La inmobiliaria Araújo y Segovia de Córdoba y el Fondo Ganadero de Antioquia aparecen en los libros contables de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu) en transacciones hechas por los paramilitares en los noventa, que fueron encontrados en un allanamiento en Medellín en 1998 y cuya investigación fue archivada por la Fiscalía.
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En 1998, la Fiscalía realizó un allanamiento en Medellín a un parqueadero en donde funcionaba la oficina de contabilidad de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, en donde se manejaba las cuentas de los hermanos Castaño. Foto Semana  – Descargue los documentos de la Fiscalía del allanamiento al parqueadero Padilla en Medellín. |
Lasucursal en Córdoba de la empresa Araújo y Segovia recibió de manos del paramilitar Pedro Ortega Lora alias ‘El Primo’ varios cheques y lo endosó a la cuñada de los hermanos Castaño, Sor Teresa Gómez. Estas transacciones fueron encontradas en una oficina en la que se manejaba la contabilidad de las Autodefensas de Córdoba y Urabá en Medellín y que fue allanada por miembros del CTI en 1998. Entre los documentos que decomisó la Fiscalía en su momento también había pagos de los paramilitares al Federación Antioqueña de Ganaderos.
Las transacciones comerciales, de la empresa Inmobiliaria Araújo y Segovia, de propiedad de la familia del ex canciller y candidato presidencial Fernando Araújo Perdomo, fueron realizadas entre 1996 y 1997, y según pudo constatar Verdad Abierta, no se registró el motivo de éstas. Además, la manera como fueron archivados los documentos por parte de las autoridades judiciales no permiten precisar las sumas canceladas.
Uno de los datos más reveladores es que cinco de los trece cheques giradospor ‘El Primo’ a Araujo y Segovia de Córdoba, fueron endosados a Sor Teresa Gómez Álvarez, cuñada de los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil, quien en esos años era la representante legal de la Fundación para la Paz de Córdoba (Funpazcor), una organización no gubernamental fundada por los Castaño a través de la cual pretendían adelantar “una reforma agraria” en el norte del país.
El gerente de Araújo y Segovia en Córdoba, Víctor Raúl Oyola, inicialmente le dijo a Verdad Abierta que en la época en la que fueron pagados estos cheques la empresa no había sido amenazada, ni recuerda haber pagado alguna extorsión por parte de los grupos paramilitares.
Araújo y Segovia confirmó que Sor Teresa Gómez tuvo con ellos dos contratos de arrendamiento, uno por un apartamento (1997-1999) y otro por una casa (1992-1996), pero sin embargo no tienen en sus registros cheques de alias ‘El Primo’ y que ellos a su vez le hayan endosado a la cuñada de Castaño. “Dentro de nuestro control interno no nos lo permiten”, dijo un funcionario de la empresa.
Los libros contables hacen parte del cúmulo de evidencias halladas el 30 de abril de 1998 durante un allanamiento realizado por un calificado grupo de funcionarios del Cuerpo Técnico de investigaciones judiciales (CTI) de la Fiscalía General de la Nación a una pequeña oficina ubicada en el parqueadero Padilla del centro de Medellín desde donde se coordinaban las actividades logísticas y financieras de las Accu.
Verdad Abierta tuvo acceso a buena parte de la documentación contable del proceso, conocido con el número 34.986, y tras una revisión de datos y nombres, logró copias de 475 transacciones realizadas entre 1996 y 1997 por el paramilitar Pedro Ortega Lora, alias El Primo, quien se desmovilizó con el bloque Córdoba de la Accu el 18 de enero de 2005, junto a 931 combatientes más en Santafé Ralito, municipio de Tierralta.
La compañía Araujo y Segovia es una reconocida firma inmobiliaria con sucursales en Bogotá, Cartagena y Montería. Además tiene negocios con el estado ya que fue seleccionada junto a un conjunto de empresas promotoras inmobiliarias por la Dirección Nacional de Estupefacientes, a través de la Resolución 0559 del 28 de abril del 2008, para que suscribieran un contrato para “la estructuración, promoción y venta masiva de bienes inmuebles activos” provenientes de los procesos de extinción de dominio a narcotraficantes y que son entregadas para su comercialización al Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado.
Funpazcor y su representante legal, Sor Teresa Gómez Álvarez, fueron relacionadas con actividades del narcotráfico eincluidas el 8 de febrero de 2004 en la lista conocida como Designados como Narcotraficantes (SDNT por sus siglas en inglés) que elabora la Oficina de Control de Bienes y Finanzas del Departamento de Tesoro de Estados Unidos.
Según información del Nuevo Herald, Funpazcor en 2001 se transformó en una empresa fachada para la adquisición de tierras, tráfico de armas y lavado de activos. A Sor Teresa se le asocia también con la constitución de Asoprobeba, una fundación con sede en el Urabá antioqueño que se le vincula con la apropiación ilegal de tierras en esa zona del país y que se ha relacionado con el asesinato de la líder campesina Yolanda Izquierdo Berrío.
Sobre Sor Teresa Gómez pesa una orden de captura desde el 17 de abril de 2007, sindicada de ser la autora intelectual del asesinato de Izquierdo Berrío.
El segundo hallazgo fue el giro de aportes a personas que, en Córdoba, apoyaban proyectos productivos dirigidos a los campesinos. Uno de ellos es Tarquino Morales Díaz, quien no sólo tenía relación con Funpazcor sino con la Corporación Colombia Sin Hambre, que adelanta trabajos en el corregimiento Villanueva, municipio de Valencia, en el departamento de Córdoba, y en el corregimiento Santa Elena, de Medellín, en Antioquia.
El proyecto nació en 1991, con la explotación comunitaria de 10 hectáreas de plátano, se afianza en 1995 cuando Morales Díaz entrega más tierras a los labriegos de la finca Pasto Revuelto y se consolida en el año 2000 cuando del mismo predio se entregan más parcelas, esta vez por decisión de Rogelio Zapata. Según los registros contables del proceso 34.986, Ortega Lora le hizo once pagos a Morales Días y tres a Zapata.
El tercer hallazgo involucra a la Asociación de Campesinos y Colonos del Alto Sinú y Urabá, un proyecto rural impulsado por el jefe paramilitar Carlos Castaño Gil. Los pagos de Ortega Lora, cinco en total, se hicieron a nombre de Diana Peláez, al parecer representante de esta organización agraria. Era un proyecto de repoblamiento en zonas de dominio paramilitar que incluyó el control de por lo menos 170 juntas de acción comunal.
El análisis de las cuentas encontradas en Medellín también muestra un cuarto hallazgo: las Accu, a través del paramilitar Ortega Lora giró varios cheques al Fondo Ganadero de Antioquia.
El allanamiento del parqueadero Padilla
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| Jacinto Toro Soto, alias ‘Lucas’. |
Un investigador judicial que participó en el allanamiento, y quien vive desde hace algunos años en el exilio, le explicó a Verdad Abierta que la oficina “tenía un camuflaje perfecto” y pasaba inadvertida. En ese sitio, ubicado en la carrera 55 con calle 45 A, se encontraron cerca de 40.000 mil registros contables, que incluían pago de nómina a los distintos bloques de las Accu en Antioquia y Córdoba; compra de armas, municiones de distintos calibres, uniformes y alimentos; cancelación de facturas de compra y reparación de vehículos, atenciones hospitalarias y restaurantes; donaciones a fundaciones sociales y a asociaciones ganaderas; y giros a cientos de personas, entre ellas a varios reconocidos narcotraficantes.
“Cuando iniciamos el allanamiento encontramos allí a tres personas, dos mujeres y un hombre. Cuando se dieron cuenta que éramos del CTI comenzaron a destruir documentos y diskettes”, narró el investigador. En la oficina fueron capturados Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, considerado el contador de las Accu; y a sus auxiliares: Rosa Nubia Rodríguez Giraldo y Luz Aleída Narváez Caicedo.
Lucas era un cabecilla de las Accu que estaba por encima de jefes paramilitares como ‘El Alemán’ y manejaba toda la parte contable de los paramilitares.
“Imagínese, una serie de información como ésta: dos libros de contabilidad que registraban técnicamente toda la contabilidad de esta gente desde el año 1994 en el capítulo Antioquia: nombres de personas naturales aportando dinero y armas”, agregó otro ex funcionario del CTI.
Otro miembro del CTI que participó en el allanamiento también contó a Verdad Abierta que en esa oficina de contabilidad se llevaba la lista de la nómina de la Accu, sus cabecillas y hombres, en varios departamentos del país, cheques de empresas reconocidas e incluso la compra de un barco que hizo Salvatore Mancuso.
La operación permitió congelar cientos de cuentas de los paramilitares en todo el pais e identificar a jefes paramilitares que en ese entonces eran desconocidos como Diego Fernando Murillo Bejarano alias ‘Don Berna’ y Gustavo Adolfo Upegui, jefe de la ‘Oficina de Envigado’.
También se allanó la sede de Funpazcor fue allanada el 24 de mayo de 2001, durante el desarrollo de la Operación Monserrate, y allí fueron capturados Tarquino Morales Díaz, directivo de la Funpazcor, y el supuesto conductor Antonio Adonis González, quienes fueron procesados por el delito de concierto para delinquir. Tanto Morales Díaz como González aparecen también como beneficiarios de los pagos hechos por el paramilitar Ortega Lora entre los años 1996 y 1997.
El desenlace
La investigación de los libros contables de las Accu fue trasladada en 1998 a Bogotá durante la fiscalía de Alfonso Gómez Méndez. El proceso fue archivado y solo Jacinto Soto, alias ‘Lucas’ fue condenado por concierto para delinquir. ‘Lucas’ escapó siete meses después de ser capturado de la cárcel de Bellavista aprovechando el traslado del proceso con una orden de libertad falsa.
Desde que se hizo el allanamiento varios investigadores que participaron en la operación fueron asesinados. El primero fue el investigador Sergio Humberto Parra quien fue asesinado el 10 de junio de 1998.
Diego Arcila Gómez, otro miembro del CTI, quien tras el operativo logró identificar y judicializar a Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna también fue asesinado cuando se movilizaba en un taxi por las calles de Medellín, el 15 de febrero 1999.
Un informe que publicó El Espectador asegura que Arcila fue asesinado porque un compañero suyo del CTI, Úber Duque, suministró su nombre a los paramilitares. Duque es considerado uno de los primeros infiltrados de los paras en la Fiscalía, después de salir de la institución fue abogado de Carlos Castaño y de Fredy Rendón Herrera alias ‘El Alemán’ y murió baleado el 2 de marzo de 2004.
Otro investigador que fue asesinado en Medellín fue Edward Andrés Upegui el 14 de abril de 1998, pocos días después de la captura del narcotraficante y paramilitar Gustavo Adolfo Upegui, quien aparecía en el proceso de investigación tras el allanamiento y en esa época era el jefe de la tenebrosa ‘Oficina de Envigado’. Upegui también sería asesinado el 3 de julio de 2006 en su finca del municipio antioqueño de San Jerónimo.
Los paras también asesinarían a los investigadores de la Fiscalía Jhon Jairo Ruiz el 14 de marzo de 1997, Manuel Guillermo López el 9 de septiembre de 1997, Augusto Botero Restrepo el 8 de mayo de 1998 y Tomás Eduardo Santacruz el 16 de junio de 1998.
Lo que más lamenta hoy el ex investigador del CTI es que esa investigación la hayan trasladado a Bogotá: “Yo siempre dije que veía con malos ojos ese traslado. Hay un principio en la investigación y es que su éxito depende que se desarrolle en el lugar de los acontecimientos. Y no a distancia, a control remoto”.
Y su temor de esa época resultó acertado. El proceso iniciado a partir del hallazgo de la documentación contable habría permitido ahondar en la red de financiación y beneficiarios de las Accu en ese momento y desmantelarla, si desde la Dirección de la Fiscalía en Bogotá se hubiese apoyado la investigación.
Al final solo se logró la condena por fuga de presos de alias ‘Lucas’ quien se desmovilizó con el bloque Cacique Nutibara de las Auc y hasta el momento los documentos, disquetes y la contabilidad de las Accu reposan en un archivo de la Fiscalía.
Tanto la fiscalía de Gómez Mendez que tuvo la investigación en su poder desde 1997 hasta su retiro en 2001 no hizo nada para avanzar en las pesquisas y la decisión de archivarla de su sucesor, Luis Camilo Osorio, truncó que se develara el entramado económico, militar, político y social del paramilitarismo en aquella época.
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