La Sala de Casación Penal marcó un precedente con los exparamilitares que, con crímenes juzgados por la justicia ordinaria, están solicitando libertad provisional.
Jhon Jairo Acuña Rodríguez y Hernán Romero Sarmiento, dos exparamilitares del Bloque Central Bolívar, entraron en 2010 a Justicia y Paz. Sin embargo pedían libertad provisional con el argumento de ya habían sido condenados por la justicia ordinaria, habían cumplido parte de la pena y consideraban que Justicia y Paz violaba sus derechos porque el proceso era lento.
Pero la solicitud de libertad les fue negada. Primero lo hizo un Tribunal de Justicia y Paz en Barranquilla y el pasado 23 de marzo de 2011 lo reiteró la Sala de Casación Penal de la Corte, después de que el caso fue apelado y llevado hasta el alto tribunal.
Para ambas instancias, la Ley 975 de 2005 o de Justicia y Paz fue elaborada para dar verdad, justicia y reparación a las víctimas y por eso, concederles libertad provisional a los exparamilitares, así ya hubieran cumplido su sentencia en la justicia ordinaria, sería considerado una burla a las víctimas.
“Se trata del juzgamiento de conductas de la más extrema gravedad, de procesados que han dedicado largos años de su vida al ejercicio sistemático y reiterado de actos de violencia contra la población civil… Lajusticia se vería burlada si se concediese la libertad provisional a quien voluntariamente se ha acogido al estatuto especial, en busca de una condena con beneficios”, dijo el alto tribunal en su decisión.
El pronunciamiento de la Corte marca un precedente para los desmovilizados que, en similares condiciones a las de Acuña y Romero, están pidiendo libertad provisional por haber cumplido entre 5 y 8 años de prisión mientras eran investigados o condenados por la justicia ordinaria. Para el alto tribunal, la pena alternativa que concede Justicia y Paz no es un derecho adquirido sino una expectativa que se logra cuando el desmovilizado cumple con los requisitos, entre ellos contar la verdad y no seguir delinquiendo, y cuando hay una condena en firme.
Desde que empezó la Ley de Justicia y Paz, tres exparamilitares han sido condenados: Jorge Iván Laverde alias ‘El Iguano’, Enrique Banquez Martínez alias ‘Juancho Dique’ y Edwar Cobos Téllez alias ‘Diego Vecino’. Sin embargo, ninguno ha cobrado la libertad porque las condenas proferidas por Tribunales de Justicia y Paz han sido apeladas por la Procuraduría, la Defensoría y organizaciones de víctimas que consideran que los victimarios no han contado toda la verdad o que la reparación no se ajusta a los crímenes cometidos.
En el caso de los dos exparamilitares que solicitaron la libertad provisional, la Corte advirtió que tanto Acuña como Romero sólo fueron postulados a Justicia y Paz en septiembre de 2010, lo que significa que hasta ahora están rindiendo versiones libres ante la Fiscalía.
“Sería naturalmente ilógico que quien se acoge voluntariamente al proceso de la Ley de Justicia y Paz para confesar públicamente sus crímenes, comprometerse con los derechos de las víctimas y someterse a la detención preventiva en establecimiento carcelario, resulte favorecido con una libertad provisional, cuando aún no ha cumplido los presupuestos que le permiten gozar del beneficio punitivo que trae aparejada la sentencia que en su contra se profiera, según el régimen de justicia transicional”, sentenció la Corte.
