El ente de control fiscal nacional le notificó a la Dirección de la Agencia Nacional de Tierras la apertura de indagación preliminar con el fin de investigar la adquisición de un predio para beneficiar a un supuesto consejo comunitario. El caso fue denunciado por este portal en noviembre de 2018.
Más dos años le tomó a la Contraloría General de la República (CGR) asumir la investigación sobre posibles actuaciones irregulares de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en la compra del predio Yarumal, de 243 hectáreas, situado en la vereda Bocas del Río Turbo, sobre la desembocadura del río Turbo, a orillas del golfo de Urabá y a escasos tres kilómetros del centro de Turbo.
La apertura de investigación preliminar por esa transacción, en la que se pagaron 3 mil millones de pesos, le fue notificada ayer por la directora de Vigilancia Fiscal de la CGN, Sonia Alexandra Gaviria Santacruz, a la directora de la ANT, Myriam Martínez Cárdenas.
“La mencionada actuación tiene por objeto indagar sobre las irregularidades en que incurrió la Agencia Nacional de Tierras- ANT- al adquirir el predio Yarumal, ubicado en el municipio de Turbo- Antioquia, para efectos de realizar el proceso de titulación colectiva al Consejo Comunitario de la Vereda Bocas del Rio Turbo sin que existiera dicho colectivo étnico”, se leen en la notificación, conocida por este portal.
Aparte del anuncio de apertura de indagación preliminar, la CGN le solicitó a la ANT un conjunto de documentos “para que obre como prueba dentro de la actuación de la referencia” y que, en suma, serían los respaldos de la compra del predio.
Se trata, entre otros documentos, de datos sobre exfuncionarios de la Agencia que participaron en el negocio, entre ellos Juan Guillermo Valencia Álvarez, quien estuvo al frente de la transacción, primero como Subgerente de Promoción, Seguimiento y Asuntos Étnicos del Incoder (ya liquidado) y luego como Director de Asuntos Étnicos de la ANT.
Asimismo, la CGN solicitó constancia “de que el funcionario Juan Guillermo Valencia Álvarez, en su calidad de Director de Asuntos Étnicos, ordenó y practicó la actualización de la caracterización de la comunidad solicitante de la titulación colectiva del predio Yarumal, para definir la forma organizativa y de ocupación del predio Yarumal, censos y demás actividades tendientes a establecer la real existencia del Consejo Comunitario de Bocas del Rio Turbo, de ser el caso”.
En relación con ese Consejo Comunitario, la CNG solicitó variada información, como copia del censo en el cual “aparecen 57 firmantes que afirman haber permanecido un tiempo mínimo de 3 años y máximo de 27 años en el predio, de los cuales solo 3 afirma estar interesado en la titulación colectiva”; así como copias de actas “suscritas en los diferentes intentos de entrega del predio […] y de las mesas de concertación propuestas por la Personería, con participación de la Administración Municipal y la Defensoría del Pueblo, de existir”.
Además, le pidió a la ANT “certificar en qué estado se encuentra el proceso de titulación colectiva del predio Yarumal, a la Comunidad de la vereda Bocas del Rio Turbo y cuáles serían los trámites a seguir”.
La insistencia en documentos sobre ese Consejo Comunitario se debe a que hay sospechas, y así lo ha denunciado la comunidad, de que no existe, por lo que no se tiene claro a quién o quiénes realmente favoreció la compra del predio Yarumal
Por último, la CGR solicitó detalles de “las acciones adelantadas por las diferentes direcciones de la Agencia Nacional de Tierras, tendientes a cumplir las recomendaciones expuestas por la Oficina del Inspector de Tierras”, realizadas el 14 de diciembre de 2018. (Descargar Notificación)
Por el momento, las directivas de la ANT guardan silencio frente a la decisión tomada por el ente de control fiscal.
En contexto
Las alertas sobre las posibles irregularidades en la compra del predio Yarumal fueron emitidas por la Oficina del Inspector de Tierras de la ANT el 2 de noviembre de ese año y difundidas por este portal a través de un reportaje publicado 20 días después. (Leer más en: Recomiendan suspender titulación de tierras a consejo comunitario de Turbo)
Al frente de esa dependencia estaba Nubia Elena Pacheco, quien en esa ocasión llamó la atención del negocio que había hecho la ANT luego de que un equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia, adscrita a esa agencia estatal, realizara una visita a Turbo y escuchara a un sector de la comunidad que se vio afectada por la adquisición y supuesta entrega del predio al Consejo Comunitario Bocas del Río Turbo, sobre el que pesan algunas dudas sobre su conformación y existencia.
Su recomendación quedó plasmada en un memorando en el que afirmó que contaba “con las variables suficientes y variables necesarias para iniciar una investigación prioritaria del caso”, por lo que solicitó “la suspensión de visitas y actuaciones en territorio que se estén adelantando hasta que esta Oficina tenga un pronunciamiento frente a la investigación”.
¿A qué apuntaban las preocupaciones de Pacheco? A llamar la atención sobre la compra que hizo la ANT del predio Yarumal a la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. por 3 mil millones de pesos. La firma de la escritura se hizo el 30 de diciembre de 2016 y la entrega a la supuesta comunidad de afrodescendientes el 15 de mayo de 2017. En su momento, esa transacción dejó muchas dudas.
Entre las inquietudes planteadas por las fuentes consultadas para el reportaje publicado en noviembre de 2018 resaltaba hecho de que los procedimientos de compra en la ANT se hicieron en tres días. Al frente de la dirección de la entidad estaba Miguel Samper.
“[En] los últimos 3 días del mes de diciembre de 2016 se logra finalizar el proceso de compra del predio Yarumal, obteniéndose la viabilidad jurídica por parte de la oficina jurídica de la ANT, aceptación de la oferta por parte del propietario del predio y, finalmente, la firma de la escritura pública de compraventa N. 2221 del 30 de diciembre de 2016 ante el Notario Único de Turbo”, se lee en el informe preparado por el equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia.
La rápida adquisición de este predio es uno de los aspectos que ha generado dudas. Resulta que un proceso tan complejo se resolvió de manera eficiente: el 27 de diciembre el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) entregó el avalúo del predio a la ANT; luego la Oficina Jurídica de la Dirección de Asuntos Étnicos (DAE) le dio viabilidad jurídica dos días después y aceptó la oferta voluntaria de venta; y, finalmente, el 30 de diciembre se firmó la escritura.
Además, el negocio fue ventajoso para la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. por cuanto obtuvo beneficios tributarios, pues la “utilidad obtenida por la enajenación del inmueble no constituye renta gravable ni ganancia ocasional para el propietario”.
¿Favorecimiento empresarial?
Una de las hipótesis que, desde 2018, manejan personas cercanas a este proceso es que con la compra del predio Yarumal, bajo circunstancias que se sospechan son irregulares, la ANT habría favorecido a la Compañía Agroforestal de Colombia S.A., en cuya estructura administrativa aparece el ciudadano español Manuel Del Dago.
Este empresario hizo su fortuna en la costa norte colombiana participando en distintos negocios, principalmente madereros, siendo uno de los grupos más representativos en la región, junto con la compañía Pizano S.A. Al parecer, con más de 90 años de edad, vive en su natal Asturias, donde ha sido procesado penalmente por construir ilegalmente en terrenos de un parque natural.
Esa firma adquirió el predio Yarumal a la empresa Líneas Agromar Ltda., en la que también tenía participación Del Dago, y registró la compra en la Notaría Tercera de Barranquilla mediante la escritura pública N. 1750 del 27 de agosto de 1982. En esas tierras alcanzaron a sembrar variedades arbóreas como el roble y a tener actividades de ganadería.
No obstante, tras procesos sociales de ocupación de tierras por parte de familias campesinas pobres, a este predio ingresaron, en 1987, por lo menos 30 familias y, con el paso de los años, ingresaron otras. Ese poblamiento permitió que, en 1990, se conformara la primera Junta de Acción Comunal.
La guerra desatada en la región del Urabá antioqueño a finales de la década del noventa e inicios del dos mil también tocó a la vereda Bocas del Río Turbo. Una de sus lideresas, Isabelina Torres, quien era presidenta de la Junta de Acción Comunal, había logrado impulsar programas de vivienda en la zona y llegó a ser concejal por la Unión Patriótica, fue asesinada en 1996 por paramilitares conocidos como “los mocha-cabezas” bajo el mando de Hebert Veloza, alias ‘HH’.
Pero al parecer no sólo la Compañía Agroforestal de Colombia S.A. se habría beneficiado con la compra del predio Yarumal. Las visitas en 2018 del equipo especializado de la Unidad de Gestión Territorial de Antioquia permitieron constatar que allí viven personas con un alto nivel adquisitivo, que reconocieron que poseen más de una parcela. Se destaca, por ejemplo, el actual Notario del Municipio de Turbo, Luis Enrique Cerén, quien tiene inversiones en plátano de exportación, comercializado a través de empresas como Banacol y Uniban.
De las 243 hectáreas del predio Yarumal, por lo menos 148 hectáreas están siendo utilizadas para la siembra de plátano, “es decir aproximadamente el 60,7 por ciento, en donde las personas que se reconocen como Consejo Comunitario solo siembran aproximadamente 22 hectáreas”, reportaron los especialistas de la ANT Antioquia.
Otro de los aspectos preocupantes es que una amplia zona rural de Turbo, que incluye la vereda Bocas del Río Turbo, tiene un amplio dominio las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), que se valen de las salidas naturales al golfo de Urabá para movilizar grandes alijos de clorhidrato de cocaína a los mercados internacionales. (Leer más en: Desarrollo económico y crimen organizado: las dos caras de Urabá)
Por lo pronto, se espera que, con la intervención de la CGR, el tema se aclare y se determine si detrás de este proceso de rápida adquisición del predio Yarumal hubo irregularidades por parte de los funcionarios de la ANT que estuvieron al frente de la negociación y que afectaron a decenas de familias campesinas necesitadas de tierras para mejorar su calidad de vida.
