Los firmantes del acuerdo de Ralito fueron llamados a indagatoria en marzo de 2007. Hay más políticos, más partidos y más regiones involucradas. La creciente crisis es una oportunidad para la justicia.
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| Estos congresistas rendirán indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia a partir de este jueves 28 de marzo. El 23 de julio de 2001 asistieron a una reunión con los jefes de las autodefensas y firmaron un documento que planteaba “refundar la patria”. El tribunal considera que hay indicios de un concierto para delinquir. Foto: Semana. |
La política depende de la palabra. Pero hay circunstancias en las que algunas palabras se convierten en una pesadilla para los políticos. Indagatoria, en estos tiempos del escándalo de la para-política, es una de ellas. Y les llegó el turno de oírla a seis congresistas y a 20 personas más que firmaron el documento “confidencial y secreto” el 23 de julio del 2001 en Santa Fe Ralito con los paramilitares, que se proponía “refundar la patria”. El ‘pacto con el diablo’ mediante el cual las AUC buscaban avanzar en su propósito de fortalecerse como fenómeno político para poder negociar un acuerdo de paz con el Estado.
La Corte Suprema y la Fiscalía coincidieron la misma semana en la decisión de darles trascendencia al documento y a las firmas que lo ratifican. Las dos más importantes entidades en la administración de la justicia, con estas actuaciones, consideran que hubo un momento en que paramilitares y políticos se fijaron un objetivo común. Y esta conclusión encaja dentro del contexto de otras investigaciones relacionadas con el escándalo de la para-política sobre posibles favorecimientos electorales, complicidad en crímenes y participación de las actividades de estos grupos ilegales, por los que ya ocho congresistas más están recluidos en la cárcel.
El llamado a indagatoria no es una condena. Es el comienzo de un proceso formal que termina con la decisión del ente investigador sobre si acusa o no, ante un juez, al sindicado. Sin embargo, el llamado es un indicio de que las cosas van mal para el acusado, porque es un paso posterior a una calificación de las denuncias, hechas por quien tiene la facultad de acusar: la Fiscalía o, en el caso de los congresistas que gozan de un fuero especial, la Corte Suprema de Justicia.
Esta última es un caso especial: el único en el que quien acusa es el mismo que juzga. Por eso, cuando la Corte llama a indagatoria a un miembro del Congreso, es baja la probabilidad de que el siguiente paso no sea su detención. Hay razones para argumentar que el número de parlamentarios privados de la libertad aumente con este nuevo grupo conformado por un liberal, Juan Manuel López Cabrales; dos conservadores, William Montes y José de los Santos Negrete; otro de Cambio Radical, Reginaldo Montes, y uno más de Colombia Democrática, Miguel de la Espriella. Estos cinco congresistas también son de la Costa Caribe, lo que profundiza la crisis política que se vive en esta región del país, pero que, según se deduce de múltiples versiones e indicios, pronto se extenderá a otros departamentos.
Bien dice el dichoque cada uno habla de la fiesta según como le vaya en ella. Y esa puede ser la razón que explica que las versiones sobre la reunión y el documento de Ralito son distintas para cada uno de los asistentes. No coinciden las declaraciones sobre el carácter de la reunión, las razones de la asistencia y la forma como se llevó a cabo. Sin embargo, también hay hechos incuestionables: para la época de la reunión, los paramilitares llevaban muchos años como grupo ilegal armado y tenían sobre sus hombros la responsabilidad de al menos 200 masacres contra civiles, desplazamientos de miles de campesinos de sus tierras, desapariciones, secuestros, abigeato. En 2001 además, algunos de los jefes paras ya habían sido solicitados en extradición por narcotráfico y era noticia conocida que su estela de terror empezaba a extenderse por todo el país.
Ese 23 de julio los políticos, ex gobernadores, alcaldes y ex alcaldes, congresistas, diputados, concejales y ganaderos tomaron camino a la zona rural. Era lunes y tras casi dos horas de carretera destapada, llegaron a la cita a la que los paramilitares Salvatore Mancuso, ‘Jorge 40’, ‘Diego Vecino’, y Adolfo Paz, los habían convocado.
Unos académicos se encargaron de poner en contexto el objetivo de la reunión y explicaron la propuesta política de las autodefensas. Después, según algunas versiones, tomó la palabra Mancuso y leyó el documento. Las firmas vinieron al final. Unos dicen que tuvieron un fusil encima; otros, que firmaron un papel en blanco y unos más, que el texto ya estaba redactado pero que no sólo se leyó, sino que se discutió.
Pero sobre lo que no parece tener duda la Corte es que el documento, las firmas y algunos consecuentes beneficios pudieron conformar un concierto para delinquir. Es decir, que hubo un acuerdo entre varias personas para cometer un delito, que en este caso se trataría de compartir el propósito de “refundar la patria”. ¿Por qué un delito? Según fuentes judiciales consultadas por SEMANA, porque los ‘socios’ de los políticos que firmaron el papel solo utilizaron balas para conseguir sus objetivos.
|Sin embargo, los acusados preparan los argumentos para la defensa que empezaran a ejercer ante la Corte el próximo 28 de marzo. Las demás personas involucradas, la mayoría políticos y ganaderos, harán lo propio ante los fiscales. Su defensa se basará en tres argumentos fundamentales:
Uno, que se trató de lo que en términos penales se llama un error insuperable. Esto significa que quien asistió a esta reunión no consideraba que constituía una conducta reprobable. Este argumento ha sido utilizado ya por Miguel de la Espriella. El segundo camino es el de sustentar que su presencia obedeció a una gestión propia de su cargo con fines específicos, como por ejemplo, la paz. Por esta opción optó el ya recluido senador Alfonso Campo Escobar. Y la tercera es la de probar que su actuación fue producto de amenazas o de presiones. Este argumento ha sido el de Juan Manuel López Cabrales y Reginaldo Montes.
Cualquiera de estas tesis tendrá que ser probada ampliamente ante la Corte y en ningún caso se podría descartar que puedan ser ciertas. Aun así, pesa sobre todos la carga de un grave precedente y es el silencio que durante este tiempo guardaron sobre la reunión y sobre el documento. Una de las consideraciones que estudia el alto tribunal es que aun si se tratara de amenaza, presión o coacción, los políticos pudieron haber renunciado a continuar en su actividad política, que era nada menos que ejercer la representación del Estado y evitar así ser partícipes de un propósito salpicado de sangre y criminalidad. Pero si retirarse de la actividad política era mucho pedir, tenían a la mano la justicia. Ninguno de los políticos denunció el hecho que cinco años y medio después los tiene con un pie en la cárcel.
Ahora bien, el argumento de que era una reunión que buscaba abrirle un espacio a un proceso de paz o hacer una labor humanitaria -al que ha recurrido Juan Carlos Ordosgoitia, representante a la Cámara en la época de los hechos para justificar su presencia en Ralito-, tiene una debilidad y es que si “refundar la patria” era sinónimo de un proceso de paz, nunca lo dieron a conocer al Ejecutivo, que es el único de los tres poderes del Estado que puede proceder en ese camino. Algunos casos que para la Corte y para la Fiscalía son especiales, pues hay pruebas contundentes de que después de esta reunión algunos fueron beneficiados directos de la acción de las autodefensas. Eleonora Pineda, por ejemplo, tendrá que explicar cómo pasó de ser concejal de Tierralta con 1.000 votos, a ser representante con 80.000. Lo mismo José Luis Feris, hermano de un comandante paramilitar, quien firma el documento como ganadero, pero en las elecciones siguientes alcanza una curul a la Cámara. Las ganancias políticas de otros más de los firmantes son todavía materia de investigación. Juan Manuel López podría ser el caso contrario: en sus campañas ha asumido un discurso vehemente contra los paras, y su estrategia ha sido canalizar el voto de quienes no comparten los métodos y formas de las AUC.
Pobre Montería
El miércoles 21 de marzo, cuando la noticia del llamado a indagatoria se conoció por los medios de comunicación, en Montería comenzó el alboroto. La mayoría de los firmantes son los políticos de esta majestuosa tierra que vio impunemente cómo se colaban los paramilitares camuflados detrás de la inmensa riqueza ganadera.
La mayoría de los firmantes de Ralito son cordobeses. Unos con más apego a las autodefensas que otros. Pero es imposible pensar que las próximas elecciones, en octubre, no serán afectadas por la vinculación de la mayoría de su clase política a este escándalo. O que, incluso después de lo ocurrido, la competencia por el poder volverá a los mismos parámetros de siempre: la pelea entre familias, clanes o facciones partidistas tradicionales.
En realidad, más que un episodio fundamental dentro del proceso judicial que esclarecerá los alcances que llegaron a tener los vínculos entre los paras y los políticos, el llamado a indagatoria -tanto por la Fiscalía como por la Corte- a todos los firmantes del infame ‘Acuerdo de Ralito’, tiene varias consecuencias políticas. La primera es que la bola de nieve crece. Cada día hay más noticias y se ponen en marcha más procesos cuyos desarrollos, al ritmo de los términos judiciales, seguirán dominando la agenda noticiosa del país.
La otra lectura es de carácter político. Hasta ahora, todos los políticos involucrados pertenecían al uribismo. Con el llamado a López Cabrales será más difícil para el Partido Liberal mantener la voz alta para denunciar y asumir que no tiene responsabilidad en el escándalo. Tampoco es cierto, como pregonan en la práctica los defensores del gobierno, que un miembro de la oposición salpicado equilibra la balanza de decenas de uribistas que han sido involucrados. Los liberales quedan mal parados, porque desde su director nacional, César Gaviria, hacia abajo, habían defendido con vehemencia a López Cabrales. Pero eso no exime al uribismo de haber recibido en su seno a varios políticos, ex liberales y ex conservadores, en plena campaña electoral que tuvo como tema principal el de la influencia paramilitar en la política. En el caso de Cambio Radical, por ejemplo, que purgó de sus filas a algunos candidatos, resulta particularmente incómodo que entre los indagatoriados figuren algunos de los que se salvaron del colador durante la campaña.
Cuando se produce una crisis como la actual, es normal que todos los actores políticos traten de tirar la primera piedra y dirigirla hacia sus rivales electorales. Es previsible que en los próximos meses se mantenga este tire y afloje legítimo. Sin embargo, lo que importa para el país, y para su fortaleza institucional, es que el peso de la ley caiga sobre quienes la violaron. Y eso sólo pueden hacerlo la Corte Suprema de Justicia, en el caso de los congresistas; la Fiscalía y los jueces, en los demás. La crisis puede ser una oportunidad para limpiar la política contaminada de paramilitarismo. Poco importa quien salga mal parado en términos políticos, si al final se impone la justicia.
Publicado en SEMANA 24/03/2007
