Luego de 19 años de ocurrido, la Fiscalía acaba de decidir que el asesinato de Pedro Malagón no podrá prescribir. En 1996, junto a él, fue asesinada también su hija, de 16 años de edad.
Por Jhon Moreno/Periódico del Meta
Pedro Malagón, ex diputado de la Unión Patriótica en Meta. Foto: Periódico del Meta.
Pedro Malagón Sarmiento, un cundinamarqués que fue a parar al Meta luego de trabajar la tierra desde niño, ayudándole a su padre en su natal Viotá, se caracterizaba por su ímpetu para defender sus ideas y las ganas de ver crecer a sus hijas. Llegó a los Llanos huyendo con su familia de las amenazas en su contra por cuenta de la lucha constante en favor de la tierra para los campesinos.
Cuando surgió la Unión Patriótica se convirtió en diputado de la Asamblea del Meta y no le importó seguir militando en ese partido, pese a que su hermano, Rafael, ya había sido asesinado por ese motivo.
Para 1996 no había un día en que no recibiera amenazas. En vísperas a su muerte fue allanada la sede del partido comunista en el barrio Villa Julia, de Villavicencio e incautaron dos chalecos antibalas y dos revólveres, según relata Roberto Romero, del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación.
El 20 de junio de ese año decidió en la mañana no ir a su despacho y quedarse en casa trabajando. En la tarde, sobre las 6 y 30, salió junto con su hija, Elda Milena, de 16 años de edad, a la terraza de la vivienda para revisar unos trabajos locativos que realizaba. Allí le dispararon prácticamentea quemarropa. Su hija, por protegerlo de las balas, también fue asesinada. Dos sicarios habían alquilado un cuarto al frente de su casa y desde allí lo vigilaban día y noche.
Aunque después de ese crimen hubo más, su muerte empezó a cerrar el ciclo de más de 600 asesinatos de dirigentes de la UP en el Meta, pero dejó la misma sensación de impunidad. 19 años después no hay ni siquiera detenidos por este hecho.
Sin embargo, un avance para buscar que a pesar del tiempo los culpables paguen su delito, dio apenas hace unas semanas. La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía declaró el crimen de Malagón Sarmiento como de Lesa Humanidad, con lo cual se evita que el asesinato prescriba algún día.
“La justicia está obligada a perseguir a los asesinos de Pedro. Pero más que eso, la declaración de delito de lesa humanidad es el reconocimiento de un ente oficial del Estado, como lo es la Fiscalía General de la Nación de que fue un plan sistemático, organizado y dirigido con participación directa por acción u omisión de agentes del Ejército, Policía, DAS y sectores políticos”, dijo Ramiro Orjuela, abogado apoderado de la familia Malagón, quien desde hacía dos años insistía en que se declarara de lesa humanidad.
En efecto, en el documento de la Fiscalía se leer que “recordemos que estos crímenes de lesa humanidad se edifican a partir de un ataque generalizado o sistemático, descartándose de entrada los actos de violencia aislados; debiendo entonces acudir en primer lugar a la naturaleza a gran escala del ataque y el número de personas objeto del mismo, en lo que respecta al elemento sistemático el quid está en la naturaleza de su ocurrencia al azar, de donde se infiere la existencia de una política de Estado”.
Agrega el Ente acusador que aunque no haya sindicaciones directas de quienes pudieron haber cometido los ataques, “podemos observar con meridiana claridad que se premeditó un plan por fuerzas oscuras del Estado…”
La categorización de lesa humanidad depende de que se demuestre la sistematicidad contra una población civil por sus características étnicas, religiosas, políticas, género, es decir que la victimización es masiva.
En el Meta es la primera vez que en un proceso individual de un crimen contra miembros de la Unión Patriótica es catalogado de lesa humanidad, pese a que los asesinatos superan los 600 y los atentados, torturas y secuestros superan los 1.200 casos.
Otros sonados asesinatos de integrantes de este partido político en esta región fueron los de Hernando Yate Bonilla (1985); la exalcaldesa de El Castillo, María Mercedes Méndez y su esposo (1992) y el de Josué Giraldo Cardona (1996), entre otros, pero no han sido elevados a crímenes contra la humanidad por lo que podrían prescribir.
En octubre del 2014, de manera conjunta, la Fiscalía había declarado de lesa humanidad 34 asesinatos de integrantes de la UP, entre los que se destacaron los de Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera.
“Hay un criterio jurídico en el sentido de que todos los crímenes de la UP son de lesa humanidad pero deben argumentarse, demostrarse y plasmarse en una providencia. Creo que en los otros casos hace falta insistencia jurídica para que sean declarados también de lesa humanidad. Invocando el derecho a la igualdad buscaremos que otros crímenes sean también decretados de manera general y evitar el desgaste para la Fiscalía”, dijo Orjuela.
Por su parte Islena Rey, presidenta del Comité Cívico de Derechos Humanos del Meta, dijo que ahora es responsabilidad del Gobierno y todas las entidades correspondientes judicializar a los culpables y acabar con la impunidad que hay en este crimen.
“La impunidad duele mucho entre los familiares de los sobrevivientes de la UP. El aparato judicial no ha sido competente pero tampoco ha tenido la voluntad política para esclarecer estos asesinatos. Pueda ser que este sea un principio parahacerlo porque lo que es cierto es que hubo militares y políticos responsables de ese exterminio”, dijo la defensora de Derechos Humanos en el Meta.
