Aunque hace unos días el Director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) afirmó que el Estado desconocía dónde estaba la acumulación de baldíos, la Contraloría le refrescó la memoria en una reciente petición y le aclaró dónde están por los menos 33 casos y en manos de quién; además, le exigió actuar en contra de esas presuntas irregularidades.
La Contraloría advierte en un reciente informe sobre 123 mil hectáreas de baldíos presuntamente acumulados, es decir, que violan los topes estipulados por la Ley Agraria. El organismo de control le pide a la Agencia revisar los 33 casos que suman esta extensión de tierra. Foto: archivo Semana.Hace justo una semana, Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), le dijo a VerdadAbierta.com que el Estado no tenía idea dónde estaba la acumulación de baldíos en el país. Pero se equivocaba. La Contraloría General de la República le acaba de mostrar 33 casos de posibles baldíos acumulados al parecer de manera irregular que el organismo de control ha documentado y advertido desde 2013, y le solicitó que tome cartas en el asunto.
Los llamados baldíos son las tierras de la Nación con los que el gobierno nacional puede garantizar la reforma agraria, es decir, la entrega de tierras a comunidades campesinas, indígenas y afros que carecen de ésta o tienen insuficiente. No obstante, miles de hectáreas han sido adquiridas bajo aparentes mecanismos fraudulentos no sólo por particulares, sino por grandes empresarios.
La situación quedó en evidencia tras la petición que le ha hecho la Contraloría a la ANT para que “adelante las acciones judiciales dirigidas a anular las ventas de predios de origen baldío en aquellos casos en que se verifique acumulación indebida de Unidades Agrícolas Familiares, o enajenaciones efectuadas por adjudicatarios originales sin el lleno de los requisitos legales”.
La investigación solicitada se basa en la situación de 322 predios, que comprenden 123.482 hectáreas, en los departamentos de Córdoba, Meta, Caquetá, Vichada y Antioquia, donde particulares y empresarios presuntamente violaron la Ley Agraria o Ley 160 de 1994, al adquirir más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF). La situación había sido advertida por la Contraloría Delegada del Sector Agropecuario durante los años 2013, 2014 y 2015
Las UAF fueron creadas para definir el máximo de tierra que puede adjudicársele a una familia sujeta de reforma agraria. Acumular UAF va en contravía de la redistribución de la propiedad, es decir, de la reforma agraria prometida en la Ley 135 de 1961.
El organismo de control también le envió el informe a la Fiscalía y la Procuraduría para que, en caso de probarse la acumulación o las enajenaciones irregulares,determinen si “existe responsabilidad penal o disciplinaria por parte de funcionarios públicos”, y actúen en consecuencia.
La acción de la justicia podría ampliarse a funcionarios que habrían participado en las presuntas irregularidades, entre ellos notarios y registradores públicos. Una fuente consultada en la Contraloría aseveró al respecto: “Yo me resisto a creer que una transacción de concentración que viola la Ley 160 de 1994 se haya perfeccionado sin pasar por las manos de un notario o de un registrador. En estas transacciones hay una cantidad de actores, públicos y privados, que tuvieron que haber visto las irregularidades”.
Entre las propiedades cuestionadas se encuentra las del banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien, a través de la Organización Pajonales, se hizo a la posesión de 22.843 hectáreas en Puerto López, Meta; también las del brasileño Sergio Joao Marchett, con su firma Mónica Colombia, por 12.238 hectáreas, en Puerto Gaitán, Meta; y las del particular Félix Trujillo Penagos, quien posee 14.644 hectáreas, en San Vicente del Caguán, Caquetá, entre otros.
Entre los 33 casos también se registra una supuesta irregularidad de la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo en la posesión de 103 hectáreas entre los municipios de San Carlos yMontería, en Córdoba, en la que tiene participación el expresidente y Senador Álvaro Uribe Vélez.
Luces y sombras
El Estado fue despojado de por lo menos un millón 200 mil hectáreas. La Corte ha insistido desde hace tres años en la necesidad de que la institucionalidad agraria. Foto: archivo Semana.Aunque el reciente informe de la Contraloría da luces sobre nuevos casos en Córdoba como la Sociedad Agropecuaria El Ubérrimo y Cerro Matoso S.A., así como en Caquetá con varios particulares; en el reciente documento, el organismo deja por fuera otros como Ingenio Riopaila, Aceites Manuelita y La Fazenda, ya puestos bajo la ‘lupa’ en los informes anteriores.
En su pronunciamiento sobre el “daño fiscal”, dado que los baldíos son patrimonio de la Nación, la Contraloría se contradice. Esta vez indica que el “daño fiscal” no aplica porque una vez el Estado adjudica un baldío la propiedad sale del patrimonio de la Nación y desde ese momento las transferencias de tierras ocurren entre particulares. (Lea el comunicado actual de la Contraloría, página 2).
Pero otra fue la postura de la Contraloría 2014 y 2015. En febrero de 2014, el organismo de control advirtió que la empresa Mónica Colombia creó siete Sociedades Anónimas Simplificadas (SAS) no sólo para acumular 13 mil hectáreas en Puerto Gaitán, Meta, sino además para acceder a créditos agrarios con una tasa de interés subsidada, al clasificarse en el rango de mediano productor.
“El Grupo Empresarial Mónica Colombia fue beneficiario de subsidios e incentivos financiados con recursos públicos, adquiridos de manera irregular. La Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario mediante Auto N.001 del 14 de noviembre de 2013 abre proceso de responsabilidad fiscal por la suma de 3.659 millones de pesos”, indica. (Lea informe de la Contraloría febrero de 2014, página 164).
La advertencia fue tenida en cuenta por la Superintendencia de Sociedades, que ordenó a Mónica Colombia a restituirle 2 mil 076 millones de pesos al Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).
En el informe de mayo de 2015, la Contraloría continuó con esta postura, en esta ocasión señalando que sobre el entonces Incoder recaía responsabilidad fiscal cuando por acción u omisión algunos de sus funcionarios permitieron la adjudicación irregular de baldíos o no hicieron la respectiva vigilancia para garantizar que estos fueran aprovechados por sujetos de la reforma agraria. (Lea Informe de la Contraloría mayo de 2015, páginas 16 y 17)
Este llamado de la Contraloría, sumado al de la Procuraduría Agraria, fueron referente para que el presidente Juan Manuel Santos, en diciembre de 2015, anunciara la liquidación del Incoder y creara una nueva institución, la Agencia Nacional de Tierras. (Lea más en: Incoder, presunto detrimento patrimonial por no recuperar baldíos y Procuraduría Agraria, a la ‘yugular’ del Incoder)
El debate agrario
En una caja envuelta como un regalo, 13 organizaciones del Caribe colombiano, lideradas por mujeres, presentaron mil cartas a la Corte Constitucional explicando las razones por las que consideran inconstitucionales las Zonas de Desarrollo Económico y Social, Zidres. Foto suministrada Colectivo Mujeres al Derecho.La Contraloría presenta el informe justo en medio del debate del Decreto Ley Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales, cuestionado por algunos congresistas, académicos y organizaciones campesinas y étnicas, al considerar que la propuesta es una apuesta por desconocer el mandato constitucional de los baldíos para favorecer a empresas y particulares que acumularon UAF, y lograr implementar con más garantías las también cuestionadas Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social (Zidres), creadas por la Ley 1776 de 2016. (Lea: El proyecto que ataca el ‘alma’ de la reforma agraria integral; Gobierno promueve cuestionado proyecto de ordenamiento rural, y Las potenciales regiones para crear Zidres).
La discusión se deriva precisamente del cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las Farc. En éste, las partes reconocen que la violencia y el conflicto armado en Colombia se atizaron por la falta de acceso a tierras, por lo que que promete retomar la fallida reforma agraria para esta vez lograr una Reforma Rural Integral (RRI). Impulsar la RRI requiere recuperar los baldíos acumulados, pues la reforma promete la redistribución de 3 millones de hectáreas durante los primeros 10 años de la implementación del Acuerdo (Lea: La tarea titánica de cumplir con el punto agrario y El lío de organizar los baldíos en Colombia).
Sin embargo, el Decreto Ley que busca ponerle los “dientes” a la Reforma sigue en discusión, así fue registrado en el primer boletín emitido el pasado 5 de mayo por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificacion a la Implementación (Csivi). Esta Comisión, integrada por por tres miembros del gobierno nacional y tres de las Farc, es la que puede hacer ajustes a la propuesta de tierras antes de que esta tenga su trámite legislativo extraordinario (fast track) en el Congreso de la República. (Lea el boletín de la Comisión y el borrador de Decreto)
Mientras la propuesta es revisada, las comunidades campesinas acuden a la Corte Constitucional, donde cursan otras tres demandas de inconstitucionalidad a la Ley Zidres. El martes 9 de mayo, 13 organizaciones del Caribe colombiano, lideradas principalmente por mujeres, le entregaron un “regalo” al Tribunal. En una caja envuelta como un presente, depositaron mil cartas en las que narran por qué las Zidres afectarán el progreso de sus comunidades. Las mujeres campesinas están a la expectativa del pronunciamiento de los magistrados, pues en febrero la Corte avaló esta figura en respuesta a una primera demanda.
Al debate de los baldíos se suma la actuación de instituciones como la Superintendencia de Notariado y Registro, que el pasado 27 de abril ordenó a los registradores de instrumentos públicos no inscribir las acumulaciones en aquellos predios que fueron adjudicados antes de 1994. En la “instrucción administrativa” firmada por Jairo Mesa, Superintendente Encargado, insiste en que hace una interpretación de la Ley 160 de 1994 y que las acumulaciones de baldíos sólo se prohíben desde la entrada en vigencia de esa Ley. (Lea la instrucción aquí)
Lo que Mesa pasa por alto en su decisión, es que la creación de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) data de 1961, pues el Artículo 29 de la Ley 135 fijó para entonces 450 hectáreas como el máximo de tierra adjudicable por familia. En 1994, el Incora siguió con esta medida, sólo que la actualizó en 1996, consideraron que la extensión de la UAF debe ser proporcional a la potencialidad productiva de cada territorio (Lea la Resolución 041 de 1996). En la práctica, la orden de Mesa deja por fuera del registro las posibles acumulaciones que pudieron ocurrir en 33 años.
Estas discusiones sobre el tema agrario dejan abiertos los interrogantes sobre las complejidades de aterrizar los Acuerdos de La Habana en los territorios. Aunque en el papel el punto agrario promete una redistribución de la propiedad, en terreno son cadavez mayores los conflictos por la tierra. (Lea: En El Guayabo, 120 familias le temen a desalojos y a amenaza y Proceso de tierras de Las Pavas, atrancado en el Consejo de Estado)
 afirmóque el Estado desconocía dónde estaba la acumulación de baldíos, la Contraloría le refrescó la memoria en una reciente petición y le aclaró dónde están por los menos 33 casos y en manos de quién; además, le exigió actuar en contra de esas presuntas irregularidades.){kind=link}