El director del Observatorio de cultivos y cultivadores hace un recuento sobre el uso de diversas sustancias en la lucha contra las drogas, a propósito de la suspensión del glifosato ordenada por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Análisis.
Por Pedro José Arenas
Foto: archivo Semana.
En 1978, ellos empezaron a fumigar en la Sierra Nevada de Santa Marta usando el veneno paraquat. Cuando la marihuana se extinguió sola porque creció en California, dejaron de hacerlo; pero a principios de los 80s aquellos a los que les gusta la guerra la emprendieron contra la coca. Aunque entonces ya habían aparecido casos de malformaciones genéticas en aquellos alrededores.
Ellos usaron Imazapir, Tebuthioron, DDT, Global 2D, Roundoup y llegaron al glifosato, Expertos y científicos internacionales les dijeron que no lo hicieran. Que no era conveniente emplear químicos porque no se sabía cómo iban a comportarse en el contexto biodiverso local, que no se podía “experimentar con seres humanos en un laboratorio llamado Colombia”. Aun así los usaron.
A principios de los 90s el Ministerio de Salud les advirtió que no se debía usar glifosato para arrojarlo desde el aire con aviones que vuelan a grandes velocidades y les insistió que no se habían hecho pruebas suficientes sobre los efectos de éste. Pero el Consejo Nacional de Estupefacientes decidió usarlo a través de una intensa, repetida y masiva aplicación a través del programa de fumigaciones que al principio tuvo aviones Turbo Trush pero que luego llegó a usar los bombarderos OV10.
Los campesinos del Guaviare, Caquetá, Putumayo, Meta, Norte de Santander, Cauca, Magdalena Medio, Arauca, Guainía y Nariño se movilizaron y les dijeron que estaban siendo victimizados, que sufrían daños en su salud y perjuicios en su entorno, en su seguridad alimentaria, en sus tierras, en sus animales, en sus aguas, pero no les prestaron atención. En cambio, les alambraron los puentes con electricidad para que no pudieran pasar sus protestas y les atacaron a rabiar cada vez que se manifestaron en contra de las fumigaciones, y acallaron sus propuestas, mientras que grupos de extrema derecha mataban a los dirigentes o los desaparecían.
En el Congreso de Colombia, varios debates mostraron la perversidad de las fumigaciones y reclamaron por desarrollo alternativo y pidieron que el Estado llegara a esos territorios con inversión social. Pero las voces de parlamentarios independientes no fueron escuchadas. Esas preocupaciones fueron llevadas al Congreso de EEUU. Allí varias voces dijeron que sí había afectaciones y crearon un fondo para atender los “daños colaterales” e indemnizar a las víctimas de las fumigaciones del Plan Colombia, pero se especializaron en negar estas quejasy en nunca pagar los daños y perjuicios como miles de casos (casi 80 mil) lo demuestran.
Ellos creyeron que era una guerra para quitarles finanzas a las guerrillas y así lo presentaron. Dijeron que era una guerra para quitar las plantas de coca del territorio nacional. Lanzaron mariposas, hongos, gusanos (hay uno al que llaman el gringo), larvas y otras cosas desconocidas, dicen que hasta un caracol come plantas que produce meningitis también. Pero las guerrillas siguieron ahí, en los mismos lugares donde estaban hace 30 años, y las plantas se regaron por toda Colombia, mientras los campesinos desesperados por la quiebra de su economía campesina y sin sus cultivos de pan coger salían corriendo desesperados a engrosar las listas de desplazados o más adentro de la selva, a talar más bosque para volver a sembrar (coca). Al mismo tiempo el mercado interno de cocaína siguió creciendo y el mercado mundial se expandió llegando a competir con el opio en Asia.
Los dolores causados, entonces, llegaron a la Defensoría del Pueblo, los tribunales y a las altas cortes, desde las cuales una vez se suspendió el programa, otra vez se ordenó reconocer a los desplazados por erradicación forzada como víctimas, luego se prohibió fumigar en parques naturales y áreas protegidas en medio ambiente; después se ordenó aplicar consulta previa en territorios colectivos de indígenas (y negros), y finalmente se pidió aplicar el principio de precaución por razones de salud. Pero quienes seguían fumigando no acataron sus sentencias sino hasta ahora cuando el Ministro de Salud recomendó suspender el glifosato a raíz de que un organismo internacional (OMS) se pronunció sobre los riesgos que existen que produzca cáncer.
Luego de la suspensión ordenada el 14 de mayo de este año por el Consejo Nacional de Estupefacientes, nosotros, los que hemos empeñado la vida en esta brega por el fin de las fumigaciones, les decimos a ellos, a los que han envenenado el país, que no busquen más pretextos para mantener un programa a todas luces contraproducente. Que ahora sí le den espacio a la evidencia científica, a la voz de las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Que escuchen sus voces y de manera democrática incorporen sus propuestas. Que se consulte a técnicos locales y pongan a trabajar de forma articulada a todas las instituciones. Pero sobre todo que se revise el conjunto del paradigma actual: la política de guerra a las drogas, y se formule una nueva con enfoques de derechos humanos, de salud y de desarrollo.
