La masacre de ocho campesinos que se oponían a la erradicación forzada de sus cultivos ilícitos en ese municipio de Nariño sacó a flote una fuerte barrera para la implementación del proceso de paz firmado con las Farc: sustituir en áreas que tienen protección jurídica y que están ocupadas por terceros, y sobre las cuales el Estado ha sido incapaz de resolver el problema.
Tumaco ha puesto de presente otro duro obstáculo que debe sortear la implementación del proceso de paz y está relacionado con el enredo territorial en las regiones. Foto: archivo Semana.En la región de Alto Mira, zona rural del puerto nariñense en frontera con Ecuador, el gobierno nacional comenzó al revés la tarea de atacar el problema de la proliferación de sembradíos de hoja de coca para uso ilícito: antes que llevar contingentes de soldados y policías para intensificar la erradicación forzada, debió solucionar el problema de la tenencia de la tierra, que ha enfrentado a comunidades afros ancestrales y a colonos durante los últimos 17 años, y así abrirle camino a la sustitución voluntaria.
Pero se necesitó el sacrificio de ocho vidas aquel dramático 5 de octubre en la vereda El Tandil para que el Estado le pusiera atención a un conflicto que durante años ha estado allí, invisible a quienes gobiernan desde Bogotá: las implicaciones que tiene desarrollar proyectos productivos por parte de ‘foráneos’ que ocupan de hecho territorios blindados jurídicamente, como consejos comunitarios, resguardos indígenas y parques nacionales naturales. (Ver más en: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Sin proponérselo, Tumaco se ha convertido en el principal laboratorio para la implementación del Acuerdo Final que firmaron el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc el pasado 24 de noviembre en Bogotá para terminar una guerra de más de 50 años; además de sufrir todos los males del conflicto armado, presenta un enredo territorial en el que de por medio hay vastos cultivos de hoja de coca y grupos armados ilegales interesados en las actividades del narcotráfico en toda su cadena.
La masacre de los labriegos, de la que aún se desconocen los responsables, aunque las evidencias y los testimonios apuntan a miembros de la Policía Nacional, ocurrió en tierras del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, reconocido formalmente en 2005 por el Incoder tras una intensa gestión de ese pueblo afro del Pacífico nariñense, pero al que llegaron años atrás colonos provenientes de los departamentos de Putumayo, Caquetá y Meta que huyeron de las aspersiones aéreas a los cultivos de hoja de coca en desarrollo del Plan Colombia que inició el entonces presidente Andrés Pastrana (1998-2002) con el apoyo económico del gobierno de Estados Unidos.
Un investigador que conoce en detalle la región del Pacífico, que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad, le explicó a VerdadAbierta.com que ese “repoblamiento” en áreas del consejo comunitario fue orquestado por las Farc: “Se llevaron a los campesinos que cultivaban coca en los departamentos fumigados a los territorios de Bajo Mira y Alto Mira. La situación fue de tal magnitud que, en 2008, la Procuradora de Nariño denunció el repoblamiento de campesinos en los territorios étnicos y la creación de Asominuma (Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje). Al año siguiente, las Farc sacó a la Junta Directiva del consejo comunitario y todos sus líderes fueron desplazados. El presidente del consejo nunca pudo regresar”.
En el primer año de la implementación del Acuerdo Final, 146 personas han sido asesinadas en Tumaco. Foto: archivo Semana.A pesar de ese contexto y después de la masacre, el gobierno nacional dijo que no podía adelantar labores de sustitución de cultivos de hoja de coca en tierras de colonos debido a que se encuentran dentro de un territorio colectivo protegido por la ley. Sin embargo, durante varios meses, representantes de Asominuma participaron en varios encuentros con voceros del gobierno nacional, las Farc y Naciones Unidades, sin objeción alguna.
Un líder afro de Alto Mira y Frontera, que se encuentra en el exilio por amenazas de muerte, cuestionó ese actuar del gobierno nacional: “Habla de sustituir con los campesinos que llegaron de afuera, pero ¿en qué territorio piensa poner esos proyectos productivos si se los llega a dar? ¿En un territorio titulado legalmente a una comunidad afro? Allí hay una total incoherencia por parte del gobierno y debe tratarla antes de hacer reuniones con los campesinos. Tampoco se ha hecho la diferencia de cuáles campesinos llegaron a trabajar las tierras y cuáles llegaron directamente a explotar la coca”.
Al respecto, Yamile Salinas Abdana, experta en tierras y consultora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), le dijo a este portal que los campesinos no pueden adelantar proyectos productivos dentro del consejo comunitario, como se contempló inicialmente, porque “constitucionalmente los territorios afros e indígenas son inembargables, imprescriptibles e inadjudicables. Las autoridades en los territorios étnicos son sus propias autoridades, el modelo de desarrollo es el que ellas se quieran imponer”.
Por esa razón, Salinas planteó que la alternativa más viable que tienen los campesinos para vivir dignamente es la reubicación por fuera de los territorios colectivos para que desarrollen cultivos legales que sustituyan la hoja de coca. Ese planteamiento es compartido por Pedro Arenas, director del Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos de Indepaz: “La única opción sería suscribir pactos con ellos sobre la base de que el proyecto productivo se ejecute por fuera del territorio colectivo. Ante esa propuesta, el gobierno tendría que disponer de tierras para asignárselas a esos colonos”.
Tras varias reuniones de representantes del gobierno nacional, encabezadas por el vicepresidente de la República, Óscar Naranjo, quien sesionó por más de una semana en Tumaco, con voceros de las comunidades, el tema del saneamiento de la tierra al parecer fue asumido con seriedad y se trazaron estrategias para resolverlo.
El pasado sábado, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció que hará un censo de la mano de Asominuma para registrar a más de tres mil personas y que tan pronto esté listo iniciará el programa de compra de tierras para la reubicación de los colonos. Además, el director de esa entidad, Miguel Samper Strauss, declaró que “un grupo de topógrafos de la Agencia estará en Tumaco para iniciar un proceso de delimitación y exclusión de los polígonos de los colonos de Alto Mira y Frontera”.
Para ayer se tenía previsto desarrollar una Mesa de Tierras en Tumaco con funcionarios de varias entidades del gobierno central, pero por problemas de transporte aéreo se canceló y fue reprogramada para hoy.
Visión de Asominuma
Los campesinos asesinados el pasado 5 de octubre pertenecían a la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma), organización que participó previamente en el proceso de sustitución de cultivos ilícitios y había pedido concertarlo con el gobierno nacional para aterrizarlo a sus dimensiones locales. Foto: archivo particular.Un líder de esa asociación, que pidió no ser identificado, se mostró sorprendido por los anuncios de la ANT porque, según él, en ningún momento han concertado con la comunidad la realización de un censo y mucho menos la posibilidad de ser trasladados a otra región: “eso debe ser por la presión para sacar un comunicado, que es muy riesgoso porque no se concertó con las comunidades”, y agregó que “ellos creen que salen de sus escritorios, llegan a la región, dicen algo y ya estuvo, pero no tienen en cuenta el entorno. Con la Asociación eso no se concertó, yo hablé con el Presidente (de Asominuma) y con otros líderes, y eso no se concertó”.
Sobre la posibilidad de ser trasladados, aseguró que les genera mucha desconfianza porque el Estado no ha logrado ni siquiera la restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado y porque en el país no hay precedentes de una reubicación masiva. Por eso, a su juicio, la única solución válida que tiene esta situación es que el gobierno nacional les compre esas tierras a los afros para cedérselas: “no sabemos si el gobierno esté dispuesto a hacer esa inversión porque estaríamos hablando de siete mil hectáreas de las 27 mil que tiene el consejo”.
Por otro lado, este líder no desconoce que a la región hayan llegado campesinos de la mano de las Farc, pero aclaró que no es la totalidad de los nueve mil que están en la región: “Hay gente que lleva más de 20 o 30 años allí; hay gente que vino desplaza por las fumigaciones de Putumayo y de Caquetá; las Farc tendrán que decir en la parte de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición cuántos campesinos llevaron ellos, porque los que llevaron son sus familias y sus conocidos. Ellos se movilizaban con sus familias y eso les brindaba seguridad, porque no podían tener a sus familias a kilómetros sin saber que no iban a volver. Debe haber un grupo pequeño de 400 familias que llevaron ellos”.
Y agregó que, además de esa “bandera” que les quieren colgar, la de que todos llegaron a Alto Mira y Frontera por las Farc, también les quieren poner la que los señala como el brazo político de la Columna Móvil Daniel Aldana: “Las dos cosas son falsas, puede haber un pequeño grupo que llegó con ellos como familia y conocidos, pero es una minoría comparado con los más de nueve mil campesinos que estamos en el territorio”.
Lo particular es que una de las Zonas Veredales de Transición y Normalización, que hoy se conocen como Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, donde se concentraron decenas de guerrilleros de la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc en camino a la vida legal, fue instalada en vereda La Playa – La Variante, un área estratégica que tiene salida al río Mira y que si bien hace parte del consejo comunitario Alto Mira y Frontera, es habitado por campesinos. (Leer más en: Zona para las Farc: condimento de líos de tierras en Tumaco)
Por último, sobre los topógrafos que anunció Samper Strauss, el líder de Asominuma dijo desconocer con quiénes concertaron su ingreso a la región, y solicitó que se clarifique cuáles son y en dónde están los 140 títulos de propiedad que supuestamente no deberían ser parte del consejo comunitario, pero que están dentro de él, según lo estipula su resolución de constitución firmada por el Incoder en 2005.
Óptica afro
José Jair Cortés y Genaro García, dos líderes visibles del consejo comunitario asesinados tras haber estado desplazados por amenazas de muerte. Fotos de archivo particular.La difícil situación de seguridad que padecen los miembros de la Junta de Gobierno del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera (desplazados en su totalidad desde hace meses) y agravada por el asesinato de José Jair Cortés en días pasados, ha llevado a los sus voceros a no exponerse ante los medios de comunicación. Para sortear la situación, VerdadAbierta.com consultó a conocedores de la situación, quienes, con el compromiso de no ser identificados, decidieron explicar lo que ocurre.
“Lo primero que se debe tener en cuenta es que al territorio bajo jurisdicción del consejo comunitario llegaron masivamente en el año 2000 colonos con la firme intención de sembrar hoja de coca. Ese territorio, históricamente, había sido y es de comunidades ancestrales afrodescendientes; a pesar de ello, los colonos comenzaron a ocupar estas tierras de forma irregular”, indicó una de las fuentes consultadas.
Si bien dentro del área reconocida como consejo comunitario hay un predio privado de 200 hectáreas en la vereda El Azúcar, un resguardo indígena con el cuál las comunidades han convivido de manera pacífica y varios predios de menor cantidad de hectáreas de persona nativas que decidieron no hacer parte en el momento de titulación colectiva, la situación comenzó a enrarecerse cuando la organización Asominuma, que reivindica los intereses de los colonos, comenzó a presentarse como autoridad legítima en el territorio. Con el paso de los meses, el problema se agudizó debido a que en las áreas bajo representación de esta asociación siempre existió el control armado de las Farc.
Pese a la presencia de ese grupo guerrillero, los líderes afro, aseveraron las personas consultadas, siempre han estado al frente del territorio y sus comunidades cuando las condiciones lo han permitido, pero, durante años, grandes zonas del consejo comunitario fueron ocupadas por los colonos de manera que impedían el ejercicio del gobierno propio de Alto Mira y Frontera.
“El consejo comunitario tiene una titularidad sobre el territorio legítima y, por lo tanto, se constituye en la única autoridad. Cualquier asociación debe reconocer este hecho y acogerse a las normas del consejo”, dijo uno conocedor del tema y reiteró que, si bien los colonos se organizaron en Juntas de Acción Comunal, esta figura es ilegal porque en territorios de comunidades negras con titulación colectiva no pueden existir.
“En las regiones cocaleras es donde se han intensificado las amenazas, desplazamientos, confinamientos y asesinatos de líderes”, sostiene uno de los consultados. “Por esa razón el consejo no ha gozado de las condiciones para ejercer gobierno propio”. A juicio de quienes decidieron hablar con este portal, todo parece indicar que “existe un plan de exterminio contra la comunidad negra para poder sembrar coca y reivindicar otros intereses políticos”. Y recordaron que, como consecuencia de la defensa del territorio colectivo, han sido asesinados cinco miembros de Junta de Gobierno y más de diez líderes en los últimos años. (Ver más en: “Las muertes de líderes son excesivas en Tumaco”)
Si bien el clima de tensión ha pervivido por cerca de 17 años, en diversos momentos se han tramitado intentos de acuerdos y convivencia, “pero nunca se ha solucionado de manera definitiva el conflicto territorial”, reiteró uno de los consultados. El asunto fue llevado a la mesa de negociaciones que adelantaba el gobierno nacional con la guerrilla de las Farc en La Habana y luego de varias discusiones, las diferencias fueron consignadas en el Capítulo Étnico del Acuerdo Final.
“Como un gesto de voluntad de paz, reparación y humanidad, el Gobierno Nacional, las FARC-EP y las organizaciones representativas de los pueblos étnicos se comprometen a desarrollar un programa de asentamiento, retorno, devolución y restitución de los territorios del pueblo indígena Nukak, el pueblo Embera Katío del Alto San Jorge Resguardo Cañaveral, así como del territorio del Consejo Comunitario Alto Mira y Frontera y Curvaradó y Jiguamiandó”, se lee en el Acuerdo. (Ver: Acuerdo con las Farc tiene Capítulo Étnico)
El líder afro que lleva años exiliado, entiende que este punto indica que “se tiene que reubicar a los campesinos y sanearnos el territorio”. Y, al respecto, hizo un cuestionamiento adicional: ¿El gobierno verificó cuáles campesinos dejaron tierras en Putumayo, Caquetá y otras regiones? Supuestamente en Caquetá hay una vereda La Montañita y los campesinos de esa zona que se fueron a Alto Mira y Frontera crearon su vereda La Montañita; también hicieron lo mismo los de Puerto Rico y empezaron a construir allí. Hay una situación bien compleja: la pregunta es, ¿esos campesinos que dejaron tierras allá pueden volver?”.
Por su parte, las fuentes consultadas conocedoras de la situación consideraron que si el traslado de los colonos, tal como lo anunció la ANT, es una consecuencia de lo pactado en el Capítulo Étnico de lo pactado en La Habana, están de acuerdo: “Se debe puntualizar que el consejo comunitario busca una ruta que permita el saneamiento territorial de su título colectivo. Es ahí donde deben buscarse los acuerdos para que la comunidad negra puede ejercer su territorialidad colectiva. Y, por lo tanto, debe encontrarse una solución justa para los colonos”.
¿Implementación al revés?
Está próximo a cumplirse el primer aniversario de la implementación del Acuerdo Final, el cual fue suscrito por el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y el entonces jefe máximo de las guerrillas de las Farc, Timoleón Jiménez, más conocido como ‘Timochenko’. Foto: Presidencia.Ante el caso del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, Pedro Arenas, quien desde hace varios años ha monitoreado la situación de los cultivos de uso ilícito en el país y a quienes subsisten de ellos, estimó que “se abre una ventana muy grande para hablar sobre qué hacemos con todos los que están donde no deberían estar. La discusión es sobre la tierra, más que sobre la erradicación o la sustitución”.
Y sugirió que para resolver el problema de fondo se debe poner a funcionar inicialmente el Punto 1 del Acuerdo Final, relacionado con la Reforma Rural Integral y, en especial, el denominado Fondo de Tierras, para asignarle parcelas a quienes no tienen. “El lío es que cuando se le dice al gobierno que disponga tierras y motive a los campesinos a salir del consejo comunitario con tierras y proyectos productivos lícitos, la respuesta que hemos escuchado hasta ahora es que no hay tierras, que el Fondo de Tierras no despega y que no tienen plata para comprar tierras. Esa pregunta hay que trasladársela a la ANT”, le dijo a VerdadAbierta.com. (Ver más: El difícil horizonte del Fondo de Tierras para la Paz)
Asimismo, cuestionó el hecho de que el gobierno nacional suscriba acuerdos con campesinos que tienen hoja de coca en zonas donde no deben estar: “El lío ahí es de tierras, más que de la economía ilegal. Se debe hacer saneamiento de los territorios colectivos, porque el problema no es únicamente para Alto Mira y Frontera, es una situación presente en resguardos indígenas en Cauca y la Amazonía, en consejos comunitarios de comunidades negras en todo el Andén Pacífico, y también de las 25 mil familias que están en los parques nacionales naturales”. (Ver, por ejemplo, El Paramillo, un nudo difícil de deshacer)
En ese sentido, Arenas advirtió que, a raíz del fuerte incremento de cultivos de coca que pasó de 96 mil hectáreas en 2015 a 148 mil en 2016, según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), más las presiones del gobierno de Estados Unidos para reducir las hectáreas sembradas y su amenaza de descertificar al Estado colombiano en la lucha contra las drogas, la implementación del acuerdo firmado por las Farc comenzó con el punto de solución al problema de las drogas ilícitas, a la par de operativos de erradicación forzada, en vez del punto agrario.
“El acuerdo de paz estableció que el Punto 4 (solución a las drogas ilícitas) está atado al Punto 1 (Reforma Rural Integral)”, pero a juicio de este especialista, las entidades estatales están trabajando desarticuladas, situación que advirtió también a este portal Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia. (Leer más en: “La frustración con la implementación de la paz es explosiva”)
Arenas puso como ejemplo lo que viene ocurriendo en el departamento de Antioquia: “Es inadmisible que el PNIS (Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito) tenga una agenda de sustitución, y a su vez la Agencia de Renovación Territorial (ART) tenga otra completamente ajena al proceso de sustitución, cuando son una sola cosa. En Antioquia hay reuniones del programa de sustitución y, por su parte, la ART hace las suyas, como si no tuviera que ver con el tema de la transformación estructural de la vida en los territorios, sobre todo en la superación de la dependencia económica de esos cultivos”.
Y de paso cuestionó la efectividad de la erradicación forzada, la cual detonó la masacre de los ocho campesinos: “En el pasado se han hecho muchos esfuerzos en materia de erradicación forzada y las metas que se alcanzan no son sostenibles porque la gente resiembra en la medida de que no le ofrecen oportunidades. La discusión de fondo es el Punto 1, el Desarrollo Rural Integral”.
En un sentido similar se expresó su colega Salinas: “Allá (en Tumaco), como diría Naciones Unidas, se da la incongruencia vertical y horizontal del Estado. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho mal. Si se revisan los documentos del Plan de Consolidación, y lo que están haciendo Rafael Pardo (Ministro del Posconflicto) y Eduardo Díaz (Director de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos), son las mismas cosas que ya fracasaron: montaron militares y proyectos que no sirvieron”. (Leer más en: Qué le falta a la Política de Consolidación)
La grave situación social y económica de Tumaco estará hoy nuevamente en la agenda del país en dos escenarios: en la Mesa de Tierras que se instalará en el puerto nariñense con funcionarios de alto nivel del gobierno nacional que intentarán, con las comunidades, destrabar el lío de la sustitución; y en Bogotá, durante un debate de control político en el Congreso de la República en el que se le pedirán cuentas a funcionarios del alto gobierno por lo ocurrido en la vereda El Tandil el pasado 5 de octubre, donde fueron asesinados los ocho campesinos, y los avances en el programa de sustitución voluntaria de hoja de coca.
Sobre el devenir de la solución al problema de cultivos de coca en Alto Mira y Frontera, un funcionario de la Agencia para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, le dijo a este portal que “el cómo se implemente el programa en esa región va a depender de las conclusiones de la Mesa de Tierras que inicia este miércoles. En últimas, nos va a definir cuál es la situación de las comunidades y qué tiempos va a demandar hacer un saneamiento territorial. En virtud de eso trazaremos una hoja de ruta para trabajar con esas comunidades”.
