Tres organizaciones no gubernamentales se unieron para valorar cómo ha sido la implementación de los mecanismos que creó el Acuerdo de Paz para garantizar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos. El balance no es el mejor, por lo que le recomiendan al nuevo gobierno nacional dar un timonazo en esta materia.
Con la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las Farc, se esperaba que quienes arriesgan sus vidas por llevar la vocería de diversas comunidades contaran con mejores condiciones para ejercer su labor. Las esperanzas no sólo se cimentaban en la desmovilización del grupo armado ilegal más antiguo del continente, sino en la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), compuesto por múltiples instancias, para generar garantías de seguridad en todo el país.
Sin embargo, ocurrió lo contrario a lo previsto: las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, especialmente los asesinatos, han ido aumentando un año tras otro, salvo en un par de ocasiones. Por esa razón, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) y el Programa Somos Defensores (PSD), unieron esfuerzos para analizar la puesta en marcha del SISEP y hoy publican el informe Garantías para el Cambio: Dispositivos de Política Pública en Favor de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Liderazgos Sociales. (Descargar Aquí)
El informe demuestra que la implementación de los compromisos del SISEP ha sido poca, especialmente durante la administración del entonces presidente Iván Duque Márquez (2018-2022), generando graves retrocesos.
“La respuesta desproporcionada y violenta infligida a la protesta social que se saldó con 87 manifestantes asesinados y más de mil 900 heridos durante el estallido social del 2021, la expansión acelerada del paramilitarismo y las estructuras criminales del narcotráfico en las zonas anteriormente bajo control de las Farc y el deterioro de prácticamente todos los indicadores de victimización y vulneración de derechos humanos que retrajeron al país a los indicadores de violencia que se tenían antes del proceso de paz evidencian la magnitud y las consecuencias de la falta de implementación de los compromisos del AFP (Acuerdo Final de Paz) durante el cuatrienio que acabó de terminar”, se lee en el documento.
Esas palabras encuentran sustento en el análisis de cuatro pilares claves del SISEP.
Sin garantías para sesionar
El primer pilar que analizan las tres organizaciones es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), creada mediante el Decreto Ley 154 de 2017, en cumplimiento del punto 3.4.3. del Acuerdo de Paz, que prevé la creación de una instancia interinstitucional encargada del diseño y elaboración de la política pública para el desmantelamiento de grupos armados y organizaciones sucesoras del paramilitarismo.
Esa Comisión debería sesionar una vez al mes y estaría presidida por el Presidente de la República. De ella harían parte las principales instituciones del Estado relacionadas con seguridad y protección de derechos humanos y, como mecanismo innovador, se incluyeron a cuatro representantes de la sociedad civil. Durante los últimos dos años del gobierno de Juan Manuel Santos (2014-2018), la CNGS logró algunos avances, pero, como lo resalta el informe, su sucesor, “sin valoración alguna, decidió dejarlos de lado”.
Y agrega: “Su apuesta política (la de Duque) se concentró en crear instrumentos paralelos a lo establecido en el Acuerdo y en desconocer la naturaleza jurídica de la CNGS. En efecto, la política de defensa y seguridad (PDS) no menciona en ningún momento el SISEP y establece instancias como el Consejo de Seguridad y la Comisión del Plan de Acción Oportuna (PAO) que poseen funciones similares de desarticulación de grupos armados y de protección de la población, pero sin la participación de la sociedad civil y sin el enfoque integral del AFP”.
Asimismo, “buscó reducir su naturaleza jurídica a la de ser una instancia meramente asesora, recortando sus funciones de gestación, impulso y evaluación de la política pública y criminal de su objeto”. De ese modo, el gobierno del presidente Duque le dio un estatus de comisión asesora que no crea ni formula ningún tipo de acción.
Por ello, el informe concluye que esta “interpretación indebida y de mala fe frente a los compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz y legalmente en el Decreto Ley 154 de 2017 es el trasfondo de la obstaculización al cumplimiento del objeto de la CNGS y de que en cinco años de creación no haya adoptado un plan de acción y tampoco la política pública de desmantelamiento de las estructuras criminales armadas”.
La parálisis y el abandono de la CNGS durante la administración de Duque también puede medirse por el número de sesiones en pleno que realizó: siete, cuando debieron ser 48.
Un sistema de alerta sin respuesta
Para darle cumplimiento al punto 3.4.9. del Acuerdo de Paz, el presidente Santos expidió el Decreto 2124 el 17 de diciembre de 2017, mediante el cual se creó el Sistema de Prevención y Alerta para la Reacción Rápida (SPARR). Su misión era advertir de manera oportuna los riesgos que enfrenta la población civil y articular una respuesta rápida estatal para mitigarlos.
Esa labor está a cargo de dos instancias. La primera, el Sistema de Alertas Temprana de la Defensoría del Pueblo que, gracias al Decreto 2124, puede emitir informes de riesgo y alertas tempranas de manera autónoma, sin contar con la aprobación del Ministerio del Interior, como sucedía anteriormente.
La segunda recae en la Comisión Intersectorial de Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT), que debería gestionar la respuesta a las advertencias que realice la Defensoría del Pueblo, con el fin de evitar que los riesgos alertados no se consuman. Esta instancia está bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior y es la principal causa de los fallos del SPARR, porque a pesar de que las alertas se emiten con pertinencia, los ataques a los defensores de derechos humanos siguen ocurriendo.
Y así lo constantan las cifas. El Programa Somos Defensores documentó 3.868 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de marzo de 2022; de ellas, 670 son asesinatos. Esa escabrosa situación ocurre a pesar de la labor de la Defensoría del Pueblo que, entre diciembre de 2017 y junio del año en curso, expidió 240 alertas tempranas.
La investigación señala que la materialización de los riesgos advertidos se ha convertido en una constante que se repite alerta tras alerta, poniendo “de manifiesto que la CIPRAT no está cumpliendo con el estándar de debida diligencia en la articulación de la respuesta y acción rápida estatal tendiente a evitar que el riesgo se consume”.
Y apela a las cifras para sustentar esa afirmación: “De las 197 alertas emitidas entre ente el 1 de enero de 2008 y agosto de 2021, en aproximadamente el 66% de los territorios mencionados, se asesinó al menos una persona que ejercía liderazgo social; es decir, que se produjeron agresiones que afectaron el derecho a la vida, pese al riesgo advertido”.
Las tres organizaciones concluyen que la situación de la CIPRAT fue una expresión más del negacionismo del gobierno saliente, en cuanto a la gravedad de la situación que enfrentan las personas defensoras y la falta de voluntad política para implementar el Acuerdo Final de Paz.
Sin protección colectiva
El Decreto 660 de 2018 da el piso jurídico para la construcción del Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, previsto dentro de los compromisos del Acuerdo de Paz, y con el cual se pretende poner en marcha un mecanismo de protección colectiva con enfoque diferencial, que ha sido reclamado por comunidades y organizaciones sociales asentadas en regiones afectadas por el continuo conflicto armado.
El Ministerio del Interior y la Unidad Nacional de Protección (UNP) están a cargo no solo de las disposiciones establecidas en el Decreto 660, sino en otras que previamente planteaba la posibilidad de otorgar medias de protección colectivas. Entre ellas está la Ruta de Protección Colectiva, del Decreto 2078 de 2017, la cual, según el informe, carece de análisis de contexto integral respecto a las condiciones particulares de organizaciones y comunidades.
Además, se han aplicado medidas de protección colectiva de manera errada, asignando esquemas de protección individuales a varios defensores o integrantes de una misma comunidad u organización: “el otorgamiento de esquemas para ser usados por varios integrantes de las mismas, que en muchas ocasiones terminan convirtiéndose en factor de tensión entre los miembros de la organización y/o comunidad beneficiaria de la medida”.
Cuando hablan de protección colectiva, quienes las requieren se refieren a acciones diferentes a la asignación de carros y escoltas para más de una persona. Buscan, por ejemplo, el fortalecimiento de su organización, el impulso de iniciativas comunitarias, la construcción de infraestructura para la protección colectiva, la instalación de antenas de radio o la implementación de sistemas de alerta comunitaria.
La respuesta que suelen recibir es que esas labores no son competencia de la UNP ni están relacionadas con lo establecido en el Decreto 2078. Por ello, el informe recalca que el deber de protección no es competencia exclusiva de esta agencia estatal, porque exige un altísimo nivel de articulación interinstitucional.
Otro problema identificado en esta materia fue la negativa del gobierno Duque en permitir la participación efectiva de la sociedad civil y de sus organizaciones en la estructuración de la política pública de garantías y derechos humanos.
De ese modo, las comunidades se han visto en la necesidad de implementar, por cuenta propia, con escasez de recursos y sin garantías de seguridad, medidas como guardias campesinas, indígenas y cimarronas, comités veredales, promotores de paz y convivencia, redes de derechos humanos, disposición de casetas a manera de refugios humanitarios, sistemas de alerta comunal, entre otras iniciativas sociales, “pese a que pudieran ser apoyadas dentro del abanico de posibilidades consagradas por el Decreto 660 de 2018”.
Una unidad especial que resultó común
Los cuestionamientos de este pilar, a diferencia de los anteriores, no recaen en la administración Duque, sino en la de Santos. Se trata de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, creada con la finalidad de desmantelar las estructuras criminales mediante la investigación y el juzgamiento de sus principales responsables.
El informe lamenta que el mandatario que gestó el Acuerdo de Paz le hubiera cedido al entonces fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, la iniciativa para la reglamentación de la UEI. A su juicio, el exjefe de la Fiscalía se aprovechó de la renegociación del texto que surgió en las negociaciones en Cuba, producto de la derrota del plebiscito de refrendación del 2 de octubre de 2016, para distorsionar su naturaleza como entidad autónoma.
“En ese marco es que su mandato, claramente centrado en el desmantelamiento de las organizaciones criminales y paramilitares que atentan contra la consolidación de la paz, terminó en la práctica actuando como una unidad de apoyo a tres dependencias de la Fiscalía que se ocupan de investigar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, de la persecución judicial de las organizaciones criminales y de las finanzas de estos grupos”, sostiene el informe.
Y prosigue: “Su carácter de entidad autónoma también fue desconocido, pues se dispuso que debería ser una entidad ‘adscrita al Despacho del Fiscal General de la Nación’ (art. 2) que ‘realizará sus funciones sin sustituir las ordinarias de la Fiscalía General de la Nación’ y que ‘funcionará en estrecha coordinación y articulación con las demás unidades de la Fiscalía y con el Fiscal General de la Nación’ (art. 3), y en las que además el Director de la UEI será nombrado por el Fiscal General (art. 8), y en donde incluso ‘Los servidores públicos de la Unidad serán nombrados también por el Fiscal General’ (art. 7)”.
Por otro lado, la investigación también cuestiona “los pobres resultados” de la UEI en el esclarecimiento de la criminalidad en contra de la paz y los liderazgos de derechos humanos, pues “pretenden ser cubiertos por medio de una publicidad desaforada y alucinada de los supuestos logros de la Fiscalía”. El ente investigador los ha presentado como el logro más destacable del Acuerdo de Paz.
La Fiscalía reportó que, para diciembre de 2021, el avance hacia el esclarecimiento de asesinatos contra reincorporados de las Farc y líderes sociales había llegado al 58,45 por ciento y al 68,11 por ciento, respectivamente. Los resultados son en 414 casos de afectaciones de los primeros, y en 417 afectaciones de los segundos.
Al respecto, el informe de las tres organizaciones señala que el verdadero indicador de esclarecimiento son las sentencias ejecutoriadas y que, según un oficio de respuesta del ente investigador a la Corte Constitucional, había alcanzado 66 sentencias y cinco más se encontraban en apelación, de un universo de 684 líderes sociales asesinados entre 2016 y 2021, cuyos casos fueron documentados por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (AOCNUDH), por lo que los resultados no superarían el 10,8 por ciento. “Lo que constituye un balance pobre”.
En su apartado final, aunque no hace parte de las disposiciones del Acuerdo de Paz, el informe hace un balance sobre el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos (PIGMLD) y presenta 22 recomendaciones para el naciente gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes han señalado que la implementación del pacto de paz y la protección de los líderes sociales, son dos de sus principales prioridades.
¿Y qué recomiendan?
Para las organizaciones que realizaron este informe, el Estado colombiano “cuenta con herramientas para emprender acciones frente a las agresiones a personas defensoras de derechos humanos”; además, “tiene establecidos múltiples espacios de interlocución con la sociedad civil para su operativización y el impulso de una política pública integral de garantías”.
No obstante, y tal como lo han argumentado, “la situación de seguridad de esta población se ha agravado durante los últimos años, lo que origina un cuestionamiento acerca del funcionamiento y efectividad de dichas herramientas”, lo que tendría como explicación “una evidente falta de voluntad política para la implementación de los programas derivados del Acuerdo Final de Paz y aquellos que cuentan con una alta participación de la sociedad civil”.
Y justamente las herramientas claves para superar los niveles de violencia son, según el documento, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, el Sistema de Alertas Tempranas para la Reacción Rápida, el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras.
Al respecto, el informe plantea que “una adecuada implementación de estos instrumentos y del funcionamiento de los espacios de articulación del que hacen parte sin sesgos ni cortapisas, se constituyen en una base fundamental para la edificación de una política pública integral de garantías para personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales”.
Por ello le recomiendan al gobierno nacional “avanzar en un mapeo completo de las normativas, instancias y programas existentes, que permita tener un diagnóstico de lo existente, sus fortalezas, debilidades, funcionalidad, compatibilidad con los dispositivos previstos en el Acuerdo Final de Paz, como presupuesto necesario para la formulación de una política pública integral de garantías para el ejercicio de la labor de defensa de los derechos humanos”.
Adicional a ello, le piden “impulsar las modificaciones normativas pertinentes que impliquen, entre otras medidas, derogar aquellas disposiciones que resulten contrarias al espíritu del Acuerdo Final de Paz, disfuncionales o innecesarias”, entre ellas el Plan de Acción Oportuna (PAO), creado bajo el gobierno Duque.
El conjunto de recomendaciones también apunta a reformular los objetivos de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, del Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo y de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía, entre otros.
“Cada uno de los mecanismos y programas analizados cumplen una función esencial dentro de la arquitectura institucional para la salvaguarda del derecho a defender derechos y, no obstante, han sido continuamente torpedeadas impidiendo con ello alcanzar los objetivos con que fueron concebidas”, por lo que sugieren volver sobre ellos para adoptar medidas eficaces con el fin de proteger a todas aquellas personas defensoras de los derechos humanos.
