Seis organizaciones sociales advierten que la empresa Aportes San Isidro S.A.S. desconoce las decisiones de órganos judiciales y administrativos sobre la antigua hacienda Las Pavas, atentando contra los derechos de las víctimas del conflicto.
Las 123 familias que integran Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab) esperan una pronta solución sobre los procesos agrarios de la hacienda Las Pavas, de manera que puedan acceder a los títulos de las tierras de las que fueron desplazados. Foto suministrada Peace Watch Switzerland (PWS).
El pasado 8 de septiembre 20 hombres ingresaron a la antigua hacienda Las Pavas y tres días después reanudaron el cultivo de palma de aceite sobre un predio al que ya había retornado una familia campesina víctima del conflicto armado. El hecho fue advertido por seis organizaciones sociales, indicando que con este acto la empresa Aportes San Isidro S.A.S. desobedece las decisiones en firme tomadas por órganos judiciales y administrativos relacionadas con esta tierra, reclamada por labriegos en condición de desplazamiento. (Lea: Las amenazas vuelven a Las Pavas)
En la Acción Urgente enviada a las autoridades locales y de justicia transicional, las organizaciones recuerdan que en agosto pasado el Consejo de Estado “declaró que está en firme y vigente la decisión del Estado Colombiano de extinguir el dominio que la empresa Aportes San Isidro S.A.S. tenía sobre los predios de la Hacienda Las Pavas”.
Para el máximo tribunal de lo contencioso administrativo, que dirimie conflictos entre particulares y el Estado, los predios reclamados son baldíos, es decir, tierras de la Nación que pueden ser adjudicados a campesinos que carecen o tienen tierra insuficiente para su supervivencia y la de sus familias. (Lea Acción Urgente)
En el documento, las organizaciones señalan la coincidencia de que cada vez que hay un avance en las investigaciones o pronunciamientos de la institucionalidad judicial y administrativa, la empresa “intensifica sus amenazas y hostigamientos en el territorio”, recordando la primera acción urgente emitida este año, cuando el predio y algunos caminos veredales aparecieron empapelados con copias de las declaraciones que testigos clave rindieron ante la Fiscalía sobre el desplazamiento del que fue víctima la comunidad en 2003. (Lea: Las amenazas vuelven a Las Pavas)
Las Pavas, en el corregimiento de Buenos Aires, del municipio bolivarense de El Peñón, fue un caso declarado en 2010 por el Gobierno Nacional como “piloto” en la resolución de procesos agrarios históricos y pendientes en el Magdalena Medio.
Si bien la reclamación de los campesinos no cursa en el escenario de la justicia transicional, dos procesos agrarios transitan por la vía administrativa ante el Consejo del Estado: uno, de extinción de dominio de 1.300 hectáreas por inexplotación económica de su antiguo dueño, pues abandonó las tierras en la década del noventa; y otro, por 1.700 hectáreas, porque ese mismo dueño no puedo acreditar títulos de propiedad (Lea: Drama de la comunidad de Las Pavas no tiene fin).
Estos son los cultivos de yuca y plátano con los que los campesinos han buscado sobrevivir desde su retorno en 2006. Pero estos se enfrentan a la presión y siembra de palma de aceite de la empresa Aportes San Isidro S.A.S., como lo advierten varias organizaciones sociales. Foto suministrada por la comunidad Asocab.
En el pronunciamiento, las organizaciones indican que los afectados por las actuaciones de Aportes San Isidro S.A.S. son los integrantes de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), desplazados por paramilitares del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en 2003 e intimidados tras su retorno desde 2006. Llevan una década esperando que el gobierno nacional resuelva de manera definitiva la situación de esa propiedad rural, pues los títulos son clave en términos de la seguridad jurídica, pero también alimentaria, de ella dependen 123 familias que, con un esfuerzo de varios años, han logrado sacar adelante cultivos de yuca y plátano. (Lea: Las Pavas, el termómetro de la paz territorial)
En ese sentido, las organizaciones solicitaron a la Alcaldía de El Peñón aplicar la Resolución 022 del 30 de enero de 2017 para desalojar a la empresa de los predios de la hacienda Las Pavas; a la Policía Nacional, para que tome las medidas que permitan garantizar los derechos de los campesinos; a la Unidad Nacional de Víctimas y a la Gobernación de Bolívar, para que garanticen el retorno de los integrantes de Asocab en condiciones de seguridad; y a la Fiscalía, para que adelante “las investigaciones a las que haya lugar en contra de la empresa por la continuación del delito de desplazamiento forzado y fraude a resoluciónjudicial o administrativa de policía”.
La última solicitud de la acción urgente fue dirigida a la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad agraria que nació en diciembre de 2015 tras la liquidación del antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder), para que en función de la orden quinta del Auto del Consejo de Estado evite la explotación indebida de los predios de Las Pavas.
Esta Agencia es la encargada de resolver problemas agrarios como éste, en los que las comunidades están a la expectativa de la titulación, como ocurre en varios municipios de la región del Magdalena Medio. (Lea: “Quieren expulsar a los campesinos del Magdalena Medio”: víctimas)
La reclamación de los campesinos de Las Pavas hace parte de la ‘médula’ del punto 1 del Acuerdo Final para la terminación del conflicto firmado el 24 de noviembre del año pasado entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc, que promete una reforma rural integral en la que se espera que, con su implementación, haya no sólo acceso a la tierra, sino una formalización de la propiedad a favor de comunidades vulnerables y apoyo en infraestructura y asistencia técnica para el desarrollo de proyectos productivos que les permitan progresar y mejorar su calidad de vida. (Lea: La tarea titánica de cumplir con el punto agrario)
