Han pasado 45 días desde la masacre de ocho campesinos en el consejo comunitario de Alto Mira y Frontera, en hechos que están por esclarecer, y varios congresistas, la Defensoría del Pueblo y el Centro de Investigación y Educación Popular piden medidas efectivas para proteger a las comunidades de la zona.
n tan sólo la primera mitad de este año han ocurrido 55 asesinatos de índole político en el departamento de Nariño, según el Cinep.. Foto: Cortesía de Sonia Cifuentes – Asociación Minga.Mes y medio después de perpetrado el asesinato de ocho campesinos en zona rural del municipio de Tumaco, durante una protesta contra la erradicación forzada de cultivos de coca, continúa la preocupación por el incremento de la violencia que vive ese puerto sobre el Pacífico nariñense.
El tema fue objeto de un debate de control político realizado ayer en la Cámara de Representantes y fue reseñado en la más reciente edición de la revista Noche y Niebla, del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep). Unos y otros cuestionan la falta de efectividad del gobierno para solucionar la crisis que vive el municipio, alimentada por la expansión de los cultivos de uso ilícito.
El debate en la Cámara fue convocado por el senador Iván Cepeda y los representantes Alirio Uribe y Ángela María Robledo. Al recinto asistieron el viceministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa; la alta consejera para los Derechos Humanos, Paula Gaviria; el asesor de la Procuraduría, Javier Huertas; el representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández; y el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Durante la sesión, los congresistas cuestionaron la política antidrogas del gobierno nacional, que para este año contempla la erradicación forzada de 50 mil hectáreas de hoja de coca y la sustitución voluntaria de otras 50 mil. De acuerdo con el informe que le presentó al Congreso de la República el representante Alirio Uribe, las tareas de erradicación manual vienen en aumento desde 2016, cuando, según el legislador, “se incrementaron 28% respecto a 2015 y se concentraron principalmente en Nariño (18%), Meta (16%) y Caquetá (12%)”.
La presión por erradicar generó en los primeros seis meses de 2017, según cita el informe al Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), enfrentamientos entre cultivadores y la Fuerza Pública en 45 veredas de 30 municipios y 16 departamentos. De ahí que, para Uribe, “se está atacando a la población más vulnerable: afros, campesinos e indígenas”. (Lea más: Sustitución de hoja de coca: entre lentitud del gobierno y presión de criminales).
Aún se desconocen los responsables de la masacre de 8 campesinos que protestaban contra la erradicación forzada el pasado 5 de octubre en Tumaco. Foto: archivo particular. La representante Ángela Robledo, del Partido Verde, llamó la atención por la pobreza en la que se encuentran sumidos los habitantes de Tumaco. Al respecto, dijo que “es un pueblo que está atrapado en el corazón de la selva, donde el olvido es histórico: no tienen vías terciarias para sacar productos del campo, ni para sacar a los enfermos, ni para transportar combustible, ni mucho menos para que cinco mil niños puedan acceder a la educación pública”.
Los congresistas también alertaron sobre la oleada de violencia que vive el municipio, donde han ocurrido 134 asesinatos en lo corrido de 2017, según la Defensoría del Pueblo. El mes de octubre habría sido uno de los más críticos del año en el Pacífico nariñense, teniendo en cuenta la masacre de campesinos cocaleros y el asesinato de seis excombatientes de la antigua guerrilla de las Farc que dejaron las armas en el hoy llamado Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación, del municipio de Policarpa. A ello se suma el homicidio del líder del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera Jair Cortés, perpetrado a mediados de ese mes, quien había solicitado protección del Estado. (Lea más: El de José Jair Cortés, otro asesinato anunciado en Tumaco).
Justo este martes, Tumaco recibió la noticia de la muerte de Luz Yeni Montaño, quien hacía parte de grupos parroquiales y fue asesinada por sicarios en su propia casa. Durante la audiencia de control político, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, dijo que la grave situación que vive el puerto llevó a la entidad a crear “la Casa de Derechos de Tumaco, igual que en alguna época se crearon las regionales Urabá, Barrancabermeja y Ocaña”, zonas afectadas por el conflicto.
Negret también recordó que uno de los principales motivos de la conflictividad en la zona de Alto Mira y Frontera, donde ocurrió la masacre, es “un problema latente entre los miembros del consejo comunitario y los colonos que han sido desplazados de Putumayo y Caquetá. Ese será el siguiente conflicto que vamos a tener, y el Estado tiene que trabajar para que eso no ocurra”. Agregó, además, que “nosotros le hemos hecho un llamado al gobierno y a las Farc, que firmaron (el acuerdo de paz) a espaldas de la sociedad, porque nunca fueron a Tumaco, a Balboa, Argelia (Cauca), Tibú o El Tarra (Norte de Santander), a decir cómo se iba a erradicar y a sustituir, razón por la cual se nos está presentando este problema”. (Lea más: En Tumaco se debe sanear primero la propiedad de la tierra y luego pensar en la sustitución)
Los intervinientes en la audiencia también recordaron que la explosión de violencia que vive la región está relacionada con la falta de respuesta institucional a las disputas de poder que quedaron en la zona tras la concentración y dejación de armas de las Farc, sumada a la inequidad social que experimenta el andén Pacífico.
Violencia no para
La violencia contra los líderes comunitarios está relacionada con las bandas criminales que operan en la región y que tienen como principal negocio el narcotráfico. Foto: archivo Semana. En la última edición de su revista Noche y Niebla, publicada el pasado 8 de noviembre, el Cinep registró los casos de violencia política ocurridos en Colombia entre enero y junio de este año. En esta ocasión, la entidad dedicó un capítulo especial a la crítica situación que vive el Pacífico nariñense, especialmente Tumaco.
De acuerdo con la investigación, de los 482 casos de victimizaciones relacionadas con violencia político-social que ocurrieron en Colombia en ese periodo, 83 se registraron en el departamento de Nariño, con un 17 por ciento del total nacional. De ese número, 63 hechos ocurrieron en Tumaco. Por esa razón, ese centro de investigación declaró que “las denuncias de los sectores eclesiales y las organizaciones étnico-territoriales plantean que ni las autoridades civiles ni las autoridades militares y policiales están protegiendo la vida, libertad e integridad de las comunidades negras y los pueblos indígenas del Pacífico nariñense”.
Ejemplo de la situación de violencia que se presentó en el primer semestre del año, según el Cinep, es el crimen del miembro del consejo comunitario de Alto Mira y Frontera David Alejandro Marín y su hijo, quienes el 5 de febrero fueron encontrados asesinados en zona rural, donde “el padre fue desmembrado, mientras que su hijo fue asesinado a golpes”. Alejandro Angulo, coordinador del equipo de Derechos Humanos del Cinep, opina que el gobierno ha ignorado deliberadamente las alertas tempranas emitidas por la propia Defensoría del Pueblo para impedir hechos como ese.
El sacerdote Roberto Carvajal, director de la pastoral social de la diócesis de Tumaco, coincide con el defensor Negret en que buena parte de la tensión que se vive en la zona obedece a la relación disímil que tienen con los cultivos de hoja de coca los pobladores de las áreas rurales: “Las comunidades afro están en un proceso de defender la tierra, y muchas tierras de los consejos comunitarios han sido pobladas por personas que han llegado de otras regiones del país respaldadas por las Farc, lo que generó una expansión de los cultivos ilícitos”. E insiste en que “como los líderes de los consejos comunitarios están tratando de recuperar esas tierras los están asesinando, por lo que el problema aquí es básicamente de la defensa del territorio”.
Tumaco es el segundo puerto más importante de la costa pacífica colombiana. Foto: archivo Semana.Con esa lectura coincide el vicario de la diócesis de Tumaco, Arnulfo Mina, quien opina que “ese conflicto de intereses se va a presentar. El Estado conoce la situación, tiene que hacer las delimitaciones, y darles tierras a los que no tienen para que se pongan a trabajar legalmente”. Justamente, uno de los mayores clamores de los líderes de la zona es la puesta en marcha de los programas de sustitución contemplados en el Acuerdo Final que firmaron el gobierno y las Farc, para los que el gobernador de Nariño, Camilo Romero, ha dicho que el Estado no ha destinado recursos ni funcionarios suficientes.
Al respecto, Mina cuestiona que “en la zona nosotros no vemos en qué está invirtiendo el Estado colombiano, cuáles son los planes de acción que tiene frente a la sustitución de cultivos, qué es lo que va a hacer. No hay una ruta clara, y nosotros necesitamos buscar soluciones a esta problemática que nos tiene desesperados a todos”.
En su análisis, el Cinep asegura que “la situación actual de violencia, con la reorganización de los grupos armados, inevitablemente nos lleva a recordar lo vivido después de la desmovilización de los paramilitares en el año 2005, con la aparición de diferentes grupos en la región y el aumento de los hechos victimizantes (…) Entre enero y marzo de 2017 circula información sobre (la presencia en la zona del) Clan Úsuga, Clan del Golfo, Clan Pacífico, La Empresa, Gaitanistas, Gente del Orden, Cartel de Sinaloa y Guerrillas Unidas del Pacífico”. De ahí que la entidad le haya pedido al Estado “considerar que los cultivos de coca no van a desaparecer tan fácilmente ni en el corto plazo, en regiones con esta en donde no hay tantas opciones de trabajo, en donde la economía tradicional no avanzó y requiere con urgencia ser recuperada y potenciada para la seguridad alimentaria y para escalar en la transformación y comercialización”.
Por eso, tanto el Cinep como los congresistas y el propio Defensor del Pueblo le hicieron un llamado al gobierno nacional para tomar medidas urgentes que protejan a las comunidades y, sobre todo, para que ponga en marcha las medidas sociales y económicas que se requieren para solucionar el problema de la siembra de los cultivos de uso ilícito, alimentado por la desigualdad social y las estructuras del narcotráfico.
