En la misma región donde fueron asesinados seis campesinos que se oponían a la erradicación forzada de cultivos de hoja de coca, fue ultimado este líder del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera. La organización afrodescendiente y la víctima habían denunciado reiteradamente amenazas de muerte. Al parecer, en el puerto nariñense sobre el Pacífico se consolidó primero el crimen organizado que el Estado colombiano.
José Jair Cortés, líder del consejo comunitario Alto Mira y Frontera asesinado en la zona rural de Tumaco, Nariño. En ese municipio denuncian que a lo largo de este año han ocurrido 145 homidicios. Fotos: archivo particular y revista Semana.
La región de Alto Mira y Frontera, zona selvática del corregimiento de Llorente, se ha convertido en un escenario sangriento y lleno de zozobra al ‘alba’ del denominado posconflicto, tras la desaparición de las Farc como grupo alzado en armas. Mientras los campesinos todavía lloran sus muertos, asesinados por oponerse a la erradicación forzada de los cultivos de denominado uso ilícito que les da su sustento, la tragedia toca a sus vecinos, los afrodescendientes, con quienes comparten el territorio en esa empobrecida zona tumaqueña. (Ver: Tumaco, atrapado entre sustitución y erradicación de cultivos ilícitos)
Cortés, quien desde hace dos periodos se desempeñaba como vocal de la Junta de Gobierno del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, fue asesinado en la tarde de este martes en la vereda El Restrepo. El crimen ocurrió a pesar de que contaba con esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de que los líderes de ese territorio colectivo habían denunciado la situación extrema en la que se encuentran. Por el momento se desconocen los detalles de este crimen.
El principal motivo de las amenazas está relacionado con su apoyo y el de la Junta de Gobierno al programa de sustitución de cultivos de hoja de coca que está adelantando el gobierno nacional en desarrollo de la implementación del acuerdo pactado con la guerrilla de las Farc para buscar ponerle fin al problema de las drogas ilícitas.
La situación de riesgo había sido advertida desde finales de agosto por los 12 miembros de la Junta de Gobierno del consejo comunitario quienes tuvieron que desplazarse al casco urbano de Tumaco en busca de protección de las autoridades.
VerdadAbierta.com accedió a documentos que dan cuenta que en una sesión del pasado 28 de septiembre del Comité de Justicia Transicional de Tumaco, al que asisten diversas entidades del Estado y organismos humanitarios, se conocieron las amenazas contra los representantes de la Junta de Gobierno, “por parte de un actor armado ilegal de la zona dedicado al negocio del narcotráfico”.
Según lo denunciado, los hechos ocurrieron a mediados de septiembre, “cuando las personas de algunas veredas fueron citadas por un nuevo actor armado ilegal a una reunión donde se les informó que desde cada vereda deberían delegar a 30 personas para que se movilicen y se opongan, incluso a través del uso del a violencia, a las jornadas de erradicación que se están llevando en la zona de Alto Mira y Frontera”.
De acuerdo con relatado, en esa reunión varias comunidades afrodescendientes se resistieron, razón por la cual “declararon objetivo militar a los miembros de la Junta de Gobierno y a algunos líderes y lideresas”. Fuentes consultadas al respecto le contaron a este portal que los lideres están confinados en una casa en Tumaco y presentan cuadros de estrés e hipertensión.
Además, un líder del consejo comunitario, que pidió mantener en reserva su identidad, le contó a este portal que un hombre identificado con el alias de ‘Cachi’, quien es conocido en la región como un ‘narco puro’, amenazó con matar a dos personas de cada comunidad, si no apoyaban las movilizaciones que se oponían a la erradicación de cultivos, las cuales posteriormente derivaron en la masacre del pasado 5 octubre. “Por apoyar la sustitución de cultivos, nos señalan de ser responsables de las operaciones de erradicación en la región”, indicó.
Como si fueran poco esas advertencias, los líderes afro expusieron nuevamente su situación de vulnerabilidad la semana pasada en el Comité de Justicia Transicional de Tumaco, el cual sesiona de manera permanente desde el 9 de octubre; y seguramente el vicepresidente de la República, el general (r) Óscar Naranjo, debió ser alertado de la misma, pues tras la masacre de los campesinos, trasladó durante siete días su despacho a ese municipio.
Las amenazas y el asesinato de Cortés no son los únicos golpes que ha padecido la Junta de Gobierno de ese consejo comunitario que fue reconocido jurídicamente por el Incoder en 2005 y que ha librado diferentes batallas para proteger su territorio. (Ver: Comunidades afro, tras tierras ancestrales en Nariño y Protegiendo territorios étnicos a punta de demandas)
El 3 de agosto del año pasado, durante las negociaciones de paz en La Habana, Cuba, hombres de la Columna Móvil Daniel Aldana de las Farc asesinaron a Genero García, quien se desempeñaba como representante legal del consejo comunitario. García estuvo desplazado un año en Bogotá y regresó a trabajar por su comunidad tras recibir protección otorgada por medidas cautelares. (Ver: “Las muertes de líderes son excesivas en Tumaco”)
Tras conocerse la noticia del asesinato de José Jair Cortés, el gobernador Nariño, Camilo Romero, le pidió a las autoridades que esclarezcan este crimen y señaló que les “afecta profundamente esta muerte, justamente días después de habernos reunido con él y los demás miembros de esta Junta de Gobierno correspondiente al territorio donde recientemente se presentaron los dolorosos hechos que dejaron seis campesinos muertos y decenas de heridos”.
El gobierno nacional considera a Tumaco como un municipio estratégico para la consolidación de la paz y por eso el vicepresidente Naranjo ha estado recientemente varias ocasiones en él sin lograr mayores resultados. Al respecto, en entrevista con este portal, Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, señaló que ello se debe a que “el Estado colombiano no tiene niveles de coordinación. En el tema de la sustitución se tienen metas enormes para firmar acuerdos, pero no para hacer transformaciones. El gobierno no está pensando en el goce efectivo de derechos y en la no repetición como una manera de medir el éxito de los programas, sino que está creando medidas de éxito en razón de cuántos procedimientos realiza para crear acuerdos, lo cual es errado. El otro tema es que la erradicación tiene bastante fondos y la sustitución no, y así es difícil tener un proceso coherente”.
Aparte de ser una de las regiones con más cultivos de coca sembrados en el país, Alto Mira y Frontera se encuentra a merced de grupos narcotraficantes y disidencias de las Farc que se disputan el control territorial. Por allí transitan grupos de los disidentes ‘David’ y ‘Guacho’. Por lo ocurrido hasta ahora, parece que en el inicio del posconflicto se consolidó primero el crimen organizado que el Estado colombiano.
