en esta zona de la ciudad se viene configurando a partir de cambios surgidos por alianzas entre grupos armados locales leales a las Agc y a la llamada ‘Oficina de Envigado’. Se trata, según la Alerta, de una cruenta disputa por el monopolio de las economías ilícitas y el control de sobre los corredores de movilidad. (Leer más en: Ejercicio docente en Antioquia, actividad de alto riesgo)
Tanto el corregimiento de San Antonio de Prado como el de Altavista son estratégicos y, según se describe en la Alerta, hacen parte de dos claras rutas internacionales para el ingreso de armas y la salida de narcóticos.
La primera de ellas conduce por la vía que de San Antonio de Prado a los municipios de Heliconia y Armenia Mantequilla, conecta por vías terciarias y caminos montañosos con el suroeste antioqueño y de allí al departamento de Chocó, “marcando una ruta internacional que continúa por el océano Pacífico hacia Centroamérica. Por allí también ingresan las armas ilegales destinadas al Valle de Aburrá provenientes de la frontera sur del país”.
La segunda integra los barrios altos de la Comuna 16-Belén, y las veredas de Altavista, limítrofes con la Comuna 13-San Javier y el corregimiento de San Cristóbal, conectando a la capital antioqueña con el occidente del departamento y, de allí, al Urabá antioqueño, buscando la salida al océano Atlántico y a partir de ahí al norte de América.
En su análisis sobre los ‘gaitanistas’, la Defensoría detalló que “tienen presencia en gran parte del territorio nacional y muchas de sus víctimas están adscritas a procesos de reivindicación de derechos humanos, políticos y ambientales; financian su operación a través de diversas fuentes, remuneran y entrenan a sus combatientes, y tienen capacidad para el sometimiento de hostilidades y el dominio territorial”.
Y agregó esta agencia estatal que las pretensiones de las Agc son controlar economías lícitas e ilícitas “a través de las alianzas, la cooptación o el sometimiento violento de estructuras regionales y locales en zonas rurales, cabeceras municipales y algunas ciudades”. A juicio de la entidad, este tipo de usos de “terceros” busca “invisibilizar su presencia militar y formas de control social, y de este modo, garantizar la impunidad”.
Para el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, la expansión iniciada desde el 2012 se vio favorecida por el control que ejercía sobre ambos corredores de movilidad y también por sellar algunos pactos con organizaciones criminales locales, lo que, según la Defensoría, le funcionó de manera efectiva hasta el primer semestre del 2017.
Pero las capturas y muertes de algunos de sus principales jefes, por acción de las autoridades en regiones como Urabá y en el departamento de Córdoba, llevaron a las Agc a modificar sus alianzas para asegurar lealtades, lo que implicó, según la Defensoría, “sustituir a los mandos de organizaciones ilegales locales y otros integrantes por personal de su confianza”.
Una de las evidencias que resalta la Alerta para demostrar esos cambios son los homicidios colectivos y selectivos que se han presentado durante el primer semestre de 2018 en los corregimientos Altavista y San Antonio de Prado. El hecho más significativo se registró entre el 1 y 3 de abril pasados, cuando se enfrentaron ‘Los Chivos’ y ‘La Mano de Dios’, en el sector Nuevo Amanecer, dejando un saldo de cuatro muertos.
Divisiones y reacomodos
El segundo semestre de 2017, según consigna esta Alerta Temprana de Inminencia, fue un periodo de intensas disputas y de reorganización de alianzas en la zona suroccidental de la capital antioqueña que dejó muertos, desaparecidos, desplazados y una fuerte sensación de zozobra entre los pobladores. (Leer más en: Corregimiento Altavista, montaña con múltiples conflictos)
Para el caso del corregimiento de Altavista, se reseñó que más allá de la acción del Estado a través de mayor presencia de Fuerza Púbica y de esporádicas intervenciones de la Alcaldía de Medellín, lo que calmó los ánimos fue “el pacto entre las estructuras armadas ilegales”, permitiendo que “el escenario de confrontación en Altavista y Belén Altavista disminuyera progresivamente los índices de violencia a partir de la primera semana de septiembre de 2017”.
Tales pactos, de acuerdo con la Defensoría, apuntaron a establecer acuerdos operativos que “provocaron una reconfiguración de las alianzas entre los grupos armados ilegales que profundizó el riesgo para la población civil, debido a la participación de otros actores armados ilegales con mayor capacidad económica”.
Uno de los primeros acuerdos se dio entre ‘Los Chivos’ y ‘Los Pájaros’, enemigos acérrimos desde hace más de 30 años. La alianza fue promovida por una poderosa estructura surgida hace varias décadas en el municipio de Bello, conocida como ‘Pachelly’, y que confronta a las Agc.
“Después de este acuerdo, que entró en vigencia a partir de septiembre de 2017, ‘Pachelly’ mejoró ostensiblemente su participación en el territorio, mientras que las Agc sólo se le respetó el control de los grupos ilegales presentes en el corregimiento Altavista”, detalló el defensor Negret en su carta al ministro Rivera.
A la Defensoría le preocupan dos situaciones: de un lado la alianza de una banda de vieja tradición criminal conocida como ‘Pachelly’, que se viene expandiendo desde el municipio de Bello, con ‘Los Chivos’, ‘Los Pájaros’, ‘Las Violetas’ y ‘San Bernardo’, lo que “parece ser una seria amenaza al control de las Agc sobre los corredores de movilidad en esta zona de Medellín”.
Y de otro la supuesta aparición de una nueva organización armada criminal conocida como ‘La Nueva Empresa’, cuyos miembros al parecer habrían realizado algunas reuniones en la vereda Aguas Frías para formalizar alianzas con bandas locales de sectores conocidos como Cantarrana y Monteverde, de Altavista.
Lo que inquieta a la agencia del Ministerio Público es que el nombre de ‘La Nueva Empresa’ coincide con “una agrupación surgida en la subregión del Bajo Cauca, descrita como un grupo de 30 a 40 miembros armados, con uniformes y fusiles nuevos”. Al momento de emitir esta Alerta, la Defensoría reconoció que “no se ha verificado si se trata de una coincidencia o de la existencia de una conexión directa entre estos dos grupos, aunque en ambos casos se planteó la participación de integrantes de carteles mexicanos, que al parecer serían los financiadores de esta estructura”.
Con respecto al corregimiento de San Antonio de Prado, una zona de la ciudad caracterizada por su crecimiento urbanístico, la Defensoría estableció que las Agc y la poderosa banda de ‘Los Triana’ hicieron acuerdos desde el 2013, lo que garantizó una relativa tranquilidad y que las estructuras armadas “operaran según los intereses de las Agc […] lo que garantizó la hegemonía de un actor armado ilegal con gran capacidad organizativa y coercitiva”.
No obstante, la importancia estratégica de esta zona de la ciudad, como parte de un corredor de movilidad, y lo que viene ocurriendo en el vecino corregimiento de Altavista, ha ocasionado que durante el primer semestre de 2018, según la agencia estatal, “el número de hechos victimizantes se incremente, nuevamente exponiendo a un alto riesgo de vulneraciones en sus derechos a la población civil del corregimiento”.
Afectaciones preocupantes
Las rupturas y las nuevas alianzas entre grupos armados ilegales han generado un incremento de los homicidios en el corregimiento Altavista. De acuerdo con datos aportados por el Sistema de Información de Seguridad y Convivencia (SISC), un ente adscrito a la Secretaría de Seguridad de Medellín, entre el 1 de enero y el 20 de abril de este año se han registrado 12 homicidios, 9 más que en el mismo periodo del año pasado, lo que representa un incremento del 300 por ciento.
La misma tendencia se observa en el corregimiento de San Antonio de Prado, que pasó de 4 a 8 homicidios, lo que equivale a un incremento del 100 por ciento en el mismo periodo.
En análisis de estos hechos, consignado en la misiva dirigida al Ministerio del Interior, detalló que “la mayoría de los homicidios son selectivos y se presentan mediante la modalidad de ‘sicariato’ en la zona urbana, y por incursiones de grupos pequeños de hombres armados a las veredas y los barrios en donde hace presencia el grupo armado contrario”; asimismo, destacó que algunos asesinatos “se han cometido contra presuntos integrantes de las estructuras ilegales, ya sea contra personas señaladas como expendedoras de drogas, apoyos logísticos y sicarios de grupos armados ilegales”.
Con respecto al desplazamiento forzado, la Defensoría citó datos de la Personería de Medellín que indican que entre el 1 de enero y el 4 de abril de este año se han contabilizado 36 familias que han tenido que abandonar el corregimiento de Altavista. Una de las causas de este desarraigo es el intento de reclutamiento de sus hijos adolescentes por parte de las estructuras criminales.
La agencia del Ministerio aseveró que tanto en Altavista como en San Antonio de Prado se han presentado por lo menos cuatro casos de desaparición forzada y detalló el siguiente: “Una familia de Altavista tuvo que desplazarse forzadamente por emprender la búsqueda de dos jóvenes, primos entre sí; después de varios días de búsqueda, la familia recibió una llamada de un sujeto que les decía que los jóvenes ya estaban muertos, advirtiendo que quien continuara con la búsqueda correría la misma suerte”.
El Defensor del Pueblo le recomendó a la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas, “tramitar de manera inmediata ante las autoridades competentes esta alerta temprana de inminencia, para que se adopten las medidas urgentes de prevención y protección para los habitantes del municipio de Medellín”.
Zona noroccidental, también bajo riesgo
Si bien las medidas de protección solicitadas se centran en la zona suroccidental de la ciudad, las comunidades que habitan en las laderas del noroccidentae también enfrentan riesgos de vulneración de los derechos humanos.
La disputa entre bandas armadas ilegales y el reacomodo de las estructuras delincuenciales de la zona angustia a los habitantes de los barrios Robledo-Aures, Curazao y El Diamante, quienes padecen un grave ambiente de inseguridad.
El último hecho que profundizó su temor fue el asesinato, la noche del pasado lunes, de Juan Fernando Chica Atehortúa, alias ‘Juan Chica’, desmovilizado del Bloque Cacique Nutibara, quien a su salida de la cárcel, luego de cumplir con su condena de ocho años bajo los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, retornó al sector donde ejerció como paramilitar y asumió el control de la banda de Curazao, aliada a ‘Los Triana’, luego de la captura, en mayo del 2017, del entonces cabecilla conocido con el alias de ‘Isaza’.
Los pobladores de este amplio sector de la ciudad, donde habitan cerca de 350 mil personas, sienten que no tienen garantías de seguridad y temen disputas internas de la banda conocida como ‘Robledo’ tras la captura, el pasado lunes, de Cristian Camilo Mazo Castañeda, alias Sombra’, líder de la organización criminal desde hacía por lo menos cuatro meses.
Por lo pronto mientras la Defensoría del Pueblo mira hacia el suroccidente de la capital antioqueña, los pobladores de la noroccidental esperan que la acción de las autoridades les permita vivir sin la zozobra que padecen desde hace varias semanas.
