Campesinos de esta región del Magdalena Medio santandereano le pide al gobierno nacional titulación de las tierras que cultivan hace 30 años. El supuesto dueño se opone a petición de los labriegos. El pleito ya ajusta 17 años.
Los campesinos de El Guayabo cultivan en las parcelas pancoger, es decir, alimentos de consumo básico como maíz, plátano, yuca y cacao. Por lo menos 120 familias dependen estas tierras en el municipio de Puerto Wilches, en Santander. Foto suministrada Caldwell Manners / Equipos Cristianos de Acción por la Paz (Ecap).
La comunidad campesina de El Guayabo, en el municipio santandereano de Puerto Wilches, está en ascuas: primero porque en cualquier momento pueden ser desalojados de las 200 hectáreas que cultivan hace tres décadas; segundo, porque desde el año pasado cuatro líderes de la comunidad afrontan un proceso judicial del que advierten es injusto; y tercero, desde enero han recibido cuatro panfletos en los que los amenazan por reclamar las tierras.
“Al gobierno le pedimos que nos garantice la soberanía alimentaria. Somos 120 familias las que dependemos de estas tierras y estamos preocupados por la actuación del Juzgado Promiscuo de Puerto Wilches, por el juicio que afrontan los líderes y porque la situación de seguridad es complicada”, dice uno de los campesinos que hace parte de la Asociación Agropecuaria y Pesquera del Guayabo (Agropegu).
La reclamación campesina ha estado frenada por el conflicto armado y por la oposición de Rodrigo López Henao, quien asegura ser el hijo del antiguo dueño de las tierras y ha reclamado la propiedad ante el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) y en juzgados municipales, tribunales y en la Fiscalía.
Este es un conflicto agrario que lleva 17 años sin resolverse, con versiones encontradas entre quienes reclaman la propiedad. Mientras López Henao asegura que en “el Guayabo no hay una comunidad campesina sino 12 personas que quieren unas tierras que no han trabajado”, los parceleros lo han denunciado por desplazamiento, amenazas y perturbación a la posesión.
Un ‘nudo’ de procesos
Tras una reciente decisión del Juez Promiscuo Municipal de Puerto Wilches, los parceleros temen un nuevo desalojo de las tierras que cultivan hace 30 años. Foto suministrada Caldwell Manners / Equipos Cristianos de Acción por la Paz (Ecap).Las tierras que reclaman los campesinos se derivan de una antigua hacienda llamada Las Marías, constituida por tres predios: Bella Unión, de 200 hectáreas; y Altamira y San Felipe, que suman otras 200. Según el relato de los campesinos, éstas pertenecían a Octavio López Franco, quien, tras no prosperar con cultivos de arroz y tener frecuentes problemas por la inundación de las tierras, decidió abandonarlas.
“Siempre tuvimos una buena relación con Octavio. Cuando se fue, indicó que éstas eran para los parceleros. Nosotros comenzamos una gestión con el Incora (Instituto Colombiano para la Reforma Agraria) para tener los títulos”, dice un labriego.
En 1984 el Incora extinguió el dominio del predio Bella Unión y ordenó la titulación de 200 hectáreas a algunos campesinos, pero sobre los predios Altamira y San Felipe no se tomó en ese entonces ninguna decisión. Durante los años ochenta y noventa los parceleros siguieron cultivando las tierras y resistieron a la violencia del Bloque Magdalena Medio de las Farc y del Frente Darío Ramírez Castro del Eln, que hacían presencia en la región.
Sin embargo, la violencia recrucedió en 2002 con la llegada de los paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que comenzaron a extorsionar a los campesinos, exigiéndoles un pago de 10 mil pesos por cabeza de ganado y 20 mil por cada hectárea. En sus denuncias, los parceleros señalaron que las Auc “llegaron por petición de Rodrigo López Henao, quien dice ser el hijo de Octavio, pero no sabíamos de él, no lo conocíamos”.
Tras la desmovilización de los paramilitares en 2006, los campesinos pensaron que podrían seguir cultivando las tierras sin problema, pero supieron que López Henao le había pedido al Incoder anular la extinción de dominio del predio Bella Unión. Su petición no prosperó.
Los campesinos, por su parte, comenzaron un proceso judicial llamado “demandas de pertenencia”, para reclamar la propiedad sobre las fincas Altamira y San Felipe ante el Juzgado Primero Civil de Barrancabermeja. López Henao contestó con contrademandas, pero el Juzgado se pronunció a favor de los parceleros sobre el predio Altamira, quedando pendiente San Felipe.
López apeló el fallo y el Tribunal de Santander dejó sin piso la decisión sobre Altamira, argumentando que faltaba delimitar con claridad cada unas de las parcelas que poseían las familias campesinas. Los labriegos reunieron las pruebas solicitadas y presentaron una nueva demanda que en la actualidad cursa en el Juzgado Segundo Civil de Barrancabermeja.
Según lo han documentado los abogados de la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y Pensamiento y Acción Social (PAS), y Justa Paz, que han acompañado a los campesinos en su defensa, López Henao ha usado la decisión del Tribunal de Santander para solicitar a distintas inspecciones de policía el desalojo de los campesinos. “La decisión del Tribunal en ningún momento ordena la recuperación del predio Altamira. Lo que hizo fue anular la decisión del Juez, explicando que faltaban requisitos para que prosperara la demanda”, indicó un abogado que asesora a la comunidad.
Sin embargo, en 2014 el entonces inspector de Policía del corregimiento de Vijagual, Leonel Lagares Gutiérrez, realizó varios desalojos contra la comunidad (Lea: La historia detrás del desalojo de campesinos de El Guayabo, Puerto Wilches). Un año más tarde, el Inspector fue capturado por el presunto delito de concierto para delinquir agravado, tras las confesiones de Jairo Ignacio Orozco González, alias ‘Tarazá’, quien fue jefe político del Bloque Central Bolívar. El exparamilitar aseguró que Lagares había participado en reuniones con las Auc en 2008, cuando se desempeñaba como concejal.
Durante 2014 y 2015 los intentos de desalojo y amenazas fueron recurrentes en El Guayabo, según narra una sentencia de restitución de tierras que contextualiza la violencia reciente en Puerto Wilches. (Lea la sentencia aquí, páginas de la 28 a la 30)
La situación llegó al punto que el 22 de enero de 2015 la Defensoría del Pueblo emitió un informe de riesgo, advirtiendo las condiciones de vulnerabilidad de la comunidad campesina frente a las acciones de una cooperativa de seguridad y la presencia de la banda criminal ‘Los Urabeños’. (Lea el informe de riesgo aquí)
Según explica el abogado que en la actualidad acompaña jurídicamente a los campesinos, Rodrigo López Henao se declaró víctima del conflicto armado en 2009, logrando que las tierras ingresaran al Registro Único de Predios y Territorios Abandonados (Rupta) y que su nombre estuviera en el Registro Único de Víctimas (RUV). Con estos registros, siguió tocando a las puertas de las autoridades para recuperar las tierras vía juzgados o mediante la acción de las inspecciones de policía.
En 2016 la tensión continuó. El 24 de abril la Fiscalía adelantó el allanamiento de las viviendas de algunos parceleros y ordenó la captura de cuatro de ellos, se trata de los líderes Erik Payares, Jhon Fredy Ortega, Santos Peña y Álvaro García, quienes estaban sindicados de concierto para delinquir y porte ilegal de armas por hechos ocurridos en diciembre de 2014, cuando se habría presentado un supuesto enfrentamiento armado con guardias de seguridad al servicio de López Henao.
En el allanamiento fue detenido García, pero los otros tres evadieron la acción de las autoridades hasta el 25 octubre de 2016, cuando decidieron presentarse ante la justicia para responder por los cargos. Un juez los dejó en libertad porque no representaban peligro para la sociedad.
Las actuaciones del Estado han sido contradictorias en este caso. En octubre de ese mismo año, la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Víctimas decidió excluir a Rodrigo López Henao del Registro Único de Víctimas. En su decisión, señala que tras estudiar los documentos aportados por López y revisar los múltiples documentos judiciales y administrativos sobre el caso de El Guayabo, “ha sido imposible establecer” que el desplazamiento denunciado por López fuera producto de los grupos armados ilegales que tuvieron presencia en la zona o de la acción de los campesinos que explotan las tierras. (Lea la resolución)
Mientras los campesinos sindicados se defienden de una acusación a la que califican de “injusta, que carece de fundamentos y que ha buscado debilitar a la comunidad”, su abogado cuenta que, además, temen un nuevo desalojo porque López Henao radicó la misma “demanda de pertenencia” que cursa en el Juzgado Primero Civil de Barrancabermeja, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches. El 18 de enero de 2017 esta instancia falló en contra de los campesinos y a favor de López.
“Eso es deslealtad procesal. López Henao está poniendo a dos jueces de la República a tomar decisiones sobre los mismos hechos y sobre un mismo predio. Esto preocupa también porque el Juzgado Primero Civil de Barrancabermeja (que conoce el caso desde 2009) programó una inspección ocular para el 4 de agosto. De haber un desalojo, el Juez no encontrará a los campesinos de la zona, que llevan trabajando estas tierras por 30 años”, apunta el abogado.
“Todo está basado en chismes”
La Agencia Nacional de Tierras está pendiente por informarle a la comunidad en qué va el proceso agrario de clarificación de la propiedad de las fincas San Felipe y Altamira. Foto suministrada Caldwell Manners / Equipos Cristianos de Acción por la Paz (Ecap).
VerdadAbierta.com conversó con Rodrigo López Henao, quien aseguró que los señalamientos en su contra y la reclamación de los parceleros “están basados en chismes”, explicando que él y su familia son víctimas del conflicto armado y están reclamando unas tierras que le pertenecen por herencia. Según relató, su familia fue desplazada en 1990 de la finca “que no se llama Las Marías sino San Felipe” por las Farc y el Eln, por lo que es “ridículo que digan que mi papá les quería dejar las tierras”.
En ese sentido, insiste en que allí “no hay una comunidad campesina, sino 12 personas que quieren quedarse con unas tierras de las que no tuvieron posesión”, y que es “injusta” la decisión de la Unidad de Víctimas de excluirlo del Registro Único de Víctimas. “Eso fue producto de un complot de la Junta de Acción Comunal de El Guayabo y algunas Ong para que la Unidad tomara esa decisión”, dice.
López Henao sostiene que sólo regresó diez años después, en el año 2000, porque “antes la situación de conflicto en la zona era complicada”. Desde ese año, indica, ha solicitado las tierras ante juzgados y tribunales, por lo que no entiende por qué “me señalan de tener vínculos con grupos armados ilegales. Jamás. Qué necesidad voy a tener de eso si yo he acudido a la la misma justicia que me ha dado la razón”, reitera. Por el contrario, “hemos presentado una denuncia con pruebas contundentes que fui víctima de un atentado en diciembre de 2014”, señala, refiriéndose a la investigación que cursa en la actualidad contra cuatro parceleros.
Al preguntarle si en algún momento ha intentado llegar a un acuerdo con la comunidad por la vía del diálogo, López Henao afirma que los “procesos ya están en los juzgados y se han pronunciado a mi favor…. lo que quiero es que se acabe toda esta mala información que se ha generado en mi contra, la gente en Puerto Wilches me conoce, me quiere mucho porque yo les he dado trabajo”.
Una posible solución
Tras una batalla jurídica por las tierras, que ya suma ocho años en juzgados y tribunales, la que podría solucionar el conflicto en El Guayabo es la Agencia Nacional de Tierras (ANT), dado que el antiguo Incoder (liquidado en diciembre de 2015) comenzó un proceso de clarificación de la propiedad sobre los predios Altamira y San Felipe.
Sin embargo, en un derecho de petición presentado ante la ANT por VerdadAbierta.com y respondido en febrero pasado, la Agencia señaló que “ha recibido varios expedientes de procesos agrarios que se estaban adelantando en el Incoder, sin que hasta el momento se haya recibido expediente alguno correspondiente a El Guayabo”. La Oficina de Prensa de la Agencia quedó al tanto de brindar información actualizada sobre este proceso agrario.
En un país en medio de la implementación de lo pactado y firmado por el gobierno nacional y las Farc para lograr un proceso de paz, comunidades como El Guayabo cuestionan la aplicación real de la prometida Reforma Rural Integral, consignada en el punto 1 del Acuerdo, que busca garantizar el acceso a tierras a comunidades que llevan décadas esperando la titulación.
“Le pedimos a la Agencia que vanga hasta acá y corrobore que somos campesinos que cultivamos maíz, plátano, cacao y desarrollamos pequeña ganadería, que no somos subversivos como nos han querido tildar algunas autoridades locales”, indica un líder de Agropegu.
Sin embargo, el futuro no parece muy promisorio, sobre todo después de conocerse el cuestionado proyecto de Decreto Ley formulado por el gobierno nacional que busca reformar la Ley Agraria vigente, que garantiza el acceso a tierras a comunidades como El Guayabo. (Lea: Gobierno promueve cuestionado proyecto de ordenamiento rural y El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral)
