Un grupo de campesinos alerta sobre un posible desplazamiento por cuenta de un proyecto de agricultura intensiva en un predio reclamado por ellos y del que se vieron obligados a salir en 1997 debido a la violencia. El problema de fondo es que las decisiones judiciales les han sido adversas y la autoridad agraria no actúa de manera diligente.
El fantasma del desplazamiento forzado ronda de nuevo en el corregimiento de El Salado, municipio de El Carmen de Bolívar. Esta vez por cuenta de las tensiones que existen entre un grupo de labriegos y los dueños de un predio rural llamado actualmente ‘Arizona’, pero que, en el pasado, se conocía como ‘El Suarero’.
Los campesinos reclamantes cultivaban ese predio con permiso de su antigua dueña y sin ningún tipo de conflictos entre ellos, pero a finales de la década de los años noventa irrumpieron grupos paramilitares generando no sólo su desplazamiento forzado, sino un grave desarreglo en la tenencia de la tierra; y con la entrada del nuevo siglo, aparecieron nuevos propietarios, que se resisten a aceptarlos en el predio.
Detrás del grupo de doce campesinos que solicitó la restitución y formalización del predio que venía ocupando de manera informal, hay historias de desplazamientos, homicidios y desapariciones forzadas. En últimas, son víctimas del conflicto armado y sólo desean trabajar en el terruño que han ocupado por más de 40 años con un título de propiedad bajo sus brazos.
Todos ellos son sobrevivientes de dos masacres perpetradas por grupos paramilitares en El Salado: la primera de ellas cometida el 23 de marzo de 1997, dejando un saldo de cuatro personas asesinadas, entre ellas la profesora del lugar, Doris Torres, y una más desaparecida. Ese día por lo menos 7 mil personas abandonaron el caserío y la región.
La segunda masacre ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero de 2000. Para ese año ya habían retornado cerca de 4 mil pobladores. En esa ocasión, fueron asesinados salvajemente por lo menos 60 personas, entre ellas ocho mujeres. Es una de las matanzas más aterradoras cometidas por comandos armados del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) con apoyo de sectores de la Fuerza Pública. (Leer más en: La masacre de El Salado)
En la incursión armada de marzo de 1997, los campesinos que habitaban ‘El Suarero’ lo abandonaron de huida de los paramilitares. Preferían dejarlo todo atrás, pero seguir vivos. Se desplazaron a municipios vecinos y a ciudades cercanas como Cartagena. En esos lugares permanecieron varios años, luego de los cuales fueron regresando poco a poco.
Cuando volvieron, encontraron que ya no podían trabajar las tierras con las que tienen un vínculo de más de 40 años. El predio, de 281 hectáreas, había cambiado de dueños y de nombre: ahora le pertenece a Abraham Díaz Bertel y a Juan Carlos Castellón Ruiz, y se llama ‘Arizona’.
Los campesinos retornados reclaman esos predios como suyos y se embarcaron en apelar a las normas que los cobijan como víctimas para solicitarlos en restitución y formalización, pero las decisiones judiciales han sido adversas.
Ahora temen que si no hay una actuación integral de diversas agencias del Estado se deban desplazar nuevamente o, en el peor de los casos, tal como se los han ofrecido, convertirse en jornaleros en las tierras que los vieron crecer y fortalecerse como comunidad.
Historia de la disputa
Para entender la tensión que está generando en El Salado la posesión de ‘El Suarero’ o ‘Arizona’, es necesario remontarse al año 1969, cuando Hilda González le compró el predio a Manuel Arrieta Fuentes, negocio que fue registrado en la Notaría Segunda de Sincelejo mediante la escritura pública N. 1000, fechada el 16 de diciembre de ese año.
Las primeras familias de labriegos ingresaron a ‘El Suarero’ con el consentimiento de sus propietarios en 1975 y comenzaron a cultivar yuca, plátano, ajonjolí, tabaco y ñame para autosostenimiento y comercialización. La idea de la propietaria era, que luego de que se asentaran estos labriegos, poder venderle el predio al entonces Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) para que se los titulara.
A la par que estos campesinos avanzaban en sus labores agrícolas, la propietaria del predio solicitó en mayo de 1986 un préstamo al Banco Popular y como garantía ofreció ‘El Suarero’ en hipoteca. De acuerdo con el certificado de tradición y libertad, ante la falta de pago de la acreencia, la entidad bancaria se quedó con esas tierras dos años después, a sabiendas de que estaba ocupada por las doce familias, sin que se opusiera a esa situación.
En su interés de tener el título de esa propiedad, los campesinos constituyeron en 1989 un comité para tener una mejor interlocución con el Incora y gestionar su compra para una posterior adjudicación.
Para avanzar en ese proceso, funcionarios de esa entidad visitaron el predio con el fin de verificar el estado de la posesión y el tipo de explotación ejercida por los labriegos. Como resultado de esa labor, la entidad expidió la Resolución N. 516 del 31 de marzo de 1992, mediante la cual reconoció que los ocupantes no tenían ningún vínculo de dependencia con la propietaria y que esas tierras no eran explotadas por ella desde hacía por lo menos 15 años.
Todo parecía indicar que la compra sería un hecho, pero la guerra paramilitar avanzó en la región de los Montes de María y llegó a El Salado, manifestándose a través de masacres, asesinatos selectivos, desapariciones y desplazamientos forzados. La ilusión de los campesinos agrupados en el comité se diluyó con el desarraigo.
Elvia Rosa Baled Beltrán es una de las reclamantes y sobreviviente de la masacre del 23 de marzo de 1997. En esa incursión paramilitar fue retenido y asesinado su esposo, Álvaro Jesús Pérez, quien para esa época era el presidente de la Junta de Acción Comunal.
“Yo salí para Cartagena con mis hijos en la masacre del 23 de marzo del 97. Mi esposo fue asesinado y también algunos compañeros y sus hijos. Nos tuvimos que ir a raíz de la violencia”, le contó Baled Beltrán a este portal. (Leer más en: “Aún guardo la esperanza de encontrar el cuerpo de mi esposo)
Ella retornó el 9 de junio de 2012 a ‘El Suarero’. Al llegar, se encontró con un panorama desolador: “El predio había sido comprado y estaba totalmente abandonado, todavía permanecían allí las casas quemadas”.
Cuatro años antes de que esta mujer regresara a El Salado, el Banco Popular le vendió el predio a Abraham Díaz Bertel por 28 millones 620 mil pesos. El negocio se registró en la Notaría Segunda de Sincelejo, mediante la escritura pública N. 360 del 26 de febrero de 2008.
En una transacción posterior, registrada el 24 de junio de ese mismo año en la Notaría 7 de Barranquilla, Juan Carlos Castellón Ruiz le compró a Díaz Bertel el 50 por ciento de la propiedad por un valor de 130 millones de pesos.
Estragos de la guerra
El corregimiento de El Salado, como todos los 15 municipios que constituyen la región de los Montes de María, siete de ellos en el departamento de Bolívar y ocho más en Sucre, han padecido durante varias décadas los estragos de la confrontación armada.
Organizaciones guerrillas y estructuras paramilitares se han disputado el control de esa región dada su ubicación estratégica para actividades del narcotráfico y el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala en relación con la ganadería y la agricultura. Las referencias a esta situación fueron consignadas en un informe sobre los Montes de María, realizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
Inicialmente, la guerrilla del Epl hizo presencia en la región; luego la guerrilla de las Farc se asentó allí, convirtiéndola en una de sus principales zonas de operaciones. En respuesta a ese dominio, a finales de los años noventa irrumpieron a sangre y fuego las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) con el apoyo de ganaderos y políticos locales, entre ellos la familia Méndez, que contaban con una pequeña estructura armada antes de la llegada de los paramilitares. (Ver más en: Los Méndez, antecesores de los ‘paras’ en los Montes de María )
A esas fuerzas irregulares paramilitares se les responsabilizó de las masacres de El Salado perpetradas en 1997 y 2000, que las justificaron bajo la consigna de proteger a la población, y enfrentar y acabar con la guerrilla de las Farc, que había tomado el control sobre esta región del Caribe colombiano. (Ver más en: Conflicto armado 1997 – 2002)
Esa confrontación convirtió a los Montes de María en una región vulnerable para las comunidades campesinas, que quedaban a merced de las balas, y no tenían otra opción que abandonar sus terruños. Situación que fue aprovechada por comisionistas e inversionistas para apropiarse de ellas de manera irregular y ofrecerlas al mejor postor, entre ellos algunas empresas. (Ver más en: Las paradojas de la restitución en los Montes de María)
El alto nivel de confrontación y el férreo control que impusieron los grupos paramilitares, no sólo generaron cambios en la tenencia y propiedad de la tierra, sino que frenaron los procesos de reforma agraria, como el de ‘El Suarero’, ocasionando que otros acabaran beneficiándose, varios de los cuales eran ajenos a los Montes de María. (Leer más en: Restitución en Montes de María, entre la ilusión y el miedo)
En estrados judiciales
Los ocupantes de ‘El Suarero’ encontraron una luz de esperanza en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), que entró en vigencia el 1 de enero de 2012, pues a través de sus normas se abría la posibilidad de recuperar el predio.
Con el apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), una de las entidades creadas por esa ley, los doce campesinos afectados solicitaron la restitución y formalización de ese predio en las porciones que les correspondía dada la tradición de ocupación y trabajo que tenían por más de 40 años, y deshacer cualquier transacción ajena a ellos.
Además, pidieron que se declarase como “propietarios de mala fe a los señores Abraham Diaz Bertel y Juan Carlos Castellón Ruiz, por aprovecharse de la situación de violencia que originó el abandono forzado del predio Arizona o El Suarero” y no reconocerles compensación alguna.
La demanda de restitución fue presentada ante el Juzgado Segundo Civil Especializado en Restitución de Cartagena. El 22 de enero de 2013 fue admitida y se ordenaron restricciones que impedían cualquier transacción sobre ese predio.
Luego de hacer los análisis sobre los testimonios y revisar las pruebas presentadas por los reclamantes y los propietarios, esa dependencia judicial, en decisión fechada el 19 de mayo de 2015, determinó que los doce campesinos no tenían derecho a ser restituidos.
El juez consideró que no se acreditaron “la posesión ni la fecha en que pudo principiar la misma, mucho menos el término de su duración”, por tanto, “es evidente que surge la imposibilidad de acceder a la restitución de la posesión, máxime cuando lo que se vislumbra que la relación que sostuvieron los reclamantes con el predio se enmarcó en una mera tenencia”.
Por ello, declaró “no probados los argumentos formulados en la demanda por parte de la [URT] a favor de los solicitantes”; no obstante, le ordenó a esa dependencia estatal que le garantizara a los doce campesinos reclamantes “el acceso a los programas de atención para la población desplazada, especialmente en lo que respecta a los servicios de salud y educación para sus hijos menores y para aquellos solicitantes que forman parte de las personas de la tercera edad; de igual forma se les garantice el acceso a los programas de estabilización económica y se les incluya en los esquemas de acompañamiento para la población desplazada”.
Asimismo, le ordenó al entonces Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) que vinculara a los doce reclamantes “en los programas de acceso a tierras y proyectos productivos de desarrollo rural que abandera esa institución, a fin de facilitarles no solo su acceso a la propiedad rural que les fue esquiva en razón del conflicto armado que los distanció de la posibilidad de materializar un derecho real frente al predio que pretendían les fuera restituido”.
Esa decisión fue un duro golpe para los reclamantes y lo que vino después ahondó su desesperanza. Inicialmente, la URT notificó a la señora Badel Beltrán, quien lidera el grupo de reclamantes, que la orden dada por el juzgado no era posible cumplirla por cuanto no estaba dentro de sus facultades y remitió la sentencia a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para que allí les brindaran “la atención respectiva y ordenada a los beneficiarios del fallo emitido”.
Adicional a ello, la URT también remitió la sentencia a la Agencia Nacional de Tierras (sucesora del Incoder), para que “dentro de sus labores y objeto misional efectúen la priorización de esta orden y realice las acciones a las que haya lugar”.
Dos años después de proferida la sentencia, y en respuesta a una solicitud de complimiento de fallo presentada por Badel Beltrán, la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Cartagena revisó el caso y tomó varias decisiones que beneficiaron a los actuales propietarios: de un lado, ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se habían tomado sobre ‘El Suarero’ con el fin de reintegrar el predio al mercado de tierras; y de otro, ordenó la exclusión de los doce campesinos reclamantes del Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente, que es administrado por la URT.
Adicionalmente, esa instancia judicial le solicitó a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) un informe sobre la vinculación de los doce reclamantes a los programas de acceso a tierras y proyectos productivos, y le ordenó a la Unidad de Víctimas que gestionara la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral a favor de este grupo de campesinos.
En su plan de revisar los fallos proferidos por los juzgados especializados en restitución de tierras, la Procuraduría General de la Nación (PGN) convocó a una reunión el 23 de marzo de 2019 en Cartagena en la que participaron varios funcionarios de diversas entidades responsables de las órdenes dictadas por los operadores judiciales. El caso de ‘El Suarero’ fue incluido en la agenda.
Inicialmente, se consignó en el acta de la reunión que “se trataron las solicitudes de información a la Agencia Nacional de Tierras que ha realizado la PGN sin obtener respuestas sustanciales”. Luego, al abordar el caso de ‘El Suarero’, se consignó que “la Agencia Nacional de Tierras indica que la compra de predios solo se realiza en municipios focalizados y ni el corregimiento de El Salado ni el Municipio de El Carmen de Bolívar se encuentran focalizados, por lo tanto, la solicitud de compra del predio el Suarero será denegada”.
No obstante, el grupo de campesinos fue compensado con el Subsidio Integral de Reforma Agraria, el cual sería invertido en la compra de ‘El Suarero’. Baled Beltrán aseguró que ya se hizo una oferta formal para la compra del predio, pero ésta no se concretó por cuando los propietarios elevaron el precio. Por el contrario, Díaz Bertel le dijo a este portal que no ha recibido ninguna oferta por parte de los campesinos.
¿De reclamantes a jornaleros?
El drama del grupo de campesinos reclamantes es que ahora tienen un nuevo competidor, interesado en ocupar una buena porción de ‘El Suarero’ de propiedad de Díaz Bertel para adelantar proyectos de agricultura intensiva de yuca amarga.
Esa posibilidad le ha quitado el sueño a Adolfo Gabriel Pineda, otro de los campesinos que retornó al predio en el año 2011: “Habíamos hablado que nos iban a vender el terreno y ahora quieren meter otras personas (…) nosotros somos ya adultos mayores y salir a otra parte donde no conocemos sería un nuevo desplazamiento”.
El interesado en ese predio es Alcides Cerpa Reyes, quien se presenta en El Salado como representante legal de la Fundación Evenecer, con sede en Sincelejo y registrada en la Cámara de Comercio de esa ciudad el 8 de agosto de 2014. Al ser abordado por este portal para que explicara la manera cómo llegó al predio, aseguró que no conocía a Abraham Díaz y explicó que “este señor llegó y se me acercó porque había oído de mí. Me dijo que tenía unas tierras que tenían un problema para que los ayudara a solucionar”.
De acuerdo con la versión dada por Cerpa, el negocio que supuestamente le habría planteado Díaz era que se le alquilaría el predio por diez años con el fin de que organizara a los campesinos reclamantes para que, en cinco años, se lo pagaran. “Diez años ayudándolos a organizarse con el fin de que cambien el estatus de vida”, precisó.
Cerpa admitió que la tensión entre los campesinos y los actuales propietarios del predio nació en el momento en el que el Banco Popular se los vendió a Díaz y Castellón. “Y no es que lo esté defendiendo (a Abraham), pero él me está pidiendo el favor de que los organice [a los reclamantes] porque Restitución de Tierras no ha querido comprar el predio”.
Esa Fundación tiene, al parecer, un modelo de explotación que, supuestamente, ha probado en otras zonas del país: alquila grandes extensiones de tierra, crea asociaciones con los campesinos y trabaja de la mano con ellos en distintos cultivos utilizando maquinaria especializada para la agricultura intensiva, y pretende que los labriegos locales sean la mano de obra necesaria para el trabajo de la tierra, en lugar de contratar personas ajenas a la región.
Y justamente ese modelo es el que quiere aplicar en ‘El Suarero’. En conversación con VerdadAbierta.com dijo que para lograr su propósito buscaría apoyo económico internacional “para que les presten el dinero para que puedan trabajar”; incluso, hizo referencia a la Embajada de Alemania como una potencial aliada.
El dinero que obtendrían del cultivo se repartiría entre la supuesta organización campesina que debe crearse y la Fundación Evenecer. “Al final se sacarían todos los gastos y la Fundación se quedaría con el 10 por ciento de las ganancias por toda la administración”, explicó Cerpa y aseguró que han trabajado con múltiples asociaciones campesinas y que la meta de la Fundación es generar una estabilidad económica a los campesinos por medio del trabajo.
Cuando este portal le preguntó si podía hablar de algunos casos de éxito liderados por la Fundación, cambió las versiones en múltiples ocasiones y evadió preguntas cortando las llamadas con el argumento de que estaba ocupado.
Finalmente, cuando se le planteó que expusiera un ejemplo de casos en los que habría tenido ayuda económica extranjera en los siete años de operación de la Fundación, fue enfático en su respuesta: “No, todavía no podemos porque eso es reserva del sumario. Hasta luego, tengo que colgar”.
Al consultar el expediente de la Fundación en la Cámara de Comercio de Sincelejo, se establecieron varios detalles: la actual representante legal es Osiris del Carmen Cerpa Osorio; a 2020 reportó un patrimonio de 1,5 millones de pesos; para ese mismo año registró ingresos operacionales por 1 peso; y en 2021 no renovó matricula mercantil.
Con esos datos se consultó de nuevo a Alcides Cerpa, quien aclaró que la nueva representante legal se nombró en enero de este año porque él ya tiene 72 años y no está en condiciones de continuar con esa responsabilidad. Aunque no fue claro en explicar por qué se presenta en El Salado como representante legal de la Fundación.
Con respecto a la no renovación de la matrícula mercantil para 2021, dijo que no se hizo debido a las complicaciones generadas por la pandemia de Covid-19, pero que se está retomando el trámite para hacer la renovación este año; y en cuanto a los ingresos operacionales, aseguró que no lo sabía, que eso es competencia del contador, y con respecto a subsidios y mercados entregados a los campesinos, precisó que esas actividades no estás registradas en la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales).
Otra particularidad es que Díaz Bertel también contradice a Cerpa: admitió que le alquilaría a la Fundación, y sólo durante un año, 50 hectáreas destinadas al cultivo de yuca amarga: “Yo no puedo rentar una tierra por 10 años ni con él, ni con nadie porque yo también soy un campesino”.
Labriegos, inquietos
Esa situación, poco clara, inquieta al grupo de reclamantes de ‘El Suarero’ por cuanto temen perder la tierra que, por más de 40 años han ocupado, y de paso se esfume la posibilidad de que el Estado les ayude a formalizarla y tengan que desplazarse de nuevo.
“El señor de la Fundación fue a decirme de que iba a meter maquinaria y que iba a meter a más gente en el predio. No se puede meter más maquinaria ahí, porque todo eso está encerrado. Esto es un desplazamiento que nos van a hacer de nuevo”, recalcó Baled Beltrán.
Para Carlos Bohórquez, otro de los campesinos reclamantes y uno de los más antiguos en el predio (llegó por primera vez en 1978), lo que ocurre actualmente en ‘El Suarero’ le genera zozobra.
“Nosotros vivimos todo el tiempo aquí de la agricultura y ahora viene una fundación, es porque nos van a sacar. Pero yo les dije a los compañeros que no, que nosotros ya llevamos 40 años y esos años pesan para sacar a alguien de un predio. Si alguien lleva maquinaria es porque nos van a sacar y a mí no me van a sacar de ahí”, enfatizó Bohórquez, quien retornó al predio en 2006,
El pasado 26 de septiembre se realizaría una reunión entre la Fundación Evenecer y los reclamantes para abrir un espacio de diálogo, aclarar los puntos que les han generado incertidumbres y llegar a un acuerdo. Cerpa aseguró que el grupo de campesinos canceló el encuentro y Baled Beltrán reafirmó la negativa para reunirse con él o con cualquiera que haga parte de esa fundación.
Por lo pronto, la Procuraduría 9 Judicial II para la Restitución de Tierras le solicitó el pasado 1 de octubre a la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, la realización de una nueva audiencia de seguimiento con el fin de abordar las decisiones tomadas en la sentencia de 2015, que aún no se han cumplido, y en atención a las preocupaciones que embargan a los doce reclamantes que actualmente ocupan el predio ‘El Suarero’.
Lo que padecen este grupo de labriegos y sus familias revela, como otros tantos casos, las históricas fallas estatales en la formalización de la tierra cuando se trata de ocupantes con tradición, pero sin títulos, y, además, víctimas de la guerra. Y pese a buscar rutas legales para obtener la titulación, las decisiones no les han sido favorables, los trámites se traspapelan en la burocracia institucional y lo que les ofrecen es ser jornaleros, un gran drama en la región de los Montes de María.
