Las investigaciones que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz en este municipio del occidente de Antioquia para esclarecer responsabilidades en la comisión de ejecuciones judiciales por parte de tropas del Ejército, ponen en la agenda sólo una parte del horror que se vivió allí al despuntar el siglo XXI. Paramilitares, guerrilleros y fuerzas estatales se trenzaron en una disputa que les mostró a sus pobladores el horror y la crueldad de una guerra que les llegó a sus puertas sin consideración alguna.
A comienzos de la década del dos mil, la cotidianidad de los habitantes de Dabeiba, tanto en zonas urbanas como rurales, estaba marcada por el miedo. La presencia de milicianos vestidos de civil de la extinta guerrilla de las Farc y de sus enemigos acérrimos, paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), intranquilizaba sus días y sus noches.
Unos y otros pretendían dominar este municipio, estratégico para sus intereses criminales, pues conecta por trochas y montañas con los departamentos de Chocó y Córdoba, y es la puerta de entrada al Urabá antioqueño a través del corredor conocido como El Cañón de la Llorona. Por ello se lo disputaron a sangre y fuego, afectando drásticamente a la población civil. Controlar este territorio otorgaba ventajas en la guerra.
Las ejecuciones extrajudiciales de civiles ajenos a la guerra que fueron presentados como “guerrilleros muertos en combate” y que ahora están bajo la lupa de la JEP por cuenta de sus investigaciones en Dabeiba, habrían ocurrido entre los años 2000 y 2007, en un contexto de alta confrontación bélica por el control de esta estratégica zona del occidente antioqueño. Los hechos de aquellos años revelan que la población civil estaba a merced de unos y otros, y desprotegida por el Estado.
Llegan las Farc
Los primeros en reconocer el valor estratégico de Dabeiba y sus municipios vecinos fueron los insurgentes de las Farc. De acuerdo con advertencias del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo emitidas en 2004, “su consolidación territorial como fuerza hegemónica hasta la década de los noventa, les permitió establecer en esta zona una malla de comunicación por vías, caminos y ríos, a través de los cuales tenían acceso a los municipios de Uramita, Peque, Frontino y Mutatá y subregiones vecinas del Urabá, Bajo Cauca y Norte de Antioquia y el acceso a los departamentos de Córdoba y Chocó”.
Dos años después, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH estableció que los municipios de esta región cercanos al Urabá, entre ellos Dabeiba, “fueron asiento de la guerrilla de las Farc, que aprovechó la precaria presencia del Estado para abrogarse la función de regulación del orden social y ejercer presión sobre las autoridades locales frente a las demandas de las comunidades”. (Ver estudio)
El vacío estatal, conceptuó este Observatorio, “favoreció la ocupación del territorio y el establecimiento de rutas de movilización hacia otras regiones, conformando una red de corredores entre Urabá y Córdoba (atravesando el Nudo de Paramillo) y el departamento del Chocó (cruzando por el valle del río Murrí)”, lo que le permitió al grupo insurgente “realizar acciones armadas en Urabá y Córdoba y posteriormente refugiarse en el Occidente antioqueño”.
Si bien en esta amplia región montañosa operaban los frentes 5, 18, 34, 57 y 58, que estaban integrados al Bloque José María Córdova, fue el Frente 34, bajo el mando de Luis Carlos Úsuga Restrepo, alias ‘Isaías Trujillo’, el que adquirió mayor protagonismo en el occidente antioqueño, aplicando férreas políticas guerrilleras a la población civil, entre los que se destacan pagos forzados a comerciantes urbanos y rurales, e imponiendo su disciplina, que implicaba matar si era necesario.
Al referirse a Dabeiba, el Observatorio detalla que “el proceso de implantación de la guerrilla tuvo particular importancia” en este municipio, “por encontrarse ubicado alrededor del eje de desarrollo económico entre el departamento de Chocó, Antioquia y Córdoba; por ser la puerta de entrada a Urabá y estar entre los municipios que conforman el Nudo de Paramillo”, así como por hacer parte de una “zona de frontera de la confrontación regional, por los corredores geográficos alrededor de la cuenca del río Sucio, el Nudo del Paramillo y el cañón de la Llorona, entre los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó”.
Su hegemonía sería disputada al despuntar el siglo XXI con la llegada de grandes contingentes de paramilitares provenientes, en su mayoría, del Urabá antioqueño, pero también de municipios vecinos como Frontino y de Cañasgordas.
Arremetida paramilitar
La proyección de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), desde su conformación a mediados de 1997, fue la de disputarle el control territorial a las Farc. Con esa intención se planeó a finales de los noventa la recuperación de municipios como Mutatá, en el Urabá antioqueño, y de Dabeiba, Frontino, Uramita y Cañasgordas, en el occidente de Antioquia. La tarea le fue asignada al Bloque Elmer Cárdenas, bajo el mando de Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’.
La estrategia fue descrita ante los tribunales de Justicia y Paz por exparamilitares postulados a los beneficios de la Ley 975 tras haberse desmovilizado de manera colectiva bajo los acuerdos logrados con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010) y cuyos testimonios fueron consignados en la sentencia proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín el 17 de mayo de 2018.
De acuerdo con alias ‘El Alemán’, el propósito de esa incursión, denominada ‘Operación Conjunta a Dabeiba’, fue “liberar el municipio”, que, según él, “se encontraba a merced del grupo de las Farc”.
En sus testimonios ante ese tribunal de justicia transicional, el exjefe paramilitar detalló que esa acción se planeó durante el mes de julio de 2001, cuando “se determinó que para el éxito de la operación armada ilegal, era necesario que ingresara un grupo nutrido de Autodefensas, por lo que se dispuso que en la actuación deberían participar un total de doscientos (200) hombres, entre los cuales se hallaban miembros del Bloque Elmer Cárdenas, del Grupo de Autodefensas de Occidente y del Grupo de Autodefensas de Frontino”.
De acuerdo con el testimonio de alias ‘El Alemán’, para lograr que ese nutrido grupo de paramilitares se instalara en Dabeiba se requerían recursos, razón por la cual hizo gestiones “con gente reconocida en la región, como el empresario Jaime Henríquez Gallo”, un empresario bananero del Urabá antioqueño, señalado de financiar a las Auc, “a quien le informó sobre la necesidad de que aportara recursos para la organización ilegal”.
Una vez se constituyó el grupo, que se conoció como Frente Dabeiba o Frente Gabriela White, se delegó la comandancia en Elkin Jorge Castañeda, alias ‘Hermógenes Masa’, quien lideró la marcha de paramilitares hacia Dabeiba. Uno de los primeros reportes de su presencia en este municipio se conoció el 26 de julio 2001, cuando la Defensoría del Pueblo alertó a las autoridades que “grupos de autodefensa impiden el abastecimiento del casco urbano de Dabeiba”, lo que podría generar “peligro de incidentes para los convoyes enviados por la Gobernación de Antioquia”. (Ver documento AT N. 009)
Un nuevo informe de la Defensoría se emitió el 27 de diciembre de ese mismo año, esta vez dando cuenta de la presencia masiva de paramilitares en el municipio: “Un grupo de más de 400 hombres de las Auc ingresaron a la zona urbana de Dabeiba, pernoctando en residencias públicas generando tensión y temor en la población; han proferido amenazas de muerte contra personas presuntamente colaboradoras de la subversión”. Ese reporte también alertó sobre la presencia de retenes ilegales instalados por las Farc en la vía Mutatá-Medellín y Dabeiba-Uramita. (Ver documento AT N. 070)
Informes de 2004 del SAT de la Defensoría del Pueblo advirtieron que desde finales de ese año “las autodefensas iniciaron su proyecto bélico de recuperar a sangre y fuego los territorios bajo dominio de la guerrilla, disputándole a las Farc las cabeceras urbanas de Mutatá y el subregión del Urabá y Dabeiba, Frontino, Uramita y Cañasgordas en el occidente antioqueño y obligándola a replegarse en las zonas rurales”.
A partir de esa confrontación, asegura esa entidad del Ministerio Público, “la población de la zona empezó a ser objeto de homicidios selectivos, desapariciones, señalamientos, bloqueo económico, saqueos y masacres”. Los años 2002, 2003 y 2004 fueron dramáticos para los pobladores de Dabeiba.
Una de las acciones más cruentas se vivió desde el 13 de abril de 2004, y por tres días, cuando guerrilleros y paramilitares se enfrentaron en zona rural del municipio. El choque armado dejó por lo menos doce integrantes del Elmer Cárdenas muertos y, de acuerdo con la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, “el repliegue de los subversivos de las Farc y la destrucción de inmuebles, lesiones personales a pobladores, con el consecuente desplazamiento forzado masivo de otros, en vista de que en voces de los mismos habitantes, los combates se desarrollaron en inmediaciones de sus moradas, con la utilización de armas de lago alcance y artefactos explosivos, donde los más vulnerados indudablemente fue la población civil”.
Al respecto, la Defensoría del Pueblo alertó el 7 de mayo de ese año que “en este contexto tanto la población urbana como rural se encuentran en situación de vulnerabilidad frente a las acciones y amenazas de los actores armados, especialmente por el estigma que recae de pertenecer y/o apoyar a uno u otro bando”.
Para 2005, según el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, en Dabeiba “los grupos armados irregulares logran una influencia relativa en la zona rural (sector nororiental del municipio, en inmediaciones del Nudo de Paramillo, por parte de las Farc, y cabecera urbana y cascos de algunos corregimientos por parte de las Auc), desde donde buscaron expandirse, contener la avanzada del contrario, cerrarle sus corredores de movilidad y abastecimiento, enfrentar a la Fuerza Pública y realizar contraofensivas sobre territorios del contrario, que les permitieron recuperar posiciones que conceden ventajas en la confrontación”.
Operaciones militares
A esa zozobra también contribuyó el Estado colombiano a través de sus Fuerzas Armadas acantonadas en la región. Para los años en que ocurrieron las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra civiles inermes que ahora investiga la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), operaban, entre otros, los batallones Cacique Nutibara y Pedro Justo Berrío, adscritos a la IV Brigada del Ejército, con sede en Medellín, y los batallones Bejarano Muñoz y Cacique Lutaima, de la Brigada XVII con sede en Carepa, así como la Brigada Móvil N. 11, que inició labores a finales de agosto de 2004 en desarrollo de la política de Seguridad Democrática impulsada por el entonces presidente de la República Álvaro Uribe.
Para contrarrestar la injerencia de las Farc en esa amplia región, se llevaron a cabo entre 2002 y 2005 las operaciones militares Monasterio, Aniquilador, Jeremías, Emblema y Fénix. Se trató de una ofensiva de la Fuerza Pública que logró incrementar, según registros públicos, los combates contra ese grupo subversivo.
De acuerdo con el Observatorio, entre 2001 y 2005, las Fuerzas Militares libraron 197 combates, 107 más que en el período 1995-2000: “Los combates que se habían incrementado notablemente en 2002, colocándose por encima de los niveles registrados en años anteriores, definitivamente se escalan a partir de 2003 y se mantienen en un punto elevado en 2005”.
Pesa a las acciones estatales, en una nueva alerta sobre Dabeiba, emitida el 2 de enero de 2006, se cuestionó la efectivad de esas operaciones: “No obstante el reconocimiento de la presencia de la Fuerza Pública como factor protector en el territorio, la poca observancia a los principios de DIH por parte de las unidades del Ejército y la Policía acantonadas en la zona […] expone a los pobladores a mayores situaciones de riesgo y a acciones relativas por parte de los actores armados”.
Aplicando un enfoque integral, la entidad del Ministerio Público denunció en ese informe que el escenario de riesgo para los habitantes de Dabeiba “está profundizando las condiciones de vulnerabilidad estructural de la población tanto urbana como rural (la población en pobreza total es del 91%), en la medida en que la actuación de los actores armados ilegales y la preponderancia del enfoque de seguridad y manejo del orden público en detrimento de la justicia y equidad social y económica en la respuesta e intervención del Estado en Dabeiba, está agravando su crisis alimentaria y deteriorando los ya precarios niveles de infraestructura con los que cuenta el municipio para el desarrollo de su vida cotidiana”.
El informe Colombia, deuda con la humanidad: 23 años de Falsos Positivos, del Banco de Datos del Cinep tiene reportes de ejecuciones extrajudiciales cometidas en Dabeiba desde 1992. Uno de esos casos, ocurrido en el periodo que investiga la JEP, es el del campesino José Eliázar Gutiérrez Mazo, detenido de manera arbitraria por tropas del Ejército el 8 de octubres de 2007. De acuerdo con la denuncia, fue conducido hacia la cordillera de El Troncal donde fue asesinado por los uniformados.
“El domingo 14 de octubre, hacia las 07:30 horas, llegó un helicóptero al sitio donde tenían el cadáver y lo trasladó a la morgue de Dabeiba. (…) una campesina de la misma vereda de la víctima logró ver el cadáver en la morgue y lo identificó plenamente. Para entonces el cadáver ya estaba vestido con uniforme de camuflaje. Se calcula que el cadáver permaneció en la morgue 8 días y luego desapareció sin que nadie supiera si fue sepultado y en qué lugar”, se lee en el reporte del Cinep.
No es claro aún si los crímenes cometidos contra civiles ajenos a la guerra se incrementaron en el periodo de mayor repunte de las acciones de la Fuerza Pública y en el marco de la política de Seguridad Democrática, pero cifras del Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que reúne a decenas de organizaciones defensoras de derechos humanos, registraron en un estudio publicado en 2014 que entre los años 2000 y 2010, se cometieron 33 asesinatos en Dabeiba bajo la modalidad de ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado en Dabeiba. (Ver informe)
Se espera que las labores de prospección y exhumación de cuerpos que adelanta la JEP desde el pasado 9 de diciembre en el cementerio Las Mercedes con base en testimonios de exmilitares en desarrollo de las investigaciones del Caso 003, sobre “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”, precisen con certeza cuántos civiles ajenos a la guerra fueron asesinados y presentados como “guerrilleros muertos en combate”, y se profundice en el conocimiento de la tragedia de Dabeiba, cuyos pobladores padecieron, por años, todos los fuegos.
Asimismo, decenas de excombatientes de las Farc están compareciendo ante ese tribunal de justicia transicional para responder por la comisión de múltiples de delitos, en expedientes particulares: algunos focalizando regiones del país y otro dedicado al esclarecimiento de crímenes relacionados con “retenciones ilegales” o secuestros. De ese modo, los habitantes de Dabeiba y otros municipios, esperan, por fin, acceder a verdad, justicia y reparación, por los horrores vividos durante el conflicto armado. Los grupos de las Auc que se desmovilización ya recibieron condena por parte de los magistrados de Justicia y Paz.
