Con tres decisiones audaces la Corte Suprema revivió la para-política y la Yidis-política. A la Corte podrían volver 30 casos de congresistas que están investigados en la Fiscalía.
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| Los nueve magistrados de la Sala Penal de la Corte cambiaron su jurisprudencia. Con una votación de 5-4, decidieron que pueden seguir investigando a los congresistas que renuncien. Foto: Semana. |
Quienes ya estaban preparándose para asistir a las honras fúnebres de los escándalos de la para-política y de la Yidis-política se quedaron con los crespos hechos. En menos de 15 días la Corte Suprema de Justicia decidió retomar las riendas de los procesos y con tres decisiones audaces tapó troneras que amenazaban con dar al traste con estos dos casos que han marcado la historia reciente del país.
En primer lugar, la Corte hizo un cambio radical de jurisprudencia y le puso tatequieto a la maniobra que estaban empleando los congresistas para escabullirse del escrutinio del alto tribunal. La sala penal dijo que el hecho de que un congresista renuncie a su curul no es suficiente razón para que la Corte no lo siga investigando. De esa manera cerró el grifo por el que ya se habían fugado 45 legisladores que prefirieron dejar sus casos en manos de un fiscal y así evadir al grupo elite de nueve magistrados auxiliares especialistas en la para-política.
En segundo lugar, la Corte decidió desconocer un fallo de tutela de otro alto tribunal, el Consejo Superior de la Judicatura, para evitar también posibles fugas en el escándalo de la Yidis-política. Se trata del caso del ex congresista Iván Díaz Mateus, el mismo que tomó una licencia y le cedió la curul a Yidis Medina en la época en que ésta vendió su voto a favor de la primera reelección del presidente Álvaro Uribe. Díaz Mateus fue condenado por la Corte a seis años de cárcel por concusión y el Consejo Superior de la Judicatura, en un fallo de tutela, dejó sin piso la condena con el argumento de que era la Fiscalía y no la Corte la que debía llevar ese proceso porque para la época de los hechos Díaz Mateus no ejercía como congresista.
Y, en tercer lugar, la Corte negó la extradición de un paramilitar, y rompió su posición histórica de dar su aval para enviar a la justicia de Estados Unidos a cualquier colombiano con vínculos con el narcotráfico. La razón que esgrimió la Corte es que antes de ser sacados del país, los paramilitares tienen que cumplirles a sus víctimas. Con ese argumento, por ejemplo, no habrían sido extraditados alias ‘H.H’. y Salvatore Mancuso, que estaban dando información sobre sus nexos con políticos y empresarios.
Cada una de estas tres medidas de la Corte Suprema ha pisado muchos callos. El presidente Álvaro Uribe se mostró bastante molesto por el tema de la no extradición. A la Fiscalía le incomoda el manto de duda que se tiende sobre ella cuando la Corte decide asumir los casos de los congresistas que renuncian a su fuero. Y el Consejo Superior de la Judicatura ha reaccionado duramente al desconocimiento de su fallo de tutela. La presidenta de este organismo, magistrada María Mercedes López, dijo que “no es lógico que la Corte Suprema llame a la insubordinación legal”.
¿Por qué se dan estas decisiones? ¿Qué efectos pueden tener? Estos cambios se dan en momentos en que se nota un sutil endurecimiento de la Corte Suprema frente al gobierno del presidente Álvaro Uribe, que se hizo evidente cuando el ala radical venció al ala moderada de esa corporación al ponercomo presidente a Augusto Ibáñez.
Pero más allá del contexto en que se da, lo cierto es que un llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia, que en otras circunstancias es una decisión en extremo grave, se había convertido para los congresistas en una especie de canto a la bandera. El martes de la semana pasada, por ejemplo, el representante a la Cámara por el Chocó, Édgar Ulises Torres, no llegó a la cita que le puso la Corte para la indagatoria. En su lugar apareció su abogado con la carta de renuncia a la curul diciendo que su defendido no asistiría porque su caso iba a pasar a la Fiscalía.
De inmediato la sala penal se pronunció y, contrario a lo que había sostenido hasta ese momento, dijo que la renuncia no era suficiente para que la Corte no lo investigara. Lo más sorprendente es que un año antes esa misma sala penal había fijado una posición completamente distinta, y había permitido que la Fiscalía llevara los casos de los congresistas que renunciaran. ¿Qué cambió? En realidad, sólo fue un magistrado, Yesid Ramírez, el que modificó su parecer. La votación final en ambos casos fue apretada, cinco-cuatro, y por eso su voto lo definió todo. Llama la atención que el magistrado Ramírez, que ha sido cuestionado por haber recibido un reloj del polémico Giorgio Sale, se hubiera sumado el año pasado al grupo de los llamados moderados cuando se analizaron casos como el del senador Ciro Ramírez y ahora cambia su posición y se suma al grupo de los radicales.
La Corte, en su nueva decisión, para justificar porqué tiene que seguir siendo ella la juez de los legisladores, dice que si bien reunirse con delincuentes no es una función del cargo del congresista “sí pone de presente que posiblemente hacía parte de dicha organización criminal” o “le correspondía aportar (a ella) dentro de su ámbito funcional (como congresista)”.
Pero tal vez lo más importante de ese cambio de jurisprudencia es el impacto que puede tener para los congresistas investigados. No sólo tendrán que someterse a la Corte los 32 que aún tienen abiertas investigaciones preliminares, 26 por para-política y seis por farc-política. Algunos de ellos son pesos pesados del uribismo como Nancy Patricia Gutiérrez, Armando Benedetti, Dilian Francisca Toro, y otros de la oposición, como Piedad Córdoba o Wilson Borja. También la Corte deja la puerta abierta para que unos 30 casos que ya están en la Fiscalía, en los que aún no hay sentencia, puedan eventualmente volver a manos de su equipo elite de magistrados. Es decir, casos sensibles como el de los senadores Mario Uribe y Álvaro Araújo.
En las condenas que se han visto hasta ahora es evidente que la Corte tiene un equipo más sólido de investigación y aplica entre seis y siete años de cárcel, mientras que los jueces los han absuelto o aplicado condenas de tres años de prisión o excarcelables.
Pero el hecho de que la Corte haya abierto la puerta, no quiere decir que los congresistas automáticamente se devuelvan de la Fiscalía. Para que la Corte retome esos casos tendría que mediar una petición de la propia Corte, que difícilmente lo hará porque puede ser visto como una persecución; o de la Procuraduría, que podría pedirque se aplique el principio de igualdad para todos los procesados, o de los fiscales de cada caso que decidan devolverlo por competencia.
Con estas decisiones de la Corte Suprema es claro que la para-política va para largo. SEMANA hizo un corte de cuentas y encontró que en total son 102 congresistas salpicados por la para-política (52 senadores y 50 representantes). Si se descuentan los inhibitorios y las preclusiones el número baja a 92 (48 senadores y 44 representantes). De ellos 28 están en investigación preliminar (12 senadores y 14 representantes).
Todos los meses se conocen noticias sobre la para-política pero ya no estremecen. La semana pasada, por ejemplo, con la captura de Odín Sánchez y Édgar Ulises Torres, el departamento de Chocó se quedó sin representantes a la Cámara. Lo mismo que ya le había ocurrido a Caquetá. Y como si fuera poca esa curiosidad, también con la captura de Juan Pablo Sánchez, la semana pasada, el Partido Liberal se le acabaron los candidatos en la fila para llenar la curul de la Cámara de Representantes que ganó en ese departamento. Los cuatro que ocuparon la llamada ‘curul maldita’ fueron detenidos. En menos de siete meses, el país se volcará a las urnas para volver a elegir a sus representantes en el Congreso. ¿Será que el escándalo de la para-política habrá tenido algún impacto?.
Publicado por Semana, edición 1427. Fecha 05/09/09
