El llamado ‘Pacificador de Urabá’, quien estuvo al frente de la Brigada XVII de Ejército, con sede en Carepa, Antioquia, es hoy un reo más de la justicia. En el pasado, fue considerado “un ejemplo para los soldados y policías de Colombia”.
El general (r)Del Río está detenido desde el 4 de septiembre de 2008. Foto: archivo Semana.
“El General y sus soldados trabajaron para contener a los violentos con una intensidad sin antecedentes”, dijo con vehemencia el entonces ex gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, durante un homenaje que diversos sectores sociales, políticos y empresariales le rindieron a Rito Alejo Del Río en respuesta a su destitución, decretada por presidente de la República Andrés Pastrana Arango a finales de la década del noventa.
Al homenaje, realizado el 29 de abril de 1999 en el hotel Tequendama de Bogotá, asistieron más de 1,500 personas entre industriales, comerciantes, ganaderos y políticos de diversas tendencias y partidos, entre ellos el ex ministro Fernando Londoño, quienes acompañaban a Uribe Vélez en sus pretensiones políticas de buscar la Presidencia de la República. El acto fue catalogado por el Ex gobernador de Antioquia como un “homenaje y por supuesto de protesta” y le dio todo el respaldo al ex general Del Río.
No sobraron los calificativos elogiosos para el ex oficial en esa ocasión. Según Uribe Vélez, “nadie mejor que el General del Río comprendió que a Urabá había llegado la hora de la paz, el Estado, la ciudadanía, y a fe que avanzó notablemente”. A su juicio, tanto Del Río como la tropa bajo su mando “actuaron, no se dejaron paralizar por el síndrome, fueron conscientes de que tenían que proceder dentro del Estado de Derecho y procedieron” y desde su perspectiva, sus actos se realizaron “con respeto a la Procuraduría y a los diferentes órganos de control”.
En ese homenaje, Uribe Vélez evocó sus días de Gobernador de Antioquia y aseveró que durante su gestión al frente de la Gobernación de Antioquia para intervenir en el Urabá antioqueño “en todas partes estaba presente el acompañamiento discreto y eficaz del general Del Río”.
La llamada a calificar servicios que le hiciera el presidente Pastrana al entonces General de la República, fue duramente criticada por el candidato presidencial, quien no dudó en afirmar que tal destitución había provenido de la insurgencia: “Qué mala retribución da el Estado a unos generales inspirados en el amor a la Patria, con la circunstancia de separarlos de su institución, producida en un contexto que hace presumir el hecho como una sanción moral por violación de derechos humanos, sin fórmula de juicio y creando el riesgo injusto de que las nuevas cortes internacionales los sindiquen de ser autores de delitos contra la humanidad!”.
La otra cara de “El Pacificador”
Pero se equivocaba Uribe Vélez al ponerle un manto de insurgencia a la destitución de Del Río. Paralelo a los cuestionamientos de las comunidades del Urabá chocoano y antioqueño contra el oficial, diversas agencias internacionales comenzaron a hacerle eco a esas voces y a llamar la atención sobre las prácticas del Comandante de la Brigada XVII del Ejército.
Uno de los primeros cuestionamientos vino del Departamento de Estado de Estados Unidos. En su informe sobre derechos humanos correspondiente a 1998, consignó que “los comandantes militares locales y los grupos paramilitares llegaron a acuerdos tácitos en algunas regiones, y los grupos paramilitares operaron libremente en algunas zonas que se encontraban bajo control militar. Las autoridades asignaron dos oficiales de alto rango quienes tienen vínculos con los grupos paramilitares a posiciones de alto liderazgo, entre ellos el Brigadier General Rito Alejo del Río Rojas”.
El Departamento de Estado hacía alusión a la posición de privilegio a la que fue llevado el general Del Río luego de pasar por la Brigada XVII, donde estuvo al frente de esa guarnición militar entre los años 1995 y 1997. El oficial fue nombrado Comandante de la Brigada XIII del Ejército, con sede en Bogotá, sin lugar a dudas un traslado honroso y destacado para su carrera militar.
Otro informe de la época, llamado Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario, divulgado en 1998 por la organización no gubernamental norteamericana Human Rights Watch (HRW), dio cuenta de las relaciones de Del Río con los grupos paramilitares de la región de Urabá.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos conceptuó en 1999 que “en virtud del alto nivel de interacción entre las fuerzas paramilitares y las tropas del Ejército dentro de su jurisdicción, la Comisión considera que, salvo que se esté tratando de una palpable inefectividad y falta de control sobre sus tropas, es claro que el General Rito Alejo del Río debía tener conocimiento (…) de la presencia de los paramilitares en el área y de la cooperación entre sus hombres y aquellos grupos”.
Agregó la Comisión que “a pesar de las múltiples quejas acerca de la colaboración entre el Ejército y los paramilitares en la jurisdicción de la XVII Brigada y la evidente seriedad de la situación, el Ejército nunca investigó la conducta del General Rito Alejo del Río en este aspecto. De hecho, el Ministerio de Defensa recientemente transfirió al General a una importante posición: Comandante de la XIII Brigada, una unidad militar que incluye a Bogotá bajo su jurisdicción. Es más, la propaganda oficial del Comando General del Ejército hace una referencia favorable de 1997 como el año de la “pacificación” de la región de Urabá”.
A los informes de las agencias internacionales se sumaban las declaraciones de dos miembros del Ejército, quienes venían llamando la atención sobre las cuestionadas relaciones de Del Río con grupos paramilitares.
El primero de ellos fue el coronel Carlos Alfonso Velásquez Romero, Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor a las órdenes del general Del Río en la Brigada XVII y altamente condecorado por su persecución de los miembros del cartel de la droga de Cali, quien informó a sus superiores de que su oficial superior apoyaba a los paramilitares en Urabá a través de una carta enviada al entonces Comandante del Ejército general Harold Bedoya Pizarro el 31 de mayo de 1996.
“Como mínimo, no existe en el Señor Brigadier General Comandante de la Décimo Séptima Brigada un convencimiento de que la Delincuencia Organizada (llamados por la gente de la región Paramilitares), es también un peligroso factor de desorden público y violencia en Urabá,” afirmó Velásquez en su misiva al Comando del Ejército. Y agregó: “desde el 18 de Diciembre (de 1995) fecha en que recibió el cargo el general Del Río no existe ninguna anotación en el sentido de acciones o principios de operación contra la delincuencia organizada o paramilitares”.
Contrario a lo que pretendía, el coronel Velásquez Romero fue investigado y relevado de sus tareas cotidianas como Jefe de Estado Mayor de la Brigada XVII; finalmente, retirado del Ejército el 11 de enero de 1997 con el argumento de haber cometido actos “contra la subordinación, contra el servicio y el compañerismo”.
Quien corrió peor suerte fue el soldado Oswaldo de Jesús Giraldo Yepes, quien fue asesinado el 2 de abril de 2005 en Yarumal, Antioquia, al parecer por describir las relaciones entre los militares de diversas guarniciones militares en Antioquia con grupos paramilitares.
De acuerdo con su testimonio, consignado en el libro Pasión y muerte de un informante, del sacerdote jesuita Javier Giraldo, “el General Rito Alejo Del Río llegó a Mutatá rodeado de paramilitares para enfrentar los combates con la guerrilla en La Llorona y de allí se comunicaba con el ‘Mono Mancuso’, líder paramilitar. La oficina de dicho General era frecuentada por paramilitares que iban allí a planear muchas cosas. Los paramilitares entraban sin problema a la Brigada XVII donde el General Del Río les daba confianza; dicho General más bien le temía a los soldados regulares, pues pensaba que la guerrilla podía infiltrarlos para matarlo”.
Giraldo Yepes afirmó que las directrices del oficial a sus subalternos era trabajar con los paramilitares. “El General les decía que el apoyo a los paramilitares por parte del Ejército debía ser “A-1” (o sea, de máxima prioridad)”.
Hablan los ‘paras’
Durante el homenaje a Del Río, el exgobernador Uribe tuvo la suficiente lucidez para ver lo que el futuro les podría deparar a los militares cuestionados por sus presuntas actividades a favor de los grupos paramilitares: “en el marco de circunstancias en que han sido removidos se corre el riesgo de crearle al Ejército y a la Fuerza Pública un nuevo síndrome que jamás los debería afectar: el temor a la interpretación o calificación que el Comandante Civil dé a la mala información o a las falsas imputaciones, que en esta ocasión provienen de la insurgencia y en el futuro podrían originarse en la autodefensas”.
Y Uribe tenía, en parte, razón, porque las denuncias acabaron en imputaciones, lo que llevó a la justicia profirió orden de captura contra Del Río, que se hizo efectiva el 21 de julio de 2001. La detención se basó en las pruebas acopiadas por la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía tras tres años de investigación por su participación en el asesinato y desaparición de decenas de personas durante los años 1996 y 1997, cuando se desempeñó como comandante de la Brigada XVII. No obstante, fue excarcelado el 6 de agosto del 2001 y el 9 de marzo de 2004 el entonces Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio Isaza, precluyó la investigación.
No obstante, la entrada en vigencia de la Ley 975, llamada de Justicia y Paz, con la cual se comenzó a juzgar a los paramilitares por los hechos cometidos durante su pertenencia a las Auc, uno de los primeros nombres que surgieron en las confesiones de algunos jefes de esa organización ilegal fue el de Rito Alejo Del Río. Pero, contrario a lo dicho por Uribe Vélez, no fueron falsas imputaciones y ante la contundencia de los señalamientos, el exgeneral Del Río fue apresado nuevamente el 4 de septiembre de 2008, esta vez para que respondiera por el crimen del campesino Marino López Mena, perpetrado el 27 de febrero de 1997 en la zona de Bijao Atrato Medio antioqueño.
Uno de los primeros en señalarlo fue Salvatore Mancuso, miembro del Estado Mayor de las Auc, quien en diversos relatos, tanto en el país como desde Estados Unidos, ha sostenido que se reunió varias veces con Del Río, en una ocasión en la finca La 21, ubicada en el municipio de San Pedro de Urabá. Allí estuvieron, además, Carlos Castaño y Freddy Rendón, alias ‘El Alemán’. Según él, hablaron de la expansión paramilitar en Urabá. Según Mancuso, el oficial llegó en un helicóptero civil, pero él llevaba su uniforme militar.
A Mancuso se sumó Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quien comandó el Bloque Elmer Cárdenas de las Auc y entregó detalles de cómo se orquestaron las operaciones Génesis, adelantada por tropas de la Brigada XVII, y Caracarica, realizada por paramilitares, y llevadas a cabo entre el 24 y el 28 de febrero de 1997, contra el fortín del Frente 57 de las Farc ubicado en los caños Salaquí, Cacarica y Truandó, Atrato Medio chocoano. En desarrollo de ellas fue asesinado Marino López Mena.
Alias ‘El Alemán explicó ante fiscales de la Unidad de Justicia y Paz que entre 1995 y 1997 los paramilitares coordinaron con altos mandos de la Brigada XVII acciones ofensivas contra la guerrilla de las Farc: “Rodrigo Doblecero, Elmer Cárdenas, Carlos Correa y yo nos reunimos con el general Rito Alejo Del Río para coordinar la operación Cacarica realizada en febrero de 1997”.
El nivel de connivencia al parecer fue tan estrecho que en mayo del 2010, durante una audiencia de Justicia y Paz, alias ‘el Alemán’ confesó que le había enviado un mensaje al Exgeneral para que contara la verdad sobre lo ocurrido en Urabá.
“Me parece, General, que ya es tiempo de que usted diga la verdad. En un acto de franqueza y de amistad con usted General, le mando decir que ya no hay cómo seguir callando una verdad que es conocida a pedazos”, sostuvo el jefe paramilitar. Sin embargo, el oficial nunca habló al respecto, por el contrario, se sostuvo en sus afirmaciones, entre ellas que nunca había tenido información concreta sobre la presencia de grupos paramilitares en Urabá.
No obstante, el Juez Octavo del Circuito Especializado de Bogotá conceptuó, una vez valoradas las pruebas, que Del Río tuvo un ‘contubernio’ con los paramilitares en Urabá y que incluso llegó a ser el jefe de una “fuerza mixta”, asunto que llevó al oficial a pasar de “pacificador” a condenado.
