Investigadores del Centro Memoria Histórica entrevistaron cientos de guerrilleros y paramilitares desmovilizados y descubrieron que los más vulnerables son maltratados tanto en la guerra, como en la paz.
Cuando las mujeres dejan las armas son juzgadas con más crudeza por sus familiares y amigos que los hombres.
Las comunidades indígenas se han ideado sus propios sistemas de rescate de los niños que se les han llevado los grupos armados, pero el Estado no apoya esa tarea.
Los guerreros no diferencian entre niños y adultos; les exigen por igual y muchos han muerto en el intento.
Cuando las Auc dejaron las armas enviaron a los niños en sus filas de vuelta a sus casas para ocultarlos, negándoles así la ayuda de sus padres.
En la costa Pacífica donde son amplias las comunidades indígenas y afros, el reclutamiento forzado sigue y se repiten las víctimas.
Estos son los principales hallazgos del informe que publicó esta semana el Centro de Memoria Histórica, “Desafíos para la reintegración: enfoques de género, edad y etnia”.
Este trabajo –presentado por la Dirección de Acuerdos de para la Verdad, una unidad del CMH que desde hace más de un año ha recibido los testimonios de desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) que no se encuentran postulados a la Ley de Justicia y Paz — tuvieron en cuenta a miembros de las Auc que se desmovilizaron en forma colectiva y a guerrilleros que desertaron voluntariamente de sus organizaciones o fueron capturados.
Todos los análisis concluyen que ante una eventual desmovilización de las Farc deben existir políticas políticas especiales que le hagan más fácil el retorno a la vida pacífica a los niños, a las mujeres y a los miembros de las comunidades indígenas y negras.
Las mujeres en la guerra
“Yo procuraba que no me miraran con ojos de mujer. Yo el cabello largo lo tengo acá, yo he modelado mi forma de hablar, he tratado de cambiar mi forma de caminar, pero acá. Cuando yo me desmovilicé yo tenía el cabello corto. Tú ves una foto de ese carné y tú dices ‘es un hombre’, porque yo era un hombre”, dijo una mujer desmovilizada entrevistada por la investigadora Lorena Aristizábal.
Según los testimonios, sobre todo en el caso de las ex combatientes de las Farc, a las mujeres se les exigía por igual: tenían que cargar lo mismo, hacer vigilancia y portar fusil. “La guerra se considera un espacio masculino donde las mujeres, para poder pertenecer a él, deben adoptar características asociadas con los hombres”, dice la investigadora Juanita Esguerra.
Pero, según el estudio, una vez dejaron las armas el discurso se revirtió y empezaron a ser juzgadas por ser mujeres. Así lo evidenció el testimonio de otra de las mujeres entrevistadas: “Mi hermano como sigue allá [en la guerrilla], nadie dice nada de él. Pero claro cuando yo llegué a Cali, mis primos sí me decían que era muy bruta por haberme ido y que ahora con un bebé. Y es que al hombre no le toca eso”.
A diferencia de los hombres, las mujeres que abandonaron a sus hijos para unirse a un grupo armado son recriminadas por sus familiares. También, en varios casos fueron ellas quienes se entregaron a las autoridades porque estaban embarazadas, mientras los padres de los hijos decidieron continuar en el grupo armado.
Según cifras de Ministerio de Defensa, a enero de 2013 se habían desmovilizado 4.878 mujeres de distintos grupos armados ilegales, lo que representa un 19 por ciento del total. En la desmovilización paramilitar, según cifras de la Mapp-OEA, se presentaron 1.911 mujeres, la mayoría de ellas formaban parte del Bloque Norte de las Auc.
Luego de esta desmovilización, 109 de esas mujeres fueron retenidas en una cárcel y postuladas a la Ley de Justicia y Paz por investigaciones que las comprometen en la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, pero tan sólo 21 de ellas han sido ratificadas en este proceso especial de justicia transitoria.
Aunque el estudio reconoce el avance de algunos programas diferenciales de la Agencia Colombiana para la Reintegración, sobre todo en el acompañamiento psicológico a las mujeres, aconsejan que este enfoque se tenga en cuenta en todos los pasos de la reintegración.
El informe también se refiere al peligro que, en la actualidad, padecen las mujeres receptoras, es decir, aquellas que viven en las comunidades a donde llegan los recién desmovilizados. Los resultados de la investigación muestran que, contra ellas, ejercen la violencia los grupos de desmovilizados que se rearmaron, especialmente contra las líderes de las ciudades de Pasto, Cartagena y Buenaventura.
Los niños desmovilizados
Guerrilleros, paramilitares y ahora miembros de bandas criminales han reclutado a menores de edad en sus filas, y sin ningún tipo de diferenciación, los han introducido a la guerra. “Los niños y las niñas son, para los grupos armados ilegales, ‘guerreros ideales’ por su maleabilidad y espíritu de aventura”, señala el informe y asevera que en los niños la percepción de riesgo es menor y se dejan atraer con más facilidad por el supuesto “reconocimiento” que da cargar un arma o ganar un dinero.
Los niños más vulnerables son quienes viven en territorios donde hacen presencia grupos armados, muchos de ellos campesinos o miembros de comunidades indígenas. Según las cifras del ICBF, entre 1999 y 2013 han incluido en sus programas a 5.156 menores, en el 60 por ciento de los casos habían pertenecido a grupos guerrilleros.
Según los relatos de menores desvinculados, no hubo diferencia en el entrenamiento, se les exigía por igual que a los adultos. En el caso de los paramilitares, resaltan la violencia con la que eran tratados, muchos morían en los entrenamientos o eran asesinados si intentaban escapar. (Ver: Los niños ‘paras’ de Arauca)
El informe recoge el testimonio de Ángela, una niña que fue obligada a asesinar a una de sus compañeras de grupo: “Yo tenía una amiga, Juanita, ella se metió en problemas por acostarse con varios tipos. El comandante dijo que no importaba que ella fuera mi amiga. Ella había cometido un error y tenía que pagar por eso”. Los investigadores aseguran que se trataba de una práctica común que se convertía en una especie de prueba para “demostrar valentía”.
Aunque el reclutamiento forzado de menores es una práctica que se da desde la creación de los primeros grupos guerrilleros, el informe resalta que fue a mediados de los noventa que las guerrillas y los paramilitares iniciaron campañas para atraer a los niños a las filas. Un estudio de la Defensoría del Pueblo de 1996 señaló que un 30% de los combatientes de las guerrillas eran menores.
En el caso de las Auc lo más preocupante es que, según han contado los ex jefes paramilitares, los niños fueron regresados a sus casas días antes de que se oficiara el proceso de desmovilización de cada uno de los bloques entre 2003 y 2006. En esa oportunidad dejaron las armas 913 menores, pero según el estudio, se cree que estos solo representaban solo un 10 por ciento del total de niños en las filas paramilitares.
Una y otra vez en las versiones de Justicia y Paz, los ex jefes paramilitares han dicho que no incluyeron niños en el proceso de desmovilización por recomendación del entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo. Según los ‘paras’ el funcionario no quería presentar niños desmovilizados ante la comunidad internacional.
Una vez esta situación fue evidente, en 2009 un grupo de entidades gubernamentales y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) crearon un programa que se conoció como “Buscando a Nemo”, para encontrar a los menores desmovilizados. Al final encontraron a 273 adolescentes y jóvenes, pero solo 17 eran aún menores de edad.
El estudio señala que al haber ocultado a los niños en sus filas, esto les negó la posibilidad de entrar en programas de reintegración y los deja más vulnerables frente a las ofertas de ingresar a otros grupos criminales.
El CMH insta a las entidades competentes a recordar que es un proceso que persiste y que tan solo en los primeros tres meses de 2013 se ya se habían desmovilizado 205 menores. No solo preocupa el papel reclutador de los grupos guerrilleros, sino la creciente participación de las llamadas bandas criminales en este crimen. (Ver: Los niños de Tumaco, carne de varios cañones)
Las comunidades afro que siguen padeciendo la guerra
El conflicto armado en la región del Pacífico ha agudizado la situación de exclusión, pobreza e inequidad en la que viven las comunidades negras de este territorio. Grupos armados ilegales y narcotraficantes han intentado apoderarse de los recursos de la región y la usan como corredor para el tráfico de estupefacientes.
Desde los años setenta, las Farc llegaron al Pacífico, en los ochenta, el Eln y una década después se intensificaron los combates con el Ejército, grupos de paramilitares y narcotraficantes que buscaban el control de la zona.
El informe asegura que luego de la desmovilización de los grupos paramilitares se alivió en cierto modo la situación de violencia, por lo menos disminuyó la forma masiva en la que se estaban cometiendo violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, aún no se puede hablar de que se cumpla el derecho a la no repetición, pues tras la desmovilización paramilitar se han conformado bandas criminales, en especial ‘Urabeños’ y ‘Rastrojos’, así como con las Farc y el Eln que afectan gravemente la tranquilidad de esa costa.
“El rearme de antiguos paramilitares y la continuación de actividades ilícitas por parte de paramilitares que nose desmovilizaron, especialmente en el Pacífico, llevan a concluir que, por lo menos por ahora, los derechos de las víctimas se encuentran lejos de poder ser garantizados”, asegura la investigadora Luisa Fernanda Hernández.
Sobre los procesos de reintegración, la investigación cuestiona que no exista un énfasis diferenciado para los miembros de grupos armados que hacen parte de comunidades negras. Según los expertos, esto dificulta la reintegración a su comunidad de origen y obliga a estas personas a irse sobre todo a las ciudades.
La reintegración indígena
Durante las últimas décadas los pueblos indígenas han asumido una posición autónoma de rechazo a la guerra, sin importar el actor del conflicto que haga presencia en su pueblo. Han rechazado los enfrentamientos que el Ejército, la guerrilla y los paramilitares han mantenido en su territorio ancestral y se han negado a colaborar con cualquiera de los bandos. Por eso han sido víctimas de todos los grupos armados, legales e ilegales.
Miembros de la comunidad, en especial los menores de edad, han sido reclutados forzosamente por lo grupos armados. Según cifras del ICBF, de los 5073 niños que ha atenido desde 1999, 364 son indígenas. Sin duda esta cifra no representa el total de los menores, pues como se mencionó antes, en el proceso de desmovilización de las Auc, la mayoría de los niños fueron desvinculados antes de las desmovilizaciones colectivas.
Un ejemplo son los menores indígenas que hicieron parte del grupo paramilitar conocido como ‘Los Carranceros’ en Vichada. Estas personas fueron obligadas a regresar a sus casas y no se les dio la oportunidad de formar parte de los programas de reintegración. (Ver: ¿Qué reclaman las víctimas de ‘Los Carranceros’?).
El informe resalta algunas iniciativas de reinserción que surgieron desde las propias comunidades indígenas. Es el caso de los pueblos Embera y Waunan en el Bajo Baudó, donde los gobernadores indígenas han aplicado sus medidas de “rescate”. Son ellos mismos quienes dialogan con los grupos armados para que dejen en libertad a sus menores y en algunos casos las madres piden que la comunidad vaya en busca del menor reclutado.
Una vez de vuelta, los niños tienen una charla con los gobernadores quienes los convencen de quedarse en la comunidad y que no vuelvan a tomar el camino de las armas. En algunos casos por seguridad el cabildo les pide a las autoridades que reubiquen a estos menores en otro lugar.
El estudio hace un llamado para que se adopten medidas diferenciales, donde se tenga en cuenta las demandas de cada una de las comunidades indígenas. Por ejemplo, las autoridades indígenas no han visto con buenos ojos que mientras ellos se ingenian sus propios sistemas de “rescate”, los indígenas desmovilizados reciban una ayuda económica que hace evidente que existe una diferencia con el resto de la comunidad.
