¿Qué pasa en el debate electoral en Cesar con los congresistas y el gobernador en líos con la justicia? Que la política arde más que nunca. Los senadores arman listas desde la cárcel, los partidos vetan candidatos y la gente pide renovación. Élber Gutiérrez, de SEMANA, estuvo en la zona.
La agitación política en Cesar se respira por todas partes. Cinco meses antes de las elecciones de alcaldes y gobernadores y a dos meses de que comience oficialmente la campaña electoral, en la región no se habla de tema distinto al de los avales políticos,las candidaturas y las estrategias de los partidos para mantenerse en el poder o arrebatárselo a quienes lo detentan. Comandos electorales, anuncios en los periódicos, comerciales de radio, calcomanías y murales con mensajes políticos aseguran que el debate coartado por los paramilitares ha regresado a la región. Hasta los vallenatos volvieron a cantarle al tema.
A diferencia de las elecciones regionales de 2003 y las de Congreso de 2002 y 2006, los lugareños creen que en Cesar no existe presión de grupos armados de cara a las votaciones. Hablan poco sobre el tema, pero lo hacen en público y con menos prevención. Las calles de los pueblos son centros de expertos en donde cualquier matrona o vendedor ambulante es capaz de explicar el pasado y presente de tal o cual candidato. Dicen que la recuperación de las libertades públicas es gradual y se sienten orgullosos de volver a hacer fiesta cada vez que se habla de elecciones.
Pero para el desmantelamiento total de las estructuras de autodefensas se necesita tiempo y más que anuncios oficiales. Aunque ya no está el Bloque Norte de las AUC, en varios municipios se rumora cada vez con más insistencia sobre la llegada de grupos emergentes cuyos integrantes son los mismos que antes obedecían órdenes de ‘Jorge 40′. Así ocurrió esta semana, cuando el DAS de Cesar capturó en pleno centro de Valledupar a Ordanis de Jesús Ramos Alcázar, el comandante de las Águilas Negras conocido como alias ’44’, ‘Poncho’ o ‘Alfonso’, quien operaba en el norte y el centro del departamento.
A las Águilas Negras no se les teme tanto como a las autodefensas. Quienes viven en la zona aseguran que su accionar está más enfocado hacia otro tipo de delitos comunes que al control del Estado. Tampoco se meten con la política. “Hoy todo el mundo tiene que salir a buscar sus votos, mientras que antes eso no se necesitaba porque los paramilitares eran quienes garantizaban la elección de una persona”, recuerda Ricardo Iguarán, aspirante al Concejo por la Jagua y quien hace cuatro años tuvo que renunciar a su candidatura. Jesús Fuentes, aspirante al Concejo de Valledupar, no ha sentido presiones, y Juan Bautista Calderón, precandidato a la gobernación, dice que esa misma sensación de seguridad se vive en todo el departamento. “Existen rumores de que al sur todavía hay reductos de grupos violentos, especialmente en San Alberto, San Martín y Aguachica, pero yo no los he sufrido”.
El pacto de La Picota
Lo único a lo que los políticos dicen temerle en la presente contienda electoral es al control establecido por los gobernantes y congresistas, a quienes atribuyen el poder de inclinar la balanza mediante la chequera de las entidades públicas. El manejo de los contratos, que suele ser un arma política decisiva en muchas regiones del país, resulta especialmente importante en un departamento como Cesar, con bajo desarrollo industrial y en el que una de las principales fuentes de empleo es el gobierno local.
Dado que buena parte de los caciques políticos de la zona tiene líos con la justicia por su vinculación al escándalo de la para-política, se podría creer que dicho control se ha perdido.
La gente del departamento piensa que no es así. Lo testifican bajo condición de anonimato los funcionarios públicos y lo gritan los propios candidatos afectados. Luis Fabián Fernández, precandidato a la Alcaldía de Valledupar, cree que “es un comportamiento muy común. Los alcaldes reparten prebendas institucionales, especialmente a través de contratos”. Según estas denuncias, de la misma manera como los caciques se las arreglaron para mantener su poder político antes y durante la hegemonía paramilitar, pueden hacerlo también ahora, incluso desde una cárcel en Bogotá.
Por eso en las calles de Valledupar se habla sin extrañeza sobre una reunión de más de 10 alcaldes y candidatos de Cesar con los congresistas de la región que permanecen presos en la capital.O de la visita que David Andrade -candidato de Alas a la Alcaldía de Bosconia, Cesar- le hizo hace una semana a su jefe político, Álvaro Araújo, en la misma penitenciaría. Y del grupo que visitó al senador Mauricio Pimiento. Parafraseando los episodios que tienen en aprietos a buena parte de la dirigencia departamental, tanto los dirigentes de la zona como los ciudadanos ajenos a la política llaman a esa procesión el “pacto de La Picota”.
Además de los senadores presos, Cesar también tiene a sus cuatro representantes a la Cámara en problemas con la justicia. Alfredo Cuello Baute (conservador) y Álvaro Morón (Alas) fueron llamados a versión libre e indagatoria por la para-política, respectivamente. Ricardo Chajim (Alas) fue condenado por corrupción, por hechos relacionados con su ejercicio como alcalde de Tamalameque. Perdió la apelación ante el juez de segunda instancia y volvió a apelar, tras lo cual su caso pasó a revisión de la Corte Suprema. Y Pedro Muvdi, el único congresista liberal del departamento, es investigado por la Corte luego de que la Procuraduría compulsara copias por una supuesta falsedad en los diplomas que acreditó para posesionarse como subdirector del DRI. Al triste panorama político se suma la detención del gobernador Hernando Molina, también por vínculos con las autodefensas.
Esta realidad ha llevado a muchos vallenatos a pensar que los errores de la clase política son los culpables de la estigmatización de la región y que más allá de un recelo de la gente del interior del país -como insisten en presentar el tema algunos medios de comunicación de Cesar-, de lo que se trata es de una suma de problemas que terminaron por victimizar a los cesarenses y beneficiar a los paramilitares y la dirigencia política. Como dice Gonzalo Gómez, precandidato independiente a la alcaldía de Valledupar, “el tema de la guerra entre costeños y cachacos no existe ni le conviene al país”. Por ello no es difícil encontrarse con personas que reniegan de sus líderes y agradecen el destape de la para-política, exigen una renovación de la dirigencia local y denuncian que los votos para las elecciones de octubre se están comprando a 30.000 pesos.
En Cesar hay menos de un millón de habitantes. La tercera parte de ellos está habilitada para elegir gobernador, pero sólo el 51 por ciento acude a las urnas. Hace cuatro años, Hernando Molina se hizo al cargo con 130.000 votos. Su contendor fue el voto en blanco, que sacó 70.000, mientras que hubo 50.000 tarjetas no marcadas. Los otros dos candidatos se retiraron por órdenes de las autodefensas. Para la Alcaldía, el triunfo le correspondió a Ciro Pupo Castro, primo de ‘Jorge 40’. Ganó con 47.000 votos, de 150.000 posibles.
Estos dos dirigentes son los que, según sus contendores políticos, pretenden mantener el poder a través de la delegación de sus sucesores y el manejo de los contratos públicos. Sólo la Alcaldía de Valledupar genera más de 140 empleos por nómina y unos 500 indirectos. Varios de quienes allí trabajan y simpatizan con causas políticas diferentes a las de los mandatarios le dijeron a SEMANA que ya han sido llamados por sus superiores para aclararles que si no respaldan al candidato oficial, se exponen a perder sus puestos. Por supuesto, ninguna dependencia oficial acepta que eso ocurra.
Primeras purgas
El agite electoral desató los primeros ataques entre candidatos y salieron a relucir los supuestos impedimentos de varios de ellos. Evelio Daza, ex abogado de Diomedes Díaz y candidato a la Alcaldía de Valledupar, dijo a través de una emisora local que el gobernador Molina es “el jefe de la para-política”. Eloy Quintero y Luis Fabián Fernández, precandidatos a la consulta liberal, aseguraron que desde la Alcaldía hay presiones para imponer como candidato a Rubén Carvajal. Lo mismo piensa Gonzalo Gómez, candidato independiente, quien trabajó con la alcaldía pero renunció tras oponerse al proceso de privatizaciónde las empresas públicas liderado por Pupo.
Carvajal, quien también enfrentaba un pleito con el liberalismo local por su cercanía con Alas Equipo Colombia, logró inscribirse el miércoles por el partido del trapo rojo gracias al aval de un par de concejales que a última hora lo apoyaron. Varios de sus contrincantes anunciaron inmediatamente que solicitarían la nulidad de la inscripción por violación al reglamento, mientras él celebraba su primer paso hacia la Alcaldía.
El agite electoral de Valledupar llegó también hasta Bogotá. El jefe liberal, César Gaviria, recibió varias quejas por la forma como el grupo del alcalde Pupo intentaba poner sucesor en la Alcaldía a través del liberalismo. Gaviria dio la orden de investigar el tema y en menos de 24 horas tomó una determinación. El jueves de esta semana les dijo a los jefes del directorio de Cesar que Carvajal no podía ser candidato del partido. Un día después remitió a la Registraduría el listado de aspirantes a la candidatura, del cual sacó a Carvajal. Sin embargo, no lo excluyó por temor a que sus vínculos con Alas lo llevaran a poner la Alcaldía al servicio de ese partido, como se dice del actual alcalde o del gobernador Molina. Lo hizo por una razón que él considera más grave: Carvajal es cuñado del gobernador Molina. En otras palabras, está incurso en inhabilidad por tener relación en segundo grado de afinidad con una persona involucrada en el escándalo de la para-política.
El caso de Carvajal fue el primeroen el que Gaviria ejerció el derecho al veto de candidatos que durante dos meses le pidió a su partido y que finalmente le fue concedido en el Congreso Nacional Liberal de Medellín. Su intención es cerrarle la puerta a cualquier intento de filtración de candidatos cuestionados y por eso pidió revisar con lupa el tema de Cesar, departamento mayoritariamente liberal.
Por la misma razón, Gaviria ordenó vetar, horas después, la aspiración de Juan Calderón, cuyo hermano Benjamín es uno de los reyes del negocio del chance en la Costa Atlántica. No es el único caso en el que la familia del empresario intenta acceder a cargos públicos; Arturo, uno de sus sobrinos, es precandidato a la Gobernación por el partido Alas.
Con estas primeras purgas el liberalismo hará su consulta interna del 8 de julio para escoger Alcalde entre nueve aspirantes. Los que más suenan son Melkis Kammerer, Eloy Quintero, Luis Fabián Fernández y Evelio Daza Daza, el ex abogado de Diomedes Díaz. Carvajal buscará cabida en Alas, partido que además de Arturo Calderón tiene entre sus precandidatos a Jesús Namem y Freddy Socarrás y postulará a la gobernación a José Meneses Barrera. El conservatismo hará consulta entre cuatro precandidatos para la Alcaldía; Convergencia Ciudadana presentará a Basilio Padilla, y un grupo independiente respalda a Gonzalo Gómez, quien dejó el equipo de gobierno del alcalde Pupo en protesta por su plan de privatizaciones de las empresas públicas.
La puja apenas comienza y ya hay muchas heridas abiertas. Las de grupos cívicos a los que los fusiles no les permitieron alcanzar el poder y fueron obligados a salir de la región por oponerse a la repartición electoral decretada en el departamento y promover el ascenso de sectores distintos a los vinculados con las mafias o la corrupción. Las de quienes simpatizaron abiertamente con las autodefensas y hoy se sienten traicionados por aquellos que antes les pidieron ayuda para librar a la región del asedio guerrillero. Las del sector asentado en el poder, que ve cada vez más difícil la posibilidad de mantenerlo y se siente perseguido de la justicia. Y las de miles de personas que sufrieron en silencio las consecuencias de los malos manejos en Cesar.
En medio de esa pugna en la que todos aseguran que falta mucho por saberse sobre los tentáculos del paramilitarismo en la región está el vallenato de a pie, que sigue esperando la solución a sus problemas básicos. Todos agradecen al gobierno nacional por duplicar la Fuerza Pública y hacer que decrezca el índice de extorsiones a ganaderos y empresarios. También es común que la gente haga alusiones a las bondades de la política de seguridad democrática, que les permite viajar por los principales municipios del departamento. Pero hace falta ayuda social.
Las filas de mujeres vendiendo sopa frente a sus casas demuestran la crudeza del desempleo en Cesar, sólo comparable en Colombia con las de La Guajira y Chocó. En los noticieros radiales se volvieron comunes las informaciones sobre atracos y depravados que violan niños y adultos. Los mototaxistas hacen paro y atacan estaciones de Policía de Valledupar. Los habitantes de La Popa y La Nevada, en la misma ciudad, siguen esperando el traslado de las casas afectadas desde hace 30 años por la radiación de las redes de interconexión de Electricaribe y Transelca. El tráfico de babillas e iguanas todavía les causa dolores de cabeza a las autoridades. Y los fantasmas sobre los desmanes de la guerrilla y las AUC aún rondan las calles de uno de los departamentos más azotados por la violencia en Colombia.
Publicado en SEMANA Fecha: 26/05/2007
