En lo que va de 2024, más de 2.000 personas han tenido que desplazarse por los enfrentamientos entre grupos armados y la Fuerza Pública en el departamento. Los hechos violentos han aumentado desde la suspensión del cese al fuego entre el Ejército Nacional y el Emc, pero el conflicto estaba encarnizado desde antes.
Los violentos ataques que sacudieron a Cauca el 20 de mayo de 2024, perpetrados por las disidencias de las Farc conocidas como Estado Mayor Central (Emc), se enmarcan en un panorama de violencia creciente en ese departamento golpeado históricamente por el conflicto armado que, incluso, cuando hubo un reciente cese del fuego, no cedió.
En Morales, el grupo atacó durante dos horas la estación de policía del municipio con explosivos y ráfagas de fusil, matando a dos policías y dos civiles e hiriendo a otros tres. Durante el asalto, el Emc robó cerca de 50 millones de pesos en efectivo del Banco Agrario. Al mismo tiempo, en el municipio de Suárez, hubo hostigamientos contra un puesto militar por parte del Emc. Mientras tanto, en Jamundí, en el vecino departamento de Valle del Cauca, se detonó una moto cargada de explosivos al lado de un hotel donde se alojaban miembros de la Fuerza Pública, dejando un saldo de 12 heridos, incluyendo dos policías y tres menores de edad.
Un día antes, el Emc había realizado otro atentado: un niño de 12 años murió y tres personas quedaron heridas por la detonación de un artefacto explosivo en el sector que comunica los municipios de Miranda y Corinto, en Cauca.
En lo que va del 2024, VerdadAbierta.com verificó en ese departamento 13 asesinatos de líderes sociales, tres asesinatos de excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz, cinco asesinatos de agentes de la Fuerza Pública, 2.000 personas desplazadas y más de 500 confinadas.
El cese al fuego bilateral, que se había pactado en octubre de 2023 entre el gobierno nacional y el Emc como parte de negociaciones en marco de la política gubernamental de la Paz Total, se suspendió el 18 de marzo de este año, tras el asesinato de Carmelina Yule Paví, una mayora del pueblo Nasa.
La lideresa indígena, que defendía los derechos de la mujer y hacía parte de la Guardia Indígena, fue asesinada por el Frente Dagoberto Ramos del Emc en el municipio de Toribío. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la columna armada atacó al pueblo indígena cuando este estaba exigiendo la liberación de un menor de edad que había sido secuestrado en la zona por el grupo armado. Al día siguiente, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acin) denunció otro ataque del mismo frente cuando transportaban el cuerpo de la mayora en una caravana fúnebre.
El Bloque Suroccidental del Emc, que, además del Dagoberto Ramos, cuenta con otros tres frentes, Carlos Patiño, Jaime Martínez y Frente 30–Rafael Aguilera, hizo constantes violaciones al cese al fuego, que fueron denunciadas por la Acin.
“¿Para qué firman un cese al fuego, si van a seguir haciendo lo mismo?”, le preguntaron las autoridades indígenas del norte de Cauca al Emc en una carta pública al grupo armado. En el documento no sólo expresaron su preocupación por la violencia de la que han sido víctimas los pobladores del departamento, incluso durante el cese al fuego, sino que también cuestionaron las razones por las que el grupo armado ilegal ‘hace la guerra’.
Según la Acin, en el norte de Cauca, sólo en el periodo del último cese al fuego, el Emc reclutó a 18 menores de edad indígenas, perpetró la masacre de cinco personas de la familia Ramos Menza en un resguardo, cometió cinco otros homicidios e hizo dos amenazas colectivas y ocho individuales.
En el resto de Cauca la situación es igual de grave. Diferentes organizaciones han registrado otros hechos en el departamento a lo largo de este año. La Colección Procesamiento Análisis (Copra), una plataforma que utiliza inteligencia artificial para recolectar información noticiosa de la web, ha registrado varios hechos violentos en el departamento, de los cuales VedadAbierta.com verificó 49.
La violencia de este año inició el mismo 1 de enero en el municipio de Sucre con el asesinato de Giovanny Chávez Vega, un excombatiente firmante del Acuerdo de Paz, que estaba en la Nueva Área de Reincorporación Mari Álvarez, ubicada en El Bordo, y continúa hasta los ataques armados de del 20 de mayo. En el siguiente mapa referenciamos 49 incidentes ocurridos en lo que va de este año.
Tras el ataque de las disidencias, el presidente Gustavo Petro dijo que “es inaceptable la situación en el Cauca” y ordenó al ministro de defensa que se desplazara con toda la cúpula militar al Cauca para instaurar un consejo de seguridad permanente.
La ineficacia del cese al fuego
Cuando inició el cese del fuego con el Emc hace siete meses, la población de Cauca alcanzó a sentir esperanzas de que el nivel de la violencia en el departamento cediera. Pero no fue así.
“Durante el cese al fuego la violencia inclusive estaba más encarnizada debido a las confrontaciones entre grupos armados por el control territorial, por los corredores estratégicos del narcotráfico y por el dominio de los cultivos de uso ilícito”, explica Jhoe Sauca, consejero mayor del Consejo Regional Indígen de Cauca (Cric).
Durante el último cese al fuego bilateral que duró de octubre de 2023 hasta marzo de ese año, los once pueblos indígenas que componen el Cric, presentes en 34 de los 42 municipios del departamento, expresaron regularmente su preocupación por la territorialización de los grupos armados en las comunidades, señalando que el cese bilateral estaba siendo aprovechado por estos últimos para imponerse aún más en los territorios, reclutar menores y extorsionar personas.
Edwin Capaz, asesor de derechos humanos del movimiento indígena en Cauca, concuerda con Sauca. “Desafortunadamente, [el cese] no sirvió mucho, al menos en el norte y parte del nororiente del Cauca”, asegura. “Aunque sí se sintió la disminución de estas acciones contra unidades del Ejército Nacional, la confrontación militar se mantuvo entre actores armados ilegales”, finaliza.
En el sur del departamento el panorama es parecido. Maydany Salcedo, presidenta de la Asociación Municipal Campesina de Trabajadoras y Trabajadores de Piamonte, Cauca (Asimtracampic), dice que, aún cuando regía el cese al fuego, la situación seguía igual que antes. “Se silenciaron un poco los fusiles y disminuyeron las muertes en el territorio, pero no lo que se esperaba”, dice.
Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), lo que ocurrió fue un resultado fallido de un cese al fuego: “¿Qué faltó? Falló la estrategia militar por parte del ejército en el acompañamiento, fue un despliegue de fuerza insuficiente para proteger a las comunidades y a la misma de negociación”. El mes de la suspensión del cese bilateral, el reporte mensual del monitor de violencia política en Colombia del Cerac registró cuatro asesinatos en hechos “de violencia política” en Cauca.
Con la suspensión del cese bilateral, la violencia se ha intensificado. Sauca explica que ahora los grupos deben enfrentarse a la Fuerza Pública, y los civiles quedan en medio de los combates. En 2023 el Cric registró más de 800 víctimas indígenas de diversas formas de violencia como asesinatos, desplazamientos, señalamientos, atentados, persecuciones. Este año, entre el 1 de enero y el 30 de abril, el monitoreo de Madeja, un observatorio del Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos de la Acin, registró 223 afectaciones a comunidades indígenas en el norte de Cauca.
Para Capaz, la suspensión hace que la situación sea más grave, pues hay más desplazamientos, confinamientos, daños a viviendas y hasta restos explosivos de guerra en los territorios. “Lo curioso de la situación actual es que las mismas comunidades que plantean el camino de la paz pidieron levantar el cese bilateral por la incoherencia de los grupos armados. Tienen un discurso a nivel nacional, pero lo que hacen a nivel territorial es diferente”. Para él, el cese al fuego debería incluir más garantías para la población civil.
Por los enfrentamientos entre la disidencia de ‘Iván Mordisco’ y el Ejército, “habrá más muertos de lado y lado y probablemente va a implicar mayor violencia sobre la población civil porque el Emc la va a culpar por sus derrotas militares”, explica Kyle Johnson, investigador de la Fundación Conflict Responses (Core). Añade que probablemente también habrá más confinamientos y desplazamientos, como ya se ha visto en Argelia donde más de 1.600 personas han sido desplazadas en los últimos dos meses.
Los grupos armados
“El Cauca ha sido un territorio donde no ha parado la violencia desde hace muchísimos años”, asegura Sergio Saffon, director para Colombia de InSight Crime, entidad que estudia el crimen organizado y la violencia en América Latina. Cuando se desmovilizaron las Farc en 2017, “hubo un periodo corto en el que la situación mejoró un poco mientras se reorganizaban los grupos armados”, explica. Después se establecieron en los territorios del departamento varios grupos armados ilegales con capacidades militares.
Según la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), en Cauca hay cuatro grupos armados: el Emc, presente en 36 de los 42 municipios; el Ejército de Liberación Nacional (Eln), que está en 25 municipios; la Segunda Marquetalia, presente en 12 y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también conocido como el Clan del Golfo o Ejército Gaitanista de Colombia, en un municipio. Sin embargo, hay expertos, como Saffon, que dudan de la presencia de las Agc en el departamento, pues no hay pruebas más allá de algunos grafitis y panfletos.
El Eln pactó con el gobierno un cese al fuego bilateral desde agosto de 2023 hasta agosto de 2024. Sin embargo, el 6 de mayo anunció que continuará con los secuestros con fines económicos, a pesar de haber pactado lo contrario en la mesa de negociación tres meses antes. Por otro lado, ni La Segunda Marquetalia ni las Agc tienen vigente ningún cese al fuego, ni con el Estado ni con otros grupos armados.
Los ceses le han servido tanto al Emc como al Eln para consolidar su control territorial en el departamento. “Al Emc se le quitó una preocupación de la cabeza porque sabía que no iba a tener operativos militares en su contra. Si se enfrentaban contra el Eln y la Segunda Marquetalia no tenían que preocuparse por que llegara el Ejército a contraatacarles por detrás”, explica Saffón. La lógica fue la misma por los otros grupos armados ilegales.
En la zona norte, donde la economía más fuerte es el cultivo de la marihuana, están los frentes Jaime Martínez y Dagoberto Ramos del Emc. El primero domina en particular la frontera con Valle del Cauca, mientras que el segundo está más al oriente. Según Capaz, “son una de las unidades con mayores actos bélicos”.
En el Cañón del Micay y en los municipios de Argelia y El Tambo hay fuertes conflictos por el control de cultivos de coca y rutas de narcotráfico entre grupos armados ilegales. En particular, el Frente Carlos Patiño se enfrenta con el Eln que a veces hace alianzas con la Segunda Marquetalia en contra del Emc, afirma Saffón.
El 8 de abril, InSight Crime denunció que en varios departamentos del país, incluido Cauca, las disidencias de las Farc exigen a las personas un documento de identificación emitido por el grupo armado. Los habitantes del Micay están viviendo esta situación.
En los municipios del Pacífico, caracterizados por la presencia de grandes ríos explotados por la minería ilegal, especialmente de oro, opera la disidencia del Frente 30, que ocasionalmente recibe apoyo del Jaime Martínez.
Como expresó en su carta la Acin, es difícil entender las verdaderas intenciones de los grupos armados, y, por eso, hacer una negociación con ellos. Mauricio Capaz asegura que las disidencias de las Farc que están en el territorio “tienen poca estructuración militar y política. Sus actos rayan con lo delincuencial”.
Saffon y Johnson coinciden en que esa situación se debe a que los grupos quieren crecer con rapidez y reclutan personas muy jóvenes que no son fieles a una ideología política clara. Incluso los comandantes de los frentes son jóvenes y dentro de los mismos grupos también hay mucha violencia, pues no hay confianza entre los integrantes.
Dadas las circunstancias se volvió imposible mantener el cese al fuego más tiempo. Sin embargo, tanto los analistas como los líderes comunitarios aseguran que la mera militarización no es una solución efectiva. “No se trata sólo de eliminar fusiles. Hay que mejorar las condiciones de desigualdad”, dice Salcedo.
“El Estado tiene que entrar a las regiones y trabajar con la población civil. Con eso se puede hacer mucho”, dice Johnson. “Si el Ejército logra tomarse Cauca, aunque es muy difícil, y después sale del territorio, como siempre, llegará otro grupo a tomarse el territorio y la historia se repite”, concluye.
