En el sur de Bolívar 123 familias campesinas desplazadas por paramilitares siguen esperando que el Estado les titule sus fincas. Mientras la investigación judicial avanza, los procesos administrativos están frenados en el alto tribunal. El caso está rodeado de indicios de irregularidades.
La comunidad campesina de Las Pavas espera desde hace una década la titulación de 3 mil hectáreas en el sur de Bolívar. Su reclamación cursa en medio de un proceso judicial, por el desplazamiento del que fueron víctimas en 2003, y de dos procesos administrativos que son revisados por el Consejo de Estado. Foto archivo Semana.La historia de Las Pavas tiene un trasfondo de dilaciones y cuestionamientos. Lo primero, porque el Consejo de Estado no avanza en los procesos que permitirán la titulación de 3 mil hectáreas a víctimas del conflicto armado. Y lo segundo, porque es extraño que dos juristas, quienes han representado legalmente a la empresa Aportes San Isidro S.A.S. (la opositora a la titulación), estén defendiendo a quienes son investigados por desplazar a los campesinos, entre ellos a varios exparamilitares.
Las Pavas está en el municipio de El Peñón, en el sur de Bolívar. Es una antigua hacienda creada por Jesús Emilio Escobar Fernández, quien, según expedientes judiciales, era conocido como ‘El Ñoño’, hermano y testaferro del narcotraficante Gustavo Escobar Fernández. En los años ochenta englobó 3 mil hectáreas y conformó la finca que terminó abandonando en 1997. Ese año, 123 familias campesinas llegaron a estas tierras para cultivarlas con alimentos, pero en 2003 paramilitares del Bloque Central Bolívar (Bcb) los desplazaron.
Tras la desmovilización colectiva del Bcb, en diciembre de 2005 y bajo los acuerdos con el entonces gobierno del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), los campesinos intentaron retornar y comenzaron el proceso de reclamación de las tierras ante el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder, liquidado en 2015), alegando “extinción de dominio por inexplotación económica”, que aplica para tierras que son abandonadas.
Mientras dicho proceso cursaba en el Incoder, Jesús Emilio Escobar, su antiguo dueño, llegó con hombres armados, desplazó a los campesinos y vendió en 2007 las 3 mil hectáreas a dos empresas, cuya titularidad reposa hoy a nombre de Aportes San Isidro S.A.S., empresa que se dedica a cultivar palma de aceite y con la que los campesinos han tenido problemas desde hace una década. Los labriegos han denunciado amenazas, quema de sus ranchos y cultivos por parte de trabajadores de esa compañía. (Lea: La violencia vuelve a Las Pavas).
En 2009, los campesinos interpusieron una denuncia formal por el desplazamiento ocurrido en 2003 y un año más tarde comenzaron otro proceso administrativo ante el Incoder, esta vez de recuperación de baldíos tras encontrar que Escobar no tenía títulos de propiedad de toda la hacienda. Desde entonces, cursan tres procesos: uno judicial, ante la Fiscalía, por los delitos de desplazamiento forzado, concierto para delinquir y daños a los recursos naturales y el medio ambiente. Y otros dos administrativos: uno de extinción de dominio, sobre 1.300 hectáreas, y otro de recuperación de baldíos sobre 1.700 hectáreas.
Aunque el antiguo Incoder les dio la razón a los campesinos en los dos procesos administrativos, la empresa Aportes San Isidro solicitó la revisión de esas decisiones ante el Consejo de Estado, alegando ser propietarios de buena fe. Mientras el alto tribunalreanuda las audiencias que dejó pendientes desde 2015, la Fiscalía avanza en las investigaciones para dar luces sobre los responsables del desplazamiento.
Lo judicial: ¿por qué los mismos abogados?
Las pocas familias que han retornado han intentado sostener cultivos de yuca y plátano para su alimentación. Sin títulos de propiedad, es difícil que el Estado o un banco privado les otorgue créditos para progresar en el campo. Foto suministrada.La noticia de la captura de alias ‘Rapidito’ en noviembre de 2016 quedó en los registros de la prensa, pero significó un avance en el proceso que adelanta la Fiscalía por el desplazamiento perpetrado por los paramilitares. Según la investigación, el alias corresponde a Jorge Eliécer Pérez, exmiembro del Bloque Central Bolívar que no quiso acogerse a la Ley 975 de 2005 o Ley de Justicia y Paz, y que presuntamente siguió delinquiendo en una banda criminal. Varios desmovilizados lo señalan de haber instalado una base paramilitar en el corregimiento Papayal, del municipio de San Martín de Loba, desde donde coordinada la expulsión de campesinos.
Cuando ‘Rapidito’ fue llamado a indagatoria, el Estado le asignó un defensor público. Pero el exparamilitar renunció a éste y autorizó a un abogado de confianza, proveniente de Barranquilla, quien pronto dejó la representación. En febrero de 2017, su defensa la asumió Juan René Ibarra Amaury. El nombre podría pasar por alto, de no ser porque Ibarra Amaury había sido dependiente judicial (auxiliar, en los términos jurídicos) de Jhonny Mercado González, el abogado de confianza de José Ernesto Marcías, representante legal de la empresa Aportes San Isidro S.A.S.
VerdadAbierta.com accedió a documentos que lo confirman e indican que Ibarra Amaury, además, ha representado a la empresa buscando desvirtuar el desplazamiento del que fue víctima la comunidad en 2003. Cuando en enero de 2016 el entonces subgerente de Tierras del Incoder, Carlos Ignacio Carmona, propuso revocar los actos administrativos que declararon la extinción de dominio sobre 1.300 hectáreas de la hacienda, Ibarra Amaury presentó un documento a la Fiscalía 76 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de la Unidad Especializada contra la Fe Pública y Patrimonio Económico.
En ese documento, el abogado instó al Fiscal a tener en cuenta la actuación de Carmona, como argumento de que si “el mismo Incoder finalmente está reconociendo graves irregularidades, es apenas lógico entender que los hechos documentados son la expresión del abuso y del fraude del que se han valido unas supuestas víctimas para apodarse de unas tierras en detrimento de la propiedad adquirida legalmente por la Sociedad”.
La comunidad de Las Pavas ha tenido que resistir a la violencia, pero también a acciones que en el pasado pretendieron restarle legitimidad a su reclamación. En diciembre de 2011 una fiscal de Cartagena, Myriam Hernández Palomino, archivó las diligencias de investigación por desplazamiento forzado tras considerar que en la zona de Las Pavas no había acaecido el fenómeno del paramilitarismo, el delito no había ocurrido y, por tanto, no existían víctimas. A esto se sumaron los intentos de la empresa de dividir a la comunidad campesina, según advirtió la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), la organización que agrupa a los reclamantes de Las Pavas. (Lea: En Las Pavas sí hay víctimas y Drama de la comunidad de Las Pavas no tiene fin).
Después de haber sido negado el desplazamiento, la Fiscalía reabrió el proceso penal en 2012 y con la investigación ordenó la captura de seis personas, entre ellas dos trabajadores del área de seguridad de la empresa Aportes San Isidro y a cuatro exparamilitares no desmovilizados. Según documentos a los que tuvo acceso este portal, la defensa de los capturados la asumió Jhonny Mercado González, abogado de confianza de laempresa. Lo cuestionable es por qué Mercado decidió defender a las cuatro personas que, según la investigación, no están vinculadas a la empresa.
Tras encontrar pruebas suficientes por el delito de desplazamiento, en enero de 2017 la Fiscalía 25 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializados, adscrita a la Fiscalía Nacional de Derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario, profirió resolución de acusación contra los seis capturados. Tal decisión fue apelada por el abogado Mercado González quien, según consta en registros judiciales, se ha apoyado en su dependiente judicial, Juan René Ibarra Amaury para consultar los expedientes.
La Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana, que asesora jurídicamente a la comunidad campesina de Las Pavas, cuestiona por qué dos abogados vinculados a Aportes San Isidro deciden asesorar a personas que son investigadas por el presunto delito de desplazamiento forzado: mientras Ibarra Amaury realiza la defensa técnica de alias ‘Rapidito’; Mercado González lo hace de personas que, según el proceso judicial, no hacen parte de la empresa y son exparamilitares que no se acogieron a los beneficios de la Ley de Justicia y Paz.
VerdadAbierta.com se comunicó en varias oportunidades con la empresa Aportes San Isidro, con sede en Barranquilla, pero la secretaria expresó que aunque le había informado a José Ernesto Macías, no ha dado ninguna instrucción. También le escribimos al correo electrónico del abogado Jhonny Mercado, sin lograr respuesta.
Lo administrativo: en veremos
Desde 2015, en el Consejo de Estado reposan los procesos administrativos con los que la comunidad de Las Pavas busca la titulación de las 3 mil hectáreas de la antigua hacienda: uno de extinción de dominio por 1.300 hectáreas y otro de recuperación de baldíos por 1.700 hectáreas. El de extinción no ha tenido audiencia desde la llegada del nuevo consejero, el abogado Jaime Rodríguez Navas, pese a que Asocab le solicitó, en diciembre pasado, medidas cautelares con carácter urgente para prohibir la expansión del cultivo de palma por parte de la empresa Aportes San Isidro.
El de recuperación de baldíos sólo ha tenido una audiencia adicional y se espera que continúe el próximo 8 de mayo. Pese a que el antiguo Incoder encontró que Jesús Emilio Escobar no acreditó títulos de propiedad sobre esas 1.700 hectáreas, la Agencia Nacional de Tierras, que reemplazó al liquidado Incoder, se ha negado a inscribir tal decisión en los folios de matrícula alegando que no podía hacerlo porque estaba en proceso de transición. Ahora espera un pronunciamiento del Corte Constitucional,donde cursa una tutela que solicita la inscripción de las resoluciones que los declara como baldíos en los registros públicos.
Mientras lo judicial y administrativo se resuelve, de las 123 familias campesinas que esperan la titulación de Las Pavas, sólo 25 han retornado. Casos históricos de recuperación de baldíos como este ahora están en discusión, cuando el Ministerio de Agricultura propone un Proyecto Decreto Ley que busca eliminar la Ley Agraria 160 de 1994, que es la que garantiza la destinación de los baldíos para comunidades que carecen o tienen tierra insuficiente. La última palabra la tendrá la Corte Constitucional (Lea: El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral y Gobierno promueve cuestionado proyecto de ordenamiento rural).
Nota de la redacción: Tras la publicación de este texto periodístico, la Agencia Nacional de Tierras envió una nota de aclaración en la que enfatiza sobre tres puntos. La primera es que el proceso agrario sobre 1.700 hectáreas de Las Pavas no es de recuperación de baldíos sino de clarificación. La clarificación busca determinar entre el terreno estudiado, si hay propiedad privada o si hay tierras de la Nación. De encontrar esto último, la Ley Agraria 160 de 1994 ordena la recuperación.
En un segundo punto la Agencia señala que no es de su competencia hacer la inscripción de decisiones administrativas o judiciales en los folios de matrícula de los predios, refiriéndose a las resoluciones de extinción y clarificación que el liquidado Incoder profirió sobre Las Pavas en 2012. La Agencia indica que quien debe hacerlo es la Superintendencia de Notariado y Registro. Sin embargo, la Agencia es la responsable de hacer la gestión y ordenar la incripción de estas resoluciones, según lo determina el artículo 50 de la Ley 160 de 1994.
En un tercer punto la Agencia indica que no realiza tal gestión porque existe una medida cautelar del Consejo de Estado que se los impide. Sin embargo, la medida sólo aplica para el proceso de clarificación de las 1.700 hectáreas. Al respecto hay dos interpretaciones: mientras la Agencia parte de la aplicación del parágrafo dos de esa medida que indica “ordenar a las partes intervinientes una prohibición general de realizar cualquier acto perturbador de la posesión y tranquilidad respecto de Aportes San Isidro S.A.S. y la Asocab…”; la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana reitera que ordenar la inscripción de la clarificación en folios no implica “ningún acto perturbador de la posesión y tranquilidad” de ninguna de las partes, máxime cuando sobre las 1.700 hectáreas no hay sembrada palma africana.
