La Corte Constitucional ordenó levantar la suspensión del proceso de restitución de tierras en ese corregimiento de Pivijay, Magdalena.
Las familias que fueron despojadas de Salaminita esperan que ahora que la Corte levantó la suspensión del proceso de restitución, el juzgado de tierras de Santa Marta comience a trabajar en este tema.La Corte Constitucional ordenó el pasado 26 de octubre que se reanudara el proceso de restitución de tierras en Salaminita, un pueblo de Magdalena devastado por las Autodefensas en 1999. El proceso había sido suspendido a mediados del año pasado por un juez de Aracataca, mientras avanzabauna investigación por fraude procesal. La decisión, que las víctimas conocieron hace pocos días durante un encuentro con miembros del Centro Nacional de Memoria Histórica en el municipio de Fundación, obliga al Juzgado Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta a que continúe el proceso de restitución, una vez se haya notificado el fallo.
Salaminita era un pueblo de más de 40 casas que estaba sobre la vía que conduce a Pivijay. Allí el 7 de junio de 1999, un grupo de paramilitares al mando de Tomás Gregorio Freyle Guillén, alias ‘Esteban’, asesinó a tres habitantes del corregimiento, entre esos a la Inspectora de Policía; y obligó al resto de campesinos a trasladarse a Fundación y a otros municipios de la costa Caribe mientras derribaban el resto de casas construidas hace más de medio siglo. Los habitantes de la zona rural (en las parcelaciones Suiza y El Jardín), sin embargo, resistieron hasta el 23 de agosto del año 2000, cuando los ‘paras’ asesinaron a otros dos campesinos.
En junio del año pasado, la Unidad de Restitución de Tierras inscribió en el registro de tierras despojadas y abandonadas, 57 solicitudes sobre predios ubicados en Salaminita. Las víctimas afirman que entre 1999 y 2008 fueron presionadas por dos hombres: Vicente Rueda Guarín y Adolfo Díaz Quintero (que actúan como opositores en el proceso), para que malvendieran sus parcelas. El fallo, incluso, sostiene que Rueda y Díaz “son terratenientes del municipio de Fundación, que han sido señalados por desmovilizados del Frente Tomás Freyle Guillén de las AUC, como financiadores de grupos paramilitares”.
Pero para esa misma época, el abogado Gregorio Arizmendi, que representa a los opositores, denunció a seis reclamantes de tierras por fraude procesal, que no es otra cosa que “inducir a un error (mediante acciones fraudulentas) a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto administrativo contrario a la ley”. En este caso, que les restituyan sus predios. Por esa razón, un fiscal de Fundación le solicitó a un juez que suspendiera el proceso de restitución en Salaminita hasta que no se investigara a las víctimas que actúan como reclamantes.
“Las familias Rueda y Díaz compraron esas tierras a precio justo, hay suficientes pruebas para demostrarlo. Ellos nunca han estado relacionados con grupos armados ilegales. Pero es claro que esta Ley de Restitución de Tierras traerá más violencia, sobre todo a las personas que adquirieron tierras después de que las Autodefensas se desmovilizaran”, cuenta Arizmendi.
Decenas de campesinos se reunieron hace una semana en la biblioteca de Fundación, Magdalena, para empezar a construir la memoria del pueblo que fue devastado en 1999.El 3 de septiembre de 2014, el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Santa Marta, acató la orden del juez de Aracataca porque era un mandato de un juez de la República. Sin embargo, reconoció que no compartía esa decisión porque “hay un mandato legal encaminado a proteger, garantizar y asegurar los derechos de las víctimas”, dice uno de los apartes del fallo.
La abogada de los reclamantes de tierras, NuryLuz Peralta, que hace parte de la Comisión Colombiana de Juristas, presentó siete días después un recurso de reposición contra el auto (resolución judicial) mediante el cual se acató la orden del juez penal y se suspendió el proceso de restitución. Pero el juzgado de tierras decidió no reponer el auto porque debía obedecer al juez. Así empezó una batalla jurídica por las víctimas de Salaminita que, según el Consejo Noruego para Refugiados (que acompaña a 49 familias de esa región), “las condiciones de vulnerabilidad aún persisten después de haber transcurrido 16 años del desplazamiento”.
El fallo de la Corte Constitucional, sin embargo, acabó con ese pleito, y además ordenó compulsar copias al Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena para que se investigue al juez de Aracataca, “porque un juez con funciones de control de garantías carece por completo de competencia para ordenar la suspensión de un proceso de restitución de tierras”.
Esta decisión, sin duda, sienta un precedente porque si el proceso continuaba suspendido, eso mismo hubiera podido ocurrir en 661 demandas de restitución que se han presentado en todo el país, en las que también hay opositores. Estos acudirían a esa figura jurídica para que se suspendan los procesos de restitución, según la sentencia.
El juez de restitución de tierras de Santa Marta deberá retomar el proceso para luego determinar si vuelven o no a sus parcelas las familias que fueron despojadas, como Luis Camargo (68 años) y su esposa Donatila Crespo (63), que huyeron con sus seis hijos a Fundación, y que en octubre de 2005, luego de haber retornado por sus propias cuentas, tuvieron que dejarlo todo porque los obligaron a malvender un predio donde sembraban maíz. O como a Martina Josefa García (80 años) quien, al salir del pueblo, vio cómo mataron a la inspectora y a dos campesinos. O a Lesa Daza (30), líder de la asociación de víctimas Asorenacer (que está al frente del proceso de restitución en Salaminita) que recuerda con nostalgia las fiestas patronales del pueblo, las de la virgen del Rosario que se celebraban el 7 de octubre.
